La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán – Tomo II

La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

(TOMO II)

CAPITULO UNO – II

FUNDACION DEL PARTIDO LIBERAL PUERTORRIQUEÑO Y DEL PARTIDO UNION REPUBLICANA.

LA COALICION UNION REPUBLICANA-SOCIALISTA.

LAS ELECCCIONES DE 1932.Barbosa

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Después de la asamblea del partido Unionista de 1931, que adoptó el programa político de independencia en pelo, se promovió una gran excitación independentista en este sector del país, y todo indicaba que el partido Unionista entonces tenía un común denominador con el partido Nacionalista, que hacía probable la fusión de estas dos fuerzas políticas. Pero esto resultó imposible, por la tendencia en Puerto Rico que hemos apuntado, de que las mesas siguen en tradición de grupos a líderes. El presidente del partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, exhortó a los Unionistas a abandonar en serio toda colaboración con el régimen norteamericano, renunciando sus líderes a subir a La Fortaleza a pedir cargos en el Gobierno, y a denunciar rebeldemente ante el mundo la situación de Puerto Rico en demanda de su inmediata independencia. Este llamamiento de Albizu Campos no halló eco en el partido Unionista. Al contrario, después de esta asamblea de 1931, se señaló el sentimiento autonomista de numerosos Unionistas, unos retirándose del partido y de toda actividad política, y otros que, aún profesando continuar militando en el partido, entendían que el partido Unionista debía asumir una actitud moderada, limitando su actuación inmediata a demandar un régimen autonómico o de mayor grado de gobierno propio.

Entre los líderes de este grupo autonomista, figuraban Eduardo Giorgetti, Jorge Bird Arias, Guillermo Esteves, Martín Travieso, Carmelo Martínez Acosta, Guillermo Vivas-Valdivieso, Amador Ramírez Silva, Ignacio Morales Acosta, Celso Caballero, y otros. Entre estos otros, uno era el veterano periodista y compañero fraterno de Luis Muñoz Rivera, Mariano Abril, quien contestando a un amigo hizo pública una carta exponiendo su actitud. Decía Mariano Abril en esa carta dirigida al Dr. J. L. Montalvo Guenard: «No puedo estar conforme con la intransigencia que en la asamblea demostró el sector independentista, rechazando una forma de reconciliación a la que se avenía el sector autonomista, que representa el ochenta por ciento del partido. Con un poco de tolerancia todos hubieran salido de allí satisfechos. No creo que el disgusto sea tan hondo que traiga la división del partido».2-15-15-Estadidad

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Mientras tanto, se aceleraban los acontecimientos políticos. La Alianza Puertorriqueña se agitaba inquieta ante el poderoso desprendimiento Unionista. Llamó a sus filas a los Unionistas disgustados, a lo cual algunos contados líderes respondieron reintegrándose a la Alianza. La Alianza insistió, como hemos relatado, en asumir el derecho del nombre e insignias y las prerrogativas electorales del partido Unionista.

En septiembre 8, 1931, el Gobernador Interino José Padín, a propuesta de la Alianza y previa consulta con el Procurador General James R. Beverley, nombró a Leopoldo Figueroa como miembro de la Junta Insular de Elecciones, en representación de la Alianza Puertorriqueña, nombramiento que implicaba el reconocimiento oficial de la Alianza en los derechos políticos en los demás organismos y mesas electorales.

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En esta época comenzó a sugerirse, por Enrique González Mena, la fusión de los partidos Alianza Puertorriqueña y Republicano Puro, con mires a gestionar luego coligarse electoralmente con el partido Socialista, para afrontar las elecciones de 1932. La sugerencia de Enrique González Mena se hizo tópico del día y tomó vuelo.

José de Diego votó a favor de la Ciudadanía Americana porque entendía que "Si los Americanos nos Hacen Iguales, Esa es la Mejor Independencia Posible.
José de Diego votó a favor de la Ciudadanía Americana porque entendía que “Si los Americanos nos Hacen Iguales, Esa es la Mejor Independencia Posible.

2

El 22 de noviembre de 1931, se reunió en Toro Negro, Villalba, el liderato de toda la Isla del partido Republicano Puro, por convocatoria y bajo la presidencia de Rafael Martínez Nadal. Se acordó, en principio, favorecer la fusión del partido Republicano Puro con la Alianza.

El 30 de noviembre de 1931, a convocatoria del presidente de la Alianza Rafael Cuevas Zequeira. se reunió en Guaynabo, en la residencia del Dr. Manuel Díaz García, el liderato Aliancista de toda la Isla, asistiendo también los legis]adores Aliancistas, para considerar un mensaje de Cuevas Zequeira exhortando al partido hacia la fusión con el partido Republicano Puro. Por lo numeroso de la concurrencia, se trasladó el acto al Teatro Municipal, de San Juan. Ausente por enfermedad Cuevas Zequeira, presidió’ el acto Manuel Díaz García. Se esbozó un programa tentativo para el nuevo partido, favoreciendo la fusión, a base de un plebiscito para las soluciones finales de Estado federado e Independencia soberana, y mientras tanto solicitar la concesión. del derecho a elegir el gobernador de Puerto Rico por el voto del pueblo, y otras medidas de gobierno propio. También se favoreció demandar facultades plenas para la Legislatura de Puerto Rico, para actuar sobre dominio y posesión de sierras por corporaciones y sociedades, y para actuar contra monopolios y combinaciones comerciales e industriales, y también para delegar a la Legislatura de Puerto Rico plenas facultades para determinar sobre la Prohibición, tema entonces en boga en los Estados Unidos y en Puerto Rico.

Luego se designó un comité para considerar las proposiciones e informar a la asamblea. Este comité quedó compuesto por Luis Sánchez Morales, Juan B. Soto, Miguel Angel García Méndez, Leopoldo Figueroa, Celestino Iriarte, Juan B. García, Méndez, Epifanio Fernández Vanga, Clemencia P. de Godreau, José Barreras, Alfonso Valdés, Francisco M. Zeno, Juan Planellas, Amador Ramírez Silva, Enrique González Mena, Eugenio Lecompte, Ulises A. Martínez, Jorge Romaní, José del Río, Juan C. Jusino, Francisco González Facundo, Agustín E. Font, E. Marín Marién, Milagros B. de Mewton y María Hoare de Torres. Este comité informó a la asamblea, proponiendo como programa, en lo esencial, lo siguiente: «Constitución de Puerto Rico en Estado de la Unión, o plena soberanía interna y externa en armonía y fraternidad con Estados Unidos. Pedir primero la Estadidad, y si se niega ésta, laborar por la Independencia interna y externa y mientras tanto laborar por y aceptar como régimen transitorio una medida de mayor gobierno propio, con gobernador electivo. También demandar que se excluya a Puerto Rico de la aplicación de las leyes federales de cabotaje, etc.

Oído el informe y recomendaciones del comité a que se refiere el párrafo anterior, Juan B. García Méndez reprodujo e hizo suya una enmienda sugerida en el seno de dicho comité por Amador Ramírez Silva, Epifanio Fernandez Vanga y Francisco M. Zeno, que decía: «El (nuevo) partido decide que es imperioso deber patriótico de los elementos que lo componen, como ahora se unen, en una sola colectividad política para obtener cuanto antes de los Estados Unidos la declaración de que Puerto Rico se constituya en Estado de los Estados Unidos de Norte América, o que se le concede la plena soberanía interna y externa compatible con nuestros ideales de libertad y gobierno propio en una forma digna del pueblo puertorriqueño, y ambas soluciones deberán ser sometidas a un plebiscito del pueblo puertorriqueño. Esta enmienda fue defendida en discursos ante la asamblea por Juan B. García Méndez y por Amador Ramírez Silva. La combatieron Luis Sánchez Morales y Leopoldo Figueroa, argumentando principalmente que ella podría poner obstáculos a la deseada fusión con el Partido Republicano Puro. Miguel Angel García Méndez pronunció un extenso discurso, favoreciendo la fusión aún con sacrificio de ideales, y pidió que se retirara la enmienda. En similar sentido se expresó Francisco M. Zeno. Luego Eugenio Lecompte presentó una moción sustituta, concebida en IQS siguientes términos: «Se acuerda aceptar el informe del comité, con excepción de la cláusula en controversia que se refiere al status político, y que se nombre una nueva comisión COD instrucciones de llegar a una fusión aún a costa de aceptar el programa tal y como ha sido informado por el comité.. Esta moción sustituta fue aprobada.USA-I Love

El 3 de diciembre de 1931 se reunieron en Guaynabo, en la residencia de Rafael Martínez Nadal, las comisiones designadas por la Alianza y por el Partido Republicano Puro, para deliberar a fin de llevar a cabo la fusión de estas dos colectividades. La comisión del Partido Republicano Puro estaba integrada por Rafael Martínez Nadal, E. Totti. Gonzalo Diago, Germánico S. Belaval, Adolfo Dones Padró, Manuel V. Domenech y Ramón G. Goyco. La comisión de la Alianza estaba compuesta por Félix Córdova Dávila, Francisco M. Zeno, Luis Sánchez Motáles, Guillermo Godreau, Enrique González Mena, Celestino Iriarte, Leopoldo Figueroa, Amador Ramírez Silva, Epifanio Fernández Vanga y Juan Angel Tió. Prevalecía el deseo y propósito de todos de que cuanto antes se realizara la fusión, creándose un nuevo partido.

Después de amplia deliberación, los Republicanos Puros enunciaron la proposición de que la nueva colectividad tomara por nombre Partido Republicano Federal, que resultaba una designación completamente ortodoxa dentro de los idealess políticos proclamados en su origen por el Partido Republicano Puro. Como una concesión para acomodar a los elementos que con el partido Republicano Puro formarían el nuevo partido, los Repúblicanos propusieron también que en el programa político a adoptarse se incorporase una declaración concebida en lo s siguientes términos: «El (nuevo) partido decide que es imperioso deber patriótico de los elementos que lo componen, unirse como ahora se unen, en una sola colectividad política para obtener cuanto antes de los Estados Unidos la declaración de que Puerto Rico se constituirá en Estado de los Estados Unidos de América; y en cave de que esta demanda fuese negada, o que actos del Congreso de los Estados Unidos la hicieren irrealizable, entonces el (nuevo) partido trabajará por conseguir la plena soberanía interna y externa del pueblo de Puerto Rico, que es igualmente compatible con nuestra dignidad, Esta proposición fue acogida por la comisión Aliancista para someterla a su partido en asamblea.

Mientras tanto, el 16 de diciembre de 1931, se reunió en el Capitolio Insular, el Comité Territorial del partido Republicano Puro, bajo la presidencia de Martínez Nadal. Este informó ampliamente sobre las conversaciones sobre fusión, y aludió a declaraciones citadas de algunos correligionarios intransigentes que no eran partidarios de fusión alguna del Partido Republicano Puro. El Comité Territorial, en resolución presentada por Gonzalo Diago, Germánico S. Belaval, Felipe Colón, Luis Antonio Rosario, Marta Robert de Romeu y Ricarda L. de Ramos Casellas, otorgó un amplio voto de solidaridad y confianza al presidente del partido, aprobando sodas sus actuaciones.

El mismo día 16 de diciembre se reunió el Comité Insular de la Alianza, bajo la presidencia de Rafael Cuevas Zequeira. Informó de las deliberaciones de su comisión con el partido Republicano Puro, y el Comité Insular aprobó las actuaciones de tal comisión, y autorizó al presidente del partido para convocar asamblea del partido para decidir sobre la fusión.

Los acontecimientos se sucedían rápidamente, y estaba en el ambiente la inminente fusión de Republicanos Puros y Aliancistas, formando un nuevo partido, y se aludía a una nueva coalición de este nuevo partido con el Partido Socialista, para afrontar la lucha comicial, de 1932.

El 21 de diciembre de 1931, se reunió el Comite Ejecutivo Territorial del partido Socialista, bajo la presidencia de Bolívar Pagán, por ausencia en el Norte de Santiago Iglesias. Bolívar Pagán expuso y comentó los acontecimientos políticos del momento, y a sugestión suya, el Comité Ejecutivo Territorial acordó no hacer pronunciamientos políticos por el momento, y aguardar, en vigilante espera, el desarrollo final de los movimientos de los otros partidos.

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El 23 de diciembre, la Corte de Circuito de Apelaciones, de Boston, confirmó la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre el pleito promovido por el partido Unionista para inscribir sus candidatos nominados en convención y el reconocimiento por ende de los alegados derechos del partido Unionista a: usar oficialmente su nombre y símbolos y a disfrutar de las demás prerrogativas electorales como partido principal. Este fallo de Boston decidió finalmente la cuestión, de manera adversa al Partido Unionista, lo que forzaba a este partido a cambiar de nombre e insignias y a inscribirse por petición. La reacción de esta decisión de Boston fué tremenda en el liderato v huestes Unionistas. Este partido, sin embargo, no se amilanó, y afrontó la situación con redoblados brios y entusiasmos, ávido de lucha.

El 29 de diciembre de 1931, se reunió la Junta Central Unionista, con los miembros Unionistas en las Cámaras legislativas. Estuvieron presentes, Antonio R. Barceló, quien presidió, Miguel Guerra-Mondragón, Francisco Seín, Dr. Francisco M. Susoni, Ernesto Ramos Antonini, Ricardo H. Blondet, Luis Lloréns Torres, Alfonso Lastra Chárriez, Fernando Gallardo Díaz, Antonio de Jesús López, Manuel A. Martinez Dávila, Manuel Benítez Flores, Armando Y. Sifre, Antonio Pavía Fernández, José Pérez Cruz, Ignacio Morales Acosta, Ignacio Agostini, Walter MckJones, Martín Aparicio, Librada R. Vda. de Ramos, Sergio Muñoz, Ramón Lagarde, Luis Garratón, José M. AtmáIz, Eugenio González, Domingo Vivaldi Pacheco, Manuel A. García Méndez, Benigno Fernández García, Angel González, Juan García Ducós, Ramón Martínez Reyes, y el secretario José Enrique Gelpí.

Se acordó, sin darle publicidad de momento al asunto, proceder a inscribir en toda la Isla la colectividad, con el nuevo nombre de Partido Liberal Puertorriqueño, nombre con resonancia histórica que evocaba al Partido Liberal y Liberal Reformista de otros tiempos de afanes libertarios puertorriqueños bajo la soberanía de España, y al posterior Partido Liberal fundado por Luis Muñoz Rivera al convenirse el pacto con el Partidó Liberal que en España acaudillaba Práxedes Mateo Sagasta.

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En marcha hacia la fusión, el 29 de diciembre de 193), en el Capitolio Insular, se reunieron conjuntamente las sendas çomisiones de la Alianza y del Partido Republicano Puro. Acordaron las bases preliminares de la fusión y la forma de elegir al presidente de la nueva colectividad y a los organismos central y locales y someter el asunto de la fusión para la decisión final de asambleas separadas de ambos partidos a celebrarse prontamente.”

El 30 de diciembre de 1931, previas convocatorias, se celebraron simultáneamente las asambleas generales de la Alianza y del Partido Republicano Puro.

La asamblea de la Alianza se llevó a cabo en el Teatro Olimpo, de Santurce, bajo la presidencia de Rafael Cuevas Zequeirá. Constituída la asamblea, y designadas las comisiones de rigor, el presidente Rafael Cuevas Zequeira hizo un vehemente discurso, que impresionó vivamente a todos, a favor de la fusión. A moción aprobada por la asamblea, entre otros acuerdos preliminares, se rindió tributo a Juan Valdejully Rodríguez, quien llevó el peso principal ante los tribunales insulares y de Boston en defensa de la Alianza en el pleito promovido p6r el Partido Unionista. Entre otros visitantes a esta asamblea, compareció Martín Travieso, quien fue ovacionado. Este mantuvo ante la asamblea, en patriótico discurso, que se mantenía independiente en política, habiéndose retirado del partido Unionista por no seguir a hombres y oponerse a perpetuar caciquismos.

Informó el comité de plataforma, resoluciones y asuntos generales, por su portavoz Agustín E. Font. Este comité recomendó que la nueva colectividad se llamara Partido Republicano Unionista compuesto de los Partidos Republicano y Unión de Puerto Rico. Como se verá más adelante, el nombre del nuevo partido fue cuestión batallona, que dilató los acuerdos finales. Amador Ramírez Silva presentó una enmienda al programa propuesto por el comité, que sometió con su endoso la relatada proposición del Partido Republicano Puro en cuanto a programa político. La enmienda de Amador Ramírez Silva tendía a mantener en paridad, sin preferencia, las dos soluciones finales de Estadidad e Independencia. Defendieron esta enmienda el autor de la misma y Ulises A. Martínez. La combatieron Leopoldo Figueroa y Juan Pedrosa. Intervino en el debate Miguel Angel García Méndez quien, tras un largo e impresionante discurso tendiente a soslayar dificultades a la fusión, logró que se retirara la enmienda. Llegó luego a la asamblea una comisión de la asamblea del Partido Republicano Puro, para solicitar la designación de un comité de conferencias para discutir discrepancias. Se designó para esto una comisión Aliancista, compuesta de Manuel Díaz García, Isaac González Martínez, Agustín E. Font, Miguel Angel García Médez, Victoriano Fernández, Leopoldo Figueroa, Juan PlaneIlas y Josefa Moreno de Carreras. Notificada la asamblea de nuevas dificultades en cuanto a nombre de la colectividad y programa, se designó una nueva comisión Aliancista para discutir con los Republicanos Puros, compuesta por Luis Sánchez Morales, Leopoldo Figueroa, Victoriano Fernández, Agustín Rivero Cháves, Enrique González Mena, Jorge Silva, Alfonso Valdés, Miguel Angel García Méndez, Eugenio Lecompte, Juan B. Soto, Francisco M. Zeno, Juan Planellas, Jesus Benítez Castaño, y Francisco González Fagundo.

Simultáneamente, como hemos relatado, se celebraba la asamblea del Partido Republicano Puro, en el Teatro Liberty, de Santurce, bajo la presidencia de Rafael Martínez Nadal. Constituída la asamblea, Martínez Nadal, en prolongado discurso, expuso los acontecimientos del momento y las conversaciones pro fusión con la Alianza, favoreciéndola. Entre los visitantes, asistió a esta asamblea Juan B. Huyke, quien hizo su ingreso al Partido Republicano Puro, y fué acogido con entusiasta beneplácito Varios delegados, cuatro de ellos, se retiraron de la asamblea; por no favorecer fusiones con la Alianza. Estos fueron Arcadio Ramírez, Alfredo Zapata, Tomás Ramírez Cuerda, y Salvador Fulladosa. Para discutir las bases de la fusión, se designó una comisión, compuesta de Gonzalo Diago, Felipe Colón, Pedro Juan

Barbosa, Adolfo Dones Padró, Alfonso González, Luis Antonio Rosario y Artemio Pilar Rodríguez.

Las comisiones de estas dos asambleas Aliancista y Republicano Pura, después de prolongadas deliberaciones, no lograron ponerse de acuerdo en cuanto a nombre y programa final. Asi fué inforrnado a las respectivas asambleas, que terminaron sin haber llegado a concierto final sobre la fusión.

Clausuradas estas asambleas, sin haberse logrado la fusión comenzaron a manifestarse numerosos comités en toda la Isla muchos de ellos reunidos conjuntamente y proclamando la fusión local, pidiendo nuevas asambleas para realizar la fusión general y la creación del nuevo partido. El movimiento tomó fuerza, alentado especialmente por líderes Aliancistas, que urgían la formación del nuevo partido. Los presidentes de la Alianza del Partido Republicano Puro, también expresaron en la prensa el vivo deseo y propósito de convenir la fusión de ambas colectividades, creando una nueva.

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Mientras tanto, un comité designado por la Junta Centra del Partido Unionista, compuesto por Manuel A. Martínez Dávila Ignacio Morales Acosta y Rafael Vallés, inició en Naranjito la inscripción del nuevo partido Liberal Puertorriqueño, nominando por petición candidatos a alcalde y miembros de la asamblea municipal de Naranjito. El 5 de enero de 1932, el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico aprobó las peticiones de inscripción d este nuevo partido en Naranjito, cuya inscripción se prosiguió con actividad y extraordinario entusiasmo en toda la Isla.

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El 30 de enero de 1932, se reanudaron las asambleas de la Alianza y del Partido Republicano Puro, presididas, respectivamente, por Rafael Cuevas Zequeira y Rafael Martínez Nada La asamblea Aliancista se congregó en el Teatro Municipal, San Juan; y la asamblea Republicano Pura, en el Teatro Tres Banderas, de San Juan. Reunidas ambas asambleas, llegó a ella Ia noticia del nombramiento de James R. Beverley como Gobernador de Puerto Rico, en sustitución de Theodore Roosevelt ser éste nombrado Gobernador General de las Islas Filipina.

Ambas asambleas celebraron el nombramiento, y destacaron sendas comisiones para felicitar a Beverley, quien venía ocupando el cargo de Procurador General.

Constituída la Asamblea Republicana Pura, el presidente Martínez Nadal hizo una larga exposición de los acontecimientos políticos y de los motivos que defraudaron los deseos de constituir el nuevo partido en las asambleas anteriores. Después de los usuales preliminares de la asamblea, se designó una comisión para reunirse con la comisión de la Alianza, a fin de conferenciar hacia el entendido para la fusión de ambos partidos. Esta comisión Republicana Pura quedó integrada por Manuel F. Rossy, Gonzalo Diago, Antoiiio Pomales, Felipe Colón, Juan Ramón Ramos, Adolfo Dones Padró y Pilar Elarbosa de Rosario.

En la asamblea Aliancista, el presidente Rafael Cuevas Zequeira hizo un prolongado discurso de apertura, explicando el desarrollo de los acontecimientos políticos, incluyendo su actitud personal cuando en 1929 se retiró de actividad política y luego reingresó en la misma respondiendo al llamamiento para presidir la Alianza. Recalcó la necesidad patriótica de concertar la conjunción de la Alianza con el partido Republicano Puro. Para conferenciar a este objeto, designó la comisión Aliancista que quedó compuesta por Blas C. Herrero, Genaro Cautiño, Luis F. Pérez, José L. Berríos y José Rosario Gelpí. Luego de deliberar varias horas, estos comités informaron a sus respectivas asambleas varias horas, estos comités informaron a sus respectivas asambleas que no hubo acuerdo. El punto de mayor controversia resultaba el nombre del partido y la organización del mismo. Oído el informe negativo de la asamblea de la Alianza, Miguel Angel García Méndez pronunció un largo discurso, interrumpido con repetidas ovaciones, exhortando a proseguir las conferencias bipartistas, y propuso, con la aprobación de la asamblea, que se designara una nueva comisión Aliancista para proseguir las discusiones con el Partido Republicano Puro. La nueva comisión designada, quedó compuesta por Juan B. Soto, Jesús Benítez Castaño y Jorge Romaní. Esta comisión se reunió con otra nueva comisión designada al mismo fin por la asamblea Republicana Pura, compuesta esta nueva comisión por Manuel F. Rossy, Juan Ramón Ramos, Ignacio Bacó, Luis Antonio Rosario, Avelino González Mena, Manuel Fernández Náter, Etienne Totti, M. Garcí de Quevedo y Pilar Barbosa de Rosario. Estas nuevas comisiones tampoco lograron ponerse de acuerdo. El programa había sido aprobado en principio, para ser ratifieado en la primera asamblea del nuevo partido. Se discutía el nombre del nuevo partido. Las comisiones Aliancistas propusieron a los Republicanos Puros el nombre de Fusión de los Partidos Republicano y Unión de Puerto Rico, y el nombre de Partido Progresista de los Partidos-Republicano y Unión de Puerto Rico, nombres que fueron rechazados por la asamblea de los Republicanos Puros. Se designó una tercera comisión Aliancista para proseguir las conferencias, compuesta por Eugenio Lecompte, Miguel Angel García Méndez, Blas C. Herrero y Agustín E. Font.

Mientras tanto, agotados físicamente los delegados de ambas asambleas, y en medio de febriles conferencias en el deseo de convenir el nombre, que fuera significativo y que enagenara delegados y militantes de ambos partidos, delegados en lograr el objetivo de la fusión, a altas horas de la madrugada Leopoldo Figueroa reunió en su

automóvil, en la calle Tetúan, a Rafael Cuevas Zequeira y a Martínez Nadal, quienes con Leopoldo Figueroa se reunieron en el

Hotel Palace, de San Juan, en un esfuerzo final para llegar a

acuerdo. Esta reunión, en su origen de cierto carácter peripatético, tuvo buen resultado. Las comisiones laboraron con mayor facilidad, y se pusieron de acuerdo, después de discutir otros nombres, para someter a las asambleas el nombre de Partido Unión Republicana. Este nombre fué finalmente aprobado por grandes mayorías de ambas asambleas, para bautizar a la nueva colectividad. Al aprobatse este nombre, Miguel Angel García Méndez, en la asamblea Aliancista, propuso invitar a la nueva colectividad. Al aprobarse este nombre, Miguel Angel García Méndez, en la asamblea Aliancista, propuso invitar a los Republicanos Puros reunidos en su asamblea en el Teatro Tres Banderas, para reunirse y confundirse ambos partidos en el Teatro Municipal, lo que se llevó a cabo, en medio de gran júbilo y atronadores aplausos, quedando así constituído, por la fusión de Aliancistas y Republicanos Puros, el nuevo partido Unión Republicana.

 

Enrique González Mena, quien presidió la asamblea conjunta, puso en manos de Rafael Martínez Nadal el mallete presidencial, y después de entusiastas discursos de Martínez Nadal, Miguel Angel García Méndez, Felipe Jiménez Rivera y Joaquín A. Becerril, terminó el acto, previo anuncio de que en la siguiente semana se reuniria la primera asamblea de la nueva colectividad para elegir a su presidente y miembros del comité directivo central.

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Estaba en la mente pública la actitud a asumir por el Partido Socialista, al desaparecer su coligado el Partido Republicano Puro dentro del nuevo partido Unión Republicana. El 28 de enero de 1932, se reunió en San Juan el Comité Ejecutivo Territorial del Partido Socialista, bajo la presidencia de Bolívar Pagán. Este informó ampliamente sobre el giro de los acontecimientos políticos, expresando, entre otras cosas, <<que a su manera de pensar la organización del Partido Unión Republicana de ninguna manera determina la ruptura de las relaciones del partido Socialista con los Republicanos Puros>>, agregando que «los compromisos contraídos por el partido Socialista con el partido Republicano Puro dentro del pacto libre electoral deben cumplirse al pie de la letra y honorablemente, y esperar todos los Socialistas que se exprese la voluntad del partido en una próxima asamblea en cuanto a la orientación del partido para la próxima campaña electoral>>. Estas declaraciones expresaban el sentimiento del partido en el momento.

El 15 de febrero de 1932, se celebró la primera asamblea general del Partido Unión Republicana, en el San Juan Stadium, en Puerta de Tierra. Al abrirse el acto, ocuparon la mesa presidencial provisional Rafael Martínez Nadal y Rafael Cuevas Zequeira, actuando de Secretarios José C. Marrero y Rafael Hernández Usera. Cuevas Zequeira abrió el acto con discurso alusivo al mismo. Después de los usuales preliminares, Rafael Martínez Nadal propuso, y fué aprobado, que se diera asiento con plenos derechos de representación a los delegados del Partido Republicano Puro. Se hizo esto para los fines juridicos, de manera que, para los derechos electorales, apareciera que el Partido Aliancista, dentro de los preceptos de la vigente ley electoral, cambiaba su nombre por el nuevo nombre de Partido Unión Republicana. Así la naciente Unión Republicana asumió los derechos de partido principal, que jurídicamente disfrutaba la Alianza Puertorriqueña.

Se aprobó por la Asamblea que se eligiera al Comité Territorial Central, como organismo directivo central del nuevo partido, compuesto de seis delegados, tres en propiedad y tres suplentes, por cada uno de los siete distritos senatoriales, y seis miembros at large procedentes tres de cada partido. El primer Comité Ejecutivo Territorial electo resultó integrado en la forma siguiente: Por San Juan, en propiedad, Leopoldo Figueroa, Celestino Iriarte y Blas C. Herrero, y suplentes, Juan C. Rodríguez, Josefa Moreno de Carreras y Joaquín Rivera; por Mayaguez, en propiedad, Manuel Marín, Miguel Angel García Méndez y Amador Ramírez Silva, y suplentes, Clemente Ramírez Carlo, F. Lassise y Ulises del Rosario; por Humacao, en propiedad, Francisco González Fagundo, Jesús Benítez Castaño y Juan EL. Garzot, y suplentes, Harry F. Llenza, M. Portela y José L. Berríos; por Aguadilla, en propiedad, Juan B. García Méndez, Eduardo Negrón Benítez y Enrique González Mena, y suplentes, Matilde C. de Igartúa, J. González Mercado y Rafael C. Fernández García; por Guayama, en propiedad, Juan Planellas, Marta M. de Aponte y Milagros B. de Mewton, y supientes, Víctor Gutiérrez Ortíz, Arturo Godreau y José J. Aponte; por Arecibo, en propiedad, Juan González Mercado, Alfredo López Marrero y Agustín Rivero Chaves Estrada; por Ponce, en propiedad, A. Drtíz Guzmán, Agustín E. Font y Eugenio Lecompte, y suplentes, Celso Caballero y Manuel Santana. Los miembros at large electos fueron los siguientes: procedentes de la Alianza, en propiedad, Luis Sánchez Morales, Manuel Diaz Garcia y Francisco M. Zeno, y suplentes, Juan B. Soto, Isaac González Martinez y Vicente Usera; y procedentes del Partido Republicano Puro, en propiedad, Rafael Martinez Nadal, Manuel F. Rossy y Etienne Totti, y suplentes, Rafael Rivera Santiago, Juan B. Huyke y Rafael López Sicardó. Rafael Martinez Nadal fué aclamado presidente del nuevo partido Unión Republicana; y Rafael Cuevas Zequeira fué igualmente aclamado presidente honorario del mismo.

El programa político aprobado en la asamblea constituyente del partido Unión Republicana, reza asi:

<<Aspiración Suprema

«El partido Unión Republicana adopta como declaración Fundamental de su programa: que el pueblo de Puerto Rico no quiere vivir bajo un sistema de gobierno colonial, sino que aspira a gobernarse por si mismo, para lo cual hay dos soluciones Finales: Constitución de Puerto Rico en Estado de la Unión, o plena soberania interna y externa en armonia y confraternidad con los Estados Unidos.

«Declaración de Principios

«El partido Unión Republicana decide que es imperioso deber patriótico de los elementos que lo componen tratar de obtener cuanto antes de los Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos de América, y en caso de que esta demanda fuese negada, o que actos del Congreso de los Estados Unidos la hicieren irrealizable, entonces, el partido Unión Republicana trabajará para conseguir la plena soberanía interna y externa, igualmente compatible con nuestros ideales de libertad y gobierno propio, en una forma digna del pueblo puertorriqueño y del pueblo americano; y cualesquiera de ambas soluciones, o ambas, deberá ser sometida a un plebiscito del pueblo puertorriqueño.

“Forma Autonómica Transitoria

«Mientras se resuelve el status definitivo de la Isla, el partido Unión Republicana demanda:

«1. Que se reconozca a nuestro pueblo el derecho de elegir su propio Gobernador.

«2. Que el Gobernador nombre, mediante el consejo y consentimiento del Senado Insular, todos los Jefes de Departamentos del Gobierno Local.

«3. Que de igual modo nombre todos los Jueces del Tribunal Supremo.

«4. Que mientras el Congreso no haya concedido a la Isla el derecho de elegir el Gobernador, recaiga el nombramiento de éste en un ciudadano de los Estados Unidos, residente bona-fide en Puerto Rico por un término no menor de diez años, y que los nombramientos de los Jefes de Departamentos recaigan en ciudadanos de los Estados Unidos, residentes bona-fide en Puerto Rico por un término no menor de cinco años.

«5. Que se extiendan los poderes de la Legislatura a todo lo que no esté en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos y con la Ley Orgánica de Puerto Rico, según se extiende de aquí en adelante.

«6. Extensión a Puerto Rico de todas las leyes federales que se hayan aprobado y que se aprueben en el futuro, para proteger y fomentar la agricultura, el comercio y la industria.

«7. Participación de Puerto Rico en la asignación anual de Gobierno Federal para la construcción de carreteras y para instrucción pública.

«8. Consolidación de la deuda pública, hasta donde fuere posible.

«9. Extensión a Puerto Rico de la Ley del Banco de la Reserva Federal, y de todas aquellas medidas que se adopten en el Continente para resolver la crisis bancaria nacional y el problema del desempleo.

«10. Que después que el Gobernador vede una ley, rija esta como tal si fuere nuevamente aprobada antes de levantarse la Asamblea Legislativa por los dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, separadamente.

«11. Que el Gobernador no pueda aprobar parte de un proyecto de ley y rechazar otro, sino aprobarlo o desecharlo todo.

«12. Que se cubran las vacantes de Senadores y Representantes sin efectuar elecciones parciales, por el Gobernador, a propuesta de la dirección del partido a que hubiere pertenecido el Legislador cuyo puesto hubiere vacado.

«13 Que se dé a la Legislatura el derecho de extender el período de sesiones a noventa días, exclusive de los domingos, días festivos y recesos acordados por ambas Cámaras.

«14. Que el Tribunal Supremo se componga de nueve jueces, distribuídos en dos secciones, cada una de las cuales estará investida de la jurisdicción concedida a la Corte, estando sujetas sus decisiones a nueva lista (re-hearing) ante el Tribunal en pleno (in bank) cuando uno o más jueces lo acuerden así.

«15. Que el Juez Presidente de dicho Tribunal, o por su delegación cualesquiera de los Jueces, actuará como Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.»

El programa económico-social aprobado en dicha asamblea constituyente del partido Unión Republicana, abarcaba diversos asuntos de mejoras y ampliación del sistema escolar, fomento de nuevas industrias, reforma del sistema contributivo, desarrollo y conservación de los recursos naturales de la Isla, solicitar que se concede jurisdicción a la Isla en la materia entonces vigente de la Prohibición, la protección arancelaria de productos puertorriqueños, demanda de plenas facultades a la Legislatura Insular para legislar sobre monopolios y combinaciones comerciales, y entre otros asuntos, sobre el problema agrario decía lo siguiente:

«El área reducida de nuestra Isla, en relación con la densidad de su población, requiere imperativamente que se ponga límite a la tenencia de tierras por corporaciones. Demandamos medidas regales que limitar razonablemente la propiedad y dominio de tierras por corporaciones; pero que no determinar la paralización del funcionamiento normal de las empresas agrícola-industriales actualmente establecidas en el país, ni que lesione, sin justa indemnización, los derechos adquiridos por las mismas al amparo de la ley.

«Pedimos, por tanto, que se autorice a la Legislatura de Puerto Rico para legislar sobre el dominio y control de terrenos por corporaciones o sociedades, facultándola para importar contribuciones progresivas sobre el valor de las tierras poseídas en exceso de 500 acres, y para expropiar las poseídas en exceso del límite que fijare la Legislatura, para enajenarla después de conceder a los propietarios un término razonable.

«Pedimos autorización para contratar empréstitos destinados a la expropiación de dichas tierras, sin computarlos en la capacidad prestataria insular, y para que el Tesoro de los Estados Unidos anticipe al Gobierno Insular los fondos necesarios al objeto, a cambio de certificados de deuda, autorizados por el Gobierno de Puerto Rico, a largo plazo y módico interés».

En cuanto al problema rural y propietario, el programa adoptado expresa lo siguiente:

«El partido Unión Republicana, declare:

« (a) Que los 900,000 hermanos campesinos proletarios que son músculo y nervio de nuestro organismo social, y que con su esfuerzo personal den impulso a la producción agrícola-industrial de nuestro país, merecen que se haga todo lo posible por mejorar su triste condición de vida;

«(b) Que abogará porque el actual sistema de administración municipal sea reformado, de modo que las contribuciones pagadas por las zones rurales sean, después de cubiertas las atenciones de carácter general, devueltas en obras de utilidad de las mismas, mediante la implantación y desarrollo de un plan de servicios rurales que incluya el fomento de aldeas, visitas y asistencia médica domiciliaria, hospitalización de pacientes de ciértas enfermedades, sanidad, caminos, escuelas, granjas modelo, teléfono y correos, policía rural, y cualquier otro servicio análogo que permitan los recursos disponibles.

«(c) Que trabajará porque se reformen y perfeccionen las leyes de Indemnizaciones a Obreros, Hogares Seguros, Trabajo de Mujeres y Niños, Jornada Legal, y otras análogas, simplificándolas, orillando dificultades de constitucionalidad y tecnicismos, haciéndolas de mayor efectividad en la práctica para el beneficio inmediato de los obreros y para que su cumplimiento sea más fácil y menos complicado y gravoso a los patronos;

«(d) Que demandaremos de los poderes constituídos legislación para que se establezca en este país un sistema de Seguro Social que preserve a la clase trabajadora proletaria contra los riesgos de enfermedad, invalidez, muerte y maternidad en abandono, similar a los experimentados ya con éxito en Alemania, Inglaterra y otros países de alta civilización;

« (e) Que favoreceremos toda iniciativa legal razonable que tienda a combatir el analfabetismo, la uncinaria, la tuberculosis y demás endemias sociales que se ceban en la clase pobre de nuestra población, singularmente en la zona rural.»

El 16 de febrero de 1g32, se reunió, en el Capitolio Insular, la primera sesión del Comité Central del Partido Unión-Republicana, bajo la presidencia de Martínez Nadal, y entre otros acuerdos adoptados, se determinó sobre la organización general de los comités locales del nuevo partido, que al principio quedarian integrados, con paridad de representación, por miembros procedentes de los dos partidos que formaron la Unión Republicana.

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Constituído el partido Unión Republicana, comenzó enseguida el movimiento de este partido para acercarse al partido Socialista, por las relaciones cultivadas en el Grupo de Buen Gobierno, para llevar a cabo un pacto electoral para las elecciones de 1932. El 27 de febrero de 1932, rompió el fuego en esta dirección, en declaraciones públicas, Miguel Angel García Méndez, favoreciendo que se concertara la coalición de la Unión Republicana y el partido Socialista inmediatamente, para unir sus fuerzas en las elecciones de este año. A estas declaraciones, siguieron otras de distinguidos líderes de la Unión Republicana, entre ellas del presidente Martínez Nadal, en igual sentido, y también así mismo se manifestaron los organismos políticos locales del nuevo partido en numerosos pueblos de la Isla. Esta coalición electoral fué inmediato tópico del día, favorecida también por Santiago Iglesias y otros líderes Socialistas. Hubo, sin embargo, voces aisladas de líderes Socialistas que no favorecían nuevos pactos con otro partido alguno.

El 29 de febrero de 1932, se reunió el Comité Central Territorial del partido Unión Republicana, en el Capitolio Insular, bajo la presidencia de Martínez Nadal. En esta reunión, entre otros asuntos de rutina, informó una comisión de este partido, compuesta por Martínez Nadal, Leopoldo Figueroa y Gonzalo Diago, sobre visita hecha a los jefes de departamentos del Gobierno Insular afiliados al partido Unión Republicana. Los jefes de departamentos visitados fueron al Tesorero Insular Manuel V. Domenech, el Comisionado de Agricultura y Comercio Edmundo E. Colón, y el Comisionado de Sanidad Antonio Fernós Isern, quienes expresaron sus menores deseos para cooperar con su partido Unión Republicana. Igualmente se informó que prometió cooperar el presidente de la Comisión de Servicio Civil, Félix R. Hilera.

En esta sesión, se autorizó al presidente del nuevo partido para iniciar conferencias con el Partido Socialista, con respecto a un pacto 0 coalición electoral para las elecciones de 1932. A tal propósito Martínez Nadal dirigió una carta al presidente del Partido Socialista Santiago Iglesias.

El 5 de marzo de 1932, se reunió el Comité Ejecutivo Territorial del Partido Socialista, en el Capitolio Insular, bajo la presidencia de Santiago Iglesias. Conocida la carta invitación del presidente de la Unión Republicana, sé designó una comisión Socialista para iniciar las conversaciones y discutir las bases de una coalición electoral de estos partidos, para ser sometidas a las asambleas generales respectivas. La comisión Socialista quedó integrada por Santiago Iglesias, Rafael Alonso Torres, Bolívar Pagán, Antonio Arroyo y Alfonso Torres. Se acordó además, entre otros asuntos de rutina, notificar al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico el cambio de nombre del Partido Socialista Constitucional que fué el nombre usado en las elecciones generales de 1928 para acoger bajo comunes candidaturas las nominaciones del Partido Republicano Puro. Se repuso oficialmente el nombre de Partido Socialista.

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El 12 de marzo de 1932, se reunió en asamblea general el Partido Unionista, en el Teatro Municipal, de San Juan, bajo la presidencia de Antonio R. Barceló. Desde mediados del mes de febrero había quedado inscrito electoralmente en todos los distritos y precintos de la Isla el nuevo partido Liberal Puertorriqueño. El propósito esencial de esta asamblea era convertir al partido Unionista en partido Liberal Puertorriqueño, para poder acogerse a las disposiciones de la ley el elecotral, vigente desde muchos años atrás, que prohibía que un partido usare los nombres o parte de ellos de otros partidos ya existentes. La sentencia final del tribunal de apelaciones de Boston anteriormente relatada, hacia imperativo el cambio de nombre e insignias del partido Unionista. En esta asamblea las fuerzas Unionistas desplegaron gran entusiasmo y afluencia de delegados y simpatizadores de toda la Isla. Acudieron viejos lideres del partido de conocidas tendencias autonomistas, entre ellos Mariano Abril, Martín Travieso, Guillermo Esteves, Eduardo G. González, Jorge V. Dominguez y otros, que se reintegraron a sus tiendas políticas. También se reintegraron al partido algunos líderes Unionistas que habían permanecido en la Alianza cuando la ruptura de ésta con la segregación Unionista. Entre ellos, Amador Ramirez Silva, Dr. J. Cabán, Juan Rullán y otros.

En esta asamblea recomenzó su actuación activa y militante partidista Luis Muñoz Marín, que en adelante no habría de interrumpirse y que de manera tan batalladora y sobresaliente ha llenado páginas de nuestra historia política. Iniciado en las actividades políticas partidistas en la campaña electoral de 1920, Muñoz Marín tomó parte en actos de propaganda obrera y figuró como delegado en asambleas generales del partido Socialista, y tomó parte activa en la campaña de mítines Socialistas para las elecciones generales de 1920. Sus pronunciamientos eran de tonos extremistas de izquierda, inspirado en la ideología marxista de la lucha de clases y en las aspiraciones del socialismo universal. Dirigió y editó entonces su propio órgano periodístico, la revista Espartaco, identificada con los más radicales movimientos sociales de la época en el mundo. En 1923 regresó a Estados Unidos, y volvió a Puerto Rico en 1926, cuando asumió por primera vez, por breve tiempo, la dirección del periódico La Democracia, en época anterior a la ruptura de la Alianza Puertorriqueña; volvió a Estados Unidos, de donde regresó a la Isla definitivamente en 1931. Al reintegrarse a Puerto Rico en 1931, Muñoz Marín hizo declaraciones solidarizándose con las aspiraciones del renaciente partido Unionista, y solicitó públicamente del Gobernador Roosevelt, cuya obra de gobierno habíá aquél elogiado, las necesarias garantías de representación electoral para el partido Unionista y todos los partidos. Le aclaraba Muñoz Marín, en su petición al Gobernador Roosevelt, que escribía en sentido no partidista, pero expresando con franqueza lo siguiente: «Soy como usted sabe, nacionalista radical, por razones morales y de altivez colectiva no debatibles, y por razones económicas que siempre estoy dispuesto a debating Apoyo, como usted sabe, toda aquella parte del programa económico del socialismo puertorriqueño que no se encamina a coartar la actual soberania moral de Puerto Rico o a entorpecer su future soberanía efectiva. Pero no pertenezco — posiblemente por zonas — a ningún partido político.

Días después, Luis Muñoz Marin expresó públicamente: «Votaré por el partido Unionista, y por don Pedro Albizu Campos. Por el partido Unionista, porque tiene la Independencia clara y terminantemente. Y siendo un gran partido político expresará fuertemente en las ureas, si no se viola la intención popular por medio del fraude, el sentimiento de la nacionalidad de Puerto Rico. El partido Nacionalista, al cual le deseo los más lisonjeros éxitos, no puede expresar, por ahora, este sentimiento en la fuerza que puede hacerlo el Partido Unionista, y en el actual momento es imperativo, para nuestra confianza en nuestra propia personalidad y para la solidaridad internacional que necesitamos. Si el partido Unionista auita la independencia de su programa, lo cual es improbable, o la desvirtúa, votaré con el partido Nacionalista>>.

Contestando a la escritora Angela Negrón Muñoz, con respecto al pensamiento que se habia expresado por otros sobre los perjuicios económicos que acarrearia la independencia, Muñoz Marin replicó: «En primer lugar, la libertad no se vende. Aunque quienes piensan como dices, tuvieran razón, la libertad entre hombres dignos no se discute. Pero, desde luego, es falsa la conclusión de que la Independencia sería económicamente perjudicial a Puerto Rico. En cuanto a consignar la autonomía en el programa del resurgido Partido Unionista, dijo Muñoz Marín lo siguiente: Ni en el de la Unión ni en el de ningún otro partido. No se puede observar de cerca la vida política de Puerto Rico sin llegar a la conclusión de que todo tutelaje es degradante en el sentido moral. Mientras la soberania no reside en nosotros, habrá genuflexiones y degradaciones ante aquéllos en quienes reside. Esta es la enfermedad política de Puerto Rico colonial, y no tiene más cure que una dosis de soberanía sin adulterar».”’ Luego Muñoz Marín se fué interesando más y más en la acción política militante, defendiendo mediante artículos en la prensa los derechos y garantías que a su juicio el Gobierno debía asegurar a todos los partidos en la contienda comicial, y especialmente por su evidente fuerza electoral al Partido Untionista, con cuyos líderes estaba más en contacto diario. Como se leerá más adelante, Muñoz Marin acudió a esta asamblea de marzo de 1932, donde ingresó en el naciente partido Liberal Puertorriqueño.

Al abrirse esta asamblea de marzo 12, 1932, el presidente del partido Unionista, Antonio R. Barceló, hizo historia de los recientes acontecimientos políticos, y de la situación del partido al serle denegado el uso de su nombre, insignias y prerrogativas electorales por el fallo final del tribunal de Boston, y presentó una resolución para crear el partido Liberal Puertorriqueño, de manera que el partido Unionista dejara de ser tal partido al aprobarse esa resolución. La proposición de Barceló fué apoyada en discurso pronunciado por Cayetano Coll Cuchí, y fué aprobada por aclamación unánime. Aprobada esta resolución de Barceló, allí mismo e inmediatamente comenzó la asamblea constituyente del nuevo partido Liberal Puertorriqueño, con los delegados previamente convocados, incluyendo como tales delegados a los miembros de la Junta Central del partido Unionista.

El Comité de Reglamento quedó integrado por José S. Alegria, Francisco M. Susoni (padre), Librada R. Vda. de Ramos, Buenaventura Esteves, Francisco Seín, Juan Firpi, José S. Sabater, Domingo Vivaldi Pacheco, Elena P. de Carbonell, Ernesto Ramos Antonini, Walter McJones, María Delgado Rivera, Benigno Fernández García, Pablo Bonelli, Esperanza Ortíz, Fernando Gallardo Díaz, Manuel Benítez Flores, Dolores Ríos, Eugenio Font Suárez, Benicio Sánchez Castaño, y hlaría Negrón Muñoz.

El Comité de Programa, quedó compuesto por Juan Hernández López, Benigno Fernández García, Ernesto Ramos Antonini, Jorge V. Domínguez, Luis Muñoz Marín, Ana Velez de López, María Negrón Muñoz, Guillermo Esteves, Francisco M. Susoni (padre), Carmen Barroso de Rijos, Luis Lloréns Torres, Miguel Guerra-Mondragón, Juan García Ducós, Pedro Baigés Gómez, Manuel A. Martínez Dávila, Librada R. Vda. de Ramos, Manuel A. García Méndez, Walter McJones, y Amador Ramírez Silva.

Después de aprobado el Reglamento del nuevo partido, fueron aclamados al escenario Martín Travieso, Guillermo Esteves,

Miguel A. Muñoz y otros líderes de tendencies autonomistas que acudieron a la asamblea. En el ambiente estaba modificar en parte el programa anterior del partido Unionista, de manera que al partido Liberal Puertorriqueño pudieran ingresar y aportar sus esfuerzos en la lidia política los elementos de pronunciadas tendencias autonómicas.

El presidente del comité de programa, Juan Henández López, delegó en Ernesto Ramos Antonini, para rendir el informe de este comité, llamando aquél a éste «el líder del ala izquierda». Con el aplauso y regocijo de ambas alas, la independentista y la autonomista, quedó aprobado en esa asamblea del 1932 el primer programa del partido Liberal Puertorriqueño. Este programa reza así:

«Programa Político

«El partido Liberal Puertorriqueño considera:

«Que Puerto Rico, al cesar sin intervención soya, la soberanía de la nación formadora de su personalidad de pueblo, no pudo retener moralmente otra soberanía que la suya propia, ya que dentro del derecho natural las colonias se fundan pero no se adquieren.

«Que por consiguiente Puerto Rico, no obstante el régimen impuesto por Estados Unidos, ha sido y es moralmente soberano, y bajo la ley inmanente de los pueblos, árbitro y señor de su propio destino. Y que la autoridad efectiva ejercida por Estados Unidos en Puerto Rico, y que Puerto Rico ha tenido que acatar por necesidad práctica de que algún gobierno funcionara en el país, ha violado, y mientras exista violará, la sagrada e indestructible e inalienable realidad de su soberanía.

«El partido Liberal Puertorriqueño, por lo tanto, declare:

«Que es su propósito demander el reconocimiento inmediato de la soberanía de Puerto Rico y hacerla efectiva por los medios más rápidos, más prácticos y más directos, llegando así a establecer la Independencia absolute de Puerto Rico en la confraternidad de las naciones.

«Que mientras se logra obtener el reconocimiento de la soberanía, el Partido Liberal Puertorriqueño considerará aceptables y gestionables todas aquellas medidas económicas, sociales y culturales, y considerará aceptables aquellas medidas políticas que, siendo inherentes a la autoridad moral soberana de Puerto Rico, carezca éste de autoridad efectiva para establecer, por residir esta autoridad temporalinente en el poder que de hecho ejerce su soberanía.

«El partido Liberal Puertorriqueño afirma, además:

«Que es su propósito, como partido de gobierno, mientras prevalezca la autoridad de facto, dedicar sus fuerzas, ejercitando sodas las funciones y prerrogativas del Gobierno, a crear la independencia económica de Puerto Rico, a descolonizar y a nacionalizar la economía de Puerto Rico, adaptándola asimismo al momento en que, desapareciendo la colonia, Puerto Rico entre en sus plenas funciones de nación soberana e independiente.

«Programa Económico-Social

«El partido Liberal Puertorriqueño, anheloso de afirmar al personalidad del pueblo de Puerto Rico en sus aspectos económicos, sociales y culturales, abogará dentro del estado actual de cosas por la realización del siguiente prograina:

«Independencia económica: Librar a Puerto Rico del régimen de explotación económica que en él prevalece, abogando para que reviertan a manos puertorriqueñas todas las fuentes natives de riqueza que ahora monopolizan las corporaciones forasteras, orientando nuestros mejores esfuerzos hacia la formación de una economía de tipo nacional, sentando al efecto las bases necesarias para nuestra completa independencia económica.

«Aranceles de aduanas: Abogaremos por una tarifa arancelaria propia, en sustitución de la que troy pesa sobre nuestro pais, que le trace completamente tributario de la potencia agricola e industrial de Estados Unidos, la cual incurre no ya en un mero absurdo en materia de política fiscal sino que resulta, en sus efectos, aniquiladora de las fuentes natives de producción y cuyos resultados positivos tienden a reducir a la indigencia a las multitudes puertorriqueñas.

«Los actuales aranceles de aduanas encarecen el costo de la vida, levantan una barrera infranqueable en nuestro intercambio comercial con las demás naciones, nos condenan a tracer las importaciones del mercado norteamericano al precio que mejor cuadre el productor estadounidense, e impiden que industrialmente progrese nuestro pueblo, y privan al Tesoro de Puerto Rico de una cuantiosa renta, que por sí sola seria suficiente para sostener en gran parte los gastos de nuestros presupuestos y para satisfacer, consolidándola, nuestra deuda nacional; y pudiendo establecer la inmediata rebaja de las contribuciones vigentes que hoy gravitan como carga insostenible sobre el comercio, la agricultura, los pequeños propietarios y el pueblo consumidor.

«Latifundios: Denunciamos la triste condición a que ha quedado reducido nuestro pueblo bajo el actual estado de cosas, habiendo desaparecido ya más de cuarenta mil pequeños terratenientes. El lafitundio, la refacción casi feudal de las grandes córporaciones y la falta de protección para los cultivos genuinamente puertorriqueños, explican ese tránsito violento de propietario a jornalero, que define con gráfica brevedad, la tragedia cle un pueblo como el nuestro, que de señor que era de sus.tierras, ha pasado, bajo un régimen de absorción latifundista, a la categoria de jornalero de su propia heredad.

«Absentismo: Todas las fuentes de riqueza de nuestro páís están sujetas a un sistema explotador latifundista. Capitalistas residentes en paises extranj ergs, acaparan el 60 por ciento de nuestra industria azucarera, el 85 por ciento de nuestra producción tabacalera, el 31 por ciento de nuestros cultivos de frutas citrosas; monopolizan, asimismo, los bancos, los ferrocarriles, las líneas navieras y las empresas de servicio público. El absentísmo prevaleciente imnide el desenvolvimiento de nuestras riquezas. Este grave mal requiere por nuestra parte que aboguemos por remedios que pongan término a tal situación.

«Cabotaje: Las leyes de cabotaje que nos rigen, en virtud de las cuales sodas las mercaderias se transportan entre los puertos de este pais y los de Estados Unidos en barcos de matrícula norteamericana, imponen un tributo a nuestro comercio ascendente a unos diez millones de dólares anuales, con grave perjuicio del pueblo consumidor; y abogaremos, por consecuencia, para que se excluya a Puerto Rico del actual sistema de cabotaje norteamericano.

«Refacción agrícola e industrial. Abogamos por el fomento de capitales nativos aptos para la explotación industrial; por una amplia protección de los cultivos agrícolas genuinamente puertorriqueños; por la adquisición de mejores mercados para nuestros productos; por la protección de las industrias natives de crédito y por la instalación del banco del pueblo, ya creado por una ley nuestra, que facilite préstamos agrícolas, industriales y comerciales, a interés módico y plazos cómodos.

«Revisión del sistema contributivo. Abogamos por la revisión del sistema contributivo vigente, que gravita con injusta severidad sobre la agricultura, el comercio y las clases productoras puertorriqueñas; precisamente aquellas fuentes nativas de riqueza que están menos capacitadas para resistir la carga fiscal; y abogaremos para que se cobren por medio de la aduana todos aquellos impuestos que hoy se cobran por concepto de arbitrios, haciendo así de más fácil cobro el impuesto, menos costoso y menos molesto para el contribuyente, limitando a imponer, por arbitrios, de caracter interno, aquellas contribuciones por patentes o licencias que sean permisibles y de fácil cobro y que sean a la vez absolutamente necesarias para completar los ingresos que el país necesita para el desarrollo de sus servicios políticos. El impuesto sobre alcoholes, libre ya al país de la ley de Prohibición, que resulta impracticable y contraproducente y de resultados morales negativos, debe hacerse por la aduana tan absolutamente como sea posible.

«Prohibición. Abogaremos por la derogación de las leyes prohibicionistas en Puerto Rico. La experiencia ha demostrado que la Prohibición es un fracaso completo, habiendo fomentado el vicio del alcohol en vez de disminuirlo, y creando, además, una verdadera falange de defraudadores del erario y violadores de las leyes penales con grave peligro del orden social, puesto que la comisión diaria de delitos que permanecen impunes y enriquecen al delincuente es la mayor fuente de disociación en la vida pública de la comunidad.

«Cuestiones obreras. El concurso del obrero es inestimable en toda obra de reconstrucción nacional. Sus problemas requieren desapasionado estudio Y .iusticiera solución. El absurdo sistema de explotación económica que gravita directamente sobre las masas trabajadoras, las condena a la indigencia que abate los cuerpos y a la servidumbre que denigra las conciencias. Es menester dignificar al obrero como unidad sustantiva de la patria. Abogamos por el desenvolvimiento completo y eficez de todas las leyes de carácter obrero que han sido votadas y aprobadas por legislaturas anteriores, en cumplimiento del programa iniciado en la Asamblea de la Unión de Puerto Rico en el año 1912, y específicamente planteado por este partido en el año 1920. De acuerdo con el preambulo de ese programa, la Unión de Puerto Rico no prestará su apoyo a doctrinas anárquicas ni a sistemas perturbadores de la convivencia y arrnonía entre todos los elementos sociales, pero declara que las clases proletarias necesita más que ninguna otra el amparo y la solidaridad del país. El obrero puertorriqueño debe disfrutar mayor salario, tener un hogar propio, alimentarse con suficiencia, vestirse y calzarse con decoro, reducir a un límite razonable y humano la faena diaria, poder gozar, en su triste condición, de todas las satisfacciones físicas y morales de la vida. Requerimos leyes que establezcan, sin caprichosas limitaciones, la indemnización por accidentes del trabajo, sociedades cooperativas, higiene de los talleres, premios a la perseverancia y la inteligencia en los oficios manuales; pensiones para los inválidos del trabajo, reglamentación y protección del trabajo de las mujeres y los niños, ampliación y eficacia de la ley de hogares seguros. Queremos, sin más fórmulas, con actos tangibles, hacer cada dia más estrecha la hermandad social que obliga a los líderes del pueblo a sentir los dolores del pueblo y a remediarlos hasta donde alcance el poder con que el Poder les inviste, rindiendo así fervoroso culto a la nueva era del mundo en el sentimiento de la fraternidad humana.

«Régimen municipal. Daremos a los municipios las mayores iniciativas en su régimen local, consagrando el principio de su autonomía, dándoles así la debida autoridad y haciéndoles sentir, y exigiéndoles al mismo tiempo, las debidas responsabilidades.

«Idioma. Es la defensa del idioma castellano uno de los problemas más vitales con que nuestro pueblo se confronta. Condenamos con todas las fuerzas de nuestro espíritu el actual siste ma de enseñanza en inglés, porque retarda, cuando no aniquila el desarrollo de la mentalidad de nuestra juventud; porque dislo ca, cuando no rompe, la hilación entre nuestra histórica experiencia racial y el porvenir que nos aguarda, y porque tal siste ma entraña un serio peligro y una inminente amenaza para nuestra cultura patria.

«Universidad. Aspiramos a constituir la Universidad de Puer to Rico en un gran centro de culture espiritual y de investigacion politécnica. Somos partidarios de que se le otorgue completa autonomia económica, administrativa y cultural. La Universidad de Puerto Rico debe ser vehiculo de desarrollo de nuestra pecúliar cultura nacional, siempre obediente a nuestros propios problemas y siempre fomentadora de nuestra propia personalidad.

«Abogaremos por un sistema de instrucción primaria que desarrolle la personalidad del niño puertorriqueño, perfectamente articulado, con los centros de segunda enseñanza y nuestra Universidad y trataremos de que nuestra escuela rural prepare a las futuras generaciones en armonia con nuestro medio económico».

Este programa fué aprobado, logrando de momento la conciliación de los elementos independentistas y autonomistas que pugnaban dentro del partido Liberal, y con manifiesto fervor se dispuso la nueva colectividad naciente a afrontar la contienda electoral.

Al finalizar la asamblea, Cayetano Coll Cuchí llamó la atención a una serie de recientes artículos politicos escritos por Luis Muñoz Marín en La Democracia. Con aplausos generales, estos articulos fueron adoptados como documentos del partido. Presentado por Ernesto Ramos Antonini, Luis Muñoz Marin se dirigió en breve discurso a la asamblea, ofreciendo el concurso de su plume al servicio de la causa del partido Liberal Puertorriqueño. Muñoz Marín asumió, tres dias después, la dirección de La Democracia, órgano oficial del partido. Se aprobaron también tributos de reconocimiento por su labor politica a Samuel R. Quiñones y Vicente Géigel Polanco. Juan Hernández López cerró el acto a altas horas de la madrugada.

El 14 de marzo de 1932, una comisión del partido Liberal Puertorriqueño visitó en La Fortaleza al Gobernador Beverley. Esta comisión informó al Gobernador sobre la asamblea y la actitud del partido. Estaba compuesta por Antonio R. Barceló, Martín Travieso, Luis Muñoz Marín, Jorge V. Domínguez, Manuel A. Martinez Dávila, Luis Lloréns Torres, Manuel A. Garcia Méndez, Rafael Vallés, y Amador Ramírez Silva.

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Mientras tanto, tendían a tomar forma los alineamientos para la lucha comicial. El 21 de marzo de 1932, en la residencia de Alfonso Valdés, en Santurce, se llevó a cabo la primera sesión conjunta de las comisiones encargadas de discutir sobre pacto electoral, designadas por el partido Socialista y el partido Unión Republicana. Las discusiones preliminares se desarrollaron en ambiente cordial propiciando el entendido de estos dos partidos.

Mirando hacia las elecciones generales de 1932, era tópico de interés público la representación electoral de los partidos. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmada por el tribunal de apelaciones de Boston, él partido Unión Republicana asumiría plena representación en la Junta Insular de Elecciones y en los demás organismos electorales, como partido principal. Igual representación asumiría el partido Socialista, por el resultado de los votos obtenidos por este partido en las precedentes elecciones de 1928 bajo el nombre de Partido Socialista-Constitucional, nombre que en mayo de 1931 cambió por su anterior, nombre de partido Socialista. Una opinió emitida por el Procurador General Interino, Arturo Ortiz Toro basada en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el canbio llevado por el anterior partido Republicano Puro impugnando como excesivo el veinte por ciento que la ley electoral requería los partidos para poder disfrutar de representación electoral poder nominar candidatos por convención, autorizó por el momento al partido Liberal y al partido Nacionalista para tene representación de observadores en los organismos electorales. Asi el nuevo partido Liberal y el partido Nacionalista designaro observadores en la Junta Insular de Elecciones. Frank Martínez y José E. Gelpí fueron nombrados miembros en propiedad y subtitutos en representación del partido Liberal Puertorriqueño. José Paniagua Serracante y Abelardo Casanova Prats fueron igualmente nombrados en representación del partido Nacionalista.

La tradición electoral en Puerto Rico, desde la época del gobierno militar norteamericano, daba representación plena en lo organismos electorales y el derecho a inscribir sus candidato nominados en convenciones, solamente a aquellos partidos qu hubieran obtenido cierto contingente de votos en elecciones generales precedentes. Con la referida opinión de la oficina del Procurador General, acogida por la oficina del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, donde usualmente se inscriben los partidos con sus candidaturas, el partido Nacionalista y lo mismo el resurgido partido Unionista y su sucesor el partido Liberal Puertorrriqueño obtuvieron representación mediante observadores en lo organismos electorales. Esto no era suficiente para garantizar elecciones a las nuevas fuerzas electorales. En marzo de 1932 una comisión del partido Liberal Puertorriqueño, compuesta por Antonio R. Barceló, Martin Travieso, Luis Muñoz Marín, Jorge V. Dominguez, Manuel A. Garcia Méndez, Benigno Fernández Garcia y Amador Ramírez Silva, visitó al Gobernador Beverle: para plantear la situación y demander al Gobernador que recomendara a la Legislatura medidas tendientes a asegurar plena presentación electoral del partido Liberal Puertorriqueño. La lea tuvo buena acogida en La Fortaleza, pero era necesario legislación a ese efecto. Un caucus de los legisladores del Grupo de buen Gobierno, reunido en abril 4, 1932, había acordado en prinpio otorgar por ley plena representación a los partidos por peción, ya que el nuevo partido Liberal Puertorriqueño, lo misto que el partido Naciónalista, siguiendo la tradición electoral en Puerto Rico, tenían esos derechos. Fué convocada la Legislatura a sesión extraordinaria, al fin principal de enmendar la ley lectoral para que las nuevas fuerzas electorales tuvieran reprentación electoral adecuada. La ley aprobada a ese efecto, no é del beneplácito del partido Liberal Puertorriqueño ni del Gobernador Beverley, quien vedó la misma.

Luis Muñoz Marín fué comisionado por el partido Liberal puertorriqueño para acudir a Wáshington a gestionar ante el congreso medidas que aseguraran adecuada representación electoral al partido Liberal Puertorriqueño. Logró la presentación de un proyecto a ese fin, con algunas posibilidades de ser considerado por el Congreso. Santiago Iglesias y Bolívar Pagán fueron comisionados por los partidos Unión Republicana y Socialista para discutir allá cualquier medida electoral para Puerto Rico, considerando éstos que ello constituía materia legislativa local que debía dejarse para que actuara sobre la misma a la Legislatura Insular. Sobre el asunto, se celebró una conferencia en oficina del Comisionado Residente, quien entonces era José L. Pesquera nombrado para el cargo en abril 11 de 1932, cuando Féx Córdova Dávila renunció al ser nombrado éste Juez Asociado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A esta reunión asistieron Comisionado Residente José L. Pesquera, el Gobernador Berbeley, Santago Iglesias y Bolívar Pagán, y se acordó en principio recomendar legislación ante la Legislatura Insular para darle al nuevo partido Liberal Puertorriqueño representación plena electoral como si ya fuera un partido principal, en vista de que todas las posibilidades eran de que el Partido Unión Republicana y el partido Socialista, coligados en 1932, tendrían cada uno de ellos la plena representación electoral que por ley correspondía a los partidos principales. No se queria repetir lo que hizo la Alianza Puertorriqueña, que en 1924 asumió plena y doble representación electoral, frente a menos observadores sin voto de los partidos de la anterior coalición de los partidos Republicano Puro y Socialista, lo que tan combatido fué como tiránico. Ese acuerdo de Wáshington, fué sancionado en Puerto Rico por el presidente de la Unión Republicana Rafael Martínez Nadal, quien anteriormente como jefe del partido Republicano Puro tuvo la experiencia amarga e injusta de 1924. Reunida luego la Legislatura Insular en sesión extraordinaria, se aprobaron enmiendas, la ley electoral, que relataremos más adelante, y que satisficieron al partido Liberal Puertorriqueño.

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El partido Nacionalista proseguía, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, una campaña activa de mitines que atrain multitudes, por el ardor que se le imprimía a la prédica. El 16 de abril de 1932, el partido Nacionalista celebró un mítin en la Plaza Baldorioty, de San Juan. Hablaron los oradores Abelardo Casanova Prats, José Paniagua Serracante, Francisco Vicentí Domingo Marrero, y Fernando Torregrosa. Cerró el acto Pedro Albizu Campos, quien hizo una acalorada exhortación contra un proyecto que estaba a la sazón considerando el Senado Insular presentado por Celestino Iriarte, que tendía a convertir en bandera oficial la conocida bandera de Puerto Rico, lá de cinco franjas rojas y blancas con una estrella blanca en campo triangular azul. Excitada por Albizu Campos, una multitud de centenares de personas, gritando Viva la República, se dirigió hacia el Capitolio, para protestar contra tal proyecto. Por el camino, los protestantes arrancaron estacas de la verja del edificio del antiguo Casino de Puerto Rico, al lado de la Plaza de Colón, y portándolas. irrumpieron con vocerío de protesta en el edificio del Capitolio La policía rechazó a la multitud, dentro ya en el Capitolio. Al bajar la multitud amotinada, se rompieron los pasamanos de las escaleras, y murió uno de los asaltantes y hubo varios heridos. En la sesión del Senado, condenaron el asalto en discursos airadoE Rafael Martínez Nadal, Santiago Iglesias, Celestino Iriarte, y Juan B. Soto. El Senador Liberal Manuel A. García Méndez, er discurso sobre el acto ante el Senado, entre otras cosas, dijo: «No es santo en verdad el propósito de que sea consagrada la bandera de Puerto Rico, mejor dicho, arrinconada, como bandera de salón escolar y de caso de gobierno, como bandera territorial, precisamente a virtud de un proyecto de ley impulsado y aprobado por aquellos mismos que uno y otro día no han hecho otra cosa que ridiculizarla, menospreciarla y maldecirla. Creo, púes, se

representación electoral del partido Liberal Puertorriqueño. La idea tuvo buena acogida en La Fortaleza, pero era necesario legislación a ese efecto Un caucus de los legisladores del Grupo de Buen Gobierno, reunido en abril 4, 1932, había acordado en principio otorgar por ley plena representación a los partidos por petición, ya que el nuevo partido Liberal Puertorriqueño, lo mismo que el partido Nacionalista, siguiendo la tradición electoral en Puerto Rico, tenian esos derechos. Fué convocada la Legislatura a sesión extraordinaria, al fin principal de enmendar la ley electoral para que las nuevas fuerzas electorales tuvieran representación electoral adecuada. La ley aprobada a ese efecto, no qué del beneplácito de partido Liberal Puetoriqueño ni del Gobernador Beverley, quien vedó la misma.

Luis Muñoz Marín fué comisionado por el partido Liberal Puertorriqueño para acudir a Wáshington a gestionar ante el Congreso medidas que aseguraran adecuada representación electoral al partido Liberal Puertorriqueño. Logró la presentación de un proyecto a ese fin, con algunas posibilidades de ser considerado por el Congreso. Santiago Iglesias y Bolívar Pagán fueron comisionados por los partidos Unión Republicana y Sociaista para discutir allá cualquier medida electoral para Puerto Rico, considerando éstos que ello constituía materia legislativa local que debía dejarse para que actuara sobre la misma a la Legislatura Insular. Sobre el asunto, se celebró una conferencia en a oficina del Comisionado Residente, quien entonces era José L. Pesquera nombrado para el cargo en abril 11 de 1932, cuando Félix Córdova Dávila renunció al ser nombrado éste Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A esta reunión asistieron al Comisionado Residente José L. Pesquera, el Gobernador Beer,ley, Santago Iglesias y Bolívar Pagán, y se acordó en prinipio recomendar legislación ante la Legislatura Insular para dar al nuevo partido Liberal Puertorriqueño representación plera electoral como si ya fuera un partido principal, en vista de ue sodas las posibilidades eran de que el Partido Unión Republiana y el partido Socialista, coligados en 1932, tendrían cada uno e ellos la plena representación electoral que por ley corresponía a los partidos principales. No se queria repetir lo que hizo la alianza Puertorriqueña, que en 1924 asumió plena y doble representación electoral, frente a meros observadores sin voto de los partidos de la anterior coalición de los partidos Republicano ‘uro y Socialista, lo que tan combatido fué como tiránico. Ese acuerdo de Wáshington, fué sancionado en Puerto Rico por el pr. sidente de la Unión Republicana Rafael Martínez Nadal, quien anteriormente como jefe del partido Republicano Puro tuvo experiencia amarga e injusta de 1924. Reunida luego la Legisl. tura Insular en sesión extraordinaria, se aprobaron enmiendas la ley electoral, que relataremos más adelante, y que satisficieron al partido Liberal Puertorriqueño.

El partido Nacionalista proseguía, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, una campaña active de mitines que atraía multitudes, por el ardor que se le imprimía a la prédica. El 1 de abril de 1932, el partido Nacionalista celebró un mítin en la Plaza Baldorioty, de San Juan. Hablaron los oradores Abelard. Casanova Prats, José Paniagua Serracante, Francisco Vicenti Domingo Marrero, y Fernando Torregrosa. Cerró el acto Pedro Albizu Campos, quien hizo una acalorada exhortación contra un proyecto que estaba a la sazón considerando el Senado Insular presentado por Celestino Iriarte, que tendía a convertir en ban dera oficial la conocida bandera de Puerto Rico, la de cinco franjas rojas y blancas con una estrella blanca en campo triangular azul. Excitada por Albizu Campos, una multitud de centenares de personas, gritando Viva la República, se dirigió hacia el Capitolio, para protestar contra tal proyecto. Por el camino, los protestantes arrancaron estacas de la verja del edificio del antiguo Casino de Puerto Rico, al lado de la Plaza de Colón, y portándolas irrumpieron con vocerío de protesta en el edificio del Capitolio La policía rechazó a la multitud, dentro ya en el Capitolio. Al bajar la multitud amotinada, se rompieron los pasamanos de las escaleras, y murió uno de los asaltantes y hubo varios heridos En la sesión del Senado, condenaron el asalto en discursos airadoÉ Rafael Martínez Nadal, Santiago Iglesias, Celestino Iriarte, y Juan B. Soto. El Senador Liberal Manuel A. García Méndez, en discurso sobre el acto ante el Senado, entre otras cosas, dijo: «No es santo en verdad el propósito de que sea consagrada la bandera de Puerto Rico, mejor dicho, arrincon,ada, como bandera de salón escolar y de case de gobierno, como bandera territorial, precisamente a virtud de un proyecto de ley impulsado y aprobado por aquellos mismos que uno y otro día no hen hecho otra cosa que ridiculizarla, menospreciarla y maldecirla. Creo, pues, señores Senadores, que el acto de protesta realizado no merece crítica alguna, sino por el contrario, debemos aceptarlo como una espléndida y clarísima demostración de lo que quiere y debe hacer el pueblo, de lo que quiere debe hacer nuestro pueblo cuando se le veja, y que se sepa bien claro, que en todo el pais impera esa fuerza patriótica, y que con esa juventud luchadora y decidida está en cstos momentos la voluntad y el cariño y el pensamiento y la emoción de todos los buenos hijos de Puerto Rico, que quieren constituír aquí una patria digna de ostentar, sobre todo y ante todo, la santa clámide de su propia soberanía.»

Barceló se expresó en la misma ocasión, en parte, en los siguientes términos: «Debemos convenir en que se ha realizado un atropello contra el sentimiento de un pueblo que tiene un ideal y lo ha consagrado en un símbolo que representa y significa precisamente ese ideal; y el hecho de haberse tomado ese símbolo para hacer de él una ley encaminada a desvirtuarlo en un símbolo colonial, hecho esto arbitrariamente y por aquellos mismos que en todos los tiempos ultrajaron y menospreciaron ese simbolo, motejándolo y permitiendo que en más de una reunión se hubiera querido hacer de él un trapo cualquiera, es claro y lógico que ese pueblo entienda, que el único propósito que guía a los que han defendido aquí ese proyecto es arrebatar a ese simbolo su fuerza ideológica y convertirlo en una miserable matrícula de barco. Si el pueblo se sintio indignado por esto, y en su exaltación ha cometido actos de esos que han realizado en todos los tiempos las multitudes cuando se han sentido heridos en sus sentimientos, no lo culpemos tratando de darle una significación más allá de lo que tiene. Sólo es un sentimiento de protesta, exaltada si se quiere, pero portesta al fin y nada más que protesta.>>

Mientras tanto, progresaban las conferencias pro pacto de las comisiones de los partidos Unión Republicana y Socialista La idea de esta nueva coalición era generalmente favorecida por el partido Unión Republicana, ante el manifiesto empuje de las fuerzas Liberales. Evidentemente el Partido Socialista, con los votos que recibió en 1928 y con su creciente fuerza, era factor indispensable para la victoria electoral. La idea de reanudar el pacto con el partido Unión Republicana no tenía las simpatías unánimes del partido Socialista. Varias secciones locales de este partido, en asambleas reunidas, se pronunciaron contra tal pacto, y la cuestión aparecía muy controversial entre los Socialistas. Después de numerosas reuniones de las comisiones, llegaron a acuerdo, para someter las bases de la nueva coalición a las respetivas asambleas de ambos partidos.

El día primero de agosto de 1932, se reunió el partido Socialista en convención general, en el Teatro Yagüez, de Mayagüez, bajo la presidencia de Santiago Iglesias. Este expresó ante la asamblea la situación política de la Isla, y sugirió que se reanudara el pacto con el partido Unión Republicana, aunque declaró firmemente que ese asunto era incumbencia de la convención reunida, que debia discutir el asunto y acordar libremente lo que se creyera más pertinente. Después de los usuales preliminares, se nombraron las comisiones para informar a la asamblea, y el presidente del partido invitó a todos los delegados que lo desearen a comparecer ante las comisiones para expresar sus ideas. La Comisión de Constitución quedó presidida por Juan Carreras; la Comisión de Programa quedó presidida por Rafael Rivera Zayas; la Comisión de Resoluciones Generales e Inform es de Oficiales quedó presidida por Rafael Alonso Torres; y la Comisión de Pacto quedó presidida por Bolivar Pagán.

Después de un receso, para deliberar las comisiones y oir éstas a los delegados, al die siguiente comenzaron a discutirse los informes de las distintas comisiones. Como portavoz del Comité de Constitución infolmó Juan Carreras, recomendando diversas enmiendas a la constitución del partido Socialista, que fueron aprobadas, principalmente sobre la representación de las secciones del partido en las asambleas y convenciones, de manera que cada sección local del partido tuviera derecho a un delegado por lo menos y a un delegado adicional por cada cincuenta miembros de carta roja. La carta roja era la tarjeta de afiliación individual de cada miembro del partido previamente aprobada en asamblea de su sección local, con la obligación del nuevo miembro de aportar pequeñas cuotas fijadas para sufragar los gastos del partido, y previo juramento de sostener al partido y su doctrina. Entre las enmiendas aprobadas, una disponía que para ostentar cargo alguno de representación del partido por elección popular, el miembro Socialista debía ostentar carta roja, expedídale, y debía haber militado por lo menos dos años en el partido. El Comité de Resoluciones e Informes de Oficiales, rindió informe por su portavoz Rafael Alonso Torres. La convención, entre otros tópicos, aprobó su informe favorable al control científico de la natalidad; medidas para prohibir que el trabajador cargue fardos en exceso de cien libras; medidas hacia la intense industrialización del pais y para fomenter obras públicas para combatir el desempleo; para explotar los recursos naturales de la Isla hacia el bienestar de todo el pueblo; v condenó el juego de azar en hipódromos y otras partes. Por escaso margen, se derrotó una resolución para abolir los hipódromos como centro de juego.

Rafael Rivera Zayas fué portavoz del Comité de Programa. En discurso preliminar, muy aplaudido, entre otras cosas dijo: «La obra más trascendental de la Convención habrá de ser la formulación de un programa no a base de doctrinas sociológicas o ideas revolucionarias. El programa no puede formular declaraciones de política abstracta. Si el Congreso nos hiciera independientes como lo piden Barceló y Albizu Campos, estaríamos en igualdad de condiciones; tendríamos que continuar laborando por la redención y emancipación de las mesas; e igual si se nos hiciera un Estado, con la diferencia, me dá pena decirlo, de que como Estado estariamos protegidos y amparados por las instituciones americanas; y siendo independientes con Barceló o Albizu Campos de presidente… mejor es dejarlo en puntos suspensivos. Por reconocimiento, debemos declarar que anhelamos la unión al pueblo americano, que se haga extender a Puerto Rico la Constitución americana, que nos amparen las instituciones americanas , sin las cuales no hubiera existido, no digo el partido Socialista, sino tampoco las organizaciones del trabajo». La convención aprobó el siguiente programa propuesto por el Comité de Programa:

<<EI partido Socialista no puede postular fórmulas abstractas y a priori para encerrar el porvenir de Puerto Rico. La sustancia y el contenido vital de toda fórmula de organización politica de un pueblo, depende de los hechos económicos, del régimen de la propiedad y del sistema de producción y de consumo. Por tanto, la nomenclatura y las fórmulas de una ciencia política que se va desvaneciendo y transformando irremediablemente con el sistema económico que le diera contenido y base, no pueden servir para captar las esencias, ni mucho menos para predefinir las normas últimas de organización política en que habrán de incorporarse, en el futuro inmediato o en el lejano devenir, las instituciones económico-sociales que surjan de la crisis final y de la disolución agonística en que se éncuentra el actual sistema capitalista. De una cosa estamos ciertos: que las nuevas directives económico sociales serán de carácter socialista, por leyes inmanentes de evolución histórica, y por ahora, nuestro camino en materia de soluciones políticas tiene que marchar paralelamente con la linea que vaya trazando nuestro desenvolvimiento económico en su orientación hacia el mayor acrecentamiento de la producción, y hacer la mejor distribución de los beneficios de la riqueza. Somos una isla pequeña, pero de grandes destinos, porque estamos en el centro de las corrientes progresistas del mundo, y, por nuestra posición geográfica y nuestra condición política, gravitamos indudablemetne dentro de la órbita evolutiva del progreso de los Estados Unidos, y en la unión con ese gran pueblo, en la comunidad de nuestro destino, irán libradas para siempre nuestra esperanza y nuestra fé.

<<A medida que las nuevas ideas de reconstrucción económico-social vayan prestando nuevos matices y capacidades para las nuevas creaciones a todas las instituciones fundamentales de esa gran República, de suyo tan propicias a la libertad y a las orientaciones progresivas, Puerto Rico evolucionará legalmente y constitucionalmente hacia las nuevas etapas de igualdad y justicia social que se perfilan en los horizontes de la humanidad. La influencia del pueblo de Estados Unidos en los destinos del pueblo de Puerto Rico, ha sido, es y será civilizador, y la extensión de la Constitución federal de Estados Unidos a Puerto Rico representa una positiva garantia de libertades públicas y political convenientes y favorables al goce de los derechos individuales. Y para las perspectivas futuras del pais, ese instrumento, que fué gloria de emancipación política en el siglo XVIII y faro en el siglo XIX será matriz donde se incuben los postulados modernos de la evolución económico-social y las formas de juridicidad civil y politica del siglo XX.»

Como parte del programa político, también aprobó esta convención Socialista la declaración siguiente:

«El partido Socialista solicita del Congreso una inmediata enmienda a la Ley Orgánica en el sentido de poner la rama ejecutiva de nuestro Gobierno en manos que emanen de la voluntad popular expresada en los comicios, constituyendo asi en el país un verdadero gobierno democrático».

El programa adoptado fué suplementado con medidas ecocómicas y sociales, tendientes a la rehabilitación fiscal del Gobierno, a afrontar un plan de industrialización y de obras públicas para reconstruir la base económica del país y afrontar el problema del desempleo agudo de las mesas del pueblo, y la debida explotación de los recursos naturales de la Isla para el desarrollo económico y bienestar de la Isla, todo ello además de insistir en las demandas de su programa de muchos años con respecto al problema de los latifundios y absentismo, y contra los monopolios.

El Comité de Constitución informó por su portavoz Juan Carreras. Fueron recomendadas ciertas enmiendas a la constitución del partido, que fueron aprobadas, a fin de establecer la representación por delegados en las convenciones o asambleas generales del partido. A recomendación de este Comité de Constitución, también se proveyó que ninguna seccion local del partido estaba autorizada para determinar por si misma sobre pactos o entendidos con otros partidos. Cualquier acción sobre este particular incumbía a la jurisdicción de las convenciones o asambleas generates del partido, que solamente podrian determinar finalmente sobre esta materia.

La cuestión batallona y de mayor interés público, especialmente para los otros partidos políticos con miras a las elecciones generales de 1932, cuando por primera vez acudirian a las urnas dos nuevos partidos recientemente formados, el Unión Republicana y el Liberal, era el asunto del pacto de los Socialistas con la Unión Republicana. La expectación era general en todo el pais. El Comité de Pacto, designado según se ha expresado, después de oir a todos los delegados que quisieron exportar sus puntos de vista, rindió un largo informe a la convención, que comentó la situación politica local de Puerto Rico, lo mismo que el movimiento socialista en diversos paises del mundo ante semejante cuestión de coaliciones electorales con otros partidos. El informe fué rendido por Bolivar Pagán, favorable a que se hiciera el pacto con la Unión Republicana, a base de esencial igualdad entre ambos partidos, con candidatos comunes en los distritos senatoriales y representativos, y en los municipios, a fin de asegurar una mayoria parlamentaria que pudiera cooperar con la rama ejecutiva del Gobierno para organizar el gabinete y propulsar medidas de administración y de gobierno, y cierto programa mínimo de reformas de carácter social y económico. El informe sometido promovió viva controversia. Hablaron a favor del informe pro pacto, Jorge H. Gautier, Antonio Reyes Delgado, Lino Padrón Rivera, Demetrio Guzmán, Victor Coll Cuchi, y Blas Oliveras. Hablaron en contra del informe pro pacto, Julio Aybar, Sixto Pacheco, Tadeo Rodríguez García, Florencio Cabello, Armando A. Miranda, e Isaac Garcia. Planteada la cuestión previa, y sometido el asunto al voto de la convención, se aprobó el informe pro pacto con 266 votos a favor y 105 votos en contra. El Comité Ejecutivo Territorial quedó autorizado a ultimar los detalles con la Unión Republicana, en cuanto a conflictos de los partidos pactantes sobre los candidatos de ciertos distritos representativos y de ciertos ayuntamientos. Cada uno de los partidos pactantes nominaria libremente y eligiria sus propios candidatos para los cargos de Senadores y Representantes at large. Las candidaturas de ambos partidos seria encabezada por un Socialista como candidato a Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. Para este cargo la convención Socialista nominó por aclamación unánime a Santiago Iglesias. Relatamos más adelante otros particulares del pacto electoral con la Unión Republicana, según quedó finalmente aprobado por ambos partidos.

El Comité Ejecutivo Territorial del Partido Socialista electo, quedó constituido en la siguiente forma:

Presidente del partido, Santiago Iglesias; vicepresidentes at large, Bolivar Pagán, Rafael Alonso Torres y José Ferrer Ferrer; por el distrito de San Juan, Francisco Paz Granela, Luis Pérez Peña y Concepción Torres Vda. de Sánchez López; por el distrito de Arecibo, Lino Padrón Rivera, Nicomedes Rivera y Andrea Valle de González; por el distrito de Aguadilla, José Padró Quiles, Bernardino Villanueva y Esmeralda Carrero de Esprivalo; por el distrito de Mayagüez, Sixto Pacheco, Julio D. Ramú y Elena Ramos Paula; por el distrito de Ponce, Blas Oliveras, Moisés Echevarria y Celestina Rodriguez; por el distrito de Guayama, Rafael Landrón, Antonio Arroyo y Maria Gamendiz; por el distrito de Humacao, Cristóbal del Campo, Domingo Santos y Concepción Cruz Escobar; y Secretario-Tesorero General, Alfonso Torres.

13

El primero de septiembre de 1932, se reunió la asamblea general del partido Unión Republicana, en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, baio la presidencia de Rafael Martinez Nadal. El presidente Martinez Nadal informó ampliamente sobre el momento politico y asuntos principales a tratar, recomendando la aprobación del pacto con el partido Socialista. Tramitados los preliminares de la asamblea, compareció ante la misma José L. Pesquera, a la sazón Comisionado Residente en Wáshington designado para cubrir la vacante dejada por Félix Córdova Dávila, quien informó sobre sus actuaciones en Wáshington, y fué aplaudido. También inforrnó Marta Robert de Romeu, sobre sus actividades y servicios como National Committeewoman ante el Partido Republicano Nacional de Estados Unidos. Su informe fué recibido con gran beneplácito y cálidos aplausos. Se designó a Rafael Cuevas Zequeira como presidente del Comité de Plataforma; a Juan Planellas como presidente del Comité de Reglamento; y a Francisco M. Zeno como presidente del Comité de Asuntos Generales. Se designó también un Comité de Pacto, presidido por Celestino Iriarte. Aprobada por la asamblea general anterior reciente la plataforma del partido Unión Republicana, el presidente del Comité de Plataforma no tuvo asunto de qué informar. No se propuso cambio o adición alguna a la plataforma. El Comité de Reglamento, por su presidente Juan Planellas, informó favorablemente sobre enmiendas al reglamento para que el presidente del partido fuera electo por voto directo en las asambleas generales, e igualmente el vicepresidente, el secretario general y el tesorero, lo que fué aprobado.

El Comité de Pacto de esta asamblea informó mediante resolución suscrita por Manuel Marín, Blas C. Herrero y Enrique Matta. Esta resolución recomendaba favorablemente el pacto con el partido Socialista, en principio general, sujeto a detalles a ser considerados más adelante. Rafael Arjona Siaca presentó y argumentó una moción para que primero se conocieran los detalles del pacto. En igual forma se expresó Guillermo Pierluisi. Martínez Nadal reclamó el derecho de la presidencia a dirigir el orden de los asuntos. Rafael Arjona Siaca, expresando que era partidario del pacto, retiró su moción. Comenzó el debate sobre el pacto del partido Unión Republicana con el partido Socialista con un discurso de Rafael Cuevas Zequeira, a favor. A éste le siguieron también a favor del pacto, discursos de Rafael Arjona Siaca y José Rosario Gelpí. A moción argumentada de Eugenio Lecompte, la asamblea aprobó por aclamación unánime el pacto del partido Unión Republicana con el Partido Socialista.

Nominado Rafael Martínez Nadal para presidente del partido, fué electo por aclamación unánirme, seguida por prolongada ovación. Miguel Angel García Méndez, Juan Valdejully Rodríguez, Joaquín A. Becerril, Rafael Arjona Siaca, Etienne Totti y Adolfo Dones Padró hicieron impresionantes discursos a favor del pacto acordado, y en entusiasta loa de la personálidad del presidente Martínez Nadal. Leopoldo Figueroa, por aclamación unánime, fué electo secretario general del partido. Juan B. Soto y Pedro Perea Fajardo fueron igualmente electos presidentes honorarios del partido. Fueron también aclamados como vicepresidentes del partido, Enrique González Mena, Gonzalo Diago, Luis Sánchez Morales, Víctor Gutiérrez Ortiz y Ricarda L. Ramos Casellas. Como miembros del Comité Central Territorial, por los diversos distritos, fueron electos: por Guayama, en propiedad, Guillermo Godreau, José F. Aponte, Marta M. de Aponte, Francisco Rivera Rivera y Juan Planellas, y suplentes, Fidesio Muñoz, Luis Ferrer, Guillermo Chiesa, José J. Aponte y José Alsieux; por Humacao, en propiedad, Enrique Matta, Juan Garzot, Dr. Miguel Veve, f rancisco Gonzáiez Fagundo e Isabel Gómez, y suplentes, Enrique D. Luzunaris, Jesús T. Piñero, J. Barreras, Samuel Hernández y Harry B. Llenza; por Ponce, en propiedad, Eugenio Lecompte, Guillermo Pierluisi, Felipe Colón y Herminia García de Guevedo, y suplentes, J. L. Montalvo Guenard, Guillermo Ortíz Guzmán, Luis Bartolomei, William Gelpí y Rafael Hernández Usera; por San Juan, en propiedad, Rafael Rivera Santiago, Justo Rivera Cabrera, Antonio Pomales, Blas C. Herrero y Ramón Llovet, y suplentes, Joaquín A. Becerril, Josefa Moreno de Carreras, Guillermo Navarro Fuentes, Juan Pedrosa y José D. Miranda; por Aguadilla, en propiedad, José Collazo, Ricarda H. Cumpiano, Manuel Jiménez Serra, Laurentino Estrella y Getulio Echeandía, y suplentes, Juan González Mercado, Juan Esteves, Américo Rodriguez Estronza, Corpus Deliz y Eduardo Méndez Quiñones; por Mayagüez, en propiedad, Manuel Marín, Randolfo Marty, Enrique Lassise, Alfonso González y Felicito Franceschini, y suplentes, Oscar Souffront, Victor B. Domenech, Juan Angel Tió, Marta Robert de Romeu e Igncio Roca Bacó; y por Arecibo, en propiedad, José del Río, José C. Marrero, Isaías B. de Cancel, Victoriano Fernández y Julio E. Vidal, y suplentes, Diego O. Marrero, Alfredo López, Agustín Rivero Chaves, José Sostre Robles y Rafae] Martinez Mas.

Reunidas las comisiones respectivas de ambos partidos para ultimar los detalles del pacto libre electoral, de conformidad con la autorización dada por las asambleas de agosto y septiembre respectivamente, de los partidos Socialista y Unión Republicana quedó finalmente concertado dicho pacto en octubre de 1932, en un documento cuyo preámbulo lee así:

«Las muchedumbres ciudadanas, Socialistas y Uniorepublicana están sinceramente convencidas de la apremiante urgencia de sumar votos en las unas electorales con el objeto de conquistar las posiciones legislativas y ejecutivas neçesarias para realizar cambio fundamental en las deplorabilísimas condiciones económicas, sociales, políticas e industriales porque atraviesa i isla. Declaran que han estado bajo el dominio de un grupo de personas que monopolizó el poder por más de un cuarto de siblro, responsables del lamentable y peligroso estado de cosas que prevalece en la administración pública de nuestra isla.

>>Al llevar a cabo este Pacto Libre Electoral, los partidos Socialista y Unión Republicana habrán de conservar sus personalidades, origenes, historias y programas. No quieren realizar la fusión de los dos partidos, ni pretenden la absorción de un partido por el otro. Al contrario, solo abrigan el firme propósito de mantener intactos estos dos grandes partidos políticos puertorriqueños, el Socialista y la Unión Republicana.

<<Como en el pasado, rechazamos la coacción que se pretendió con la enmienda a la Sección 42 de la Ley Electoral, que la fusión y desaparición de los partidos políticos coaligara unirlos forzadamente y dividir la opinión pública del dos grupos solamente. Por lo tanto, resolvemos que debe enmendarse la Ley Electoral, en condiciones de que cada elector pueda votar bajo la insignia de su partido a los candidatos que representen nuestra conjunción de fuerzas, conservando cada uno la personalidad, programa e historia de nuestras respectivas colectividades políticas.

<<Inspirados en estos principios, y saturados de un sincero sentimiento de fraternidad y con la conciencia llena de buena fe sin reservas de ninguna especie, en la creencia de que actuamos impulsados por un alto patriotismo y por los fervientes y humanitarios anhelos de promover el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, el Partido Socialista y la Unión Republicana acuerdan verificar este Pacto Libre Electoral entre ambos, para el cuatrenio vencerá el 30 de mayo de mil novecientos treinta y seis,bajo las condiciones y bases”.

Este documento de Pacto Libre Electoral expresaba enseguiondicida las condiciones y bases. Las condiciones convenidas mantenían la personalidad independiente de cada partido, y disponía la creación de un organismo central llamado Comité Supremo de la Coalición, compuesto de delegados designados por cada año de los dos partidos, para dirigir la política administrativa de la Coalición, y también para dirigir la acción y normas legislativas; y se creaban igualmente comités conjuntos locales para el mismo fin en lo referente a asuntos locales, subordinados al Comité Supremo. Las bases se contraian a los acuerdos sobre participación de cada partido en los cargos legislativos y en la administración insular.

Asi quedó formalizada la Coalición de los partidos Unión Republicana y Socialista. Otra vez el partido Socialista aprobaba coligarse con otro partido, después de la forzada coalición convenida con el partido Constitucional Histórico (Republicano Puro), frente a la otra coalición llamada Alianza Puertorriqueña. En 1932 los partidos socialistas en los principales países de Europa, con tendencias dentro de los principios de la Segunda Internacional, favorecieron coaliciones electorales o parlamentarias con otros partidos, para enfrentarse a poderosos grupos opuestos y para compartir la responsabilidad parlamentaria y en los gabinetes de gobierno. Hasta los jefes de la Tercera Internacional (con la cual nunca tuvo contactos ni afinidades el partido Socialista de Puerto Rico), en esa época recomendaban a todos los partidos socialistas del mundo hacer coaliciones con otros partidos para participar en los gobiernos. En Austria, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en España, y en otros países se formaron frentes populares de partidos, aun de ideologías económicas distintas, en los cuales participaban los partidos socialistas en coaliciones electorales o parlamentarias. En España y Francia, especialmente, se unían Republicanos y Socialistas para formar gobiernos de coalición. El partido Socialista, por peculiares circunstancias de Puerto Rico, no se sustrajo al movimiento mundial de otros partidos socialistas.

14

El 12 de septiembre de 1932, se reunió en asamblea general el partido Liberal Puertorriqueño, en el Teatro Municipal, en San Juan, bajo la presidencia de Antonio R. Barceló. El propósito esencial de esta asamblea era nominar los candidatos generales para las elecciones de 1932. Cuatro candidatos Liberales pugnaban por la nominación para Comisionado Residente en Washington, una vez que Barceló rehusó la nominación definitiva después de haber quedado inscrito el partido en toda la Isla.

Estos cuatro candidatos eran Luis Muñoz Marín, Martín Travieso temprano retiró su candidatura. Las personalidad de Luis Muñoz Marín, hijo del prócer Luis Muñoz Rivera, tomaba creciente relieve en la colectividad, por sus gestiones en Washington a favor del naciente partido Liberal y por su diaria campaña periodística como director de La Democracia. Pero no estaba del todo Muñoz Marín en un lecho de rosas en su propio partido. En momentos culminantes de esta asamblea, Muñoz Marín hizo uso de la palabra, y sobrecogió al auditorio expreando entre otras corresponder a la nominación que acaba de hacer de mi candidatura el señor Jiménez Sicardó, y responder asimismo al bondadoso aplauso que me ha tributado la asamblea. No solamente voy a tratar ese problema específico, el de mi candidatura, sino que hago uso de la palabra para una cuestión de privilegio personal. La asamblea me va a permitir que venga a turbar su paz aunque sea por breves momentos. Primeramente, es necesario que haga mención de los estrechos lazos que me unen con los otros candidatos que figuran para el cargo que se discute. A uno, el señor Miguel a. Muñoz, me unen vínculos de familia. A otro, el señor Fernández García, me unen lazos muy íntimos de amistad. Paso ahora a turbar la paz de esta asamblea. Por toda la Isla de Puerto Rico alguien ha llevado al extremo de propagar que yo uso morfina, y últimamente, como si esto no batara, se echó a correr el rumor de que entre el señor Barceló y yo se había suscitado un incidente personal con motivo de esta candidatura. Yo no sé, señores, quién es esa persona, o quiénes son las personas que se han dedicado a esa campaña calumniosa. Pero yo sé que los delegados que están aquí reunidos conocen quiénes son las personas, o quiénes son las personas que se han dedicado a esa campaña calumniosa. Pero yo sé que los delegados que están aquí reunidos conocen quién es ese hombre o quiénes son esos hombres. A ustedes les han derramado ese veneno. Por consiguiente, yo acuso ahora, en este momento solemne, a esas personas, como furianes, como cobardes y como canallas; yo les acuso aunque no los conozco, pero yo sé que ustedes los conocen. Es posible y hasta probable que esos calumniadores se encuentren en estos momento en el seno de esta asamblea. ¡Mírenlos, porque yo no los conozco! Deseo hacer una pausa ahora para que asome el rostro, si se atreve, el primer rufián. La cuestión que planteo es grave, porque la calumnia cuando se levanta siempre deja algo; calumnia, que algo queda, dice la frase. Yo necesito además exprear que las relaciones que me unen a mi pueblo no están circunscritas a los próximos cuatro años, sino que esas relaciones se proyectarán hacia los próximos veinte años en que tendré que vivir en Puerto Rico laborando hasta conseguir la libertad. Mi personalidad tendrá que brillar tan diáfana como limpia habré de convertirla. Por consiguiente, yo no puedo desaparecer de Puerto Rico. Es necesario que me quede aquí, y aquí he de vivir como en una urna de cristal para que todo el mundo me vea. No crean los canallas que han ganado algo con esa campaña. Yo deseo ahora, rindiéndole a uno de los candidatos mi más ferviente y cariñoso tributo de admiración, a mi pariente señor Miguel A. Muñoz, tener el honor de nominar y aclamar a Benigno Fernández García para Comisionado Residente en Washington>>.

Terminado el discurso de Muñoz Marín, la asamblea nominó por aclamación unánime a Benigno Fernéndez García para candidato a Comisionado Residente. Muñoz Marín fué ovacionado y vitoreado. Luego se nominaron a los demás candidatos at large y de distritos par la Legislatura Insular. A proposición de José S. Alegría, Antonio R. Barceló fué aclamado unánimemente, ovacionado, como presidente del partido. Ana Roqué de Duprey y Mariano Abril fueron electos presidentes honorarios del partido. Como miembros de honor fueron electos Amalia Marín Vda. De Muñoz Rivera, Ana López de Vélez, Martín Travieso, José Coll Vidal, Juan de Guzmán Benítez y Celedonio Carbonell. Como vicepresidentes del partido, fueron electos Juan Hernández López y María M. de Pérez Almiroty. Vocales por acumulación de la Junta Central, fueron designados Angela Negrón Muñoz, Luisa Boix de Mesorana, Pedro E. Anglade, José Castillo, Miguel Roses Artau, José S. Alegría, Alfredo Rafucci, Roberto H. Todd, Félix Ocoteco Jr., Alfonso Lastra Chárriez, Miguel Guerra-Mondragón, Luis Lloréns Torres, Sergio Muñoz, Emiliano martínez Avilés, Cayetano Coll Cuchí, Jorge V. Domínguez, Gustavo Cruzado Silva, Alejandro Ruiz Soler, Walter MckJones y Esteban García Cabrera. Vocales suplentes por aclamación, fueron designados María Marín de Colom, María Libertad Gómez, Yuya Sánchez, Felisa Rincón, Altagracia Rebollo, Manuela Martínez de Sandín, Vicente Géigel Polanco, Ramón Martínez Reyes, Manuel J. Canino, Martín Aparicio, Juan Ramos Lebrón, Salvador L. Rocafort, Francisco O’Neill, Enrique Tristani Jr., José D. Rodríguez, Pablo J. Aguilar, Artemio Camacho, Esteban E. Rivera, Antonio Vargas y Ernesto Díaz Arana.

Los vocales por los distintos distritos, fueron designados en la forma siguiente: por San Juan, en propiedad, Agustina Cámara de San Miguel, Ignacio Morales Acosta y Samuel R. Quiñones, y suplentes, José Pérez Cruz, Felipe Sánchez Osorio y Joaquín Velilla; por Arecibo, en propiedd, Librada R. Vda. De Ramos, Francisco M. Susoni (padre) y Juan Dávila Díaz, y suplentes, Antonio de Jesús López, Jesús M. Armáiz y Lorenzo Coballes Gandía; por Aguadilla, en propiedad, Francisco Seín, José Alum y Buenaventura Esteves, y suplentes, Juan García Ducós, Ricrdo Firpi y Emilio González; por Mayaguez, en propiedad, Ignacio Agostini, Ernesto Romeu Ortíz y Ramón Lagarde, y suplentes, Ismael Soldevila, Ernesto López Díaz y Pedro Franceschi; por Ponce, en propiedad, Juan Clavell, Angel Figueroa Reyes y Primo Delgado, y suplentes, Tomasita Negrón, Leopoldo Rojas Flores y Miguel Rivera; por Guayama, en propiedad, Amalia Higuera de Mangual, Hilario Caso Jr. y Ricardo H. Blondet, y suplentes, Joaquín Rovira, Heraclio Mendoza, y Demetrio Rivera; y por Humacao, en propiedad, Angel González, Luis Toro Pérez y Ramón A. Ríos, y suplentes, Soledad Lloréns Torres, Luis de Celis y José Calasanz Rivera. Luis Muñoz Marín fué designado por la Junta Central como director general de campaña.

15

El partido Nacionalista, reunido en asamblea el 25 de septiembre de l932, en el Teatro Municipal, de San Juan, bajo la presidencia de Pedro Albizu Campos, nominó para ser inscrito por petición, a Pedro Albizu Campos como candidato a Senador at large, y a Francisco Vicenty como candidato a Representante at large. También igualmente nominó candidato a Comisionado Residente a Wáshington, candidatos para algunos distritos senatoriales y representativos, y para algunos municipios.

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Inscritos los candidatos de los tres grupos contendientes, se llevaron a cabo las elecciones generales, el 8 de noviembre de l932. Fueron elecciones muy entusiastas y reñidas. Los nuevos alineamientos ocurridos desde l928, con la ruptura de la Alianza, la formación de los nuevos partidos Unión Republicana y Liberal, y la determinación de contender en las urnas el partido Nacionalista, dió vivo interés a la campaña electoral y expectación en los resultados.

La Legislación electoral confería por primera vez el voto a las mujeres, aunque restringido a las que supieran leer y escribir, estatuto patrocindao por el Senador Manuel A. García Méndez. El censo electoral, con la adición de las mujeres así inscritas y los nuevos inscritos, aumentó grandemente. En cuanto a los demás requisitos para votar, estos eran los mismos que en las precedentes elecciones de l928. De conformidad con las enmiendas a la ley electoral aprobadas en julio de l932, figurarían como partidos llamados principales aquellos dos cuyos candidatos a Comisionado Residente obtuvieron el mayor número de votos en las precedentes elecciones de l928. De conformidad cn las enmiendas a la ley electoral aprobadas en julio de l932, figurarían como partidos llamados principales aquellos dos cuyos candidatos a Comisionado Residente obtvieron el mayor número de votos en la sprecedentes elecciones, o sean el partido Unión Republicana, como sucesor jurídico de la Alianza, y el partido Socialista. Estos tendrían plena representación en la Junta Insular de Elecciones y en las demás juntas electorales, incluyendo los colegios de votación. Los partidos llamados legalmente organizados y por petición, como el Liberal Puertorriqueño y el Nacionalista, tendrían derecho a observadores con voz pero sin voto en la Junta Insular de Elecciones y en las demás juntas electorales, incluyendo los colegios de votación. Los partidos llamados legalmente organizados y por petición, como el Liberal Puertorriqueños y el Nacionalista, tendrían derecho a obervadores con voz pero sin voto en la Junta Insular de Elecciones y demás juntas y colegios electorales, pero sin embargo, se disponía que si los partidos principales se funcionaban o los mismos candidatos en tres cuartas partes de los precintos, entonces los partidos organizados y por petición asumirían representación electoral completa igual que los partidos principales coligados. De esta manera, para las elecciones de l932, los partidos coligados Unión Reublicana y Socialista conjuntamente asumieron en todas las juntas electorales, incluyendo los colegios de votación, la misma e igual representación que los partidos Liberal y Nacionalista.

El total de electores inscritos, que figuraban en las listas de votantes, para estas elecciones, era 452,738. Votaron 383,722 electores. El resultado de estas elecciones de l932, fué el siguiente: el partido Unión Republicana obtuvo 110,794 votos; el partido Socialista obtvo 97,438 votos; el partido Liberal Puertorriqueño obtuvo 170,168 votos; y el partido Nacionalista obtuvo 5,257. Pedro Albizu Campos, sin embargo, como candidato del partido Nacionalista a Senador at large, obtuvo 11,882 votos en toda la Isla.

Como se ve el Liberal Puertorriqueño fué el partido que individualmene recibió el más alto cómputo de votos. Coligados como estaban, los partidos Unión Republicana y Socialista obtuvieron la suma de 208,232 votos, o sea una mayoria de 38,064 votos sobre el Partido Liberal. La Coalición Unión Republicana-Socialistas triunfó en seis distrito senatorial de Guayama La Coalición Unión Republicana-Socialista eligió su candidato a Comisionado Residente a Wáshington, Santiago Iglesias. Los partidos Unión Republicana y Socialista eligieron dos Senadores at large, Rafael Martínez Nadal y Bolívar Pagán, respectivamente un total de catorce Senadores. El partido Liberal eligió tres Senadores at large, Antonio R. Barceló, Luis Muñoz Marín y Mario Mercado Jr., y eligió a los dos Senadores por el distrito de Guayama, haciendo un total de cinco Senadores. Los partidos Unión Republicana y Socialista eligieron dos Representantes at large, Etienne Totti y Rafael Alonso Torres, respetivamente, y eligieron 28 Representantes de distritos, haciendo un total de 30 Representantes. El partido Liberal eligió dos Representantes at large, Manuel A. Martínez Dávila y Ernesto Ramos Antonini; y eligió 7 Representantes de distrito, haciendo un total de 9 Representantes. Los Senadores de distrito, electos por los partidos Unión Republicana y Socialista, fueron Celestino Iriarte, Epifanio Fiz Jiménez, Juan Ramos, Antonio Reyes Delgado, Juan B. García Méndez, Bernardino Villanueva, Alfonso Valdés, Sixto A. Pacheco, Pedro Juan Serrallés, Moisés Echevarría, Adolfo García Veve y Bolívar Ochart. Los Senadores de distrito electos por el partido Unión Republicana y Socialista, fueron Celestino Iriarte, Epifanio Fiz Jiménez, Juan Ramón Ramos, Antonio Reyes Delgado, Juan B. García Méndez, Bernardino Villanueva, Alfonso Valdés, Sixto A. Pacheco, Pedro Juan Serrllés, Moisés Echevarría, Adolfo García Veve, Bolívar Ochart. Los Senadores de distrito electos por el partido Liberal, fueron Julio Benvenutti y Tomás Berríos Berdecía.

Los representantes de distritos electos por los partidos Unión Republicana y Socialista fueron Rafael Rivera Zayas, Adolfo Dones Padró, Leopoldo Figueroa, Blas C. Herrero, Lino Padrón Rivera, Max Mattei Rivera, Jorge Lucas Valdivieso, Leopoldo Tormes García, José Toro Rodríguez, Agustín E. Font, Félix V. Acosta, Felipe Arro, José Manuel Muñoz, Luis Antonio Rosario Getulio Echeandía, Edelmiro Méndez Serrano, Juan Estevez Gómez. María Luisa Arcelay, Benigno Sorrentini, Miguel A. García Méndez, Nicolás Nogueras Rivera, Eduardo Capó Cintrón, José Horacio Cora, José Alvaro Salvá, Vicente Hita Jr., Jorge Cauthier, y Julio Jiménez.

Los representantes de distrito electos por el partido Liberal fueron Luis Pereira Leal, Fernando Suria Chavez. José R. Villamil, Francisco Ortíz Lebrón, Francisco M. Susoni Jr., Enrique Manrique y J. A. Hernández Pérez.

Los partidos Unión Republicana y Socialista eligiron también a sus candidatos para miembros de la Junta de Revisión. Igualmente, en propiedad, Juan Carreras y Julio Janer, y suplentes, Rafael Arrieta y Benigno Pacheco Tizol. La Coalición Unión Republicana-Socialista triunfó en 51 municipios; y el partido Liberal triunfó en 26 municipios. Las Cámaras se organizaron eligiendo a Rafael Martínez Nadal y Bolívar Pagán, como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Cámara de Representantes.

El partido Nacionalista, con su 5,257 votos obtenidos dispersos en toda la Isla, no triunfó en ningún distrito, municipio precinto ni colegio, y no logró elegir candidato alguno.

La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

CAPITULO DOS -II

LA COALICION EN EL PODER
PROGRAMA FEDERAL DE AYUDA Y REHABILITACION ECONOMICA
PROYECTO TYDINGS SOBRE INDEPENDENCIA
FRENTE UNIDO PRO INDEPENDENCIA
SE FORMAN LOS PARTIDOS COMUNISTA Y REGIONAL
DIVERGENCIAS EN EL PARTIDO LIBERAL
ACCION SÓCIAL INDEPENDENTISTA
LAS ELECCIONES DE 1936.

La victoria electoral de la Coalición de los partidos Unión Republicana y Socialista, coincidió con el triunfo electoral en Estados Unidos del Partido Demócrata. El Partido Demócrata de Estados Unidos había estado desterrado del poder continuadamente desde la terminación del período presidencial de Wood row Wilson a comienzos del año 1921, cuando advino a la presidencia nacional Warren G. Harding. En marzo de 1933 se inauguró la nueva Administración Federal bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Nunca presidente alguno de Estados Unidos había tomado el timón del Estado en época de más aguda crisis económica. La crisis era nacional, y todo el mundo cruzaba también un ciclo de crisis económica. Parecía inminente el colapso del sistema capitalista. La depresión económica, que comenzó dos o tres años antes bajo la administración de Hoover, conmovía los cimientos del orden social. Los mercados del mundo prácticamente cerrados por la crisis mundial; miles de fábricas paralizadas; quiebras innumerables de industrias e instituciones bancarias; millones de agricultores en condiciones desesperadas, con ejecuciones hipotecarias tocando a sus puertas, y con los productos del campo a bajísimos precios o sin mercados; más de diez millones de trabajadores en paro forzoso; y déficits crecientes y alarmantes en el tesoro público, ocasionaban una depresión con caracteres de pánico. El Presidente Franklin Rooseveit anunció el Nuevo Trato, con programas de rehabilitación económica, reconstrucción nacional y medidas de justicia social, que marcaron una nueva era en la historia de la nación.

En Puerto Rico, los nuevos partidos en el gobierno confrontaban también la crisis, que necesariamente arropaban a la Isla. Agravó la crisis económica en Puerto Rico el ciclón de San Felipe, que azotó a la Isla el 13 de septiembre de 1928, temporal devastador del tipo San Ciriáco. de terrible recordación en la isla. El San grande y destructivo del siglo». Las pérdidas de Puerto Rico se estimaron en cincuenta millones de dólares; y ocasionó trescientas muertes humanas y centenares de personas heridas. También, luego, había azotado a la Isla el ciclón de San Ciprián, el 26 de septiembre de 1932, que produjo daños a la propiedad valorados en treinta millones de dólares, y ocasionó bajas humanas de centenares de muertos y miles de heridos. Dejo cerca de mil personas sin hogares.

Al asumir el llamado poder la Coalición Unión Republicana Socialista, dentro de la expresada crisis económica, agravada con los desastrosos ciclones de San Felipe y San Ciprián, el presupuesto general para todos los servicios y gastos del Gobierno Insular era poco más de trece millones de dólares, y arrastraba un déficit en las operaciones corrientes que sobrepasaba de un millón de dólares. La deuda pública excedía de veintiocho millones de dólares, con moy poco restante margen prestatario, limitado por la Ley Orgánica.

Este libro no tiene el propósito de enjuiciar la obra de partidos ni hombres. Es meramente un relato histórico de los partidos políticos. Pero es indispensable traer, en parte, aunque de manera concisa, el cuadro de los aspectos económicos, como elementos con los cuales bregaron los partidos.

Es propio consignar históricamente que al organizarse los primeros partidos políticos que abarca este libro, al advenimiento de la soberanía norteamericana, los partidos afrontaron el problema de la libertad y del destino político futuro de Puerto Rico, que consumía energías del liderato puertorriqueño y preocupaba profundamente a la opinión pública. Pocos pueblos en la historia universal, a través de todos los siglos, fueron más celosos de su personalidad y más vivos e inquietos por la vindicación de sus derechos colectivos. Al advenimiento de la soberanía norteamericana, se sometió a nuestro pueblo a una condición de colonia flagrante. Primero el gobierno militar, absoluto y supremo como todos los gobiernos militares, y luego el régimen bajo las Actas Foraker y Jones, cuyas condiciones hemos relatado anteriormente, ponían frenos a iniciativa puertorriqueña. Los gobernadores norteamericanos, con facultades prácticamente omnímodas para aprobar o desaprobar la legislación de las Cámaras puertorriqueñas, solían actuar bajo presiones e influencias extrañas a los deseos del liderato político insular. Las medidas sobre tributos fiscales y presupuestos dependían de la voluntad del gobernador, Que no era electo por el pueblo puertorriqueño. Por todo ello, la brega y la obra de los partidos políticos deben justamente apreciarse a la luz de las realidades de la época. Bajo tales condiciones, ]os anhelos :, propósitos patrióticos y humanos de las agrupaciones políticas solían modificarse, detenerse o defraudarse ante los valladares del régimen. Ello razonablemente explica y justifica, en gran parte, los atrasos y retrasos, transacciones y rectificaciones, y tácticas de concesiones y convivencias, que !as realidades imponían al liderato político del país.

Aunque la metrópoli mantuvo siempre firme su mano de soberanía en Puerto Rico, sin embargo, es justo apuntar que en alto grado aquélla cooperó al desarrollo y progreso del país. Con la asistencia de gobernantes norteamericanos, y para crédito de todos los partidos que en distintas épocas compartieron la responsabilidad del gobierno, Puerto Rico ciertamente dio grandes pasos de avance y progreso.

Al comienzo de la administración norteamericana en la Isla, los puertorriqueños confrontaban una situación general que creaba grandes problemas. La valoración total de la propiedad tributaria se estimaba solamente en unos ciento cincuenta millones de dólares; el balance de importaciones y exportaciones era aproximadamente unos veinte millones; el presupuesto general para sodas las atenciones y servicios públicos de la Isla apenas pasaba de un millón y medio de dólares; de una población total de 953,243 habitantes, había un 87 por eiento de analfabetos; al terminar el año escolar de 1899, para una población de edad escolar de 268,620, solamente había 525 escuelas públicas en toda la Isla, con asistencia de solamente 21,833 alumnos; los gastos totales para instrucción pública, en aquella época, ascendían solamente a una suma aproximada de $200,000; con excepción de la carretera militar de San Juan a Ponce, un ramal de Cayey a Guayama, la carretera de Aguadilla a San Sebastián, y la de Ponce a Adjuntas, no había otras carreteras o vías públicas transitables entre los pueblos en toda la Isla; debido a la pobreza, la ignorancia y las condiciones antihigiénicas prevalecientes, se calculaba que de los niños que nacían una cuarta parse morían en su primer año de vida; para fines sanitarios y de salud pública, en época cuando con mayor saña diezmaban a la población enfermedades y plagas endémicas, el Gobierno no tenía medios para asignar más de $60,000 anuales para estos fines; la carencia de hospitales y establecimientos de salud era notoria; las condiciones obreras y sociales en general eran deplorables, ya anteriormente enunciadas en este libro. Por muchos años, a pesar de los mejores deseos y propósitos de todos los partidos políticos, el ritmo normal de las condiciones económicas del país, con los frenos del régimen, solamente permitió presupuestos de ingresos y gastos del Gobierno de solamente de 2, 3, 4, 7, 8 o hasta 16 millones anuales, siendo esta última cifra la más alta del presupuesto ordinario hasta el año 1933. Todo este cuadro debe considerarse para apreciar las enormes dificultades que entorpecían los logros ansiados por los partidos políticos, dificultades que a la vez promovían y justificaban los clamores y las angustias del país, expresados por la válvula de escape de la protesta constante contra el régimen colonial y la demanda

La obra del liderato político puertorriqueño, dentro del menguado poder en la colonia, de todos los partidos que disfrutaron en turno ese llamado poder, si se observa la curva ascendente del progreso general del país, fue realmente admirable. Por ello, por conocimiento o por instinto de justicia, es que aquellos principales líderes políticos y próceres del país son recordados con sentimientos de respeto y de devoción por los puertorriqueños.

James R. Beverley advino a la gobernación del país durante la indicada crisis económica insular, que como hemos indicado a la vez era crisis nacional y mundial, abatido adicionalmente el país por las consecuencias de los huracanes de San Felipe y San Ciprián. La norma del Gobernador Beverly fue de moderación y casi austeridad en los gastos públicos. Dentro de las facultades que la Ley Orgánica le conferían para mutilar o eliminar las asignaciones de las Cámaras legislativa, pudo el Gobernador controlar las asignaciones, lo mismo que las medidas contributivas. Hasta fue necesario en esa época, por orden ejecutiva siguiendo el mandato de legislación federal, reducir en un por ciento general los salarios asignados en el presupuesto vigente a los funcionarios y empleados del Gobierno Insular, incluyendo la rebaja alícuota en las dietas de siete dólares, que era entonces, y solamente durante los días de sesiones, el único emolumento de los representantes del pueblo en las Cámaras legislativas.

El nuevo gobierno de 1933, comenzó bajo tales precarios auspicios. Al inaugurarse las Cámaras, los nuevos partidos en el poder fueron frenados por la situación económica prevaleciente. La misma oposición del partido Liberal Puertorriqueño, propuso normas de economías gubernamentales. Benigno Fernández García, quien encabezó el ticket Liberal como candidato a Comisionado Residente, señaló la necesidad de reducir las asignaciones. Igual norma sugirieron el presidente Liberal Antonio R. Barceló, como floor leader de la minoría Liberal en el Senado, y Manuel A. Martínez Dávila, floor leader del partido Liberal en la Cámara de Representantes.

El primero de julio de 1933, tomó posesión, en sustitución de Beverley, el nuevo gobernador designados por el Presidente Franklin D. Roosevelt. Este nuevo gobernador, hombre de negocios y sin previa experiencia gubernamental, Robert H. Gore, como todos los gobernadores anteriores con alguna excepticón, fue acogido con beneplácito y disposición cooperadora por todos los partidos, según su programa de administración, que abarcaba problemas apremiantes del país. Unicamente en sus expresadas ideas favorecedoras a la solución política final de Estadidad, disintió el liderato Liberal.

Pronto, sin embargo, comenzó la controversia política usual de los partidos de oposición contra los moradores de La Fortaleza. El partido Liberal reclamó derechos de representación gubernamental, basado en que fue el partido que individualmente recibió el mayor número de sufragios en las precedentes elecciones. Como resultado de las elecciones de 1932, la Coalición de los partidos Unión republicana y Socialista tenían amplias mayorías en ambas Cámaras, y especialmente en el Senado con sus atribuciones para confirmar sus o rechazar los nombramientos del jefe ejecutivo. La norma puesta en práctica por Gore de gobernar con el grupo político que dispusiera de fuerza parlamentaria para legislar y cooperar a la obra de administración y que pudiera a la vez confirmar sus nombramientos ejecutivos, fue resentida por el partido Liberal. El anuncio de Gore de solicitar renuncias en blanco a las personas nombradas por él, que por cierto no puso en vigor, fue motivo para estallar la controversia entre Gore y el partido Liberal. La oposición del partido Liberal contra Gore, especialmente dirigida por Luis Muñoz Marín en Las Democracia y ante las autoridades de Washington, fue tenaz y vigorosa. Gore finalmente renunció, y en su sustitución fue nombrado el general Blanton Winship, quien asumió la gobernación el 5 de febrero de 1934.

Antes de proseguir adelante en el relato histórico, sobre los planes de rehabilitación económico del Presidente Franklin D. Roosevelt para Puerto Rico y su impacto en los acontecimientos políticos del país, vamos a detenernos en la narración del movimiento político en ciertos sectores de la opinión pública.

Desde su reorganización cuando Pedro Albizu Campos asumió la presidencia en la asamblea celebrada en los salones del Ateneo Puertorriqueño, que hemos relatado, el partido Nacionalista promovió actividades de intensa agitación idependentista, de tipo extremista y radical, exhortando al país de manera dramática y espectacular para desistir de toda clase de colaboración con el régimen colonial, e ir cuanto antes a la convención constituyente para proclamar la república independiente y soberana de Puerto Rico. Coincidía este movimiento con las acentuadas tendencia y actitudes independentistas del partido Liberal, exacerbado este partido con el resultado de las elecciones de 1932 que trajeron mayorías de los partidos pro-americanos a las Cámaras insulares.

El 17 de diciembre de 1933, el partido Nacionalista se reunió en asamblea general, en el Teatro Victoria, en Humacao, presidida por Pedro Albizu Campos. Ratificó este partido su actitud activa y militante hacia la convención constituyente, favoreciendo métodos y tácticas de acción para crear la atmósfera radical propicia. En esta asamblea se designó una comisión para modificar hacia tales fines el programa y para redactar la constitución de la república de Puerto Rico. Esta comisión quedó compuesta por Julio Medina González, Juan Perea, Augusto Perea, José Paniagua Serracante, Pedro Pérez Pimenlel, Emilio Soler, Francisco Pagán Rodríguez, Obdulio Bauzá, Ramón Nadal, Cándido Martínez, Manuel Rivera Matos, Julio Pinto Gandía, Eugenio Vera y Rafael Ortíz Pacheco. Se reorganizó la Junta Nacional; organismo director central del partido, que quedó integrada en la siguiente forma: Pedro Albizu Campos, presidente; Luis García Casanova, vicepresidente; Buenaventura Rodríguez, tesorero; y vocales por los distritos, José Pániagua Serracante, Evangelio Velázquez Merced, Juan Antonio Corretjer, Isaías Crespo, Dionisio González, Ramón Medina Ramírez, Emilio Soler, Juan Augusto Perea, Julio Chardón (hijo), Eduardo G Ramú, Eugenio Vera, Rafael Ortíz Pacheco, Pedro Pérez Pimentel y Vicente Mariano Colón.

To do no era paz y concordia en el seno d el partido Unión Republicana. Una Liga Cívica Puertorriqueña, formada por distinguidas personalidades y que actuaba libremente como un grupo de presión, tomaba acuerdos de carácter cívico sobre los asuntos gubernamentales y de interés público general, y con frecuencia censuraba actuaciones de la mayoría parlamentaria y especialmente de Rafael Martínez Nadal y la dirección del partido Unión Republicana. El Comité Central del partido Unión Republicana declaró incompatible pertenecer a este partido y a dicha Liga Cívica. El 8 de julio de 1934, el Comité Central del partido Unión Republicana decretó la expulsión del partido de Rafael Cuevas Zequeira, Emilio M Vassallo, Gabriel de la Haba, Joaquín D. Yordán, Germánico S. Belaval, Jorge del Toro, Salvador Suau, Rafael A. Veve, Rafael del Valle Pijem, Isaac González Martínez, Adriano González Martínez, Ramón J. Sifre, José L. Pesquera, Carmelo Martínez Acosta, Jorge Saldaña y otros. Se organizó un movimiento, del llamado Grupo de los 76, disidencia del partido Unión Republicana, que abiertamente combatía a este partido. Este grupo lo presidió Felipe Colón Díaz, antiguo líder del partido Republicano Puertorriqueño y del partido Republicano Puro y uno de los fundadores del partido Unión Republicana. Este grupo, salvo algunos que asumieron actitud política pasiva o que luego se reintegraron al partido Unión Republicana, formaron el núcleo de una nueva agrupación política, llamada Partido Regional, sobre el cual relataremos más adelante.

Toda esta época fue muy agitada. Recónditas ansias de libertad; la lucha de partidos por importar sus ideales y por predominio y hegemonía gubernamental; el malestar por ambiciones individuales frustradas; animosidades personales; ansias de algunos de ocupar su sitio destacado bajo el sol, cierta desorientación de muchos ante el impacto de los acontecimientos; y la inquietud general prevaleciente de un pueblo vivo preocupado con su final destino; todo eso, mantenía al país en un clima de cálida controversia cotidiana.

Las ansias de bienestar y de justicia en una nueva organización social, erigida sobre los escombros del sistema capitalista, predicadas por el movimiento mundial del comunismo, con sede y foco en la Rusia Soviética, tuvo también su expresión en Puerto Rico, con la creación del partido Comunista Puertorriqueño. El 23 de septiembre de 1934, delegados de catorce pueblos, se reunieron en asamblea, en un llamado Club Social, en Ponce, convocada por un grupo de dirigentes comunistas, entre ellos Alberto E. Sánchez, Juan Santos Rivera, José A. Lanauze Rolón, Miguel A. Bahamonde, Etanislao Soler, Ramira Mangual, Martiniano Ayala, Ventura Mijón y Ovidio Rivera. En esta asamblea se fundó el partido Comunista Puertorriqueño. Se eligió secretario general a Alberto E. Sánchez. Entre los fundadores y primeros dirigentes estaban Juan Santos Rivera, Juan Sáez Corales, Jesús Renta Santiago, Miguel A. Bahamonde, José A. Lanauze Rolón, Antonio Angleró, Luis Vergne Ortiz, Ramira Mangual y Ventura Mijón. Este nuevo partido, aunque nunca tuvo sustancial apelación ni arraigo en las mesas obreras de Puerto Rico, llevó a cabo numerosos actos de propaganda, siempre con escasas concurrencias. Debe señalarse que las tácticas de este partido fueron siempre pacíficas, y el movimiento se mantenía por el espíritu de idealismo ideológico y de perseverancia y sacrificio personal de un pequeño número de líderes. El 20 de agosto de 1935, el Séptimo Congreso Mundial de la Internacional Comunista decretó la admisión de este partido puertorriqueño, que vino a ser la Sección Puertorriqueña de la Internacional Comunista. El partido Comunista» —expresaba el programa de este partido puertorriqueño—«es el dirigente y organizador del movimiento obrero revolucionario, antiimperialista y de emancipación nacional. Lucha por los objetivos y principios del comunismo; por la conquista y organización de la mayoría de la clase obrera y de los sectores campesinos despojados de sus sierras, indigentes, pobres y campesinos medios; por la constitución de la República Socialista Soviética de Puerto Rico; por la formación de la Federación Socialista Soviética Antillana; por el establecimiento de la dictadura mundial del proletariado; por la creación de la Unión Mundial de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y por la supresión de las clases y la realización del socialismo, primera etapa hacia la sociedad comunista.»

No satisfechos con las tácticas radicales tendientes a la violencia del partido Nacionalista, el 21 de octubre de 1934 se reunió una asamblea de independentistas, con delegados de varios pueblos de la Isla, en Mayagüez. Se constituyó allí y entonces el Partido Independentista, para laborer activamente por el logro de la independencia y la constitución de la república de Puerto Rico. Las normas enunciadas fueron laborar por métodos pacíficos y diplomáticos, según se hizo constar en manifiesto lanzado al país pocos días después, acordado en esta asamblea. La junta directora de este nuevo partido, quedó integrada por Emilio Soler López, presidente; Juan Augusto Perea, primer vicepresidente; Regino Cabassa, segundo vicepresidente; Raúl Colón Levró, secretario; Emilio Figueroa Berio, subsecretario; José D. Plaza, tesorero; Víctor Rivera, subtesorero; y vocales, Pedro Luis Perea, Mario Báez García, Luis F. Santos, Ernesto Asencio, Antonio Ramos, Mariano Segarra, Luis Palacios, Angel Carbó, Ramón Vélez, José Martínez, Radamés Peña, Fernando García, José N. Tilén y Braulio Irizarry. Se adoptó como enseña la bandera de la Revolución de Lares.

Los planes de rehabilitación nacional en Estados Unidos auspiciados por el Presidente Franklin D. Roosevelt, promovieron, como era natural, gran interés en Puerto Rico. Desde un comienzo, tras visita del Comisionado Residente Santiago Iglesias a Casa Blanca, se anunció que Puerto Rico sería partícipe y que prontamente se extendería ayuda a la Isla, similar a la extendida a las demás regiones de la nación. En efecto, de la asignación del Congreso de quinientos millones de dólares en la Ley Federal de Ayuda de Emergencia (Emergency Relief Act), se dispuso la ayuda directa a los desempleados y necesitados de Puerto Rico. James R. Bourne, amigo del Presidente, fue encargado de dirigir el programa de ayuda a los puertorriqueños, mediante una entidad de denominada Puerto Rico Emergency Relief Administration (PRERA), que en 1933 comenzó sus actividades en Puerto Rico desarrollando varios programas de auxilio de emergencia, aliviando en gran parte el desempleo en la Isla, especialmente en los trabajadores de cuello blanco. Los detalles del funcionamiento no entran en el tema general de este libro. En su principio, todos los partidos acogieron con beneplácito, dispuestos a cooperar en su aplicación, las medidas para hacer oportunidades de empleo en diversas actividades a los puertorriqueños necesitados. Pero pronto surgieron fricciones entre los partidos de la Coalición Republicana Socialista y el Liberal. Acusado de parcialidad partidista a favor del partido Liberal en la ayuda extendida por esta organización, la mayoría parlamentaria Unión Republicana – Socialista rompió relaciones con Bourne, declarando a éste enemigo público de Puerto Rico. Bourne fue sostenido por las autoridades de Washington, con el resentimiento de los partidos mayoritarios.

El interés de los puertorriqueños, en cuanto a los planes de la Administración Federal hacia la rehabilitación económica de Puerto Rico, estaba dirigido, más que a paliativos pasajeros de ayuda directa, hacia programas de más vasto alcance que pudieran efectuar reformas económicas duraderas. El Presidente Franklin D. Roosevelt, desde comienzos de 1934, anunció que estaba considerando nuevos planes de mejoras permanentes para Puerto Rico, planes que en la Isla cifraron grandes esperanzas en todos los sectores de opinión, que expresaron su vivo interés y actitud de colaboración. A mediados de 1934, se anunció un plan general elaborado por los técnicos agrícolas puertorriqueños Carlos A. Chardón, Rafael Menéndez Ramos y Rafael Fernández García, designado como Plan Chardón, que obtuvo gran publicidad y atrajo enorme interés en Puerto Rico, a pesar de que los detalles del plan no se conocieron hasta unos seis meses después, aguardando la final sanción de la Administración Federal y la asignación de fondos federales necesarios. La introducción del extenso documento contentivo del Plan Chardón, enunciaba con claridad los objetivos, y decía así:

EI problema económico de Puerto Rico, en cuanto al pueblo en general se refiere, puede considerarse reducido a los simples términos de una disminución progresiva de terratenientes, una desocupación crónica y un cernimiento implacable de la población. En un plan de reconstrucción fundamental debe, por lo tanto, proyectarse reducir definitivamente la desocupación hasta, por lo menos, un punto en que pueda resolverse por medio de agencies regulares de rehabilitación; lo cual puede conseguirse principalmente restaurando las sierras a sus cultivadores y desarrollando hasta el máximum las posibilidades industriales de la Isla. Estos resultados no han de obtenerse, sin embargo, si el crecimiento de la población no puede ser detenido, o por lo menos reducido. Este último factor es de una importancia capital, puesto que, aún cuando se obtuviese una paridad aproximada entre la población y los empleos en lo que a las ocupaciones agricolas o industriales respecta, aquélla no podría ser mantenida a menos que la proporción del crecimiento de la población pudiese sostenerse dentro del alcance del desarrollo económico ulterior. Parece ser, por lo tanto, altamente deseable, y probablemente imperativo, que se prepare tan pronto como sea posible un programa de restauración y de desarrollo industrial, combinado con un plan de emigración a ambientes adecuados. El desenvolvimiento de estos programas debiera entonces progresar tan rápidamente como pudiesen determinar los medios a la mano y la naturaleza de los problemas específicos.

«Para fines de ilustración podemos tomar las cifras de desocupación a que hen llegado las oficinas locales de la Administración Federal de Auxilio de Emergencia. Se calcula por dichas oficinas, que existen en Puerto Rico no menos de ciento cincuenta mil jefes de familia permanentemente desocupados. Esto representa aproximadamente la mitad de la población. Un estudio de las posibilidades podría determinar qué proporción de estos desocupados podría ser absorbida en cierto número de años por el máximo desarrollo industrial, según lo determinan el conocimiento y las condiciones actuales. La desocupación que subsistiera después de agotadas esas posibilidades de industrialización, podría obviamente resolverse por la devolución de las sierras, en pequeñas parcelas, a los trabajadores agrícolas, y por la emigración, que suministraría empleos en otras regiones. Aunque un bosquejo científico de la limitación de la natalidad debe former parse de cualquier plan de previsora trascendencia para Puerto Rico, no puede esperarse que el mismo resulte socialmente efectivo hasta que haya sido efectivo pára mantener reducida en el futuro la proporción de aumento, una vez que la población, en mesa, haya comenzado a palpar el mejoramiento que haya de traerle la reconstrucción económica.»

El Plan Chardon; en síntesis proponía limitar la producción azucarera de Puerto Rico a 865,000 toneladas, de la producción en aquella época; comprar varias centrales azucareras, y ponerlas bajo administración de una corporación pública; comprar unas 50,000 cuerdas de terreno; disponer de las tierras marginales para permutarlas o venderlas a colonos; establecer un número de granjas de subsistencia, con animales y equipo necesarios; proveer jornales a obreros agrícolas de acuerdo con el precio del azúcar; asegurar compensaciones a los agricultores cañeros; establecer una fábrica de cemento, para facilitar y abaratar las construcciones; y un programa de aprovechamiento de las fuentes fluviales, con objetivos de vasto alcance para electrificación. El campeón político del Plan Chardón, resultaba ser Luis Muñoz Marín, quien estuvo destacado en Washington urgiendo su implantación. Sin embargo, lo mismo que el partido Liberal, los partidos de la Coalición Unión Republicana Socialista expresaron favorecer su implantación. La mayoría parlamentaria Coalicionista confiaba que su colaboración era necesaria, mediante medidas legislativa; insulares, para poner en marcha y desarrollo el plan.

El 14 de agosto de 1934, previa convocatoria suscrita por el City Manager de San Juan Jesús Benítez Castaño, el Senador Luis Muñoz Marín, el Senador Bolivar Pagán y el Representante Luis Antonio Rosario, se celebró en el Teatro Municipal, de San Juan, una magna asamblea, a la cual fueron invitados todos los partidos políticos y numerosas entidades económicas del país. Benítez Castaño propuso a Rafael Rivera Zayas para presidir la asamblea, y éste fue aclamado como tal presidente, quien señaló la trascendencia del acto y exhortó a considerar los asuntos con mires patrióticas y sin partidarismos políticos. Conrado Asenjo y Jesús María Benítez fueron designados secretarios. Asistió representación de los partidos Unión Republicana, Socialista, Liberal y Nacionalista. Entre las diversas organizaciones que acudieron al acto con sus representantes, figuraron la Asociación de Productores de Azúcar, la Cámara de Comercio, la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Contratistas, la Unión de Fruteros, la Liga Civica, la Asociación de Importadores y Mayoristas, la Asociación de Propietarios y la Federación Libre de Trabajadores.

El Comisionado Residente y presidente del partido Socialista y de la Federación Libre de los Trabajadores, Santiago Iglesias, consumió un extenso turno ante la asamblea, y sometió un memórándum suscrito por él, Alfonso Valdés, Pedro Juan Serrallés, Luis Antonio Rosario. Leopoldo Figueroa y Bolivar Pagán, que lee asi:

«Las Leyes de Recuperación Nacional, independientemente de los beneficios que ha recibido y viene obteniendo Puerto Rico en virtud de la Administración de Auxilio de Emergencia y de la Administración de Obras Públicas, no han sido extendidas hasta la fecha a la Isla, bajo un plan fundamental y deliberadamente constructivo que tienda a estructurar sobre bases firmes y permanentes y de acuerdo con las características de nuestro medio, el sistema económico de Puerto Rico. Hasta ahora, por la tributación que la Ley de Ajuste Agrícola ha impuesto al pueblo de Puerto Rico en concepto de tributos de elaboración, y a cause del alza del precio de los productos y artículos manufacturados de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Puerto Rico importa de dicho mercado más del noventa por ciento de lo que consume y que representa un impuesto indirecto de cerca de 18 millones de dólares anuales, el pueblo de Puerto Rico viene contribuyendo anualmente con la suma aproximada de 21 millones de dólares anuales a la recuperación de los Estados Unidos, sin que al mismo tiempo haya recibido la compensación adecuada a ese tremendo sacrificio, que resulta más intolerable después de las condiciones desastrosas en que quedó nuestra economía como resultado de los ciclones que en el 1928 y 1932 desolaron casi por completo nuestras principales fuentes de riquezas.

El 9 de junio de 1934 comenzó a regir la ley Costigan – Jones, que es una serie de enmiendas a la referida Ley de Ajuste Agrícola, con el principal motivo de declarer producto básico los azúcares provenientes de la remolacha y de la caña, a fin de controlar el mercado y estabilizar el precio de dicho producto. La aplicación de dicha ley a Puerto Rico en lo referente a la fijación de la cuota de exportación para el año 1934, sin que al mismo tiempo ni seguidamente se pusieran en práctica las medidas compensatorias establecidas en dicha ley para indemnizar a los productores de azúcar de los perjuicios sufridos por la aplicación de la misma; el no fijarse desde ahora las cuotas de exportación individuales que para agricultores y centralistas han de regir para los años 1935 y 1936, y el no proveer medidas inmediatas para absorver el desempleo causado por la reducción del cultivo, ha ocasionado un estado de incertidumbre y de desconcierto en todos los factores relacionados con la industria agrícola y fabril del azúcar en Puerto Rico, de la cual dependen para su vida y bienestar no menos del 75 por ciento de la población puertorriqueña, a tal extremo que en la actualidad el crédito, el cultivó y el trabajo están completamente paralizados.

«Todos los aspectos que ofrece para Puerto Rico la aplicación de la ley Costigan-Jones han sido estudiados concienzudamente por distintas personalidades y entidades económicas representativas del pueblo de Puerto Rico. Hombres públicos, la Comisión Económica de la Legislatura, la Asociación de Productores de Azúcar, la Cámara de Comercio, las organizaciones obreras, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Puerto Rico Bankers Asociation, la Asociación de Ingenieros de Puerto Rico, la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, la Asociación de Comerciantes Mayoristas, la Porto Rico Fruit Union, la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de San Juan, la Asociación de Representantes y Agentes Viajeros de Puerto Rico, la Liga Cívica Reformista, la Industrial Tabacalera, la Asociación de Fabricantes de Líderes de Puerto Rico, la Asociación de Importadores y Mayoristas, etc., etc., han llegado ya a conclusiones, la mayor parte de las cuales coinciden en cuanto a las medidas de urgencia que deben ser aplicadas inmediatamente para afrontar la crisis que amenaza a la industria azucarera, y poner en vigor en todos sus aspectos la ley Costigan-Jones.

Estas conclusiones, con las cuales los asambleístas que suscriben estamos sustancialmente de acuerdo, pueden enumerarse del siguiente modo:

«(1) Que se destine inmediatamente de los fondos de la Administración de Obras Públicas cantidad bastante para ejecutar en la Isla obras públicas que permitan eliminar el desempleo.

«(2) Que en relación a la Ley Costigan-Jones, el Secretario de Agricultura proceda a fijar las cuotas de exportación e individuales para el año 1935 y 1936.

(3) Determinar la forma en que la Administración habrá de cuidarse del excedente de azúcar ocasionado por la implantación de la Ley Azucarera, y que rápidamente adopte medidas para colocar ese excedente.

« (4) Determinar la forma en que habrá de indemnizarse a los cosecheros de caña y a los obreros que dependería de la industria azucarera, de las pérdidas y perjuicios que les ocasiona la aplicación de dicha Ley, y hacer efectiva esa indemnización.

«(5) Reglamentar la producción de los años 1935 y 1936 sobre la base de las cuotas establecidas, determinando la participación que respectivamente hayan de tener las centrales, colonos y las condiciones equitativas en que ha de sembrarse y molerse la caña.

« (6) Que se bate la cuestión del tabaco en la asamblea.

«(7) Que se anuncie que toda la caña sembrada antes de la aprobación de la Ley Costigan-Jones podrá ser vendida normalmente por la Administración de Ajuste Agrícola.

«(8) Que se fijen cuotas individuales para la cosecha de 1935 a todos los agricultores, inclusive las centrales.

«(9) Que se hagan contratos con cada uno de los agricultores de caña, inclusive las centrales, en proporción exactamente igual. Que estos contratos deben ser flexibles, por no conocerse hasta qué punto funcionará el Plan Chardón cuando comience la zafra.

«(10) Que se incluya en los contratos que, hasta el límite de la reducción requerida, la caña que no se permita moler en 1935 será comprada por la Administración de Ajuste Agrícola.

« (11) Que, a base de esto, se extienda refacción inmediata y directa a los agricultores de caña.

« (12) Que se determine la segregación del sobrante de azúcar, no hasta el año que viene, sino para que pueda disponerse de él sin limitar la labor productiva de la industria azucarera más allá de lo que la limita la cuota asignada a Puerto Rico, y proporcionándole a los propietarios de dicha azúcar medios fáciles y llevaderos de financiarlos.

«(13) Que se comience a desarrollar a la mayor brevedad el plan de reconstrucción fundamental, para que la reducción que tenga que hacer cada agricultor en diciembre sea lo más pequeña posible, a base del plan que compensa permanentemente y en la mayor proporción posible, a base de la Ley Costigan-Jones que compensa transitoriamente.

(14) La extensión a Puerto Rico de todas las agencias que controla la Farm Credit Administration.

(15) Que se extienda a Puerto Rico el plan de la Reconstrucción Federal de la Nación.

(16) Peticionar al Presidente de Estados Unidos y al Gobernador de Puerto Rico que den los pasos inmediatos para centralizar la autoridad que resuelva los problemas expuestos, coordinando la labor del agente de Ajuste Agrícola en Puerto Rico con la labor de las agencias de créditos – Farm Credit Administration – establecidas ya también en Puerto Rico.

En vista de lo que antecede, los asambleístas que suscriben tiene el honor de someter a esta asamblea la siguiente proposición:

Que la asamblea designe un comité que sea representativo de todos los intereses y factores de opinión que están representados en la misma, para que redacte un memoral dirigido a Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos, Hon. Franklin D. Roosevelt, exponiéndole de manera sintética la situación crítica porque atraviesa Puerto Rico con motivo de los hechos expuestos en este escrito, y recabando que toda urgencia se adopten por las autoridades competentes del Gobierno Federal las medidas de urgencia que se estimen necesarias y convenientes para resolver la crisis que afecta a la industria azucarera en Puerto Rico y al pueblo en general, y además que oportunamente se pongan en práctica las medidas de reconstrucción económica y social de carácter permanentr similar a las que se están poniendo en práctica en los Estados Unidos, y ofrecerle al señor Presidente la cooperación decidida de todo el pueblo de Puerto Rico y la seguridad de que nuestro pueblo habrá de cumplir todos los deberes y obligaciones que contraiga con motivo de la implantación de todas las medidas que el Presidente haya de aplicar a Puerto Rico para su completa rehabilitación.

Consumió también un extenso turno el Senador Luis Muñoz Marín, quién comenzó expresándose en la forma siguiente:

Como uno de los firmantes de la convocatoria a esta asamblea, voy a tener breves palabras para decir. El tiempo apremia. Ya se ha perdido demasiado tiempo. Lo han perdido las autoridades de Washington. La situación en que nos encontramos es sumamente grave. Creo que es la más grave en que jamas se ha encontrado Puerto Rico.

Muñoz Marín prosiguió exponiendo los motivos que a su juicio habían agravado la situación económica de la Isla. Dijo que por un de esas ironías del destino, la

Administración de carácter más liberal que ha habido en los Estados Unidos, la Administración que había que creer que tenía intenciones buenas, sanas y de profundo interés para Puerto Rico, había traído a la Isla la agudización de la crisis. Añadió que era necesario implantar medidas para salvar al país; que se impusieron processing taxes sobre productos que Puerto Rico tiene que comprar y que no produce; que esto ha sido una carga muy pasada que se ha echado sobre la Isla.

Refiriéndose a la Ley Costigan-Jones, Muñoz Marín dijo que había sobreproducción de azúcar en las regiones que abastecen el mercado azucarero; que era necesario controlar los efectos de estas sobreproducción. Si no se hubiera controlado el precio del azúcar – agregó – hubiera bajado a niveles jamás antes conocidos, y en lo que se refiere a Puerto Rico no se encontraría una central que no estuviese en bancarrota, ni un agricultor que retuviera la posesión de sus tierras, ni un obrero que pudiera ganarse un jornal para su subsistencia.

La tragedia de Puerto Rico – añadió Muñoz Marín – es que han plantado en todo su rigor las restricciones y las cargas de la Ley Costigan-Jones, y no se han puesto en práctica las medidas compensatorias; se obliga a las centrales y a los agricultores o restringir sus exportaciones, y por otro lado no se les informa cuáles son las compensaciones que pueden esperar para la cosecha que está ya en pié; se ha paralizado el crédito a consecuencia de esto, se ha abandonado el cultivo de grandes extensiones de caña ya sembradas; se corre el riesgo de que no pueda sembarse la caña de gran cultura en estos meses por falta de refacción; y se ocasionan otros males gravísimos que traen la desesperación de nuestro pueblo; bien por desidia o por incomprensión, la Administración de Washington no ha tomado acción en relación con las medidas compensatorias de la Ley Costigan-Jones: la culpa de nuestra situación la tiene los funcionarios de la capital de los Estados Unidos, aunque no pueden juzgarse como malas sus insinuaciones para la Isla, nos consta que son buenas; pero el retraso en anunciar una política definida, oficial y autorizada, está causando trastornos a nuestro pueblo. Puerto Rico, tiene todas las cargas y desventajas de la Ley Costigan-Jones, y no recibe los beneficios de la política de recuperación. Es de vida o muerte la situación que confrontamos, que debe ser resuelta hoy mismo por nosotros y antes de dos semanas por los Estados Unidos. Se le echa encima todo ese fardo a un pueblo que durante los últimos treinta años ha sido víctima de la explotación más inicua y desastrosa, se le ha privado de sus sierras, sus agricultores se convierten en peones y los peones en bestias de carga muriéndose de hambre en las cunetas. Estoy seguro, sin demagogias y sin exageraciones, que si no se arregla en siete días esta situación, puede el pueblo de Puerto Rico insurreccionarse en desesperación. Para conseguir que se resuelva esta situación, es necesario libertar el crédito para los agricultores, que es la base del cultivo y lo que salve la situación de la agricultura; que la Administración de Ajuste Agrícola anuncie su política de compensación.»

Prosiguió Muñoz Marín hablando sobre el plan de reconstrucción permanente para Puerto Rico. Entre otras cosas dijo: «Parecería una cosa rara e inexplicable que cuando el Presidente Roosevelt anuncia y aprueba en principio un plan de reconstrucción permanente para la Isla, una asamblea de puertorriqueños no hiciera por lo menos lo que hace el Presidente de los Estados Unidos. Tenemos el derecho de reclamar el plan. No estamos mendigando. Que se sepa que estamos conscientes de que nuestro problema no es meramente el azucarero. Que es imprescindible que se afronte la reconstrucción, el rescate de nuestras sierras, hacer de esta Isla una comunidad decente, de equidad, para implantar en Puerto Rico el Cristianismo, que haya en nuestro pueblo el pan nuestro de cada día. Al demandar que se ponga en práctica el plan de reconstrucción, señalamos responsabilidades de muchos años y acusamos errores que si no se corrigen bajo la Administración de Roosevelt, nunca se corregirán. Es ésta la primera y quizás la última oportunidad para salvar a Puerto Rico».

La asamblea terminó, después de aprobar acuerdos endosando planteamientos de diversas organizaciones económicas, y acordó enviar el siguiente mensaje telegráfico al Presidente de Estados Unidos, suscrito por el presidente de la asamblea Rafael Rivera Zayas y los secretarios Conrado Asenjo y Jesús María Benítez:

«En una convención que se está celebrando en el día de hoy en la ciudad de San Juan, en la cual están presentes los representantes de todos los partidos políticos representados en la Legislatura, las autoridades insulares, la industria, la agricultura y la banca, las organizaciones comerciales y obreras, se acordó por unanimidad urgir su inmediata atención a las condiciones caóticas existentes en esta Isla con resultado de la casi total paralización de los negocios, debido a la situación azucarera. La incertidumbre en cuanto al plan de la Administración, priva a los colonos de caña de obtener el financiamiento necesario para atender sus cosechas en pie. La fuente principal de ingresos para la población de esta época se derive del trabajo en las fincas. Más del 75 por ciento de los obreros del campo están sin trabajo, con el consiguiente efecto en el comercio en general. A menos que se tome una acción pronta y esmerada para corregir esta situación, existe un peligro inminente de un colapso total en la estructura económica del país en un futuro inmediato. Urgimos que la Administración sin dilación alguna proceda a (1) Fijar las cuotas individuales de 1935; (2) Que se anuncie definitivamente las medidas compensatorias y de auxilio que provee la ley; (3) Que se disponga del sobrante de 1934, bien por compra, financiamiento, o de otro modo que permita seguir el trabajo en la cosecha de 1955 en plena capacidad en concordia con cualquiera cuota fija. No es posible obtener refacción mientras no se actúe definitivamente sobre estos puntos. Requerimos acción urgente sobre lo anterior primero, también requiere acción inmediata para aliviar males fundamentales. En conclusión hemos de decir que la Administración no podría eludir su responsabilidad en las trágicas consecuencias que habrían de resultar de la situación descrita si no actúa inmediatamente para remediarla».

El tema público diario era el Plan Chardón y las perspectivas de su aplicación a la Isla, lo que creaba una gran expectación por los efectos que pudiera tener el mismo en el curve de los acontecimientos políticos según las personas que fueran encargadas para dirigirlo. La mayoría parlamentaria Coalicionista aprobó, en la sesión ordinaria de 1935, un proyecto de ley creando una corporación cuasi-pública que pudiera implantar el plan en sus principales aspectos. Este proyecto fue vetado por el Gobernador Winship, obedeciendo a instrucciones de las autoridades de Washington trasmitidas por el Subsecretario del Departamento Federal de lo Interior Oscar Chapman. Este veto produjo gran revuelo y fue resentido agriamente por la mayoría legislativa como una intromisión indeseable en los asuntos infernos de Puerto Rico. Como protesta, la mayoría parlamentaria cerró abruptamente las sesiones legislativas el 14 de abril de 1935. El presidente del Senado, Rafael Martínez Nadal, pidiendo airadamente el cierre de las Cámaras como protesta por tal intromisión, pronunció ante el Senado un discurso de altos tongs anticoloniales. El presidente del partido Liberal, Antonio R. Barcéló, invitó allí y entonces, a Martínez Nadal para proclamar la república de Puerto Rico. Hasta eso no llegó la mayoría parlamentaria, y se dispuso a acudir ante las autoridades de Washington para plantear su querella. Martínez Nadal, Alfonso Valdés, Miguel Angel García Mérldez, Leopoldo Figueroa, Bolívar Pagán, Antonio Reyes Delgado y Vicente Hita Jr., fueron los comisionados de la Coalición para tales fines. Comisiones del partido Liberal también fueron a Wáshington, integradas por Barceló y Luis Muñoz Marín, que se unieron en el Norte con el delegado permanente del partido Liberal en Wáshington, Walter MckJones.

El Plan Chardón, desde sus comienzos, tuvo implicaciones políticas locales en Puerto Rico, a pesar de reiteradas declaraciones de líderes que lo favorecían expresando que el mismo seria desarrollado en forma no partidista. El liderato Coalicionista hizo saber que la designación de Carlos A. Chardón para dirigir dicho plan no sería grata a la Coalición, y que objetarían tal designación i ehusando cooperar. La controversia política se trasladó de Puerto Rico a Wáshington, de donde a la vez todos esperaban las asignaciones federales necesarias para poner en marcha dicho plan.

El momento político en Puerto Rico era de gran efervescencia. El 4 de agosto de 1935, el Grupo de los 76, según indicamos anteriormente se reunió en asamblea en el Teatro Municipal de San Juan, previa convocatoria lanzada por Felipe Colón Díaz e invitación general para formar un nuevo partido político. Abierta la asamblea por Felipe Colón Díaz, quien expuso la situación y los alegados motivos de querella contra la dirección del partido Unión Republicana, consistente en alegadas actuaciones dictatoriales y arbitrarias y conducta desconsiderada para fundadores del partido Unión Republicana. A moción de Jesús Benítez Castaño, uno de los destacados líderes del movimiento, se designó por aclamación para presidir la asamblea a Rafael Arjona Siaca, militante en el movimiento y quien a la sazón desempeñaba el cargo de Juez Superior (entonces llamado de Distrito) de Humacao. Se designó a Manuel Díaz García como vicepresidente de la asamblea, y como secretarios a Alejandro Torres y Héctor Oliverás. Rafael Arjona Siaca, Juan Valdejully Rodríguez, Francisco M. Zeno y Jorge Romaní pronunciaron discursos exhortando a la formación de la nueva colectividad . El comité de credenciales, a través de José Tormos Diego, informó que habían 268 delegados debidamente acreditados de casi todos los pueblos de la Isla. El comité de resoluciones, presidido por Isaac González Martínez, informó sobre la resolución para romper todos los vínculos con el partido Unión Republicana y crear el nuevo partido. A favor de esta resolución pronunciaron discursos Felipe Colón Díaz, Joaquín D. Yordán y .Juan Valldejuly Rodríguez. En contra, hablaron Ieopoldo Tormes Garcia y Eduardo Arreche. Eugenio Lecompte, quien era espectador, también se dirigió a la asamblea para que desistiera de formar el nuevo partido contra la Unión Republicana. Por gran mayoría, se acordó formar el nuevo partido. Se aprobó la declaración de principios, que en lo esencial decía:

«El partido Regional nace a la vida política bajo el calor de legitimos sentimientos regionales y de nobles ideales humanos; y su advenimiento a nuestras contiendas cívicas lo impone una sentida necesidad local creada por el evidente fracaso de los partidos políticos existentes en sus funciones de gobierno, a la vez que iesponde a la influencia ineludible de las corrientes renovadoras que en el momento histórico actual sacuden a los pueblos más civilizados del mundo en un crepitante afán de justicia social y de mayor dignificación humana.

«A tono, por tanto, con dictados del sentimiento patriótico en esta hora de renovación universal, el Partido Regional adopta la siguiente declaración de principios:

(a) Que el pueblo de Puerto Rico, como todo pueblo civilizado, tiene derecho inalienable a gobernarse por sí mismo: y

(b) Que a la consecución de esta suprema finalidad, en la forma que decide el sufragio popular, la agrupación política naciente habrá de empeñar su más esforzadas gestiones.

«Fijada así con claridad meridiana nuestra posición en cuanto al status político insular, el Partido Regional proclama la necesidad de que, durante la continuación del régimen actual y sus alternativas antes de la implantación de que habrá de surgir al resolverse definitivamente nuestro problema político, los poderes públicos insulares, en armonía con las autoridades federales, cuando éstas orienten plenamente hacia nuestro bienestar sus actividades en la Isla, deben incesamente luchar por la mayor cantidad de felicidad para todo nuestro pueblo.»

El Comité Directivo del nuevo Partido Regional, quedó integrado por las siguientes personas: Felipe Colón Díaz, Jesús Benítez Castaño, Oscar Nevares, Manuel Díaz García, Braulio Castillo, Avelino González Mena, Joaquín D. Yordán, Armando López Marrero, Juan Avalo García, Tomás Rodríguez, Isaac González Martínez, Jorge Romaní y José C. Jusino. ,

Cerró el acto el juez Rafael Arjona Siaca, con un discurso exhortando al nuevo partido a la lucha.

Decíamos anteriormente que la controversia política insular se había trasladado de Puerto Rico a Wáshington. Allá estaba pendiente la determinación final del Presidente Franklin D. Roosevelt sobre los planes de recuperación y las asignaciones para Puerto Rico. También estaba pendiente en el Congreso un proyecto presentado en 1935 por el Comisionado Residente Santiago Iglesias, para autorizar al pueblo de Puerto Rico a elegir una convención constituyente para redactar y aprobar una constitución de Estado y el ingreso de Puerto Rico como tal Estado en la Unión Norteamericana. La Legislatura Insular, con el voto de su mayoría parlamentaria, en 1935, había aprobado una resolución concurrente en demanda de la Estadidad para Puerto Rico, y disponiendo a la vez, como medida transitoria e inmediata, la demanda para la concesión del derecho al pueblo de Puerto Rico a elegir al gobernador de la Isla. Entre otras demandas contenidas en dicha resolución legislativa, se solicitaba la disposición de que ninguna ley del Congreso sería aplicable a Puerto Rico si no era aprobada también por la Legislatura Insular. El partido Socialista ya se había manifestado a favor de la aspiración de Estadidad federada El partido Unión Republicana, en su primordial aspiración política coincidía perfectamente con el partido Socialista, lo que en gran parte explica la continuada coalición de estos partidos frente al partido Liberal que entonces ponía énfasis a su aspiración independentista.

En agosto 6 de 1935 el Presidente Franklin D. Roosevelt, por decreto ejecutivo, aprobó la asignación para la rehabilitación permanente de Puerto Rico, en una suma de cuarenta millones de dólares, para comenzar, más el producto de las contribuciones sobre elaboración del azúcar de Puerto Rico, que se estimaba produciría siete millones y medio de dólares, para ser ‘tales fondos administrados por una entidad denominada Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA). Como Administrador de esta entidad se designó por el Presidente al Director de la División de Territorios y Posesiones Insulares del Departamento de lo Interior, Ernest Gruening. Este designó a Carlos A. Chardón como Administrador Regional en Puerto Rico. Otras designaciones fueron hechas: Guillermo Esteves, como Sub-administrador Regional; Manuel Egozcue, jefe de la Sección de Mejoramiento de Arrabales; E. W. Hadley, jefe de la Sección Forestal; Luis Raúl Esteves, jefe de la División de Personal y Campamentos de Trabajadores; Antonio Luchetti, jefe de la Sección Hidroeléctrica; Rafael Fernández, jefe de la Sección de Rehabilitación A. H. Behr, jefe de la Unidad de Rehabilitación Cafetera; Rafael Rivera Zayas, j efe Asesor Legal; y como miembros del cuerpo ejecutivo, a Jesús T. Piñero, Jaime Annexy y Gabriel Emmanuelli. Se creó también un Comité Coordinador, que estaría compuesto por los jefes de los Departamentos del Gobierno Insular, y dos representantes legislativos, uno de cada una de las Cámaras de la Legislatura Insular. Para cubrir estas representaciones legislativas anunciaron al Senador Antonio Reyes Delgado (Socialista) y al Representante Etienne Totti (de la Unión Republicana). Estos representantes legislativos prontamente rehusaron, respondiendo a la repulse que tuvo la organización para dirigir la PRRA de parte de los partidos de la Coalición Unión Republicana-Socialista, los cuales partidos resintieron la organización de la PRRA, por considerar estos partidos que las facultades del Comité Coordinador de miembros del Gobierno Insular eran nominales, sin poderes ejecutivos, y que las designaciones del personal director de la PRRA se había hecho sin consulta ni consentimiento de las autoridades oficiales de Puerto Rico, ignorándose así a los organismos del Gobierno constituído en Puerto Rico, especialmente a la mayoría legislativa electa por el pueblo, y por enmendar que se creaba un supergobierno en Puerto Rico por encima de la autoridad del Gobierno Insular.

Pronto surgió la controversia entre la PRRA v los partidos de la Coalición Unión Republicana-Socialista. En un largo manifiesto dirigido al país, en un magno acto público celebrado en la Plaza Baldorioty, de San Juan, los presidentes de los partidos de la Coalición, Rafael Martínez Nadal y Bolívar Pagán, rompieron lanzas combatiendo la organización de la PRRA y los alegados designios politicos de la misma. Este manifiesto fue contestado, mediante discurso radicado a toda la Isla, en defensa de la PRRA, por el Senador Liberal Luis Muñoz Marín, quien aparecía como el factótum político de la PRRA, lo que como tal contribuyó a que éste adquiriera gran predominio público y especialmente en el partido Liberal. La controversia fue larga, y caldeó grandemente a los ánimos partidistas. El partido Liberal, destacadamente mediante Luis Muñoz Marín, continuó defendiendo a brazo partido a la PRRA y sus planes de rehabilitación económica de Puerto P`ico. El Secretario de lo Interior de Estados Unidos, Harold Ickes, en un viaje que hiciera a Puerto Rico, echó combustible a la hoguera partidista, haciendo declaraciones despectivas para la mayoría Legislativa insular. No entra en la materia de este libro relatar los detalles de esa controversia, cuyas consecuencias pusieron prácticamente a los partidos de la Coalición frente a las poderosas autoridades de Washington que ejercían soberanía sobre la colonia de Puerto Rico.

Toda la época que relatamos fue de una gran inquietud y agitación pública. Contribuía a ello también la propaganda active del partido Nacionalista, y la exhortación de su líder Pedro Albizu Campos hacia métodos de violencia. Para el 24 de octubre de 1935 se convocó una reunión general del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, para protestar contra declaraciones atribuídas a Pedro Albizu Campos contra el carácter del estudiantado. Para impedir ese acto, se promovió una concentración de Nacionalistas en Rio Piedras Hubo un choque entre Nacionalistas y la Policía, y resultaron muertos un policía v cuatro Nacionalistas, y hubo cuarenta heridos. En los funerales de los Nacionalistas, Pedro Albizu Campos pronunció un violento discurso confía el Gobierno y especialmente contra las fuerzas policiacas, contra Carlos A. Chardón a la sazón Canciller de la Universidad, y contra el partido Liberal, a quienes también hizo responsables de un plan para asesinar a los líderes Nacionalistas». «Venimos aqui» —expresó en parte Albizu Campos— «a prestar juramento para que este asesinato no quede impune». Al final de su oración de duelo, Pedro Albizu Campos exhortó a la concurrencia, diciendo’ «Levantad la mano en alto todos los que se crean libres. Juramos todos que el asesinato no perdurará en Puerto Rico». Juramos»—repitió la concurrencia.

El partido Nacionalista ya bogaba a toda vela por aguas turbulentas. En su próxima asamblea declararía la guerra, virtualmente, a los Estados Unidos. El 8 de diciembre de 1935, el partido Nacionalista se reunió en asamblea general en el Teatro Campo Alegre, de Caguas, bajo la presidencia de Pedro Albizu Campos. Como barril de pólvora, estalló el ánimo del partido en sus nuevos derroteros de violencia. Tras arenga del presidente, quien comentó en tongs excitados los acontecimientos recientes, se adoptaron acuerdos terminantes, (1) declarando que el partido no concurriría a «elecciones coloniales», y que boicotearia las mismas; (2) para demandar al Gobierno norteamericano que desocupara a Puerto Rico enseguida, pacificamente, o de lo contrario se «apelaria a las armas»; (3) para declarar obligatorio el servicio militar a todos los militantes del Partido Nacionalista; y (4) para flotar un empréstito en la Isla y en el extranjero, para sufragar los gastos de la lucha.

Se eligió la nueva Junta Nacional, que quedó integrada por Pedro Albizu Campos, presidente; Luis R. Garcia Casanova, vicepresidente; Juan Antonio Corretjer, secretario; vocales en los distritos, Eduardo G. Ramú, Plinio Graciani, Pedro Ulises Pabón, J. M. Toro Nazario, Rafael Ortiz Pacheco, José Miguel Vidal, Pedro Pérez Pimentel, Alvaro Walker, Ramón Medina Ramírez, Ermelindo Santiago, Juan Alamo, Julio Pinto Gandia, Juan Cancel Matos y Narciso Basso Varela, éste último representante de la sección del partido en la ciudad de Nueva York.

El 23 de febrero de 1936, ocurrió en San Juan un suceso que conmovió a toda la Isla, y la noticia voló a las primeras páginas de los principales periódicos de Estados Unidos y del mundo entero. Dos jóvenes Nacionalistas, Hiram Rosado y Elias Beauchamp, tirotearon a mansalva al Jefe de la Policía Insular, el norteamericano E. Francis Riggs, quien murió en el acto. Riggs era persona pacífica, sociable, y cordial con los puertorriqueños; no era persona malquerida ni se le imputaba acto alguno de rigor o de persecución contra nadie. Al ser atacado no portaba macana ni arma de fuego; precisamente llevaba en la mano un libro de misa, pues momentos antes salía de la Catedral Católica. Arrestados por la policia, Hiram Rosado y Elias Beauchamp, éstos fueron conducidos al cuartel general policíaco, en San Juan, donde poco después fueron éstos matados allí por la fuerza policíaca. Estos sucesos consternaron a la comunidad. A los funerales de Rosado y Beauchamp acudió una nutridísima concentración de Nacionalistas. Pedro Albizu Campos despidió el duelo, entonantes frases acusatorias contra el Gobierno y la Policía. «Los puertorriqueños aquí reunidos a fines de octubre» —dijo Albizu Campos en las frases finales de su oración fúnebre avinieron a jurar venganza del asesinato de Río Piedras; y estos dos valientes que aquí yacen, nos dicen que el juramento en Puerto Rico es válido y está sellado con sangre inmortal.

El Gobierno había abierto investigación contra los preparativos e incitaciones de violencia del liderato Nacionalista El 6 de abril de 1936, se publicó el texto de un informe del Gran Jurado de la Comité de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico (Corte Federal), acusando de conspiración para derrocar por medios violentos al Gobierno de Estados Unidos, a los líderes Nacionalistas Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velázquez, Clemente Soto Vélez, Erasmo Velázquez, Juan Gallardo Santiago, Pablo Rosado Ortíz y Rafael Ortíz Pacheco. Con excepción de este último por haber desaparecido, todos fueron arrestados, y días después comenzó el proceso criminal ante dicho tribunal federal. No hubo veredicto en el primer juicio. Después de un segundo juicio, los acusados fueron declarados culpables por el jurado, y sentenciados a varios años de presidio, penes que los convictos cumplieron confinados en la Penitenciaría Federal de Atlanta.

El asesinato del Jefe de la Policía Riggs, tuvo profunda repercusión en las esferas oficiales de Wáshington. El 23 de abril de 1936, el Senador Millard Tydings (Demócrata de Maryland), amigo de Riggs y presidente del Comité de Territorios y Posesiones del Senado Federal, presentó un proyecto en el Congreso para conceder la independencia a Puerto Rico. La prensa anunció desde Washingtonque este proyecto tenía el previo endoso de la Administración Nacional. Este proyecto fue preparado por abogados de la Oficina de Territorios y Posesiones Insulares del Departamento de lo Interior, de Wáshington, a petición del Senador Tydings y dirigida la preparación del mismo por Ernest Gruening. Tuvo el visto bueno de dicho Departamento de lo interior, aunque se solicitó que no se hiciera constar que era un proyecto oficial de la Administración. Este proyecto produjo tremenda sensación general en Puerto Rico.

Este proyecto del Senador Tydings disponía, en síntesis, que el primer runes de noviembre de 1937 el pueblo de Puerto Rico votaría en un plebiscito el dilema si quería o no ser república independiente, sin otra alternativa. Si una mayoría del electorado votaba en la afirmativa, la Legislatura de Puerto Rico convocaría una convención constituyente, para adoptar la constitución, de forma republicana, de Puerto Rico. Esta constitución tendría que someterse para su aprobación al Presidente de Estados Unidos, y luego al voto del pueblo de Puerto Rico. Esta constitución tendría que redactarse sujeta a ciertas condiciones, para garantizar intereses del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, que regirían hasta que los Estados Unidos desplazara completamente su soberanía de la Isla. En este período intermedio, cuya duración no se fijaba en el proyecto, la Comunidad de Puerto Rico asumiría las responsabilidades del gobierno interno y las obligaciones de Puerto Rico, pero los Estados Unidos retendría en Puerto Rico un Alto Comisionado, con acceso a todos los documentos y archivos del Gobierno de Puerto Rico, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de Puerto Rico, con derecho este Alto Comisionado a ocupar las aduanas de Puerto Rico si fuere ello necesario; permanecería en Puerto Rico una Corte Federal de Estados Unidos, con jurisdicción similar a la existente, y la Corte de Circuito correspondiente y el Tribunal Supremo de Estados Unidos continuarían con facultad para reviser en apelación y recursos de certiorari los casos procedentes de Puerto Rico. Durante el período intermedio de la Comunidad, se suspendería prácticamente la ayuda que el Gobierno de Estados Unidos confería a Puerto Rico mediante diversas leves federales; y Puerto Rico, a los seis meses de inaugurada esta Comunidad, tendría que proveer para su propia defensa militar, aunque las relaciones exteriores estarían sujetas al control de Estados Unidos. Después del desplazamiento de la soberanía norteamericana de Puerto Rico, las relaciones de comercio de Estados Unidos con Puerto Rico serían iguales que con cualquier otra nación, sujeto a arreglos que se hicieran de común acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. A los habitantes de Puerto Rico se les privaba de su ciudadanía norteamericana, sujeto a que hicieran solicitudes de naturalización los que desearan mantenerla. Las leyes de inmigración de Estados Unidos, se aplicarían a los puertorriqueños lo mismo que a las otras naciones extranjeras. El proyecto no aseguraba garantías económicas para Puerto Rico en sus relaciones con Estados Unidos. En cuatro etapas anuales después de proclamada la República de Puerto Rico, se aumentarían las tarifas norteamericanas, en un veinticinco por ciento cada año, sobre los productos importados a Estados Unidos de Puerto Rico, desapareciendo al final el comercio libre entre estos países. El Senador Luis Muñoz Marín, a la sazón en Washington, declaró que las bases económicas del proyecto no eran satisfactorias para Puerto Rico, y sugirió que se presentara un bill más justo. El Comisionado Santiago Iglesias, tronó contra el proyecto, calificándolo como un ciclón para Puerto Rico.

A pesar de los términos irrazonables y drásticos del referido proyecto Tydings, que se consideró era producto de momentánea iracundia contra los puertorriqueños ocasionada por el asesinato de Riggs, la reacción general en Puerto Rico fue en gran parte favorable a aceptar la independencia. Se manifestaron en contrario ciertos sectores de opinión con inquebrantable oposición a la independencia de Puerto Rico. El proyecto produjo terror en las altas esferas económicas. Huelga apuntar el entusiasmo favorable que ese proyecto levantó en los partidos y grupos independentistas.

El presidente del partido Unión Republicana, Rafael Martínez Nadal, hizo declaraciones sensacionales, expresando que acogería la independencia que parecía se quería importar a Puerto Rico. El Comité Central Territorial del Partido Unión Republicana, reunido en sesión el primero de mayo de 1936, en San Juan, resolvió respaldar las declaraciones del presidente del partido, y resolvió que si el proyecto era aprobado la Unión Republicana votaría en el plebiscito a favor del mismo.

La Junta Central del partido Liberal se reunió, el 4 de mayo de 1936, en Carolina, bajo la presidencia de Antonio R. Barceló, para considerar el proyecto. En esta reunión se dio cuenta de un mensaje enviado desde Washington por Luis Muñoz Marín, a través de Samuel R. Quiñones, donde aquél advertía que era fácil obtener la independencia en breve plazo, y que la misma podría lograrse con medidas que no arruinaran a Puerto Rico. Se designó a una comisión para informar sobre el proyecto Tydings, que quedó integrada por María M. de Pérez Almiroty, Alfonso Lastra Chárriez, Samuel R. Quiñones, Vicente Géigel Polanco, José Enrique Gelpí, Juan García Ducós, Ernesto Ramos Antonini, Francisco M. Susoni (hijo) y Emiliano Martínez Avilés. Esta comisión informó a favor del proyecto, recomendando recabar y aceptar la independencia, aún bajo las condiciones del proyecto, y recomen dó que el partido utilizara todas sus fuerzas para proteger los derechos económicos de Puerto Rico bajo la independencia.

La Junta Central Liberal designó una comisión para darle forma final a la resolución adoptada. Constituyeron esta comisión Antonio R. Barceló, Samuel R. Quiñones y José Enrique Gelpí. La resolución quedó redactada, en su parte dispositiva, en la forma; siguiente:

«Primero: Que el partido Liberal se reafirma en sus propósitos programáticos de demandar el reconocimiento, con todos los atributos de la soberanía, de la independencia interna y exterior de Puerto Rico, la cual recaba y acepta con todas sus consecuencias, aún, si preciso fuere, bajo las condiciones injustas y arbitrarias del proyecto Tydings.

«Segundo: Que el Liberalismo puertorriqueño laborará incesante y tesoneramente, para que los derechos económicos de Puerto Rico tengan la necesaria y debida protección dentro del régimen independiente cuya inmediata constitución demandamos y propulsamos.

«Tercero: Que es la firme convicción del partido Liberal, y en ello pone toda su fé y toda su confianza, de que tanto la independencia política de nuestro pueblo como el reconocimiento pleno de los derechos económicos que legítimamente asisten a las clases trabajadoras y productoras de Puerto Rico, habrán de ser logradas en breve plazo por los cívicos caminos del orden y de la firmeza moral que, en sus luchas y campañas del pasado, le condujeron inevitablemente a la mete de sus patrióticos objetivos».

Sacudida con los acontecimientos la opinión pública, y especialmente el liderato de los partidos políticos y el elemento estudiantil de ciudades y pueblos, prevalecia gran efervecencia independentista, pues se creía inminente la aprobación del proyecto concediendo, quisiéralo o no el país, la independencia a Puerto Rico. Debe apuntarse, sin embargo, que la febril agitación no conmovió a las mesas del pueblo, y especialmente a los trabajadores. El movimiento obrero y Socialista no llevó a cabo acto alguno pro independentista, y se mantenía a la expectativa.

El 4 de mayo de 1936, se celebró en el Ateneo Puertorriqueño, en San Juan, una asamblea de elementos de diversos sectores de opinión, donde se debatió con entusiasmo el momento político. Asistieron, entre otros, Manuel Rivera Matos, Rafael Torres Mazzorana, Carlos M. Soltero, Virgilio Brunet, Juan E. Soltero, E. Martínez Avilés, Carlos Román Benítez, Luis F. Velázquez, Manuel González Quiñones, Gil A. Suárez, Gabriel Guerra, Rafael Picó, Juan Enrique Géigel, Sol Luis Descartes, Guillermo Silva, Emilio S. Belaval, Ramón Villafañe, Mariano Arroyo Suárez, Rafael de J. Cordero, Ana Garcés de Cordero, Gilberto Concepción de Gracia, A. Casanova Prats, J. M. Goil Cabassa, Augusto A. Rodriguez, Jaime Benitez, Rubén del Rosario, Abigail Diaz, Jesús M. Vázquez, José A. Buitrago, Fernando Sierra Berdecía, Rafael Soltero Peralta, Augusto Bobonis, Gustavo Agrait, Jorge Berinúdez, José Sáez, Margot Arce, Nilita Vientós Gastón, Clotilde Benitez, Berta Cabanillas, J. M. Velázquez, Clara Lugo Sendra; Manuel A. Pérez, Herminio Concepción de Gracia, Luis Lloréns Torres, Luis Antonio Miranda, Manuel Benitez Flores, Antonio Paniagua Picazo, Lidio Cruz Monclova, Arcilio Alvarado, Antonio J. Colorado, Ernesto Ramos Antonini, Victor Gutiérrez Franqui y Gaspar Rivera Cestero.

En esta asamblea del Ateneo se discutió la formación de una organización militante denominada Frente Unido Pro – Constitución de la República de Puerto Rico. A este propósito se adoptó, por unanimidad, una resolución cuya parte dispositiva dice así:

«1. Constituir un cuerpo que se denomine Frente Uno ProConstitución de la República de Puerto Rico, a los fines de unificar y expresar el pensamiento de nuestro pueblo en la demanda de su soberanía.

2. Iniciar inmediatamente las gestiones adecuadas para lograr los fines que nos proponemos, redactando un programa de acción que por medio de la tribune, la Prensa, la radio y cualquier otro medio, imponga a nuestro pueblo la gravedad de este momento y lleve a Estados Unidos y a los pueblos hermanos de Centro y Sur América y al mundo en general la expresión de nuestra voluntad de constituir este pueblo en dueño de su propio destino.»

Se designó por unanimidad un Directorio, cuerpo directivo de dicho Frente Unido, que quedó compuesto por Rubén del Rosario, Rafael Soltero Peralta, Jaime Benítez, Manuel A. Pérez, Gilberto Concepción de Gracia, Arcilio Alvarado, Rafael Torres Mazzorana, Manuel González Quiñones y Nilita Vientós Gastón. Se aprobaron mociones para organizar los distintos comités de programa, campaña, Prensa, finanzas, para invitar a los jefes de los partidos políticos para unirse al movimiento, y para redactar un manifiesto a ser dirigido al país. En cumplimiento de los acuerdos, el Frente Unido cursó invitaciones a Rafael Martínez Nadal, Antonio R. Barceló, Bolívar Pagán, Felipe Colón Díaz, Emilio Soler López y Alberto E. Sánchez, o sean los jefes de las agrupaciones políticas militantes, para un gran mítin a celebrarse el 17 de mayo de 1936, en la Plaza Principal de Caguas.

El 29 de mayo de 1936, el Comité de Propaganda del Frente Unido Publicó un extenso manifiesto al país. Este manifiesto hacía elocuente historia de la vida política de Puerto Rico, poniendo énfasis en la condenación del sistema colonial, y pidiendo la unión de todos los puertorriqueños para constituir la República de Puerto Rico. Este manifiesto estaba suscrito en la siguiente forma: Ruhén de! Rosario; presidente del Directorio del Frente Unido; Gilberto Concepción de Gracia, secretario del Directorio del Frente Unido; Vicente Géigel Polanco, miembro de la Junta Central del Partido Liberal Puertorriqueño; Emilio E Huyke, Expresidente de la Juventud Unión Republicana; Angel L. Delgado, presidente, Estudiantes Coalicionistas de las Escuelas Superiores; José L. Novas, secretario de la Juventud Socialista Universitaria; Joaquín Gallart Mendía, miembro de la Sección Socialista No. 4 de San Juan; Luis Antonio Miranda, Director de Florete ¡ Luis Lloréns Torres; Carlos D. Vázquez; Rafael Soltero Peralta, Instructor de Derecho Mercantil de la Universidad de Puerto Rico; Jaime Benítez, Instructor de Ciencias Políticas, Universidad de Puerto Rico; Arcilio Alvarado, Juez Municipal de Río Grander Rafael Torres Mazzoranna, Director de La Opinión ¡ Manuel A. Pérez; Manuel González Quiñones, secretario de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico; Antonio J. Colorado; Esteban Bird, profesor Auxiliar de Economía y de Estadísticas de la Universidad de Puerto Rico; Emilio S. Belaval; Nilita Vientós Gastón, presidente, sección de Bellas Artes del Ateneo de Puertorriqueño; Abelardo Casanova Prats; José A. Gauthier; Eugenio Font Suárez; Martín Avilés Bracero, presidente del Círculo Cervantes de la Universidad de Puerto Rico; Pedro A. Sarkis; Raúl Grau Archilla; Jorge Font Saldaña; José A. Buitrago; Augusto Bobonis, Instructor de Matématicas de la Universidad de Puerto Rico; Rafael M. Baralt; Virgilio Brunet; Juan Enrique Soltero, Instructor de Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico; Herminio A. Concepción de Gracia, presidente, Círculo José de Diego de la Universidad de Puerto Rico; y Rafael Picó, Catedrático de la Universidad de Puerto Rico.

La Juventud Liberal de Puerto Rico, presidida por Ernesto Juan Fonfrias, reunida en asamblea general en el Teatro Angélica de Cayey, el 10 de mayo de 193G, adoptó unánimemente una resolución propulsando la constitución de ]a república independiente de Puerto Rico.

Mientras, en el partido Unión Republicana, enfriados en parte los ánimos, se producía una reacción contraria a la independencia. El Speaker de la Cámara Miguel A. García Méndez publicó repetidas declaraciones objetando las tendencies independentistas. Otros líderes de la Unión Republicana hicieron lo mismo.

El Comité Ejecutivo Territorial del partido Socialista, reunido en San Juan, el 9 de mayo de 1936, bajo la presidencia de Bolívar Pagán, discutió ampliamente la situación política del momento, y consideró la invitación cursada al presidente interino del partido para unirse al movimiento del Frente Unido. Bolívar Pagán hizo una extensa exposición de los acontecimientos palpitantes, y con respecto al curve del proyecto Tydings pendiente en el Congreso. En la discusión, entre otros, tomaron parte Rafael Sancho Bonet, Lino Padrón Rivera, Antonio Reyes Delgado, Epifanio Fiz, Cristóbal del Campo, Jorge Gauthier, Bolívar Ochart, Antonio Arroyo, Rafael Landrón Landrón y Moisés Echevarría. Finalmente se aprobó por unanimidad una resolución presentada por Bolívar Pagán, redactada en los siguientes términos:

«El Comité Ejecutivo Territorial del partido Socialista, ratifica, una vez más, los postulados de nuestro programa político, en el sentido de que el Partido Socialista condena toda fórmula que sea o que implique una condición de coloniaje perpetuo para el régimen de la Isla de Puerto Rico.

«En cuanto a la situación prevaleciente en el país ocasionada por la presentación en el Senado Federal de Estados Unidos del proyecto del Senador Tydings para conceder la Independencia a Puerto Rico mediante ciertos trámites y bajo ciertas condiciones, el Comité Ejecutivo Territorial del Partido Socialista expresa su adhesión franca y decidida a favor de un plebiscito, para que en esa forma el pueblo de Puerto Rico exprese en su día sus aspiraciones e ideales políticos.

«Para que la voluntad del Pueblo de Puerto Rico se exprese con toda libertad y sin reserves, sin coacciones ni otros móviles que no sean los altos anhelos sobre el destino de Puerto Rico, y para que pueda conocer se el sincero pensamiento y sentimiento de nuestro país y su pueblo, el Comité Ejecutivo Territorial del Partido Socialista favorece que en el plebiscito se someta al electorado de Puerto Rico las alternativas de tres fórmulas: (1) Independencia, (b) Estadidad, dentro de la hermandad de pueblos libres e iguales que forman la Federación de Estados Unidos de América; y (c) una fórmula transitoria de Autonomía (Home Rule), que garantice al pueblo de Puerto Rico un régimen de pleno gobierno propio interior bajo la bandera de Estados Unidos, y con mires hacia una futura Estadidad o Independencia.

También acuerda el Comité Ejecutivo Territorial someter toda la situación política, en cuanto a lo interior de Puerto Rico y en cuanto a la política internacional que mantiene la actual Administración de Estados Unidos, y en cuanto a la situación internacional prevaleciente entre todos los países del mundo, para la Convención soberana del Partido Socialista fije las normas y pautas a seguir por el Partido Socialista de Puerto Rico.

«Mientras se reúne y adopta resoluciones y programa la Convención del Partido Socialista, el Comité Ejecutivo Territorial Socialista instruye a todos sus organismos y a todos sus afiliados, para que se abstengan de tomar parte en movimiento alguno a favor de celebrar voluntariamente asambleas constituyentes de indole alguna, hasta que llegue el momento cuando el Partido Socialista crea oportuno adoptar tales actitudes; y el Comité Ejecutivo Territorial instruye, además, a todos los organismos y afiliados del Partido Socialista, para que se abstengan de tomar parte alguna en movimientos llamados de Frente Unido que puedan crear confusión en la discipline, en las doctrinas y tácticas, y en las luchas del partido Socialista de Puerto Rico.»

El 12 de mayo de 1936, previa convocatoria, se reunieron en asamblea, en San Juan, el liderato y los oficiales de todas las secciones Socialistas de la Isla, bajo la presidencia de Bolívar Pagán. Después de deliberar ampliamente sobre toda la situación política, se acordó unánimemente aprobar y respaldar la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo Territorial Socialista del 9 de mayo de 1936.

El Comité Central Territorial del Partido Unión Republicana, en sesión celebrada en San Juan, el 1.5 de mayo de 1936, acordó someter a la próxima asamblea general del partido el asunto tratado en la invitación del Frente Unido.

En Washington, como hemos relatado, el Comisionado Residente Santiago Iglesias incorporó en el Congressional Récord una larga exposición titulada Manteniendo la fe en los Estados Unidos; en la cual se hacía historia de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos, y sobre las esperanzas cifradas por el pueblo de Puerto Rico en las instituciones norteamericanas, citándose numerosos documentos oficiales y cartas y mensajes de altas autoridades del Gobierno de Estados Unidos. Favorecía Santiago Iglesias en esta exposición que se continuaran las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, en una unión permanente, y declaraba finalmente, refiriéndose a la independencia, que se «sentía triste haber vivido el día en que el gran Gobierno Americano pide a nuestro pueblo que se suicide.

Mientras tanto; en Washington, el Senador Tydings presentó y propulsaba otros dos proyectos. Uno de éstos es para que el Congreso aprobara una ley electoral para Puerto Rico, cuyo aspecto esencial era que se descartaran las listas de votantes existentes en la Junta Insular de Elecciones, y para que en su luger se hicieran nuevas listas de votantes a base de las listas de personas que aparecían en un censo recientemente hecho en Puerto Rico por la agencia federal PRRA.l’s Este proyecto causó indignación en el liderato Coalicionista, como una nueva intromisión de la autoridad federal en asuntos de naturaleza local, y alegando que tales listas no eran correctas ni imparciales, por haber sido hechas sin el usual trámite electoral con la vigilancia e intervención de todos los partidos. El otro proyecto de Tydings disponía una investigación con respecto a la independencia de Puerto Rico, y proveía un comité investigador compuesto de su presidente, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, cuatro Senadores y cuatro Representantes del Congreso de Estados Unidos, un delegado del Departamento de lo Interior de Estados Unidos, un delegado del Departamento de Estado de Estados Unidos, un delegado de cada uno de los cuatro partidos principales de Puerto Rico, un delegado a la Cámara de Comercio, un delegado de la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico, un delegado de la Federación Libre de los Trabaj adores de Puerto Rico, y el Gobernador y el Comisionado Residente de Puerto Rico como miembros ex – officio. Esta investigación comenzaría el 20 de noviembre de 1936. Estos dos proyectos, en el interés enorme que el Senador Tydings tenía en la independencia de Puerto Rico, fueron aprobados por el Senado. Luego, el proyecto electoral pasó a la Cámara de Representantes, y fue referido al comité correspondiente, donde fue combatido por el Comisionado Residente. El proyecto de investigación fue enmendado en el Comité de Asuntos Insulares de la Cámara, eliminando toda referencia a la independencia. Pero el Congreso cerró sus sesiones el 21 de junio de 1936, sin tomar acción final sobre estos proyectos.

Mientras tanto, James R. Bourne, jefe de una nueva agencia federal de ayuda a Puerto Rico, la Federal Emergency Relief Adminstration (FERA), haciendo eco a la protesta Coalicionista, publicó declaraciones en la prensa declarando que «la PRRA estaba entregada al partido Liberal.

Pero vientos de fronda soplaban en las relaciones de la PRRA con el Partido Liberal. Las relaciones fraternales entre el jefe supremo de la PRRA y Luis Muñoz Marín, se quebrantaron, con motivo de actitudes públicas que rehusó asumir Luis Muñoz Marín con respecto al asesinato del jefe policíaco Riggs. El administrador de la PRRA, Ernest Gruening, pidió a Muñoz Marín que publicara éste declaraciones condenando el asesinato del jefe de la policía Riggs. Muñoz Marín rehusó, añadiendo que tendría que condenar igualmente la muerte de los jóvenes Nacionalistas en el cuartel policíaco. Todo indicaba que las relaciones amistosas del Partido Liberal con la PRRA y la Administración Federal se habían quebrantado.

En julio 17 de 1936, el presidente del partido Liberal, Antonio R. Barceló, dirigió mensajes a Rafael Martínez Nadal y a Bolívar Pagán, invitando a los partidos Unión Republicana y Socialista a pedir con Barceló la suspensión de las elecciones generales de 1936. Martínez Nadal y Bolívar Pagán respondieron que ellos no favorecían tal idea, pero que someterían el asunto a los organismos directores de sus respectivos partidos.

Luis Muñoz Marín, quién había estado largo tiempo destacado en Wáshington, regresó inopinadamente y de incógnito a Puerto Rico el 22 de junio de 1936. Al llegar a la Isla, Muñoz Marín reiteró a sus correligionarios su expresado deseo de no figurer en cargo político alguno, y su determinación de rehusar toda nominación que le fuera ofrecida. En el ánimo de sus correligionarios estaba la idea de nominarle para el cargo de Comisionado Residente por el partido Liberal. El 25 de iunio de 1936, Luis Muñoz Marín publicó un extenso manifiesto dirigido al país, favoreciendo la independencia, «con peligros o sin ellos», y exhortando al cese de luchas partidistas. «Ante el destino de mi patria, ante la fuerza misteriosa de perdón y de paz que los hombres llamamos Dios», —decía Luis Muñoz Marín en las frases finales de este manifiesto—declaro hoy solemnemente a mi pueblo: que si solo hay un puertorriqueño que anule en su alma y en su voluntad el odio creado por la colonia, las mezquinas ambiciones creadas por la colonia, y que se dedique, de alma entera y de cuerpo entero, a la paz, a la libertad individual, a la civilización democrática de los puertorriqueños libertados en su propia patria, ese homl~re seré yo. Apelo a mi pueblo para que ese hombre no sea yo solo, sino que sea Puerto Rico entero.

El 18 de julio de 1936, el presidente del partido Liberal, Antonio R. Barceló, había publicado declaraciones en La Democracia invitando a todos los partidos para ir al retraimiento electoral, en las elecciones de noviembre de 1936, y unirse en la común demanda de independencia. Ante la posición contraria de los otros partidos sobre tal retraimiento, Barceló modificó prontamente su actitud.

El día 25 de junio se reunió en sesión la Junta Central del Partido Liberal, en el edificio de La Democracia, en San Juan, bajo la presidencia de Antonio R. Barceló. Ell tópico esencial a decidir, que promovió animada controversia, fue la cuestión de si el partido Liberal iría a retraimiento en las elecciones generales a celebrarse en noviembre de 1936. Luis Muñoz Marín reiteró su determinación de no aceptar la nominación para cargo alguno. Entre otras ideas expresadas en su discurso, afirmó que dentro de las prevalecientes circunstancias el partido Liberal perdería las elecciones, que la independencia vendría pronto, dentro de uno, dos o tres años; y propuso el retraimiento del partido para las próximas elecciones. Félix Ochoteco le siguió en el uso de la palabra, invitando a Muñoz Marin a aceptar la nominación paia Comisionado Residente, «por ser el deseo del partido», y combatiendo toda idea de retraimiento. Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones y Ernesto Ramos Antonini, consumieron turnos a favor del retraimiento electoral. Alfonso Lastra Chárriez hizo uso de la palabra, en contra del retraimiento, e hizo la moción de que el partido acudiera a los comicios electorales en noviembre de 1’33G. Esta moción fue aprobada por 32 votos a favor, 10 votos en contra, y 3 abstenidos. Anunciado el resultado de la votación, Luis Muñoz Marin hizo constar que apelaba para ante la próxima asamblea general del partido.

El 25 de julio de 1936, se reunió la asamblea general del partido Liberal, en el Teatro Ideal, de Yauco, bajo la presidencia de Antonio R. Barceló. Fueron designados secretariqs José Enrique Gelpí, Frank A. Martínez e Ydelfonso Solá Morales.

Al comenzar las deliberaciones de esta asamblea, y a iniciativa y tras breves palabras de Luis Muñoz Marín, secundadas por Alfonso Lastra Chárriez, ambos bandos en controversia sobre el retraimiento acordaron que acatarían la idea que triunfara en la asamblea como mandato del partido. Dentro de la asamblea los ánimos estaban caldeados, y fuera de la asamblea había gran multitud procedente de toda la Isla, interesada vivamente en los resultados de la asamblea. Por convenio de los líderes de los bandos opuestos, se permitió la entrada al salón de debates y deliberaciones solamente a los delegados y miembros de la Junta Central. Durante el progreso de los debates, circuló el rumor de que el triunfo de la idea del retraimiento provocaría violencias personales. Abrió el debate Francisco M. Susoni (padre), quien se pronunció a favor del retraimiento. Le siguió Félix Ochoteco Jr., en contra del retraimiento. Luego habló Manuel A. García Méndez, a favor del retraimiento. Después habló Gustavo Jiménez Sicardó, en contra del retraimiento. Siguió a éste, Ernesto Ramos Antonini, a favor del retraimiento. Contra el retraimiento habló luego José Yumet Méndez. A éste le siguió en uso de la palabra Luis Muñoz Marín, propulsando el retraimiento electoral. Entre otras cosas, recordó Muñoz Marín que el partido desde 1904 estuvo dividido entre independentistas y autonomistas; que el proyecto Tydings había dividido otra vez al partido, y que este proyecto, por sus implicaciones económicas, había sembrado terror en algunos sectores; que el proyecto Tydings resultaba ser la maniobra más inteligente que se hubiera podido hacer contra el partido Liberal; que las próximas elecciones significaban el desastre para este partido; que el retraimiento activo y militante era la victoria; y que los Estados Unidos estaban liquidando su imperio, y en la mente de la Administración Federal estaba la idea de conceder la independencia a Puerto Rico. Consumió el turno final, pronunciándose en contra del retraimiento, Alfonso Lastra Chárriez. Sometida la cuestión al voto de la asamblea, hubo 1011/,2 votos a favor del retraimiento, y 1021/2 votos en contra, triunfando así por un voto la decisión de acudir el Partido Liberal a las elecciones generales de 1936. Anunciado el resultado, Barceló y Muñoz Marin se estrecllaron en fuerte abrazo. Barceló expresó que Muñoz Marín sería el Comisionado Residente. Muñoz Marín expresó: «Ha triunfado la proposición de ir a las elecciones. Estoy en el partido Liberal, para ganar si es posible.» La asamblea terminó en medio de abrazos entusiastas de los delegados.

El 25 de julio de 1936, se reunió el Comité Ejecutivo Territorial del Partido Socialista, en San Juan, bajo la presidencia de Santiago Iglesias, breves días después de éste regresar de Estados Unidos. Rindió Iglesias un extenso informe de sus gestiones como Comisionado Residente, y explicó todos los recientes acontecimientos en el Congreso con respecto a los proyectos sobre la independencia y sobre materia electoral, y el fracaso de tales proyectos; aconsejó proseguir en las tácticas de lucha del Partido Socialista por la democracia y los altos intereses del pueblo, comentando los progresos alcanzados; reiteró su idea de que debía mantenerse la aspiración de que Puerto Rico estuviera unido permanentemente a los Estados Unidos, hasta llegar a ser parte integrante, con todos sus derechos, de la Unión Norteamericana. Favoreció que, como paso intermedio a la solución final, se demandaran reformas liberalizadoras al Acta Orgánica. Este discurso fue aclamado unánimemente, y el mismo fue hecho documento del partido. Se designó la comisión Socialista para discutir el nuevo pacto con el partido Unión Republicana, quedando ésta integrada por Santiago Iglesias, Bolivar Pagán, Prudencio Rivera Martinez, Lino Padrón Rivera, Antonio Arroyo, Alfonso Torres, Blas Oliveras, Sixto A. Pacheco y Bernardino Villanueva.

La referida comisión Socialista de pacto se reunió en San Juan, el 29 de julio de 1936, con la comisión designada para el mismo fin por el partido Unión Republicana, compuesta esta última por Rafael Martinez Nadal, Miguel Angel García Méndez, Alfonso Valdés, Leopoldo Figueroa, Enrique González Mena, Juan Ramón Ramos y Ricarda L. de Ramos Casellas. Prevalecia en el ánimo de estos partidos la idea de repetir el pacto electoral. La efervescencia independentista en aquella época, y la tradición pro-americanista de los partidos de la Coalición, favorecía el nuevo pacto electoral. Nunca, sin embargo, se consideró la idea de fusión de estos partidos. Ambos iban al pacto principalmente por imperativo electoral frente a la poderosa fuerza del Partido Liberal, que daba énfasis en su oratoria electoral a la idea separatista. Cada uno de los partidos de la Coalición siempre mantuvo su organización independiente, reteniendo cada uno su personalidad y autonomía y su libre acción para predicar sus ideas, y reserván do se a la vez cada partido su derecho a desligarse en las siguientes elecciones si confiaba que con sus propias fuerzas podía lograr mayoría para implantar su propio programa. Esta vez, la idea de convenir el pacto electoral tuvo menos resistencia que en otras ocasiones de parte del partido Socialista. Es verdad que surgieron inevitables fricciones entre estos partidos, como suele acontecer en todas las coaliciones en tantas partes del mundo entre partidos políticos distintos que temporalmente unen sus fuerzas electorales o parlamentarias para hacer obra de gobierno y lograr objetivos comunes. El partido Socialista, sin embargo, estaba satisfecho en gran parte del resultado del pacto con el partido Unión Republicana. El partido Socialista, sin contar con votos mayoritarios en los sufragios del pueblo ni legisladores por sí solos suficientes para aprobar legislación, logró sumando los votos de los legisladores electos por la Coalición, ver convertidas en realidad, en estatutos puestos en vigor, muchas de las aspiraciones de su programa. El partido Socialista, al concertar la Coalición, evitó que los otros partidos, de carácter burgués, de una manera u otra se unieran en compacta alianza contra el partido Socialista y el movimiento obrero, lo que hubiera podido ser poderosamente retardatario contra ansiadas reformas o mejoras sociales y económicas. El partido Socialista tuvo la oportunidad de entrenar a sus hombres en las responsabilidades del Gobierno; y planteó la urgente necesidad de afrontar los problemas económicos y sociales del país; y al participar en el Gobierno creó un clima de comprensión y justicia para las demandas obreras y socialistas, obtuvo la aprobación de numerosas leyes importantes protegiendo a los trabajadores y a todo el pueblo en esenciales derechos sociales y humanos, y apresuró la implantación de legislación electoral de garantías democráticas para todos los partidos. La cooperación del partido Unión Republicana en la aprobación y hasta en la iniciativa de legisla das, a crear un ambiente propicio a la continuación del entendida avanzada y juste, contribuyó, con las otras razones expresa o pacto electoral entre estos partidos. Las negociaciones para re anudar el pacto Coalicionista para las elecciones de 1936 comenzaron en agosto de 1936, y después de varias reuniones de las comisiones de ambos partidos designadas al efecto, se llegó a acuerdos que fueron sometidos a las respectivas asambleas de estos partidos.

El 14 de agosto de 1936, se celebró la convención general del Partido Socialista, en el Teatro Campo Alegre, de Caguas, bajo la presidencia de Santiago Iglesias. Este en su discurso de apertura declaró que para él ese era el momento más trascendental en la historia del movimiento obrero y del partido Socialista. Esta fue la última convención Socialista que presidio Santiago Iglesias; pues, como relataremos más adelante, falleció a fines del año 1939 Rindió Iglesias un extenso informe de sus actividades como Comisionado Residente en Washington, similar al rendido en la sesión del Comité Ejecutivo Territorial del partido celebrada en San Juan el 25 de julio de 1936. «Quiero declarar que ninguna época ni ningún neríodo de ningún Comisionado Residente de los que me han precedido, que pasaron una vida más tranquila y moderadamente fácil —dijo Iglesias—«puede compararse con la vida de crisis y zozobras que durante estos años he soportado en mi labor como funcionario del Congreso». En su prolongado informe, que fue oído con unción religiosa por la convención e interrumpido con cálidas ovaciones, en parse dijo también Santiago Iglesias:

«Tengo que informar, con gran satisfacción que, mientras vosotros aquí habéis progresado de manera inteligente y extraordinaria en la dirección y cumplimiento de vuestra responsabilidad representativa y administrativa en la Legislatura, el Gobierno Insular y Municipal, así como en la dirección del Partido Socialista y la Federación Libre, habéis dado la demostración más palpable y concluyente del progreso de vuestra capacidad. Por mi parte os informo que cumplía con mis deberes, y que tengo la seguridad de las posibilidades que existen para el futuro. Ningún partido ni ninguna institución de la Isla se ha mostrado más discreta, ni más honorable, ni más pensante, ni más respetuosa de sus responsabilidades que el partido Socialista y la Federación libre, en todos los asuntos públicos. Sus hombres dirigentes, algunos de los cuales debemos mencionar, han dirigido nuestro partido y la in situación obrera, desde Prudencio Rivera Martínez, Rafael Alonso Torres, Bolívar Pagán, Alfonso Torres y muchos otros, qué han cooperado en esta labor fecunda y fundamental dando prestigio, dignidad y grandeza a la cause de la justicia social de su pueblo. La Coalición nos sirvió de gran fuerza constructiva.

«En los últimos tiempos ha habido sucesos en Puerto Rico que no habían ocurrido antes; algo de lo que no es responsable el movimiento obrero ni el partido Socialista, debido a su táctica, discreción y orientación. Estamos presenciando en otras colectividades adversarias una desorientación lamentable, que los amenaza con una total desintegración. Constituyen estos trastornos una acción anormal en contra de los mismos intereses de esas colectividades que los provocaron.

«Si nuestra discreción y discipline siguen dando prueba de capacidades inteligencia, como lo espero confiadamente de los representativos del movimiento obrero y partido Socialista, entonces tendremos oportunidad de conquistar mayor crédito y representación, que significa confianza e influencia, y por lo tanto, medios para seguir hacia adelante en nuestra obra emancipadora. Nosotros hemos tenido la fortuna, hasta el momento presente, de no causarnos desintegraciones lamentables. Hemos podido mantener cierta homogeonía en las ideas, en el pensamiento, en la táctica, aunque bien es verdad que han habido disgustos individuales producidos en alguno que otro lugar; pero el conjunto, colectivamente, en la hegemonía de nuestras instituciones y de nuestras organizaciones, se ha comportado admirable, honorable y dignamente; y lo único que espero y que solicito es que se tenga mucho cuidado y mucha reflexión para no cometer errores frente a los peligros del futuro, y para no desviarnos de nuestra rectilínea en que hasta ahora todos hemos marchado.

«Vosotros leeís y conocéis lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, lo que está pasando en la vieja Europa. Aquí también, en la mayor parte de las nacionalidades de América, en estas tierras los pueblos productores todavía no han conseguido su personalidad; allá llevan siglos de luchas, de dolor y de sufrimientos. En Estados Unidos nunca existió el sistema feudal, ni el militarismo dominante. Viven en una democracia. Es distinta la ideología de Estados Unidos a la de Europa. La percepción que pudiéramos tener de los orígenes de esas enormes tragedies que se están verificando, es suficiente para comprender lo que se está debatiendo en el mundo. Pero de todas maneras, una cosa es clara; el mundo está trastornado por los ideales de justicia social y los de la burguesía sórdida y el sistema capitalista; pueblos están comprendiendo que están llegando a la mayoría de edad, y se explica esto perfectamente.

«En Puerto Rico, gracias a la existencia de nuestras instituciones que aquí tenemos y de la forma de gobierno que nos rige, el grupo de hombres que militamos en el movimiento obrero y socialista podemos tener la esperanza de mantener las conquistas democráticas hasta ahora alcanzadas, y es nuestro deber ineludible consolidarlas y seguir adelante; para esto es necesario—os lo reclamo y os lo suplico—es necesario, repito, no equivocarnos, no cometer el error de creer que podemos llegar a alcanzar lo que no es posible, no porque no sea justa y noble la aspiración, sino porque el enemigo organizado y los poderes privilegiados organizados que nos contemplan en la lucha están muy fuertes todavía. Y aunoue nosotros hemos realizado una obra civilizadora que ha dado resultados espléndidos por virtud de la discreción y de esa convicción mostrada por la dirección del partido Socialista y el movimiento obrero; sin embargo, tenemos que ser cuidadosos par[a no caer en el medio ambiente emotivo y sentimental que es incubador despótico arriba y abajo, que es tiránico, que es fascista, que es capitalista sórdido y que es reaccionario. Nosotros tenemos que resistir y actuar con toda conciencia y responsabilidad contra la influencia malsana, y por nuestra preparación ganar y conquistar el medio ambiente social.

«Tenemos que ganar el medio ambiente en todas las clases, e impedir que la reacción nos conquiste.

«Es magnífico, desde luego, que se hayan deslindado los campos y que continúen deslindándose; es bueno que se aprenda a tener ideas y a mantenerlas; es bueno para nosotros, porque nos señala los peligros que debemos rehuir y los caminos que debemos seguir.

«Declaro aquí que todo lo que vemos y palpamos en estos momentos históricos en Puerto Rico, es parte que nos incumbe e interesa para nuestra labor. Es parte de los deberes de nuestra organización. Es parte de nuestra discreción y de nuestra conciencia cívica y de convicciones arraigadas. Por eso dije antes, que quizás sin tener responsabilidades, vosotros todos los responsables de la desorientación y desintegración de los otros. De lo contrario, si hubiera faltado esa labor, esa organización, esa discreción y la conciencia cívica y las convicciones de nuestros compañeros, éstos hubieran sido compelidos a entrar en la vorágine horrorosa de la negación del presente garantizado y de la negación del progreso positivo del futuro. Declaro también que esta desintegración de la burguesía militante y capitalista de Europa, destruyendo las democracias e imponiendo las dictaduras, constituye la última trinchera en que aquel sistema social capitalista – militar quiere mantenerse como lo ha estado haciendo por muchos siglos. En la última trinchera, no hay dude de ello; y esa última trinchera tenemos que estudiarla nosotros con mucho facto, para que no nos sobrecoja el ataque por la espalda. Nuestro deber sagrado es no cometer errores que podrían ser fatales, para el pueblo productor del país y para nosotros mismos.

«En cuanto a mi pensamiento, no crea sea distinto de vuestro criterio; he tenido siempre respeto a las ideas ajenas y a la libertad de que éstas sean expresadas y mantenidas; me ha gustado tanto discutirlas y disponer de todo el tiempo necesario y tener la fortuna de persuadir con la expresión de la palabra y la prensa, que si no he logrado el éxito inmediato, he dejado que los hechos y el mismo tiempo fueran los encargados de conquistar esa misma persuación.

«Las instituciones que nos rigen en Puerto Rico, han costado ríos de sangre a otros pueblos en el mundo; en Puerto Rico no nos han costado esas tragedias. Y troy se empieza a declamar por otros grupos que usan nuestros mismos principios y el lenguaje de redención, utilizando una critica profunda contra instituciones que les permiten hablar asi con todas las garantías conquistadas. Sin embargo, la Nación acerbamente criticada y el Gobierno Insular maltratado, mantienen el principio y los ideales democráticos para que no se obstruya el ejercicio de la libertad de palabra dondequiera y como quieran. Pongan todos los ciudadanos la mano en sus corazones, estudien la historia del pasado de vicisitudes en nuestra Isla, y en sodas las naciones, y pregúntense en qué país del mundo, con excepción de los Estados Unidos, se ha permitido esto; inquieran en qué país un gobierno constituído ha permitido que se le insulte y pueda crearse el odio contra las instituciones del gobierno democrático y respetuoso de la vida y de los hogares de sus ciudadanos.

<<El sentimiento de los pueblos es idéntico; y si bien es verdad que predicamos la unión de todos ellos en nuestra doctrine, táctica y procedimientos, jamás se nos ha ocurrido crear, extender y expresar los odios de razas y de ninguna procedencia. Pensando asi es como se dignifican los ideales y principios, sin oprimir en manera alguna los ideales y principios de los demás, pensando así es como se ha extendido al presente nuestras ideas, las ideas del bien de todo un pueblo y de los trabajadores y de sus organizaciones, y de la educación de sus líderes y de todos los que voluntariamente asumieron el sacrificio en el pasado para llevar por los campos y montañas estos principios e ideales de transformación social y de emancipación humana—sacrificio que hicieron siempre cuando no había puestos públicos para ellos, ni el sueño, ni siquiera la ilusión de que pudiéramos algún día cercano tener trabajadores ministros, representantes en la Cámara y Senado, Comisionado Residente en Washington, ni Alcaldes y numerosos otros puestos responsables. Si alguna vez en cercanos tiempos hubo alguien que pensó en éstos, ese alguien soñaba; no era posible entonces creer en eso. Todo aquello ha sido cambiado, por los ideales y las instituciones democráticas americanas que hemos mantenido, y por nuestra acción y constante labor, que fue combatida de manera tesonera por todas las demás clases; y gracias a las instituciones que nos rigen, no solo pudieron vivir nuestros ideales en medio del sacrificio personal que implicaba para nosotros las amarguras de mantenerlos en medio de las prisiones y de la muerte, sino que hoy son respetados por todos y están rodeados de un prestigio verdadero, por la orientación consecuente, correcta e invariable con que nacieron y vivieron siempre. La legislación conquistada para los proletarios es humana y grandiosa.

«Los organizadores de este movimiento redentor sufrieron persecuciones, procesos, condenas, y nunca a nadie se le ocurrió ni remotamente promover agitaciones políticos patrióticas por simpatías hacia las víctimas de los campos y talleres. Por el contrario, se nos persiguió sin cuartel, teniendo nosotros como defensa eficaz la American Federation of Labor y el pueblo de los Estados Unidos. Fuimos procesados y condenados a cuatro años y meses de presidio, junto con otros compañeros, por realizar actos que implicaban verdadera emancipación proletaria y humana, tales como despertar la mente Y la conciencia del obrero y campesino para hacerles comprender cómo debían ejercer sus derechos y deberes, conseguir mejores hogares y ganarse más respeto y reconocimiento en la sociedad; pero rechazamos siempre todos los actos subversivos tendientes a combatir la democracia. Y siempre nos hemos defendido dentro del trabajo organizado y de la legalidad democrática.

«Al efecto, me viene ahora al recuerdo un hecho que ocurrió hace muchos años. Estábamos al comienzo del nuevo régimen. Era el año 1898, antes de que los americanos vinieran a tomar la capital. Al que habla se le llevó a la cárcel, como otras veces cuando estaba uno de los más ilustres patriotas gobernando al país; sin causa para ello, nada más que porque así se le ocurrió a los patriotas. Como era la costumbre, se encerró a Santiago Iglesias en la cárcel, sin acusación, sin causa ni juicio. Y a tres obreros, uno de ellos músico, otro zapatero y otro albañil, se les ocurrió hacer una petición a favor del preso, basándose en el hecho de que, no habiendo cometido ningún delito que justificara la prisión, Su Excelencia debía, por humanidad, dejar libre al prisionero. Los hombres fueron a La Fortaleza con su papeles. Allí estaba el ayudante del Capitán General, Cuando le fue leída la petición, trató a los tres obreros de manera brutal y estúpida, y lo único que los pobres hicieron fue echar a correr hacia afuera, despavoridos. Eran tres personas sencillas, buenas, a las que se les había metido en la cabeza que aquel abuso y aquella prisión afectaban el principio de la libertad ciudadana y afectaban el derecho al respeto y a la libertad que merecía una persona que no había cometido delito alguno. Pero en aquella época no comprendían eso. La tiranía contra los trabajadores era usual.

«Así, como en tiempos de España el pueblo español no era responsable de las acciones ejecutadas por los oficiales que nos tiranizaban, con mucha menos razón el pueblo de los Estados Unidos puede ser responsable de los errores que cometen algunos oficiales públicos federales o insulares. En aquel tiempo español, constituía un delito criticar a los gobernantes, y en nuestro tiempo no sólo se les critica duramente, sino que se les insulta.

«Los pueblos siguen su marcha. Esta marcha es ahora progresiva, y otras veces regresiva. Pero siguen su marcha, llevando hacia la mete de la j usticia sus sentimientos y principios. Los pueblos no son responsables de los errores y de las arbitrariedades cometidas por sus oficiales públicos. Es un error gravisimo confundir a los pueblos, a la unidad pueblo, con los individuos, y es más error adjudicarle a un pueblo grande y demócrata las maldades y perversidades qué realicen y ejecuten los individuos. Así pues, nuestra gran discreción y espiritu de justicia es más necesaria ahora que nunca. La Nación Americana no es responsable de nada malo o erróneo que se haya ejecutado en el país por sus funcionarios. La justicia siempre triunfará. No podemos en forma alguna imitar a los que han estado cambiando por suplentes Ulises A. Martínez y Francisco Grooms.

En estas elecciones de 1936, el Partido Regional no acudió a los comicios, ni dió más señales de vida. El Partido Comunista obtuvo 77 votos en Utuado y 8 en Jayuya, haciendo un total en toda la Isla de 85 votos. El Partido Nacionalista no acudió a los comicios; obtuvo un voto en Aguas Buenas, y esto fué su única señal de vida electoral. El Partido Independentista solamente obtuvo tres votos en Maricao, y tampoco dió más señales de vida.

La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

CAPITULO TRES-ii

1

DIVISIONES EN LOS PARTIDOS LIBERAL” UNION REPUBLICANA Y SOCIALISTA
SE FORMA EL PARTIDO UNIFICACION TRIPARTITA PUERTORRIQUEÑA
FUNDACION DEL PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO
LAS ELECCIONES DE 1940

1

En los comienzos del año 1937, se inició un movimiento de tregua y cordialidad entre el partido Liberal y la Coalición. LaS Cámaras legislativas electas en las elecciones generales de 1936 se inauguraron en febrero de 1937, en un ambiente de arrnonía entre los partidos representados en la Legislatura, o sea el Libera y los de la Coalición Unión Republicana-Socialista. En un ambiente de expresados patrióticos deseos de laborer todos en concordia, se reeligieron por el voto unánime de Coalicionistas y Libe rales a Rafael Martínez Nadal y a Bolívar Pagán como presidente y vicepresidente de Senado, respectivamente. En la Cámara, de igual manera y dentro del mismo ambiente, se reeligieron a Migue Angel García Méndez y Rafael Alonso Torres, como Speaker y vicepresidente de la Cámara, respectivamente.

Se inició un movimiento del liderato parlamentario, de todos los partidos, tendiente a demandar de común acuerdo reformas al régimen, concebidas especialmente en recabar el derecho de pueblo de Puerto Rico a elegir el gobernador. A este fin se pre sentaron varios proyectos. Las alusiones al status final, o sea la Independencia y la Estadidad federada, fueron obstáculos para lograr la aprobación de alguna medida con el voto de todos los partidos. Los Liberales en las Cámaras, especialmente debido al incesante movimiento independentista que mantenía vivo Luis Muñoz Marín y sus seguidores, no se pusieron de ac uerdo por alusiones a la unión permanente con Estados Unidos que sugerían los líderes Coalicionistas. Finalmente, con el voto disidente de los legisladores Liberales, se aprobó una Resolución Cobjunta, presentada por Rafael Martínez Nadal y Bolívar Pagán, para demandar tales reformas, como medidas liberalizadoras transitorias, con miras hacia la Estadidad futura.

2 – El Partido Nacionalista

Mientras tanto, el proceso de los líderes Nacionalistas en la Corte Federal daba lugar a actividades que se ilevaban a cabo en toda la Isla en pro de la liberación de los reos, y para ello se organizó y llevó a cabo un congreso, con gran concurrencia, especialmente de la juventud, dirigido por Vicente Géigel Polanco Gilberto Concepción de Gracia y otros.

El partido Nacionalista, excitado con los acontecimientos y la presión de sus principales líderes, mantenía viva la campaña independentista y en pro de la liberación de sus líderes. El 31 de enero de 1937, se reunió el partido Nacionalista en asamblea general, en el Teatro Campo Alegre, de Caguas, bajo la presidencia provisional de Luis García Casanova. Los Cadetes de la República, organizacion militar de ióvenes Nacionalistas, ataviada en sus uniformes de camisa negra y pantalón blanco, desfilaron por la ciudad. A esta asamblea acudieron delegados de más de sesenta municipalidades. fue designado para presidir la asamblea Lorenzo Piñeiro Rivera.

En esta asamblea, se trataron los usuales temas independentistas, reafirmándose el partido en su programa y tácticas. Se tomaron acuerdos contra la masonería puertorriqueña como alegada enemiga de la independencia de Puerto Rico, y contra los obispos católicos de las diócesis de San Juan y Ponce monseñores Byrne y Willinger respectivamente, como norteamericanos enemigos de la Independencia. Se declaró non grata la presencia de estos prelados en la Isla, y se acordó solicitar al Vaticano que fueran removidos. Se adoptó también un acuerdo contra la PRRA, como organización yanki que perturbaba el progreso de las ideas libertarias. Se dió un entusiasta voto de reconocimiento a Gilberto Concepeión de Gracia por sus gestiones en Estados Unidos en pro de los presos Nacionalistas.

Confinado en prisión, Pedro Albizu Campos fue reelecto presidente del partido, y se eligió a Julio Pinto Gandía como presidente interino. Los demás miembros de la nueva Junta Nacional electa fueron: Ramón Medina Ramírez, vicepresidente; Isolína Rondón, tesorera; y vocales, Juan Cancel Matos, Carlos Carballo, Juan Alamo Díaz, Manuel García Estrada, Gaspar Castillo, Juan Hernández Vallé, J. M. Toro Nazario, Pedro Ulises Pabón, Rafael Berríos, Alvaro Walker, Luis Castro Quesada y Plinio Graciani.

3

En el seno del partido Liberal se ahondaban las diferencias entre los bandos adictos a Barceló y a Muñoz Marín.- Estos líderes se trasladaron a Wáshington. Después de entrevistas con autoridades de Wáshington, Barceló expresó que en aquellos ámbitos oficiales prevalecía la idea de que Luis Muñoz Marín favorecía, en cuanto a la Independencia, «un movimiento revolucionario: Muñoz Marín persistía en sus gestiones pro independencia, condicionándola con adecuadas garantías económicas. Imputó a Ernest Gruening, director de la PRRA, la paternidad del referido proyecto Tydings sobre la Independencia, que tanto revuelo soliviantó en Puerto Rico. Gestionaba Muñoz Marín en Wáshington, a la vez, que se corrigiera el estado de cosas que según sus alegaciones y censures prevalecía en el desarrollo del programa de la PRRA. Evidentemente, se habían averiado las relaciones entre Muñoz Marín y las autoridades federales, especialmente en cuanto al Departamento de lo Interior y la PRRA. El partido Liberal sustituyó a Muñoz Marín por Walter MckJones como representante Liberal en Wáshington, y este partido adoptó normas moderadas, lo mismo en Wáshington que en Puerto Rico. El partido Liberal mantenía su aspiración final de independencia, pero no la urgía ahora como demanda inmediata. Favorecía, mientras tanto, imnediatas reformas liberalizadoras al régimen. El Subsecretario del Departamento de lo Interior de Estados Unidos, Oscar Chapman, llegó a sugerir que el partido Liberal se convirtiera en «Partido Demócrata., como una rama del Partido Demócrata Nacional en Puerto Rico.

El 18 de febrero de 1937, el Representante Wilbur Cartright (Demócrata de Tennessee) presentó en el Congreso un nuevo proyecto de Independencia para Puerto Rico. Este proyecto tendía a conceder la independencia a Puerto Rico, suieto a la aprobación de la misma por el pueblo de la Isla mediante un plebiscito Aprobada la independencia por el plebiscito puertorriqueño, se elegiría u na co nvención constituyente para organizar y proclamar la República de Puerto Rico. Este proyecto proveía cláusulas económicas a ser convenidas mediante un convenio entre Estados Unidos y Puerto Rico, mediante el cual convenio continuaría por diez años el comercio libre, y las leyes tarifarias norteamericanas no serían aplicadas a Puerto Rico gradualmente durante ese término. Este proyecto tuvo el apoyo de Luis Muñoz Marín. El Comisionado Residente Santiago Iglesias, opuesto por principios a toda medida independentista para Puerto Rico, objetó fuertemente este proyecto. El partido Unión Republicana objetó también este proyecto, aunque no le dió importancia. Tampoco le dió importancia el partido Liberal. Ya las aguas independentistas estaban en baja, especialmente en las esferas oficiales de Wáshington. El proyecto nunca salió de los archivos dél comité congresional al cual fue referido. Las continuadas tácticas subversives Nacionalistas en Puerto Rico, cambiaron completamente la atmósfera en Washington en cuanto a la independencia, contra ésta.

4 – La Masacre De Ponce

El Domingo de Ramos, 21 de marzo de 1937, ocurrió un suceso en Puerto Rico que estremeció a la opinión pública, y que ha pasado a la historia denominado por muchos como la massacre de Ponce. Los Gadetes de la República anunciaron una parada conmemorativa para llevarse a cabo en Ponce en ese día. El Alcalde de Ponce, José Tormos Diego, concedió el permiso requerido por ordenanza municipal. Más de dos horas antes del momento anunciado para la parada, el Alcalde Tormos Diego revocó su permiso, y lo hizo saber a las autoridades policíacas y a los organizadores de la parada. El ambiente estaba caldeado. Había allí refuerzos policiacos, previamente concentrados procedentes de otros lugares de la Isla. La parada, sin embargo, comenzó a organizarse para llevarse a cabo. En momentos de emprender la marcha, se disparó un tiro, que dió lugar a un largo tiroteo entre policías y Nacionalistas, y como consecuencia hubo diez y siete muertos y más de un centenar de heridos. Entre los muertos y heridos hubo policías y Nacionalistas y otra gente que transitaba o curioseaba por el lugar. La mayor parte de las bajas fueron Nacionalistas. El suceso consternó al país, y fue objeto de indignación de parte de los Nacionalistas y sus simpatizadores. Después de la investigación del suceso por el Departamento de Justicia del Gobierno Insular, el Procurador General Benigno Fernández García, en carte dirigida al Gobernador Blanton Winship el 27 de marzo de 1937, informó, entre otras cosas, que se interrogaron 61 Nacionalistas, de los cuales 60 dijeron que no sabían quién disparó primero, y uno de estos Nacionalistas dijo que el primer disparo lo hizo la policía. Después de interrogar a numerosas otras personas, según este informe, prevalecía la idea de que al disponerse a comenzar la parada frente al Club Nacionalista, en la esquina de las calles Marina y Aurora, de Ponce, un paisano disparó un tiro hacia el jefe policiaco Soldevilla, que este disparo ocasionó la muerte de un policía insular, Eusebio Sánchez, y que luego siguió el tiroteo de ambos lados. Un comité de la Cámara de Representantes de Puerto Rico investigó también el suceso, y llegó a la misma conclusión que el Procurador General.

Arthur Garfield Hays, delegado del Comité de Libertades Civiles de Estados Unidos, vino a Puerto Rico, y organizó una comisión para investigar los sucesos. Esta comisión quedó compuesta por Arthur Garfield Hays, Fulgencio Piñeiro, Emilio S. Belaval José Dávila Ricci, Antonio Ayuso Valdivieso, Mariano Acosta Velarde, Francisco M. Zeno y Manuel Díaz García. Después de practicar una laboriosa investigación, el informe de esta comisión fue leído en acto público celebrado en la Plaza Baldorioty, de San Juan, el 22 de mayo de 1937. Este informe no expresó quien disparó primero, pero denunció al Gobierno Insular de haber violado los derechos civiles en Puerto Rico, y a la vez censuró severamente las tácticas de terrorismo individual del partido Nacionalista. Este suceso dejó en ciertos sectores agrios resentimientos contra el Gobernador Winship, que luego se manifestaría en atentado Nacionalista contra su vida, que relatamos más adelante.

El cambio de actitud del Gobierno Federal hacia Puerto Rico dió lugar al nombramiento en abril de 1937 de José M. Gallardo endosado por la Coalición, para cubrir la vacante dejada por José Padín como Comisionado de Instrucción de Puerto Rico. El nombramiento fue anunciado desde Wáshington con mensaje del Presidente Franklin D. Roosevelt, aconsejando la intensificación de la enseñanza del inglés en Puerto Rico, con declaraciones que alertaron grandemente a los partidos favorecedores de la unión pemanente de Puerto Rico con Estados Unidos. Antonio R. Barceló, comentando este mensaje del Presidente, declaró que ello era el resultado de «la política torpe, radical y extremista de Luis Muñoz Marín.

5

A mediados de abril de 1937, Luis Muñoz Marín regresó de Wáshington a Puerto Rico. El 20 de abril publicó declaraciones sugiriendo la celebración de una asamblea general del partido Liberal, para dirimir discrepancies. Declaró en expresivos términos favorecer la cohesión de los Liberales y el fortalecimiento del partido. Dfas después Luis Muñoz Marin se reunió con un nutrido contingente de sus segúidores en El Troche, de Caguas. Informó ampliamente Muñóz Marín en esta reunión, sobre sus gestiones en Wáshington y sobre el momento político, exhortando a mantener la cohesión dentro del partido Liberal. Al finalizar su informe, expresó que «el Partido Liberal está cumpliendo al pie de la letra el programa que fue esbazado por Muñoz Rivera en la Asamblea de Miramar; que aquel programa señala tres etapas; la primera, la obtención de la autonomía, que se logró con la aprobación de la Ley Jones; la segunda, la demostración de la capacidad de nuestro pueblo para el gobierno propio, conseguida hasta la saciedad mientras estuvo en el poder don Antonio R. Barceló; y la tercera, la gestión inmediata de la independencia, que es la etapa en que nos encontramos ahora. Procede, pues, que nos demos de lleno a demander la independencia en estricto cumplimiento del programa de Miramar, dando así cumplimiento al mandato expre,so del programa del partido Liberal.

La manifiesta táctica de Luis Muñoz Marín, en sus discrepancias con Antonio R. Barceló, era propulsar la cohesión del partido Liberal presionando a la vez la demanda independentista del programa de este partido, frente a la tendencia moderada de Barceló y sus adictos que clamaban por reformas liberalizadoras del régimen, por creer éstos que aquel niomento no era oportuno para insistir en la demanda de inmediata independencia.

El 31 de mayo de 1937 se reunió la Junta Central del partido Liberal, con el liderato de este partido, en la quinta de Felipe Sánchez Osorio, Naranjal, en Carolina. Entre miembros de la Junta Central y otros líderes había como doscientos presentes. Presidió Barceló, y actuó de secretario José Enrique Gelpí. Organizada la reunión, y después de los preliminares de rutina, se prt puso que la Junta Central respaldara un reciente manifiesto pr blicado por el presidente del partido, con sus ideas expuestas en el mismo, lo que implicaba un significativo repudio a Luis Muño Marin y sus seguidores. Entonces Luis Muñoz Marín sometió l siguiente resolución:

«Por cuanto, para bien de Puerto Rico, el partido Liberal no puede destrozarse, dividirse, ni siquiera debilitarse;

«Por tanto, resuélvase por esta Junta Central del Partido Liberal Puertorriqúeño:

«1.—Instruir solemnemente a todos los miembros del Partido Liberal a los efectos de que ninguno, en ningún momento, baj ninguna circunstancia, dé paso alguno que en forma alguna tien da a destrozar, dividir o siquiera debilitar al Partido Liberal.

«2.—Que para resolver armónicamente legítimas discrepan cias de criterio sobre la labor del partido, se convoque inmediata mente a asamblea soberana, según lo solicitan además cincuent; juntas locales de las que lucharon las elecciones y llevaron a la ureas 255,000 votos Liberales.

«3.— Que se instruya solemnemente a todos los miembro del Partido Liberal, a sus juntas locales y a los delegados que re sulten electos a la asamblea, al efecto de que no den paso alguno con relación, a, o dentro de, la asamblea, que en forma alguna pueda conducir al destrozo, la división o siquiera al debilitamient’ del gran partido Liberal Puertorriqueño>.

Al ofrecer esta resolución, Muñoz Marín presentó cincuenta actas de juntas locales del partido Liberal solicitando la convotoria de la asamblea.

Se abrió el debate, dando preferencia a la primera moción que había sido presentada por Alfonso Lastra Chárriez, endosando el manifiesto de Barceló. La aprobación de esta moción, según hicieron constar Muñoz Marín y sus seguidores, significaba la expulsión de éstos del partido Liberal. Tomaron parte en el deba te, Luis Muñoz Marín, Alfonso Lastra Chárriez, Francisco M. Su soni (hijo), Juan Dávila Díaz, Félix Ochoteco Jr., Manuel A. García Méndez, Vicente León Jr., Luis Castagnet, Manuel Méndez Liciaga, Manuel Rabell Fernández y Rodoflo Ramírez Pabón. La moción fue aprobada, con el voto favorable de 46, y con 30 votos en contra.

Aprobada la indicada moción, Luis Muñoz Marín hizo uso de la palabra, propulsando aún la unión y solidaridad dentro del partido Liberal, y manifestando que él y sus amigos no se irían del partido.

Entonces Alfonso Lastra Chárriez pidió que se sometiera la moción sobre expulsión del partido. Juan Dávila Díaz expresó que, para evitar subterfugios, se leyera y considerara de una vez esa moción. Intervino Barceló, e impidió que se leyera la resolución, y anunció que se investigarían las actas de las juntas locales solicitando convocatoria a asamblea.

Se acordó, por mayoría, que La Democracia había dejado de ser órgano del partido Liberal desde que Barceló retiró su ingerencia en ese periódico el día 3 de diciembre de 1936.

Luego se aprobó, por mayoría, una resolución para reorganizar las juntas locales del partido. Al aprobarse esta resolución, Luis Muñoz Marín se expresó en la forma siguiente: «Anuncio que se ha cometido la massacre del partido Liberal. Ustedes tienen las insignias, pero no sé para qué las quieren”. Acto seguido abandonó Muñoz Marín la reunión, acompañado de numerosos seguidores.

Ausentados Muñoz Marín y sus seguidores, se aprobó por la Junta Central una resolución, que en su parte dispositiva decía: « (a) La Junta Central se solidariza con la política desarrollada por la dirección oficial del Partido Liberal y su presidente Antonio R. Barceló; (b) acepta, como uno de los medios procesales compatibles con el programa del Partido Liberal, gestionar, ayudar y sostener la liberalización del régimen; (c) declarer enemigos y adversarios del Partido Liberal a todo individuo o grupo de individuos que se hayan llamado o se llamen Liberales, o que hayan aetuado bajo cualquier otra denominación, que hayan enfrentado a la política oficial del Partido una política distinta; y (d) declare desde esta fecha fuera de los organismos insulares o locales del Partido a todo individuo o grupo de individuos que desde el día 16 de agosto de 1936, fecha en que se celebró la última asamblea soberana del Partido Liberal, hayan propugnado, mantenido o defendido una política distinta a la propugnada, defendida o mantenida por la dirección oficial, declarando a la vez vacantes sus puestos en los organismos de la colectividad.:’ Esta resolución fue suscrita por José Ramírez Santíbañez, Alfonso Lastra Chárriez, Yuya Sánchez. José Ortíz Lecodet, J. A. López Antongiorgi, Octa

vio Jordán, Josefina Barceló de Romero, Roberto H. Todd, Francisco M. de Andino, Julio Benvenutti, Antonio Pereira, Ramón Vergne, Rómulo P. Purcell, Miguel Rivera, Luis E. Castagnet Gabriel Soler, Lizzie Santaella, Elena Kengel, Celedonio Carbonell Ramonita C. de Jesús y Luis Pérez Marcos.

El 4 de junio de 1937, se reunieron en la quinta de R~mór Suárez, en Barranquitas, Luis Muñoz Marín y como cien líderes seguidores de éste. Considerando la situación, pronunciaror discursos sobre la acción a tomar, Luis Muñoz Marín, Francis~ M. Susoni (padre), Francisco M. Susoni (hijo), Priino Delgado,3uan Dávila Díaz, Victor Gutiérrez Franq~i, Antonio Berríos Berlee;’a, Ernesto Ramos Antonini, Andrés Grillasca, Ernesto Carresquillo, Rafael Matos Bernier, Julio Enrique Monagas, Samuel R. Quiñones y otros. Se adoptó el siguiente acuerdo: «Que no pueden permitir, ni ningún Liberal puede perInitir que por acuerdos que violan la plataforma y el reglamento del partido Liberal, se les declare fuera del Partido Liberal por personas que procediendo antireglamentariamente, secuestran al Partido, tratando de divorciado de la voluntad del pueblo Liberal por medio de la reorgalización, contra los comités que lucharon las elecciones, y arbitiariámente declaran enmendado su programa.  Se acordó en esta reunión, además, mantener al «Partido Liberal neto, auténtico y completo, y sostener el prograxna de independencia y justicia social. Al finalizar la reunión, y como a un nuevo partido, se dieron vivas al «Partido Liberal Auténtico>.

La Junta Central del partido Liberal, en reunión celekrada el 13 de junio de 1937, decláró vacante el cargo que en esa jun¿a desempeñaba Luis Muñoz Marín, y asimismo los de los otros de sus seguidores.

El próximo movimiento de Luis Muñoz Marín y sus seguidores, fue reunirse y »ublicar, el 14 de junio de 1937, una resolución declarando nulos los recientes acuerdos de la Junta Central del partido Liberal, y convocando a asamblea general del partido Liberal, previas asambleas locales en toda la Isla que se sugerían de los Liberales para elegir a los delegados. Suscribían esta resolución y convocatoria, Luis Muñoz Marín, Rodolfo Ramírez Pabón, Francisco M. Susoni (hijo), Samuel R. Quiñones, Santiago R. Palmer, Andrés Grillasca, Jesús T. Piñero, Primo Delgado, Librada R. Vda. de Ramos, María Marín de Colom, María Negrón Mutioz Pelayo Román Benítez, José M. Aponte, Ernesto Juan Fonfrías Francisco M. Susoni (padre), Juan Dávila Díaz, Manuel A. García Méndez, Luis A. Negrón López, Emilia R. de Pacheco, Cruz Ortíz Stella, Agustina Cámara de San Miguel, Ernesto Carrasquillo José Mimoso Raspaldo, Vicente León Jr. y Francisco E. Mundo.

Esta asamblea convocada por Luis Muñoz Marín y sus adictos, se celebró el 27 de junio de 1937, en el Teatro Oliver, en Arecibo. fue un acto muy entusiasta, con asistencia de delegaciones ‘]e toda la Isla, y con centenares de espectadores que afluyeron de todos los pueblos interesados en el acto. Presidió la asamblea Luis Muñoz Marín. Se adoptaron varies resoluciones, entre ,ellas, para repudiar los acuerdos de la reciente reunión de la Junta Central en Naranjal, Carolina; ratificar el programa del partido Liberal, y repudiar los métodos de violencia; propugnar la enseñanza en español en las escuelas públicas de Puerto Rico; gestionar la liberación de los presos Nacionalistas; y elegir la dirección de la agrupáción, que quedó denominada Partido Liberal Neto, Auténtico y Completo. La Junta Central electa quedó integrada en la forma siguiente: presidentes honorarios, Amalia Maria Vda. de Muñoz Rivera, Ana López de Vélez, José Castillo y Alfredo Rafucci; presidente, Luis Muñoz Marín; vicepresidentes generales, Dr. Francisco Susoni (padre), Rodolfo Ramírez Pabon, Ernesto R. Antonini y a Librada R. Vda. de Ramos; vicepresidentes por distritos, Samuel R. Quiñones (San Juan), Juan Dávila Díaz (Arecibo), Manuel A. García Méndez (Aguadilla), Santiago R. Palmer (Mayagüez), Andrés Grillasca (Ponce), Enrique Manrique (Guayama), y Rafael Calderón (Humacao); vocales por acumulación, propietarios y suplentes, José A. Castillo, Jesús T. Piñero, Francisco M. Susoni (hiJo), Juana Clavell de Spaulding, Jesús Benítez Castaño, Emiliano Martinez Avilés, Felisa Rincón, Yíctor Gutiérrez Franqui, Ernesto Juan Fonfrias, Vicente Géigel Polanco, Altagracia Rebollo, Luisa Boix, Sergio Muñoz, Maria Marín de Colom, Armando A. Miranda, Antonio Fernós Isern, Maria Luisa Quiñones, Félix Alvarez, Miguel Bustelo, Rafael Matos Bernier, Manuel Rivera, Mateo Navarro, E. Gil Rivera, Angela Martínez de Sandín, Arturo Gallardo Y Pedro Juan Dumont; y vocales por distritos: San Juan, propietarios, Germán Rieckehoff y Eduardo Urrutia Martorell, y suplentes, Carlos Román Benítez y Urbano Ramírez; de Arecibo, propietarios, Maria Libertad Gómez y Jesús M. Armáiz, y suplentes, Juan T. Puig y Jaime Acosta Velarde; de Aguadilla, propietarios, Manuel Acevedo y Mercedes Moreno de Acevedo, y suplentes, Evangelista González y José Vázquez Colón; de Mayagüez, propietarios, Luis A. Negrón López y Julio N. Matos, y suplentes, Pedro Baigés Gómez y Francisco Catalá; de Ponce, propietarios, Francisco L. Anselmi y Primo Delgado, y suplentes, Manuel Diversé y Julio A. Monagas; de,Guayama, propietarios, Ignacio López Colón y José M. Aponte, y suplentes,-Tomás Pagán Colón y Josefa Asunción; de Humaceo, propiet~rios, Cruz Ortíz Stella y Emilia R. de Pacheco, y suplentes, R~fael Aponte Sánchez y Victor Berríos; y secretarios generales, 1 Idefonso Solá Morales y Jenaro A. Gautier.

El movimiento de los Liberales Netos, Auténticos y Completos, promovido por Luis Muñoz Marin y sus adeptos, tuvo desdé sus comienzos gran arraigo en el liderato y la mesa del partido Liberal. Dentro de este partido, quedabafi los campos claramente deslindados. De un lado estaba Antonio- R. Barceló y la dirección oficial del partido, y sus seguidores, que eventualmente hablaban de la solución independencia como parte del programa del partido, pero que daban énfasis a la demanda moderada de autonomía como paso inmediato hacia un futuro indeterminado, manifestada esta demanda en gestiones para liberalizer el régimen mediante reformas a la Ley Orgánica, especialmente en cuanto a la concesión del derecho al pueblo para elegir al gobernador. En esta demanda, el liderato Liberal apelaba a los otros partidos para unirse para plantear conjuntamente la cuestión ante las autoridades de Wáshington. De otro lado, estaba el movimianto de los Liberales Netos, Auténticos y Completos, acaudillado por Luis Muñoz Marin, que clamaba por la independencia inmediata, unida a propaganda sobre justicia social. Los eefuerzos de Muñoz Marín y sus manifestaciones, para mantener la unión de todos los Liberales, no tenían ya efecto en el liderato de la dirección oficial del partido. El movimiento de la dirección oficial del partido Liberal para atraer a los otros partidos para unirse en la demanda de reformas al régimen, estaba intimamente alentado por la no disimulada aprensión producida por la fuerza del movimiento de Muñoz Marin, que desintegraba evidentemente al partido Liberal y le ponía en condiciones precarias para afrontarse en las elecciones con las fuerzas de los partidos coaligados Unión Republicana y Socialista.

La orquesta parlamentaria continuaba entonando arias de armonia partidista, en el deseo vehemente del partido Liberal porque surgiera algo que promoviera quizá nuevos alineamientos politicos. Como el acercamiento se manifestaba más entre los lideres Liberales y de la Unión Republicana, los Socialistas se movian con cautela y suspicacia, temiendo que el acercamiento entre Liberales y la Unión Republicana pudiera culminar en otra alianza como la concertada en el año 1924. Si ése no era el propósito, el lenguaje usado se parecia mucho al lenguaje que dió pretexto para unirse contra los Socialistas, en la Alianza Puertorriqueña, el viejo parhdo Republicano Puertorriqueño y el Partido Unionista. Como le ocurrió al partido Unionista para las elecciones de 1924, el partido Liberal, ante la escisión de los Liberales Netos, Auténticos y Completos, realmente se sentía impotente para afrontarse nuevamente en los comicios de 1940 contra los partidos de la Coalición.

A fines del año 1937 vino a Puerto Rico una comisión del Senado Federal, compuesta de los Senadores William King (Demócrata de Utah), Edward Burke (Demócrata de Nebraska), Tom Connally (Demócrata de Tejas), y Warren Austin (Republicano de Vermont), fi~uras muy distinguidas del Congreso, para conocer la situ ación pu ertorriqu eña. Los dirigentes de lo s parti do s principales acudieron ante los Senadores norteamericanos a exponer sus puntos de vista sobre los problemas e inquietudes del pais. Esta visita dió luger a que se renovara el movimiento hacia reformas al régimen, especialmente de parte de los partidos Unión Republicana y Liberal. El presidente del partido Unión Republicana Rafael Martínez Nadál y el presidente del partido Liberal Antonio R. Bareeló, suscribieron conjuntamente un memorial, de fecha 27 de diciembre de 1937, dirigido a esta comisión congresional, solicitando reformas concebidas principalmente en el gobernador electivo, con facultades éste para nombrar a todo su gabinete, al Auditor Insular y a los jueces del Tribunal Supremo, y a la vez se solicitaba un plebiscito para que el pueblo de Puerto Rico votara optando en el dilema final de Independencia o Estadidad en la Unión Federal.

Las demandas liberalizadoras del régimen eran favorecidas por el partido Socialista, pero el presidente interino del partido Socialista Bolívar Pagán, escaldado ante lo que pudiera venir en la política local después de esa unión de Unión Republicanos y Liberales, rehusó suscribir también dicho memorial. Rafael Martínez Nadal se apresuró a explicar que la ausencia de la firma del presidente Socialista en dicho memorial no significaba quebrantamiento alguno entre los partidos de la Coalición, sino que Bolívar Pagán había-sido invitado a firmer el memorial, pero que no firmó nor razón de aue éste deseaba antes consultar con su partido en cuanto al plebiscito que se pedía.

En un diálogo entre el Senador Burke y Bolívar Pagán, publicado en El Mundo, Bolivar Pagán expresó que era partidario del gobernador electivo, con sodas las prerrogativas, pero que en el proyecto debía expresarse a la vez que el pueblo de Puerto Rico deseaba mantener y mejorar sus nexos permanentes con Estados Unidos, con mires hacia la future Estadidad fed~erada, que era lo que había trinnfado con el voto del pueblo en las precedentes elecciones de 1936. Expresó además que a su juicio perJudicaba el éxito de las demandas de liberalización del régimen la mención en aquel momento de mires hacia la Independencia. El Senador Burke respondió: «Estoy de acuerdo con usted. Me parece que ese es el punto más débil del memorial.. .

Luis Muñoz Marín, líder de los Liberales Netos, Auténticos y Completos, objetó públicamente este memorial, expresando que el propósito del mismo era iniciar un movimiento entre Barceló y Martínez Nadal para tracer otra vez la Alianza Puertorriqueña, y prolonger el colonialismo y la injusticia social. Anunció que convocaría a los Liberales Netos, Auténticos y Completos para considerar la situación.

El 9 de enero de 1938 se reunió, en las oficinas de La Democracia, en San Juan, la Junta Central de los Liberales Netos, Auténticos y Completos, bajo la presidencia de Luis Muñoz Marín. Entre otros acuerdos de menor importancia, se aprobó una resolución suscrita por Francisco M. Susoni (padre), Santiago R. Palmer, Ernesto Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones, Rafael Calderón, Juan Dávila Díaz, Andrés Grillasca y Manuel A. García Méndez. Esta resolución, en su parte dispositiva, apoyaba la solicitud de plebiscito a base de Independencia y Estadidad federada; pero declarando que toda refoima dentro del sistema colonial, antes de que el pueblo exprese su voluntad sobre Independencisfo Estadidad, sería prolongar el régimen colonial y prejuzgaría desfavorablemente las aspiraciones del país, y demoraria como por veinte años más la solución final. Se aprobó también en esta reunión una moción, de Samuel R. Quiñones, para demandar del partido Liberal el nombre, las insignias y los derechos oficiales del partido, por constituir los Liberales Netos, Auténticos y Gompletos la gran mayoria del partido Liberal.

Iniciadas las sesiones legislativas ordinarias de 1938, Antonio R. Barceló presentó una moción en el Senado, para que se diera forma legislativa a las demandas de su memorial suscrito con Rafael Martínez Nadal. Esta moción se refirió a un comité senatorial, que nunca informó subre el particular. En la Cámara de Representantes, cuatro miembros pertenecientes a la agrupación de los Liberales Netos, Auténticos y Completos presentaron una resolución encaminada a gestionar la solución del status politico de Puerto Rico mediante fórmulas irrevocables, implicando ello oposición a reformas liberalizadoras revocables. Estos representantes fueron Rodolfo Ramírez Pabón, José Mimoso Raspaldo, Ernesto Carrasquillo y Vicente León Jr. Esta resolución tuvo por vida el camino hacia un comité legislativo. Memoriales, mociones y resoluciones, de la naturaleza expresada, como de vez en cuando suele acontecer, parecían tener por primordial propósito anunciar actitudes de grupos, en vela- unos a otros, aunque ciertamente el país ya estaba molesto y cansado de un régimen colonial con trazas de perpetuidad.

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El cuatrenio de 1936 a 1940 fue uno de los períodos de más actividad, intrigas y episodios de carácter político en Puerto Rico. La Coalición, forzada en 1924 por la súbita alianza de los partidos históricos Unión de Puerto Rico y Republicano Puertorriqueño, había gobernado dentro nel menguado poder colonial durante unos ocho años. Primeramente fue en el entendido llamado el Grupo de Buen Gobierno, y luego en el pacto de !a Unión Republicana y el partido Socialista. En todos los países, siempre las coaliciones de partidos se llevaron a cabo para fines momentáneos y nunc” duró mucho el gobierno común cuando los partidos coaligados, como ocurria en Puerto Rico, no llegaron a fundirse en una sola colectividad, por rezones de origen y programas peculiares de cada uno de los partidos coaligados El continuado gobierno de partidos coaligados, ya por voto común en las ureas o por entendidos parlamentarios, en sodas partes del mundo estuvieron erizados de dificultades y choques de personalidades y de principios opuestos. En Puerto Rico duró el gobierno coaligado más tiempo que en ningún otro país del mundo. Hubo *icciones, que siempre se resolvieron con facto y con mires a propósitos de interés general del pueblo, y mantenía a la Coalición principalmente el común denominador de ideas similares en el enfoque del status politico futuro de Puerto Rico en la unión permanente con los Estados Unidos de América. Los partidos coaligados en Puerto Rico, por no asumir plena responsabilidad cada unoide ellos, y disminuída esa divi di da re spon sabilidad c on el precario pod er d en-fro de la colonia, no podían mantener aquella unidad necesaria para sostener la cohesión compacta en sus líderes y files. Los gobiernos que prolongan su vida son aquéllos donde un partido puede asumir hegemonía complete, por las vías democráticas o por los m é todos d ictatori al es . E l es caso poder de lo s partido s pu ertorriqueños, bajo el régimen colonial de las actas orgánicas Foraker y Jones, no podía afirmarse, como fenómeno histórico natural. Hombres de ambiciones personales y sin escrúpulos de discipline, trepados en los cargos ejecutivos a merced del Gobernador inamovible por los puertorriqueños y con poderes de virrey, podían facilmente insubordinarse contra las organizaciones partidistas. Contra esa situación o plaga colonial lucharon y sufrieron siempre los jefes políticos de Puerto Rico. Nunca, con rarísimas excepcioses, los gobernadores norteamericanos se sintieron inclinados a colaborar con los partidos políticos puertorriqueños en sus luchas por mantener su hegemonía interior en sus organizaciones. Al contrario, parece que la máxima divide et impera era norma propicia del poder del gobernante norteamericano en Puerto Rico. En el período de 1936 a-1940, se operó en Puerto Rico una época de confusión y transformación. Por pretextos que aparecían fútiles, se disgregaron o dividieron los partidos.

Ya hemos relatado cómo el partido Liberal, que en franca oposición habla logrado más de un cuarto de millón de votos en 1936, se escindió al formarse la agrupación de los Liberales Netos, Auténticos y Completos acaudillada por Luis Muñoz Marin.

En el campo del partido SociaIista, que avanzaba a grandes pasos en la conquista de la conciencia pública, surgieron también motivos básicamente fútiles para desmembrar al ~partido. Todos los que intervinieron en uno u otro lado, tuvieron alguna culpa, por comisión u omisión, mayor o menor, por las circunstancias coloniales antes sugeridas. Cierto sedimento de malestar o rivalidad de liderato entre Prudencio Rivera Martínez y Boiivar Pagán, manifestado en la convención general Socialista celebrada en Caguas en 1936, siguió latente en el partido. A fines- de 1937 falleció el secretario general del partido Socialista, Alfonso Torres. Para sustituirle, el reglamento del partido Socialista exigía que se sometieran los candidatos a elección del voto directo del electorado Socialista en toda la Isla, participando los afiliados debidamente calificados según las normas de cartas rojas del partido. Se propusieron dos candidatos, Epifanio Fiz Jiménez y Santiago Carreras, ambos distinguidos y veteranos Weres del movimiento obrero y del partido Socialista. El vicepresidente del Senado y presidente interino del partido, Bolívar Pagán, propuso a Santiago Carreras. Prudencio Rivera Martínez, miembro del gabinete del Gobernador como Comisionado del Trabajo, propuso igualmente a Epifanio Fiz. Dos grupos contendieron por sus respectivos candidatos. Aunque a los fines de la elección de los candidatos ambos grupos lograron una perfecta armonia al tracer las reglas de la lucha, con representación igual en los comicios para cada candidato, la controversia resultó animada y reñida, y ello dió luger a que se manifestaran en pugna abierta dos grupos dentro del partido Socialista, lo que fomentó animosidades personales. La contienda cra en el fondo una lucha de liderato entre Bolívar Pagán y Prudencio Rivera Martínez dentro del partido Socialista. Los afiliados del partido Socialista acudieron a las ureas en sodas las Secciones del partido, y la elección se verificó el 28 de noviembre de 1937. Santiago Carreras copó con el voto las mayorías en los siete distritos senatoriales, y resultó electo. Pero el sedimento de esta controversia quedó infiltrada en el seno del partido.

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En la controversia entre los Liberales, Muñoz Marín hizo un gesto final tendiente a lograr la avenencia entre ambos grupos. En junio de 1938, cursó un mensaje-circular a los comités del partido Liberal, apelando otra vez a la concordia, acompañando un cupón para que expresaran sí o no, si favorecían o no la reintegración del partido Liberal, y sugiriendo a Barceló y Ramírez Santibáñez que se unieran a él en los escrutinios para verificar el resultado de la encuesta. Esta en,cuesta fue repudiada en statement conjunto publicado por Barceló y José Ramírez Santibáñez. Este último había venido actúando como presidente interino del partido Liberal durante ausencias de Barceló. La invitación de Muñoz Marín fue desautorizada, expresando Barceló y Ramírez Santibáñez que ellos no figurarían en tales escrutinios, y que la época de discutir presidencies y lideratos había terminado dentro del partido Liberal.

Ante tal actitud de los líderes Liberales, el 3 de julio de 1938 se celebró sesión del Comité Ejecutivo de los Li ,berales Netos, Auténtico8 y Completos, en el Hotel Condado, en Sán Juan, y se acordó una vez más manifestar los buenos deseos para la unión de todos los Liberales y, para ello, pedir a Barceló que convocara a asamblea del partido. Se acordó además que, en la negative de Barceló, se procediera a inscribir el nuevo partido.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión de los Liberales Netos, Auténticos y Completos en el Hotel Condado, el 5 de julio de 1938 Luis Muñoz Marín dirigió una carte a Antonio R. Barceló, trasmitiéndole dichos acuerdos. En cave de que Barceló rehusara convocar la asamblea solicitada, Muñoz Marin solicitaba a Barceló que traspasara a los Liberales Netos, Au. ténticos y Completos el nombre oficial, las insignias y los derechos del Partido Liberal. «Antes de terminar’ —finalizaba la carte de Muñoz Marín a Barceló— aquiero tracer un último llamamiento a su conciencia, urgiéndole encarecidamente, en nombre de la fraternidad Liberal, para que decide, en esta última hora, a favor de la unión juste y digna de todo el Liberalismo>.

Barceló se apresuró a replicar a la carte de Muñoz Marin, deseándole éxito en su nuevo partido, y rehusando, por considerarla «la más ambiciosa jamás formulada en Puerto Rico., traspasarle el nombre, las insignias y los derechos del partido Liberal. Expresaba a la vez Barceló que alas puertas del partido Libera] estaban abiertas para los capitanes sinceros dispuestos a lucha por el partido Liberal..

El día-del aniversario de la Toma de la Bastilla, en 1938, SE reunió en Arecibo el Comité Ejecutivo de los Liberales Netos, Auténticos y Completos, estando presentes Luis Muñoz Marín, Fran cisco M. Susoni (padre), Ernesto Ramos Antonini, Rodolfo Ra. mírez Pabón, Librada R. lIda. de Ramos, Samuel R. Quiñones Juan Dávila Díaz, Santiago R. Palmer, Francisco M. Susoni (hijo) Andrés Grillasca y Rafael Calderón, y otros líderes, entre éstoE Victor Gutiérrez Franqui, Jorge Font Saldaña y Antonio Fernó, Isern. Se acordó proceder inmediatametne a inscribir por petición el nuevo partido. Se encomendó para ello a una comisión compuesta por Samuel R. Quiñones, Víctor Gutiérrez Franqui, Francisco M. Susoni (hijo), para preparar los documentos correspondientes a tenor de los preceptos al efecto de la Ley Electoral.

El 22 de julio de 1938, quedó inscrito el nuevo partido, por los precintos de Luquillo y Barranquitas. En Luquillo dirigió la inscripción Luis Muñoz Marín. En Barranquitas, la inscripiór fue dirigida por Samuel R. Quiñones y José Berríos Berdecía. E nuevo partido se llamaría Popular Democrático. El emblema sería un perfil en silueta de la cabeza de un jíbaro con sombrero de paja típico de los campos de Puerto Rico, con ei ada alzada hacia el frente y bajada hacia atrás. Debajo de este emblema figurarían las palabras: Pan-lYerra-Libertad. En las peticiones de ambos precintos figuraba a la cabeza Luis Muñoz Marín como candidato a Comisionado Residente. Como candidato a Senadores at large figuraban Santiago R. Palmer, Jesús T. Piñero y Jesús Benítez Castaño. Como Representantes at large, figuraban Rodolfo Ramírez Pabón, Ernesto Ramos Antonini y Francisco M. Susoni (hijo). Con los candidatos locales de Luquillo, figuraban, como Senadores por el distrito de Humacso, Cruz Ortíz Stella y Diego Zalduondo Veve. Con los candidatos locales de Barranquitas, y como Senadores por el distrito de Guayama, figuraban Antonio Berríos Berdecía y Felipe Ortíz Aponte.

Barceló denunció la inscripción del partido Popular Democrático en Luquillo, alegando que había sido hecha con electores Socialistas. Esto fue negado enseguida por Luis Muñoz Marin.

Iniciada la in scripción d él nuevo parti do Popular De mocrát ico, como se ha expresado en Luquillo y Barranquitas, prosiguió la misma en toda la Isla, con entusiasmo y relative rapidez. Los funcionarios judiciales, ante quienes de acuerdo con la ley debían hacerse los iuramentos individuales de los electores peticionarios, cooperaron razonablemente en toda la Isla para facilitar la inscripción del nuevo partido.

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Para el cuadragésimo aniversario de la invasión norteamericana en Puerto Rico, el 25 de julio de 1938, la Administración Municipal de Ponce organizó actos conmemorativos, incloyendo una parade militar y cívica y discursos por el Gobernador Blanton Winship, el presidente del Senado Rafael Martínez Nadal y otras personalidades. En momentos cuando iba a pronunciar su discurso el Gobernador Winship, hubo un múltiple y prolongado tiroteo de la calle hacia Winship. Este resultó ileso. fue muerto en el tiroteo el Coronel Luis Irizarry, quien estaba sentado cerca del Gobernador. El suceso consternó a la Isla. Toda la prensa y los partidos políticos repudiaron el atentado, y la noticia- repercutió en grandes titulares en la prensa nacional norteamericana. El Gobernador Winship, Martínez Nadal y los otros oradores propunciaron sus anunciados discursos. Al día siguiente, el Gobernador Winship dirigió un discurso por radio a Puerto Rico y Estados Unidos continentales, condenando el suceso como un acto de te rrorismo individual, y defendiendo la culture y la lealtad hacia Estados Unidos del pueblo puertorriqueño.

Ante este suceso, el presidente interino del partido Nacionalista, M. Medina Ramírez, hizo declaraciones públicas repudian do responsabilidades de este partido en el suceso, y, entre otra’ cosas, expresando: “No patrocinamos los hechos desvertebrados y anárquicos, que no conducen al fin práctico que se anhela, y por el contrario da pie al régimen para que implante el más bárbar’ de los terrorismos oficiales. El cave desgraciado de Ponce, pudiera catalogarse entre esos.» Numerosos Nacionalistas fueron acusados por la muerte del Coronel Irizarry y el atentado contr’ Winship, y fueron juzgados y convictos.

Poco tiempo después, hubo otro atentado, en San Juan, d’ Nacionalistas, que luego fueron convictos, contra la vida de Rober Cooper, a la sazón Juez de la Corte de Estados Unidos (sort’ Federal) en Puerto Rico. Cooper salió ileso.

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En el campo del Liberalismo, ya las fuenas estaban dividi das en los dos grupos, uno que seguía a Muñoz Marín en el nuev’ partido Popular Democrático, Y otro que acaudillaba Barceló y qu, mantenía los símbolos y los derechos electorales del partido Libe ral. F,l 2 de octubre de 1938, en el Club Social, en Caguas, se cele bró una sesión de la Junta Central del partido Liberal, a la cue asistió una numerosa concurrencia estimada en cerca de 700 Li berales destacados de toda la Isla. Esta fue la última reunión d su partido que presidió Antonio R. Barceló. Entre otros acuerdo de solidaridad Liberal, presto el partido para afrontar la venider campaña electoral, se designó una comisión encargada de formula un programa específico, a favor de solicitud inmediata de reformas liberalizadoras del régimen, y que dispusiera que, en cuant a las soluciones finales de soberanía, se sometiera la cuestión E voto plebiscitario del pueblo puertorriqueño.

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El 15 de octubre de 1938, en Santurce, falleció Antonio E Barceló. Cayó el aguerrido luchador abatido por cruel dolencia que desde algún tiempo minaba su vigoroso organismo. «Puerto Rico primero, por encima de todo:., fueron las postreras palabras del caudillo moribundo. Pobre, como murieron todos los caudillos politicos de Puerto Rico, murió Barceló, y alejado del poder, tras de ‘ de dos consecutivas derrotas eleccionarias de su partido, Y dividido éste; pero en ningún momento se abatió su temple de luchador eafonado, tras más de cuarenta años de dinámica y. patriótica faena pública. Toda la prensa y todos los partidos políticos expresaron su sentimiento de reconocimiento Y dolor. Por proclamas oficiales del Gobierno de la Capital y del Gobernador, las banderas fueron puestas a media asta en los edificios públicos, en homenaje al ilustre puertorriqueño y probo servidor público. Una multitud emocionada compuesta de’ miles de sus compatriotas, confundidos en el duelo todos los partidos, acompañaron los restos mortales en su sepelio. La Correspondencia, periódico independiente, sintetizó así en parte su note de duelo: :«Desde que fuera exaltado en la Asamblea Unionista de Mayagüez a la presidencia del Partido (Unionista), el señor Barceló probó’ poseer las cualidades del verdadera líder de muchedumbres: carácter, energía, decisión, iniciativas, talento, visión clara de lo porvenir, y, sobre todo eve, una honradez a prueba, una sinceridad indiscutible, una hombria de’ bien admirable, y un patriotismo hondamente sentido y discretamente probado en cuantas oportunidades tuvo para ello».

Ante la muerte de Barceló, Luis Muñoz Marín autorizó el siguiente comunicado: «La muerte de Antonio R. Barceló tiene que conmover profundamente a los que lo vieron durante la mayor parte de su vida erguido en la vanguardia del combate. Todos los que lucharon iunto a él, por grandes cosas para Puerto Rico, en sus años de extraordinaria energía, guardarán siempre por su memoria el más verdadero recuerdo de cariño y respeto.’

Santiago Iglesias, desde Wáshington, ‘en mensaje de duelo, se expre~só en la forma siguiente: fue en vida constante e incansable luchador y organizador de Puerto Rico, y de su partido. Laboró con entusiasmo en la tribune, la prensa, en el Senado, en Wáshington y por toda la Isla. Como todos los grandes líderes, fue atacado y temido fuera y dentro de su partido. Su labor fue fecunda. El país en general le debe honor y gratitud, por haber dedicado su vida al engrandecimiento y prestigio de nuestras ins-tituciones libres y democráticas.

En la primera sesión legislative ordinaria de 1939, en solemnidad parlamentaria ante el Senado en honor y memoria de Antonio R. Barceló, fue exaltada la vida, obra y patriotismo del prócer fenecido, en discursos pronunciados por José Ramírez Santibañez, Rafael Martínez Nadal, María M. de Pérez Almiroty y Bolívar Pagán.

Para sustituir a Barceló, como presidente del partido Liberal, la Junta Central de este partido, reunida en Caguas, el 27 de noviembre de 1938, eligió a José Ramirez Santibáñe,z. Este fue iambién designado para suceder a Barceló en su escaño en el Selado insular.

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Reunidas las Cámaras legislativas en la sesión ordinaria de 1939, los Senadores Liberales José Ramírez Santibáñez, AlfPnso Lastra Chárriez, Julio Benvenutti, Tomás Berrios Berdecía y l!&aría M. de Pérez Almiroty, presentaron una resolución para designar una comisión legislative a Wáshington, para solicitar las reformas liberalizadoras del Acta Orgánica, y demander la autorización de un plebiscito en Puerto Rico sobre las soluciones Independencia y Estado federado.

Los Representantes, afiliados al partido Popular Democrático, Rodolfo Ramírez Pabón, Vicente León Jr., Ernesto Carrasquilo y José Mimoso Raspaldo, presentaron en la Cámara Baja otrairesolución demandando del Congreso que definiera el status politico final de Puerto Rico, mediante plebiscito popular.

Por otro lado, la mayoría Coalicionista aprobó una mcción presentada por Celestino Iriarte en el Senado para demander enmiendas liberalizadoras de la Ley Orgánica, a base esencialmente de gobernador electivo, pero expresando a la vez las aspiraciDnes de Estadidad future. Una moción igual fue aprobada en la Cámara de Representantes. Para integer la comisión que habría de darle forma final a estas demandas, fueron designados, por la Cám’ara, Miguel A. García Méndez, Leopoldo Figueroa y Lino Padrón Rivera; y por el Senado, Celestino Iriarte, Bolívar Pagán, Antonio Reyes Delgado y Adolfo García Veve. Preparada la – petición en forma adecuada, fueron al Norte el presidente y el vicepresid~nte del Senado, Rafael Martínez Nadal y Bolívar Pagán, quienes’ sé unieron en Wáshington con el Comisionado Residente Santiágo Iglesias, Y prepararon el memorial correspondiente a eves fines.

Terminadas las sesiones ordinarias de la Legislatura, y anunciado desde Wáshington el retiro del Gobernador Winship, para ser sustituído por el Almirante William Leahy, comenzó ensegui da en las eaferas políticas del país el usual ajetreo ante cambio, de gobernador, en el ademán colonial de aguardar reconocimento, y atenciones de La Fortaleza.

En el campo Liberal, ante el quebrantamiento evidenle de partido por la escisión de los Liberales Netos, Auténticos y Com pletos, ya constituídos en el nuevo partido Popular Democrático que demostraba fuerza creciente, hubo cierto movimiento de acer camiento a los Populares Demccráticos para reintegrar el partido Liberal. Este movimiento fue patrocinado por Angel Manuel Vi llamil, pero no tuvo éxito. Los Liberales, bajo la nueva presiden cia de José Ramírez Santibáñez. maniobraron de diversa forma en ansiosa búsqueda de aliados para la próxima contienda electoral. fue una época de constante intriga política. Entonces en el pen samiento de Ramírez Santibáñez, no importaban gran cosa las cues tiones de programa, lo importante era facilitar alianzas electorales. Para esto, como se verá más adelante, el partido Liberal se abrazó a la Estadidad federada como aspiración política, enage nándose así gran núcleo de Liberales quienes, fallecido Barceló ingresaron en el partido Popular Democrático que bajo la dirección de Luis Muñoz Marín mantenía en pueblos y campos actividad extraordinaria. Ramirez Santibáñez hizo tanteos para alianzas con Socialistas y con la Unión Republicana, especialmente cor estas últimas. Sobre estas gestiones de alianzas del partido Liberal, Ramírez Santibáñez visitó a Bolívar Pagán, presidente inte rino del partido Socialista, en el hogar de éste. Bolívar Pagan s’ mostró reacio a dar pasos sobre este particular, por entender que ello debía tratarse con el presidente del partido Socialista, Santiago Iglesias, y someterse a una convención del partido Socialista. L conferencia con Bolívar Pagán fue negada por Ramírez Santibáñez lo que dió lugar a un pintoresco incidente público en el Senado, ¿ donde Bolívar Pagán trajo el sombrero de Ramírez Santibáñez que éste dejó cuando su visita a la residencia de aquél. Luego tu vo varias conferencias Ramírez Santibáñez con el presidente de partido Unión Republicina, para el mismo fin, acompañado aqué de otros líderes Liberales. Este acercamiento de Liberales y Unión Republicanos parecía más propicio. Modificado por los Liberales su programa, hacia la Estadidad, y de cierta manera preparado en parte el t erreno con el previo acercamiento de Martínez N ad al y Barceló en el memorial conjunto de éstos sobre reformas y plebiscito, algunos líderes de la Unión Republicana favorecían el entendido del Partido Liberal y la Unión Republicana. Pero, la mayoría de los líderes de la Unión Republicana seguían favoreciendo la reanudación del pacto electoral con los Socialistas, ‘y especialmente la mesa del partido Unión Republicana repudiaba cualquier defección de este partido contra los Socialistas, y olfateaba tufo de nueva Alianza Puertorriqueña, de no muy grata recordación, cualquier entendido entre Liberales y la Unión Republicana. fue fácil el entendido de Liberales con el grupo de Socialistas que acaudillaba Prudencio Rivera Martínez contra la dirección del partido Socialista, y pronto se hizo público y notorio la unión de Liberales y este grupo de Socialistas.

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El grupo numeroso de Socialistas dirigidos por Prudencio Rivera: Martínez prosiguió una actinsima campaña. fue una insistente campaña de animosidades y personalismos. La gran mayoría del personal del Depari~nento del Trabajo; en sus oficinas centrales y locales, en ¡granjas y barrios obreros y otras dependencies, estovo en pie de guerra junto a su jefe el Comisionado del Trabajo Prudencio Rivera Martínez. Algunos otros líderes se unieron a este grupo. Presentaron largo pliego de cargos contra el presidente interino Bolívar Pagán, que elevaron al presidente del partido Santiago Iglesias, hasta quien también enviaron comisiones de protesta, insistiendo en que Iglesias viniera cuanto antes a Puerto Rico y que se depusiera a Bolívar Pagán. El original de ese pliego de cargos fue enviado por Iglesias a Bolívar Pagán. Bolívar Pagán contestó, y contra-atacó. El presidente del partido Socialista Santiago Iglesias, a la sazón Comisionado Residente en Wáshington, ! atendió a ambo s la do s de la controversia con paciencia , parsimonia y facto, siempre aconsojando la concordia. Finalmente, Santiago Iglesias, en junio de 1939, expresó en Wáshi;ngton a Teófilo Maldonado, redactor de El Mundo, lo siguiente: «Durante toda rni vida he procurado no apartarme jamás de la verdad y he detestado luchas intestinas y controversias de grupos o personales, que son infecundas y que a nada conducen que no sea a perjudicar a las personas que las alientan. No he de afar calor ni resEpaldo a polémicas estériles ni a porfías puramente personales.»l33

Santiago Iglesias rehusó venir a Puerto Rico, y finalnmente autorizó a Bolívar Pagán a convocar una convención genera] del partido Socialista para juzgar la situación creada por el grupoprotestante de Prudencio Rivera Martínez, a fin que «prevalezca el mejor juicio y se tomen aquellas medidas necesarias a la salud del partido.:.

Se convocó una convención general extraordinaria del partido Socialista, para ventilar la situación creada con la oposición de Prudencio Rivera Martínez y sus adeptos, y se emplazó a éstos para comparecer ante la asamblea soberana del partido.

Esta convención general extraordinaria del partido Soeiaista se celebró el día 20 de agosto de 1939, en el Teatro Puerto Ric`, de Santurce, bajo la presidencia de Bolívar Pagán. Con el.previo nsto bueno de Santiago Iglesias, la convocatoria cursada y publicadt en la prensa decía, en parse: «Después de conocer toda la situación y oir sodas las partes detenidamente, el compañero Santiago Iglesias, en comunicación dirigida resolviendo el cave, ha recomendado a, la direeción del partido que se flame a convención general extraordinaria, para someter y resolver las cuestiones y discutir la situación y tomar las medidas necesarias para la buena marcha y salud de nuestra coleetividad. Esta asamblea despertó extraordinaria- interés en el partido y en todos los sectores de opinión de la Isla. Aeudieron delegaciones de sodas las Secciones del partido de la Isla. El comité de credenciales, presidido por Juan Carreras, informo la presencia de 875 delegados. Centenares de espectadores acudiaron al teatro y se apostaron en la calle, para oir las deliberaciones, que eran públicas. El comité de constitución y reglamento quedó presidido por Ramón Barrios; y el comité de Resoluciones, quedó presidido por Lino Padrón Rivera.

[)espués de los preliminares de esta asamblea, Bolívar Pagán abrió el acto, pronunciando un discurso que se extendió durante varias horas, sometió los cargos formulados contra él, expuso toda la situación creada por la protesta de Prudencio Rivera Martínez y sus seguidores, y discutió la situación política general de Puerto Rico. La asamblea, a moción del delegado Agustín Rosario, por el voto unánime, acordó repudiar los cargos formulados contra Bolívar Pagán; y a moción de Ramón Barrios, se otorgó unánimemente un voto de «adhesión, reconocimiento y confianza a Bolívar Pagán.:’

El comité de resoluciones de esta asamblea, por su presidente Lino Padrón Rivera, informó diversas resoluciones de carácter obrero y social sobre medidas de mejoramiento y bienestar, que fueron aprobadas. fue objeto de especial consideración, y votada unánimemente en medio de alborozada ovación y vítores, una resolución «pare expresar nuestro regocijo por el magnífico estado de salud de que goza nuestro amado maestro y presidente, el apóstol y orientador de las multitudes puertorriqueñas, compañero Santiago Iglesias Pantín.

Se aprobó unánimemente, puestos de pie todos los delegados y en medio de prolongada y estruendosa ovación, otra resolucion «pare expulsar deshonrosamente del partido Socialista a Prudencio Rivera Martínez.

Por resolución aprobada por unanimidad, se ra.tificó el programa del partido, según quedó aprobado en la convención general anterior celebrada en Caguas, en 1936.

El comité de constitución y reglamento informó recomendando ligeras enmiendas a la constitución o reglamento del partido. Entre éstas, se aprobó una creando el cargo de primer vicepresidente del partido, que seria quien en cave de ausencia 0 vacante del presidente desempeñaria la presidencia. Anteriormente el presidente interino del partido era designado ocasionalmente por el voto de los miembros del Comité Ejecutivo Territorial. También se aprobó otra enmienda para que la vacante del secretario general, del tesorero y de cualquier vicepresidente at large del partido, fuera cubierta por voto del Comité Ejecutivo Territorial.

Finalmente, se reorganizó el Comité Ejecutivo Territorial del partido Socialista, quedando éste integrado en la forma siguiente: presidente, Santiago Iglesias; primer vicepresidente, Bolívar Pagán; secretario, Santiago Carreras; tesorero, Juan Carreras; vicepresidentes at large, Lino Padrón Rivera y Jorge R. Gauthier; vicepresidentes de distritos, por San Juan, Ramón Barrios, José Ga rrido Collazo y Josefina Iglesias; por Arecibo, Nicomedes Rivera Thomas Méndez y Andrea V. de González; por Aguadilla, Jose Pa dró Quiles, Bernardino Villanueva y María M. de Ortiz; por Maya güez, Sixto A. Pacheco, Ludovico A. Mattei y Matilde R. de Meléndez; por Ponce, Moisés Echevarría, Oscar Romero y Luz María Car tagena; por Guayama, Rafael Landrón Landrón, Lola Torres San tiago y José H. Cora; y por Humacso, Bolívar Ochart, Alberto Rosado Fuentes y Angelina P. de Naveira.

El presidente del partido Socialista, Santiago Iglesias, se so

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La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

CAPITULO CUATRO-ii

RECAPITULACION. EL PARTIDO POPULAR DEMOCRATIC0 EN EL PODER. LA DEMNDA DEL FIN DEL SISTEMA COLONIAL. SE DISUELVE LA UNIFICACION TRIPARTITA. LOS LABORISTAS SE REINTEGRAN AL PARTIDO SOCIALISTA. SE FORMA LA UNION REPUBLICANA PROGRESISTA. LAS ELECCIONES DE 1944

Antes de apuntar más adelante el positivo progreso en el desarrollo extraordinario de la Isla alcanzado por diversas razones en la época de la administración del partido Popular, vamos a detenernos en recapitulación rápida y somera señalando pasos anteriores en la marcha del progreso en la Isla, sin analizar la minuciosa controversia partidista en estos extremos que cae fuera del relato histórico objeto de este libro.

Para el año fiscal de 1940-41 el presupuesto gubernamental solamente alcanzó a poco más de catorce millones de dólares, para todas las necesidades y obligaciones del Gobierno Insular. Esto marcó un record ascendente sobre los precedentes a los fiscales en todo el tiempo durante el régimen insular bajo la soberanía de los Estados Unidos. En los primeros cuarenta años de régimen civil norteamericano en la Isla, los presupuestos del Gobierno Insular, para atender a todas las obligaciones y los servicios públicos, fluctuaron, en sumas de dos millones y pico de dólares en 1901-1902, con aumentos graduales en cada año posterior, hasta de catorce millones y pico de dólares que fue el presupuesto insular decretado para el año fiscal 1940-41. El total de ingresos al tesoro público de la Isla, en lo proveniente de los tributos puramente insulares y de las reversiones de tributos de aduanas y rentas internas federales, incluyendo y sumando en su totalidad todos los años desde 1900 hasta 1940, fue poco más de trescientos millones de dólares.

Los Republicanos, los Unionistas, los Aliancistas y los Coalicionistas, que durante esos cuarenta años se turnaron en la responsabilidad legislativa para afrontar los problemas y necesidades económicas y sociales del país, hicieron esfuerzos, dentro de tales limitaciones financieras y lo s freno s del régimen, para mejorar las condiciones de la Isla y propender a su bienestar y progreso. Decimos anteriormente responsabilidad legislativa, porque es hecho real que durante ese período de la historia de Puerto Rico el poder ejecutivo supremo estuvo ubicado en el gobernador norteamericano, que respondía como es natural a normas o policies de las autoridades de Washington que le nombraban y removían a gusto Y merced. Este gobernador norteamericano, en ejercicio de las facultades expresas que le confería la Ley Orgánica, decidía finalmente sobre las medidas fiscales de la rama legislativa del Gobierno y era brida incontestable en la aprobación de legislación tributaria que tendiera a aumentar los ingresos al erario público, y tenía prerrogativas regales que usaba con frecuencia para mutilar o rebajar las asignaciones de fondos decretados por la Legislatura Insular. Es cierto también que poderes e influencias visibles e invisibles dirigieron con frecuencia la mano de los gobernadores norteamericanos para mantener en el Gobierno Insular ciertas normas fiscales que no propiciaban más altos presupuestos. Cuando los Socialistas anunciaban en 1920 que el país necesitaba un presupuesto insular gubernamental de veinte millones de dólares anuales, se escandalizaron muchos, y el gobernante en La Fortaleza pensó en la frase histórica, no pasarian. demás, el Auditor Insular, funcionario norteamericano igualmente nombrado y removido a gusto y merced de las autoridades de Washington era como un cancerbero del tesoro público, que vigilaba, intervenía en, y controlaba, con poderes de Ley, todas las derogaciones de fondos públicos.

Dentro de la camisa de fuerza del régimen y dentro de las limitaciones financieras de la época, es propio consignar, en justicia a todos los partidos políticos en lo que ellos pudieron contribuir con sus medidas legislativas, que durante esos primeros cuarenta años del régimen civil norteamericano la Isla dio grandes pasos de progreso. A ello contribuyó la tolerancia, y a veces la mano benefactora, de las autoridades representativas de la soberanía norteamericana en la Isla.

Debe indicarse primeramente que el balance del comercio, importaciones y exportaciones, desde 1900 hasta 1940, subió de 17 millones y pico de dólares en 1900 a 199 millones y pico de dólares en 1940, lo que implica un notable progreso en la producción agrícola e industrial, en el consumo que revela niveles de vida, y en la capacidad económica general de la Isla. En el progreso alcanzado en carreteras públicas, puede observarse que de 169 kilómetros de carreteras que había en toda la Isla en 1900, subieron éstos a cerca de cuatro mil kilómetros de carreteras y caminos públicos afirmados en 1940. En la expansión del sistema de instrucción pública, se multiplicaron en más de diez veces el número de planteles de enseñanza, el de maestros y la matrícula escolar, y se estableció la Universidad de Puerto Rico con diversos colegios y departamentos, incluyendo estaciones de fomento y de experimentaciones agrícolas; y puede apreciarse en gran parte el avance educativo al observar que en 1900 el analfabetismo en la Isla arrojaba una cifra de 78 por ciento, mientras que en 1940 esta cifra había sido reducida al 31 por ciento. En sanidad y salud pública, debido en gran parte a la construcción de numerosos hospitales de distritos y municipales y centros médicos, Y por asignaciones del Gobierno, la tabla de mortalidad fue reducida grandemente; en 1900 la cifra de mortalidad anual era de 38 por cada mil habitantes, lo que había sido reducido en 1940 a 18 por cada mil habitantes. Se construyeron infinidad de edificios públicos, entre ellos de escuelas en pueblos y campos, de hospitales y centros médicos, de casas ayuntamientos y de tribunales de justicia, barrios obreros, la nueva Penitenciaría Insular, el moderno Manicomio Insular, el Leprocomio, el Sanatorio Antituberculoso, Reformatorios para mujeres y niños, Preventorios antituberculosos para niños, la Escuela de Medicina Tropical, los edificios de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y Mayagüez, y el Capitolio Insular. En servicios públicos de acueductos, alcantarillados y alumbrado público, de tres o cuatro poblaciones que tenían estos servicios en 1900, en 1940 se habían extendido estos servicios generalmente a la Isla.

Las condiciones sociales y económicas cambiaron grandemente. En la capacidad económica de la Isla, el ingreso general de unos 30 millones de dólares en 1900, excedió de 400 millones en 1940. El ingreso ner capita anual, de unos 40 dólares que era en 1900, excedió de 250 dólares en 1940.

Se dieron los primeros pasos para el fomento de nuevas industrias mediante exención contributiva; se impulsó el desarrollo y explotación por el Gobierno de las fuentes fluviales de la Isla, para aumentar la energía para fines industriales y para alumbrado; se emprendió la conservación de los bosques y la forestación; se distribuyeron por el Gobierno como dos mil granjas agrícolas dispersas en toda la Isla a agricultores de pequeños recursos; se implantaron nuevos métodos de cultivo agrícola y de técnicas industriales que aumentaron grandemente la producción insular; se montaron plantas pilotos industriales; y se aprobaron medidas legislativas insulares y a su amparo se iniciaron los litigios en los tribunales de justicia para hacer eficaz las disposiciones de la Ley Orgánica contra la tenencia de sierras por corporaciones en exceso de quinientos acres.

En seguros sociales, de nada que había en 1900, en 1940 el Gobierno Insular había establecido sobre base firme el sistema compulsorio de compensaciones a todos los obreros en labores públicas y privadas, por enfermedades, lesiones y muertes en el trabajo, mediante el Fondo exclusivo del Estado; el retiro con pensiones a los funcionarios y empleados públicos; y otros seguros o ayudas a madres viudas insolventes, a ancianos desvalidos y a niños desamparados; y se dieron los pasos preliminares para establecer seguros de desempleo. Con la institución de los comedores escolares, promovidos y establecidos en esa época, se inició un servicio social benemérito.

En el aspecto de los derechos del ciudadano y del hombre, fue establecido el sufragio universal, con voto secreto, para hombres y mujeres, sin restricciones, con métodos electorales estatutorios no mejorados ni cambiados hasta la fecha que garantizaron el proceso democrático sin fraudes y de manera libre y pacifica en los comicios. Se establecieron también en Puerto Rico, por la Ley Orgánica y estatutos insulares, las esenciales garantías a los derechos individuales, como la libertad de cultos, la libertad de palabra y de prensa, el derecho a reunión, la inviolabilidad del hogar y protecciones contra registros arbitrarios, el derecho a juicio rápido y público, el liabeas corpus, el juicio por jurados del pueblo, la igualdad ante la ley, el derecho del pueblo a la protesta y a demandar del Gobierno reparación de agravios y abusos, etcétera; y se aseguraron a la vez los esenciales derechos de los trabajadores, a la libre organización en uniones y sindicatos, a la contratación colectiva para mejorar salarios y condiciones de trabajo y de vida, a la jornada de ocho horas de trabajo, al descanso y vacaciones, a los piquetes y las huelgas Se aprobaron medidas para la protección y seguridad de los obreros en su trabajo; y medidas de conciliación y arbitraje de disputes obrero patronales, con representación de obreros en igualdad a los patronos. En una palabra, en legislación social, Puerto Rico llegó a la altura de los pueblos civilizados más adelantados en la época.

Nuevos tiempos en la metrópoli y en el mundo entero en orientaciones y prácticas sociales, y en el nuevo ciclo de acontecimientos nacionales y mundiales que dieron auge a la prosperidad insular, encontraron al pueblo de la Isla despierto y predispuesto a las aspiraciones y exigencias de mayor bienestar y seguridad social.

El resultado de las elecciones generales verificadas en noviembre de 1940, marca en verdad una nueva era política en Puerto Rico. Ninguna de las tres agrupaciones políticas que se enfrentaron en los comicios obtuvo, según las estadísticas oficiales, mayoria absoluta en los cómputos electorales. La «unión de la familia puertorriqueña, predicada por el partido Unificación Tripartita, resultó un fiasco, especialmente con la derrota en las urnas de las candidaturas de sus principales líderes. La Coalición de los partidos Unión Republicana y Socialista obtuvo mayoría general electoral sobre cada una de las otras dos agrupaciones contendientes, y así eligió a su candidato a Comisionado Residente que encabezaba su ticket. Sin embargo, la Coalición no logró elegir una mayoria de los Senadores, faltando uno para ello; ni tampoco logró elegir una mayoría de los Representantes a la Cámara, faltando para ello dos Representantes. El partido Popular Democrático eligió, igual que la Coalición, diez y ocho Representantes El partido Popular Democrático, empero, logró elegir diez Senadores, o sea la mayoría absoluta del Senado, contra nueve Senadores que eligió la Coalición.

En la tradición política de Puerto Rico, especialmente desde la implantación de la Ley Orgánica Jones en 1917, el poder de los partidos puertorriqueños había estado vinculado con la mayoría del Senado, por las atribuciones de este cuerpo para aprobar rechazar los nombramientos del Gobernador para miembros del gabinete insular, y para la judicatura y otros cargos. Es cierto que, en las precedentes elecciones generales de 1936, el partido Liberal Puertorriqueño bajo la jefatura de Barceló obtuvo en las urnas 38,000 votos más que los que obtuvo el partido Popular en 1940. Sin embargo, en las elecciones de 1940 el partido Popular logró el control del Senado. En el análisis de esas cifras electorales, no puede decirse qué grupos sociales prefirieron al partido Popular Democrático o a la Coalición. Por los precintos ganados por la Coalición y por el partido Popular Democrático, puede observarse fácilmente que los electores de pueblos y campos votaron, como grupos sociales, en la forma acostumbrada. Por ejemplo, precintos donde el voto preponderante era el de campesinos, fueron triunfados por el partido Popular Democrático; e igualmente otros precintos donde el voto preponderante era también de campesinos, fueron triunfados por la Coalición. El fenómeno electoral de 1940 lo produjo principalmente las divisiones en los dos partidos de la Coalición Unión Republicana Socialista. La enfática prédica de Muñoz Marin de justicia social, fue también factor en el resultado electoral. Influyó en parte también el fallecimiento de Barceló, líder histórico de arraigo en la mesa del pueblo, que dejó de momento prácticamente acéfalo al partido Liberal y determinó que muchos Liberales se acogieron a las tiendas del naciente partido Popular. Puede asegurarse, contrastando las estadisticas electorales, que sin las divisiones en el partido Unión Republicana y en el partido Socialista, la Coalición hubiera copado los siete distritos senatoriales y posiblemente casi todos los distritos representativos y municipios, frente a la fuerza electoral que en 1940 demostró el partido Popular Democrático. Sin haber ocurrido entonces esas divisiones en los partidos de la Coalición y habiendo obtenido el partido Liberal los indicados 38,000 votos más que el partido Popular en 1940, el partido Liberal Puertorriqueño en 1936 perdió las elecciones, habiendo la Coalición sacado triunfantes a sus candidatos en más de dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado Insular.

Resulta un fenómeno histórico en el proceso de los partidos políticos en Puerto Rico, que un partido en el poder solamente es derribado del mismo por su propia división o desintegración. Esto resulta también ser casi un fenómeno político universal. Después de conocido el resultado de las elecciones de 1940,; el liderato del partido Popular Democrático, y especia}mente su dirigente máximo Luis Muñoz Marin, desplegaron una propaganda hábil o impresionante que en verdad caló profundamente en la conciencia pública en Puerto Rico, dando la impresión de que había acaecido una revolución en las urnas. Los números y escrutinios electorales de 1940 no sostienen eso. Sin embargo, el impacto profundo en la opinión pública de la sorprendente demostración electoral en 1940 del nuevo partido Popular Democrático, dejó decisiva huella e influenció y facilitó los subsiguientes triunfos espectaculares de este partido. A estos triunfos contribuyó grandemente la acción legislativa Popular, de honda repercusión social, y la cooperación y apoyo completos que el nuevo gobernador norteamericano dio al partido Popular y a sus hombres.

En el trasiego común en Puerto Rico de hombres que cambian de un partido hacia otro, con pudor o sin pudor, fueron muchos los que, siendo acres censores de Muñoz Marín en las vísperas de las elecciones de 1940, prontamente se convirtieron en entusiastas panegiristas del campeón de la nueva mayoría senatorial. Para muchos, lo que antes de las elecciones era propaganda demagógica o ilusoria del partido Popular, pronto fue ademán y nuncio de un munjo mejor de justicia social. El voto favorable al partido Popular de una obvia minoria del electorado votante, o sea el 38 por ciento del mismo, fue interpretado como un mandato global del pueblo de Puerto Rico, y ello impresionó de tal manera a la mesa del pueblo, que posiblemente unas nuevas elecciones en 1941 hubieran dado mayoría absoluta al partido Popular Democrático. Sea como fuere, lo cierto es que, al inaugurarse las Cámaras legislativas en 1941, puede señalarse que comenzó una nueva era política en Puerto Rico, bajo el supremo liderato de Luis Muñoz Marín.

El problema que confrontaba de momento en 1941 el partido Popular Democrático era la organización de la Cámara de Representantes, donde como se ha indicado los Populares solamente tenían 18 miembros, contra 18 miembros de la Coalición y 3 miembros de la Unificación Tripartita. Para aprobar el programa de legislación Popular Y para ofrecer un respaldo legislativo al Gobernador norteamericano, era indispensable completar la mayoría en ambas Cámaras.

Uno de los más destacados líderes del partido Liberal y de la Unificación Tripartita y uno de los opositores más ácidos de Muñoz Marin, Alfonso Lastra Chárriez, con la impresión del momento y sin autorización de la dirección oficial del partido Liberal ni de la Unificación Tripartita, el 11 de enero de 1941 convocó por su cuenta una asamblea de los Liberales, que tuvo lugar en Caguas, el 19 del mismo mes. Concurrieron delegaciones de diversos pueblos, con unos 150 asistentes. Esta asamblea fue presidida por el propio Alfonso Lastra Chárriez, quien calificó a la misma como la asamblea del vaciamiento de los Liberales en el partido Popular Democrático. Entre otros acuerdos, esta asamblea resolvió «que todo Liberal, todo organismo de dicho partido, todo funcionario público, todo legislador Liberal, espontáneamente y obedeciendo al espontáneo acuerdo de esta asamblea que es la voluntad del partido Liberal, desde hoy quedan fundidos jurídica y realmente en el partido Popular Democrático, reforzando las huestes de dicha colectividad en sentido numérico, manteniendo el programa y las doctrinas de dicho partido y a sus hombres en el Parlamento, en el Gobierno, en los municipios y dondequiera que haga gestión la energía, el credo y los principios del partido Popular Democrático. Fue designada una comisión del seno de esta asamblea para notificar el vaciamiento al presidente del partido Popular.

José Ramírez Santibáñez , presidente del partido Liberal al formarse la Unificación Tripartita, desautorizó la asamblea y señaló que el partido Liberal había dejado de existir al fundirse en el nuevo partido Unificación Tripartita. El Comité Central de la Unificación Tripartita, reunido en Humacao el 12 de enero de 1941, acordó instruir a los comités locales de este partido a reunirse en asambleas el 19 de este mismo mes, para designar delegados a una asamblea general del partido a celebrarse el 2 de febrero de 1941, con el propósito de colaborar con el partido Popular Democrático hacia la organización de la Cámara de Representantes.

El 2 de febrero de 1941, se llevó a cabo esta asamblea extraordinaria del partido Unificación Tripartita, en el Teatro Victoria, en Humacao, bajo la presidencia de José Ramírez Santibáñez. El comité de credenciales fue presidido por Epifanio Fiz; y el comité de resoluciones fue presidido por Félix Ochoteco Jr. El propósito esencial de esta asamblea era fijar las pautas para la colaboración de la Unificación Tripartita con el partido Popular Democrático, según el acuerdo anteriormente relatado del Comité Central Unificacionista. Estaban vivas las animosidades contra la Coalición; pero especialmente se pensaba que con la Coalición no podía formarse mayoría en el Senado, donde los Tripartitas no tenían representación y donde controlaba una mayoría Popular. Sin revelarlo al público, se pensaba y hablaba sobre participaciones gubernamentales de la Unificación Tripartita. Sobre esto, hubo varias conferencias con el presidente del partido Popular. Como suele ocurrir por ser de la humane naturaleza, muchos estaban ávidos de trepar en la carroza del vencedor, de que manera u otra, y para esto luego fue fácil hallar motivos o pretextos.

Luis Muñoz Marin dirigió un mensaje a esta asamblea Unificacionista, que leyó Manuel Fernández Pavía. El mensaje iba dirigido al presidente Liberal José Ramírez Santibáñez, ya en franca amistad con el rebelde de los Liberales Netos, Auténticos y Completos. «Le ruego» —comenzaba diciendo Luis Muñoz Marín— «que me haga el honor de trasmitir mi saludo cordial a esa asamblea. Trasmítale este saludo, no como el líder de un partido a los líderes de otro, sino como el saludo de un compañero en el propósito común logrado de ponerle término al gobierno de los partidos que formaron la Coalición.» El mensaje, previamente convenido, se extendió en hábiles conceptos para producir el efecto deseado de unir las fuerzas Tripartitas a la de los Populares en la Cámara de Representantes, para organizar la Cámara y promover un nuevo gobierno, presentando una mayoría legislativa en ambas Cámaras ante gobernador y las autoridades de Washington. El mensaje fue referido al comité de resoluciones de la asamblea. Después de aprobar otras resoluciones de menor importancia a los fines de esta asamblea, se aprobó una Resolución de Normas Legislativas, que decía así:

«Por cuanto, la situación parlamentaria resultante de la pasada lucha comicial es tal, que ningún partido político puede organizar por sí solo la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, porque la Cámara de Representantes, siendo su posición, respectivamente, 18 Representantes Populares, 18 Coalicionistas y 3 Unificacionistas, y teniendo en cuenta que tales condiciones pueden derivar en un impasse que crearía un caos legislativo en perjuicio del Gobierno de la Isla, de su seriedad y buen nombre;

«Por cuanto, conociendo la crisis que atraviesa nuestra Nación en estos momentos, se necesita y hace imperativa la solidaridad puertorriqueña, el orden, la sensatez, para facilitar la defensa nacional y el desarrollo de la política novotratista en Puerto Rico;

«Por cuanto, la Unificación Puertorriqueña, como partido de ninguno de ellos tiene mayoría de votos en elevado sentido cívico, entiende que debe cooperar al mantenimiento de la unidad del país en su más alta pureza democrática con vista a la creación de un Gobierno responsable;

«Por tanto, esta Asamblea soberana resuelve:

«1. Instruir a sus Representantes electos honorables Rafael Rodríguez Pacheco, Gaspar Rivera y Julio Reguero González, que faciliten al partido Popular Democrático, que tiene la mayoría en el Senado de Puerto Rico, la organización de la Cámara de Representantes, eligiendo con sus votos los candidatos que bajo su responsabilidad postura dicho partido.

«2. Asi también resuelve que esta acción no implica pacto, convenio o entendido, con ninguno de los partidos representados en la Legislatura; y de modo especial instruye a sus referidos Representantes que plasmen en realidad y por medio de sus correspondientes proyectos los postulados de la Unificación; y que además respalden o combatan toda medida legislativa favorable o perjudicial a Puerto Rico, según fuere el cave, independientemente del sector político en que se hayan originado tales medidas.

«3. Designar, como por la presente se designa, una comisión especial integrada por el presidente y los tres vicepresidentes para que en todo momento actúen como cuerpo consultivo de dichos tres Representantes de la Unificación.

«4. El Comité consultivo creado por esta resolución tendrá la obligación de informer sin pérdida de tiempo al Comité Central de la Unificación Puertorrioueña sobre cualquier situación parlamentaria que entrañe un problema vital para nuestro país.»

Esta asamblea eligió, por primera vez, al presidente del partido Unificación Tripartita, designación que recayó en José Ramírez Santibáñez. Fueron electos vicepresidentes, Miguel Angel García Méndez, Prudencio Rivera Martínez y Josefina Barceló de Romero.

El 10 de febrero de 1941 se inauguraron las Cámaras Legislativas electas en las elecciones de 1940. Mientras tanto, el Almirante William Leahy había abandonado la gobernación de Puerto Rico, desde el 5 de diciembre de 1940, trasladado a la embajada norteamericana en el Gobierno Francés de Vichy bajo el jefe de estado General Petain; y en lugar de Leahy fue designado gobernador de la Isla Gu. J. Swope. Este tomó posesión del cargo el 3 de febrero de 1941.

Ante inusitada gran expectación pública, por el cambio a verificarse según el resultado de las elecciones, Luis Muñoz Marín fue electo presidente del Senado; y Francisco M. Susoni (padre) fue electo vicepresidente. En la Cámara de Representantes, con el voto de los tres Representantes Unificacionistas, según la resolución adoptada en la anterior asamblea Unificacionista de Humacao, resultó electo Speaker Samuel R. Quiñones; y Luis Sánchez Frasqueri fue electo vicepresidente de la Cámara, ambos Populares.

Las sesiones de los cuerpos legislativos, en medio de animadísimos debates entre Populares y Coalicionistas, se llevaron a cabo funcionando en franca solidaridad Populares y Unificacionistas. El partido Popular Democrático comenzó su obra de gobierno, en la nueva era que hemos indicado, con la aprobación de importantes proyectos de vasto alcance social, que consignaremos más adelante. En la organización de las Cámaras, los Populares cedieron cargos de segunda importancia en el secretariado del Senado y la Cámara Baja a afiliados del partido Unificacionista.

Durante las sesiones legislativas, las tres agrupaciones, Populares, Coalicionistas y Unificacionistas, cada una con sus distintas alegadas razones, demandaron del Gobernador la representación correspondiente en las ramas ejecutiva y judicial del Gobierno. Los Populares se apoyaban en su mayoría del Senado, como cuerpo que constitucionalmente, de conformidad con la Ley Orgánica, tenía atribuciones para dar el consejo y consentimiento para ser efectivos los nombramientos. La Coalición reclamaba representación adecuada, por haber sido la agrupación que obtuvo mayoría general en los comicios, habiendo elegido a su candidato a Comisionado Residente que encabezaba su ticket electoral. Además, la Coalición invocaba a su favor la práctica tradicional de designar funcionarios judiciales en los distritos senatoriales según el partido que hubiera triunfado en los respectivos distritos, práctica seguida desde que se implantó la Ley Orgánica Jones por el partido Unionista y por la Coalición. Los Unificacionistas reclamaban representación por ser la fuerza de equilibrio para determinar la mayoria en la Cámara de Representantes, y especialmente como grupo colaboracionista con los Populares. El Gobernador Swope, al asumir la gobernación, hizo declaraciones en el sentido de que el partido de gobierno seria para él aquel partido o combinación de partidos que pudieran ofrecer una mayoría parlamentaria; pero sin embargo, actuó con gran cuatela y vacilación, por lo incierta de la situación parlamentaria de la Cámara de Representantes y por la nueva situación que ofrecía el resultado de las elecciones, con la Coalición habiendo recibido la clara mayoría electoral y a la vez un contingente tan poderoso de legisladores igual que el Partido Popular en la Cámara de Representantes y con la diferencia de un solo voto menos que los Populares en el Senado. Al finalizar esta primera sesión legislativa, que fue una de sonadas controversias y ardorosas polémicas partidistas, la Coalición y la Unificación no lograron, en materia de nombramientos, realizar sus aspiraciones. La Unificación hizo persistentes gestiones para que, como su participación proporcional en el Gobierno, se nombraran jueces y fiscales y otros cargos en varios distritos, y especialmente propulsó el nombramiento de Prudencio Rivera Martinez para un nuevo nombramiento como Comisionado del Trabajo. El Gobernador Swope estuvo inclinado a hacer este último nombramiento, pero nunca se le aseguró la confirmación senatorial. El partido Popular consideró que el cargo de jefe del Departamento del Trabajo era un puesto llave para implantar su nueva política, y deseaba que un hombre de sus propias filas ocupara ese cargo. La política administrativa manifiesta del partido Popular tendía a copar todos los cargos llaves del Gobierno.

En votación efectuada el 12 de abril de 1941 en la Cámara de Representantes, al finalizar las sesiones legislativas ordinarias, se reveló el rompimiento entre Unificacionistas y Populares, en una votación en la cual dos Representantes Unificacionistas, Julio Reguero y Gaspar Rivera, se unieron a los 18 Coalicionistas, derrotan do el proyecto del presupuesto de gastos del Gobierno para el año fiscal 1940-41. Esto creó una situación espectacular en las Cámaras. EI presidente del partido Popular, en repetidas alocuciones radiadas en forma dramática apeló al pueblo denunciando la crisis. Finalmente un Representante de los electos por la Coalición, Rafael Arrillaga Torréns, por volición propia, con su voto sumado a los Populares Y al Unificacionista Rafael Rodriguez Pacheco, completó la mayoría. Esta acción de Rafael Arrillaga Torréns, considerada como una defección, soliviantó una ola de airada protesta Coalicionista contra este Representante.

La negativa de los Populares a cooperar para los nombramientos que reclamaba la Unificación Tripartita, y muy especialmente el de Prudencio Rivera Martinez para Comisionado del Trabajo que era la notoria cuestión batallona, determinó la ruptura momentánea del consorcio parlamentario entre Populares y Unificacionistas.

Tras el cierre de las sesiones legislativas, se hizo público el profundo malestar de la Unificación Tripartita contra el partido Popular. Líderes Unificacionistas, especialmente del sector Laborista, publicaron artículos encendidos contra Luis Muñoz Marín y sus normas de gobierno. La note caracteristica del resentimiento fue expresada en un artículo periodístico del secretario general Unificacionista procedente del sector Laborista, que ed parte decía así:

Hitler hablando desde la cervecería de Munich contra Checoslovaquia, no lo hizo con más vitriolo, con más petulancia, y con menos sentido de justicia, de democracia y de diplomacia política, que Luis Muñoz Marin el sábado por la radio. La historia de Puerto Rico no conoció un cave igual de mayor insensatez, de peor táctica y de ciega aberración que éste, un líder afortunado que, siendo minoría es convertido en mayoría por la generosidad y el altruismo de otro partido, y que, teniendo en sus manos, por obra y gracia de la Unificación, el destino del país y los sagrados intereses del pueblo, los echa por la borda en un arranque de irresponsabilidad, en un acceso de ira, confesando paladinamente, pasmosamente, que lo hace por una mere y somera inquietud burocrática, por no desprenderse, según su asombrosa confesión, de unos cuantos puestos públicos que dice haberlo exigido un puñado de políticos.:, Proseguía así el articulo: «La Uníficación no viene obligada a votar legislación porque sea Popular y mucho menos cuando descubre que entre los pliegues y las apariencias de una medida o de un proyecto cualquiera se esconde algún interés maquiavélico político, o sorprende la existencia de un vasto plan de despojo, de insaciables proporciones burocráticas y o de una red hábilmente tejida para regimentar el gobierno del país para que obedezca a una sola mano de hierro, que no solo destrnya a los demás partidos, sino que articule una estructuración de tipo nazista so cape de decantada democracia, en condiciones de encararse a Wáshington en el momento propicio e iniplantar el propósito oculto, que no está en issue, a nombre del país una vez totalmente en sus garras, anestesiado por la propaganda cloroformada de justicia social del nuevo Goebbels puertorriqueño.

Miguel Angel Gareía Méndez, vicepresidente Unificacionista, líder del sector Republicano Reformista, solidanzándose con la protesta contra Muñoz Marín y el partido Popular, reveló que desde antes de las elecciones había eomenzado el movimiento de acercamiento entre Unificacionistas y Populares. Recordó la en cooperación prestada por la Unificación a los Populares, y la esperanza que éstos alentaron de obtener representación en las esferas administrativas del gobierno. «La colaboración entre la Unificación Puertorriqueña y el partido Popular.—dijo entre otras cosas Miguel Angel García Méndez «comenzó a perfilarse desde antes de las últimas elecciones. Muñoz Marín y yo sostuvimos entonces varies conferencias; que fueron cubriendo el abismo que existía entre las dos colectividades. Del fracaso del partido Popular, no podríamos quejarnos, por ester en estoppel los hombres de la Unificación.

El Comité Ejecutivo del partido Popular, reunido en sesión el 11 de junio de 1941, acordó demander para el partido la responsabilidad complete del Gobierno, incluyendo todos los cargos del gabinete del Gobernador.

La rupture de la concordia entre Unificacionistas y Populares, dió luger a que comenzara a agitarse en el país un movimiento de frente unido contra la nueva situación de gobierno. Comenzó a la vez a pronunciarse la protesta contra las actividades vacilantes del Gobernador Swope.

El 4 de mayo de 1941, se reunió el Comité Central del partido Unión Republicana, en San Juan, baio la presidéncia interina de Alfonso Valdés. Acordó en principio afar pasos para former el frente unido de protesta contra el partido Popular, y convocar asamblea general extraordinaria del partido para mayo 15 de 1941.

El mismo día 4 de mayo se reunió el Comité Territorial del partido Socialista, bajo la presidencia de Lino Padrón Rivera, y tomó acuerdos encaminados a former el aludido frente unido.

El Comité Conjunto Supremo de la Coalición, reunido el 16 de mayo de 1941, en San Juan, ante la situación de gobierno en Puerto Rico y la situación mundial de guerra, aprobó una resolución creando un Frente 13nido Insular y de Defensa Nacional, dirigido por un comité integrado por Alfonso Valdés, Lino Padrón Rivera, Leopoldo Figueroa, Celestino Iriarte, Adolfo García Veve, Cayetano Coll Cuchí y Santiago Carreras.

El 6 de julio de 1941, sacudió al país la noticia del fallecimiento de Rafael Martínez Nadal, tras prolongada y dólorosa enfermedad. El insigne caudillo afrontó sus últimos días con serenidad y estoicismo. Los líderes de todos los partidos acudieron adoloridos a contemplar el cuerpo yacente del finado, y elogiaron en altos tongs su vida, su talento, su carácter, y su devoción a ideales de libertad. El Gobernador lamentó la pérdida del eminente hombre público, en proclama oficial. La prensa destacó la vida del luchador, y sus sobresalientes dotes de orador, escritor, jurista, y líder de partido y de muchedumbres. Una enorme multitud emocionada asistió a los funerales. En hombros del pueblo, que admiraba y amaba al líder, fue cargado el féretro por las calles de la ciudad de San Juan hasta el camposanto de Isla Verde, Carolina. El duelo fue despedido, con frases de sentimiento y admiración, por Luis Muñoz Marin, Lino Padrón Rivera, Alfonso Valdés y José A. Balseiro.

El Comité Territorial del partido Unión Republicana, reunido en sesión el 17 de agosto, entre otros acuerdos, designó a José Tormos Diego como presidente interino del partido, y resolvió convocar asamblea extraordinaria del partido a fin de elegir al nuevo presidente de la colectividad.

Esta asamblea del partido Unión Republicana se llevó a cabo en Ponce,’ en el Teatro La Perla, el 31 de agosto de 1941. Se inició la asamblea bajo la presidencia provisional de José Tormos Diego. Los ánimos estaban muy caldeados por la dispute de candidatures, y en el curve de la asamblea hubo incidentes borrascosos. Años antes de morir, Rafael Martínez Nadal había elogiado los servicios y condiciones de su entrañable colaborador y amigo el presidente pro-témpore del partido Alfonso Valdés, y expresó que un hombre como éste deb”a ser su sucesor en la presidencia del partido. Pero Alfonso Valdés, al confrontar oposición, prontamente rehusó ser candidato. Favoreció a José A. Balseiro, hombre nuevo en la acción partidista, pero quien, por su renombre intelectual y recientes defenses del ideal de Estadidad federada, agrupó rápidamente a un numeroso y entusiasta contingente de adictos que propulsaron su candidature para presidente de la Unión Republicana. Ante la asamblea, los únicos candidatos de fuerza eran Balseiro y Celestino Iriarte.

Luego de animada controversia, se designó el comité de credenciales, que quedó integrado por representantes de estos candidatos: por Balseiro, figuraron Ramón Llobet Jr., Rafael Rodríguez figuraron Francisco J. Capó, Lumen Méndez, Adriano González Martínez, Felipe Carro, Eduardo Capó Cintrón, César Domínguez, Rómulo Corrado y Leopoldo Figueroa; y como presidente del comité, figuró Domingo Sepúlveda.

Después de fervorosos discursos en memoria de Martínez Nadal, pronunciados por Joaquín A. Becerril, Sarah R. Vda. Gaetán, Frank Torres, Agustín E. Font Y Juan Valldejuly Rodríguez, informó el comité de credenciales y quedó finalmente constituída la asamblea Se eligió a Agustín E. Font para presidirla. Román Díaz Collazo nominó a José A. Balseiro, y Sarah R. de Gaetán nominó a Celestino Iriarte, para presidente del partido. Después del prolongado proceso de votación por papeleta secrete y por lista, resultaron 202 votos a favor de Balseiro, e igual número de votos a favor de Iriarte. Ante tal impasse, se acordó convocar otra asamblea dentro de 90 días. Mientras tanto, ambos candidatos actuarian como co-presidentes interinos.

Dentro del sentimiento de malestar anteriormente relatado, el Comité Central del partido Unificación Tripartita se reunió en sesión el 14 de septiembre de 1941, en el Club Social, de Caguas, bajo la presidencia de José Ramírez Santibáñez. Se acordó repudiar la colaboración de Unificacionistas con Populares, y se autorizó a los Representantes Unificacionistas en la Cámara para actuar en forma autónoma sin compromisos con ningún otro partido. El acuerdo adoptado a este efecto disponía lo siguiente:

«El Partido cumplió con la Resolución aprobada en la asamblea de Humaceo al cooperar, como cooperó, en la organización de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y que tal resolución no implicaba pacto, convenio o compromiso alguno con ningún otro partido político, siendo los Representantes de la Unificación en la Asamblea Legislativa absolutamente autónomos para impulsar o combatir cualquier medida que fuere favorable o contraria a los intereses de Puerto Rico, según sea el caso, cualquiera que sea el origen de dichas medidas, sin que vengan obligados a solidarizarse con, y mucho menos a obedecer, a persona o entidad ajena a la Unificación Puertorriqueña, ni someterse a coacciones o entendidos de clase alguna.»

En esta sesión del Comité Central de la Unificación se acordó, sin embargo, gestionar los derechos del partido, Unificación en el guez, Braulio Castillo, S. Badillo Nieves, Angel Muñoz Igartúa, Ezequiel Cardona, J. J. Aponte y José Rosario Gelpí; y por Iriarte, Gobierno. Para este fin, se designó una comisión, que quedó compuesta por José Ramírez Santibáñez, Miguel Angel García Méndez, Prudencio Rivera Martínez, y los tres Representantes Unificacionistas en la Cámara.

El Gobernador Swope, quien sancionó con su firma los primeros proyectos legislativos aprobados por la nueva Asamblea Legislativa inaugurada en febrero de 1941, duró poco en su cargo. En julio de 1941 se anunció desde Wáshington su remoción. En septiembre 19, 1941, fue removido escaleras arriba y designado, por breve tiempo, Director del Negociado de Territorios y Posesiones Insulares del Departamento de lo Interior, de Washington. Nadie cantó ni lloró en Puerto Rico la remoción del Gobernador Swope.

Sucedió a Swope en la gobernación Rexford Guy Tugwell, amigo del Presidente Franklin Roosevelt, y uno de sus consejeros como miembro del famoso Brain Trust que en Wáshington auxilio al Presidente al comenzar la era del Nuevo Trato. Al ser nombrado gobernador, Tugwell desempeñaba el cargo de canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico; por algún tiempo Tugwell retuvo ambos cargos, y solamente después de obstinada campaña de censure pública, dirigida principalmente por El Mundo, fue que Tugwell optó por dejar la rectoría universitaria.

Desde un principio demostró Tugwell su disposición de cooperar con el partido Popular, y facilitó que este partido asumiera control efectivo Y completo del Gobierno. Al parecer, para asumir tal actitud traía el Gobernador Tugwell instrucciones superiores de las autoridades de Wáshington. Pues, en ocasión de un acto verificado el primero de septiembre de 1941, frente a la mansión solariega de Hyde Park del Presidente Franklin Roosevelt, éste se refirió a Luis Muñoz Marín, presente en el acto, llamándole el Primer Ministro (Premier) de Puerto Rico. Aunque tal apelativo no encaja en el sistema norteamericano de gobierno, en lo federal ni en lo estadual, por ser tal designanción propia en regímenes de sistemas parlamentarios de gobierno, las palabras del Presidente aludiendo a Luis Muñoz Marin tenian obvias connotaciones. En efecto, como el partido Popular, nunca anteriormente partido político alguno en Puerto Rico tuvo tan notorio apoyo del Gobernador norteamericano Y de la Administración Federal para apoderarse plenamente del Gobierno Insular. El Gobernador Tugwell fue medio instrumental propicio para que el partido Popular asumiera pleno control de la administración insular, y para que este partido pudiera implantar sus normas de gobierno, que fortalecieron y afianzaron su poderío político.

El Gobernador Tugwell, hombre de equipo académico, quiso crear en Puerto Rico un nuevo orden de cosas, dentro de sus peculiares ideas, a veces constructivas y a veces atrabiliarias. Tugwell lo mismo sancionaba con su firma legislación,de avanzado alcance social, que a media noche firmaba medidas destituyendo legislativamente, sin cargos, a honorables magistrados no gratos al partido Popular, como se hizo con los jueces superiores Ricardo La Costa y Marcelino Romaní, dándose así coces repugnantes a la independencia judicial. Tugwell, como se leerá más adelante, tampoco tuvo escrúpulo para autorizar, en desprecio de la fey, desembolsos cuantiosos de fondos del tesoro público. fue Tugwell el gobernador más controversial que había tenido Puerto Rico. Su período de gobierno fue realmente tormentoso, por las vigorosas protestas que contra él ocasionó, no solamente de parte de los partidos políticos adversos al partido Popular y de parte del Comisionado Residente de Puerto Rico en Wáshington, sino también de la prensa, y de parte de organizaciones obreras, industriales, agrícolas, comerciales y cívicas del país. Tuvo Tugwell, sin embargo, el respaldo interesado y entusiasta del partido Popular y de la poderosa opinión pública creciente de este partido. Su gobernación fue una de transición en el destino de la Isla. Desapareció Tugwell de la escena pública puertorriqueña al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando fue sustituído por el primer goberador puertorriqueño de designación presidencial, Jesús T. Piñero.

En octubre de 1941, convocada por el Gobernador Tugwell, se reunió la Legislatura Insular en sesión extraordinaria. La Coalición reiteró sus demandas de participación en el Gobierno ante el nuevo Gobernador, sin éxito. Era evidente que Tugwell venía de Washington con normas fijas para respaldar al Partido Popular en sus aspiraciones y obra de gobierno. El disgusto del partido Unificación Tripartita fue expresado mediante una resolución presentada en la Cámara por los Representantes Unificacionistas Julio Reguero, y Gaspar Rivera. En esta resolución se recordaba el, resultado de las elecciones de 1940, Y apoyada en las estadísticas electorales se expresaba que en la Legislatura estaban representadas tres minorias. La parte dispositiva de esta resolución leía de la manera siguiente:

«Resuélvase por la Cámara de Representantes de Puerto Rico:

Primero. Expresar que ha visto con desagrado que el Poder Ejecutivo haya reconocido como mayoría de hecho al Partido Popular, para los efectos de entregarle el control de los distintos organismos del gobierno, así como para el nombramiento de todas las carteras que han ido quedando vacantes en el gobierno.

«Segundo. Pedirle al Gobernador Tugwell que retire del Senado los nombramientos ya enviados para su confirmación, y que no extienda ningún otro nombramiento, hasta que se trace una pauta fIja a seguir en relación con la distribución de responsabilidades en el gobierno entre las tres minorias existentes en Puerto Rico en la actualidad.

«Tercero. Pedirle al Gobernador Tugwell que cite una reunión de mesa redonda en sus oficinas con asistencia de las tres minorias legislativas de Puerto Rico, para llegar a un acuerdo general entre todas las partes afectadas sobre la forma juste y razonable en que tales responsabilidades de gobierno deben distribuirse.

Cuarto. Que se nombre una comisión de la Cámara, encabezada por el Hon. Speaker señor Samuel R. Quiñones, con repr sentación de las tres minorias aludidas, que vaya a la mayor brevedad, troy mismo si es posible, a comunicar este acuerdo al Gobernador Tugwell, y que traiga a esta Cámara la respuesta que aquél se sirva afar a esta Resolución.» Esta resolución no prosperó en la Cámara.

El 30 de noviembre de 1941, se reunió el partido Unión Republicana en asamblea extraordinaria, en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, con el propósito principal de dirimir la controversia pendiente en cuanto a la elección del presidente de esa colectividad. Presidió la asamblea Agustín E. Font.

El comité de credenciales quedó constituído con representantes de los dos candidatos en dispute. Figuraban en este comité, par José A. Balseiro, Ramón Llobet Jr. y Angel Muñoz Igartúa; y por Celestino Iriarte, Eugenio Lecompte y Enrique Castro Martínez. Después de unas siete largas horas de votación secrete por lísta, el escrutinio arrojó 2091/2 votos a favor de Balseiro, e igual número a favor de Iriarte. Quedaban tres votos en dispute; y de éstos – fueron adindicados a Iriarte y uno a Balseiro, de manera que el resultado final fue un voto de mayoría a favor de Iriarte, quien fue proclamado el nuevo presidente del partido Unión Republicana Anunciada la elección del nuevo presidente, Balseiro y sus adeptos abandonaron la asamblea en son de protesta. Luego Agustín E. Font fue electo presidente pro-témpore; y Eugenio Lecompte fue electo secretario general. Leopoldo Figueroa, quien habia renunciando voluntariamente el cargo de secretario general y no asistió a la asamblea, fue electo vicepresidente del partido por el distrito de San Juan. Blas C. Herrero fue designado para cubrir la vacante existente en el Senado Insular, en sustitución del extinto Senador Rafael Martinez Nadal.

En el Teatro Star, de Aguadilla, el 7 de diciembre de 1941, se reunieron en asamblea los propulsores de José A. Balseiro para presidente del partido Unión Republicana. Presidió la asamblea José Tormos Diego. El comité de resoluciones quedó constituído por Tomás Bernardini de la Huerta, Ramón Llobet Jr., Lorenzo Balasquide, Emilio Figueroa, Rafael Antonmarchi, Angel Muñoz Igartúa, José L. Márquez Jr. y Adolfo García Veve. Despues de varios discursos, incluyendo uno de Balseiro, este comité recomendó varies resoluciones que fueron aprobadas por la asamblea. Entre ellas, la más importante a IQS fines de la reunion fue una haciendo constar «(1) la protesta por los acuerdos y votaciones de las dos asambleas anteriores del partido Unión Republicana, por haber sido parciales y fraudulentos los procedimientos; (2) no reconocer tales acuerdos, ni al presidente electo; (3) instruir a los miembros del partido en la Legislatura, en la Junta de Comisionados de San Juan, y a todos los demás funcionarios publicos afiliados al partido, para que no reconozcan la autoridad de tales acuerdos ni al presidente electo; y (4) nombrar un Comite E]ecutivo para cumplimentar debidamente los acuerdos de esta asamblea » Quedó sobre la mesa una resolución para former una nueva colectividad política llamada Partido Puertorriqueño Pro-Estadidad Se designó al referido Comité Ejecutivo, que quedó integrado en ia forma siguiente: por el distrito de Mayagüez, propietario, Alfonso Valdés, y suplente, Emilio Figueroa; por Aguadilla, propietario, José L. Márquez Jr., y suplente, José Collazo; por Arecibo, propietario, Angel Muñoz Igartúa, y suplente, Eugenio Cordova; por San Juan, propietario, Ramón Llobet Jr, y suplente, Antonio Maisonet; por Guayama, propietarió, Tomas Bernardini de la Huerta, y suplente, Jesús Vázquez; por Humacao, propietario, Adolfo Garcta Veve, y suplentç, Antonio Molina; y por Ponce, propietario, José Tormos Diego, y suplente, Lorenzo Balasquide. Después de cordial pugna entre los grupos propulsores de Balseiro y de Iriarte que duró algún tiempo, el 26 de febrero de 1942 se reunieron los líderes de ambos grupos conjuntamente, en el ayuntamiento de San Juan. Deponiendo diferéncias y conflictos por mor a la cohesión del partido frente a sus adversarios políticos y a la administración hostil del Gobernador Tugwell, ambos grupos adoptaron bases de concordia y armonía, y terminaron la controversia. Por renuncia voluntaria del Senador Unión Republicano José del Río, José A. Balseiro fue designado Senador. Con el beneplácito de todos, Balseiro también fue designado como miembro en los organismos directores del partido Unión Republicana y en el organismo supremo de la Coalición.

Roto el consorcio parlamentario de la Unificación Tripartita y el partido Popular al desistir de su colaboración en la Cámara los Representantes Unificacionistas Julio Reguero y Gaspar Rivera, surgió la crisis dentro del seno del partido Unificación Tripartita. Julio Reguero y Gaspar Rivera, como se ha indicado, procedían respectivamente de los sectores Republicano Reformista y Laborista. Rafael Rodríguez Pacheco, Representante Unificacionista procedente del sector Liberal, continuaba la colaboración con los Populares, de conformidad con José Ramírez Santibáñez, igualmente procedente del sector Liberal y presidente del partido Unificación Tripartita. Dentro de esta situación, José Ramírez Santibáñez comenzaba a distanciarse de los líderes de la Unificación Tripartita procedentes del sector Republicano y del sector Laborista, Miguel Angel García Méndez y Prudencio Rivera Martínez quienes a la sazón ya estaban en franca oposición al partido Popular y a la administración del Gobernador Tugwell.

En vista del distanciamiento de José Ramírez Santibáñez y de que éste no convocaba a los organismos de la Unificación Tripartita y prácticamente contemporizaba en brazos de los Populares, Miguel Angel García Méndez y Prudencio Rivera Martínez se decidieron a convocar y convocaron a sesión al Comité Central de la Unificación Tripartita. Esta reunión se celebró en el Ateneo Puertorriqueño, el 22 de marzo de 1942, y acordó convocar a asamblea de la Unificación Tripartita. Esta asamblea se llevó a cabo en el Teatro Puerto Rico, de Santurce, el 5 de abril de 1942, bajo la presidencia de Prudencio Rivera Martínez. José Ramírez Santibáñez fue invitado a asistir y presidir esta asamblea, pero rehusó comparecer. Esta asamblea sustituyó a José Ramírez Santibáñez por Prudencio Rivera Martinez como presidente de la Unificación Tripartita. Entre otros acuerdos, adoptó uno solicitando la renuncia de Rafael Rodriguez Pacheco como Representante a la Cámara, y otro para pedir la remoción del Gobernador Tugwell.

Mientras tanto, José Ramirez Santibáñez desautorizó los acuerdos de dicha asamblea de la Unificación Tripartita celebrada en el Teatro Puerto Rico, y convocó para una reunión en Humacao, que se celebró el 12 de mayo de 1942. En esta reunión quedó quebrantada formalmente la Unificación Tripartita. Los Liberales, en su mayoría, decidieron acudir a sus viejas tiendas, y dieron nueva vida independiente al partido Liberal, bajo la presidencia de José Ramírez Santibañez. Reclamó ahora el renacido partido Liberal las insignias y derechos electorales de la Unificación Tripartita El partido Liberal anteriormente había transferido tales insignias y derechos electorales al nuevo partido Unificación Tripartita, y ahora el partido Liberal se apropiaba de tales derechos, reteniendo su vieja insignia de la Estrella. Impugnada ante los tribunales de justicia esta acción del partido Liberal, la decisión fue favorable al partido Liberal. La solidaridad tripartite en la Unificación quedó desintegrada. Segregado el sector Liberal, ya tampoco podia funcionar como partido unitario la Unificación Tripartita, aunque los Unificacionistas restantes, con el mismo nombre, continuaron en actividades hasta que se fundieron en el partido Unión Republicana y se reintegraron al partido Socialista.

Algunos Liberales, agrupados con los del sector Republicano Reformista, continuaron durante aigún tiempo alrededor del liderato de Miguel Angel García Méndez. Desaparecido Rafael Martínez Nadal, y desintegrada ya la Unificación Tripartita, los Republicanos Reformistas, por natural gravitación política, se acercaron a sus antiguos correligionarios en la Unión Repub}icana. Los Laboristas Puros, según relataremos más adelante, se reintegraron como grupo al partido Socialista.

El resurgido partido Liberal, baio la presidencia de José Ramirez Santibáñez, en franca cooperación con el partido Popular Democrático, alentaba esperanzas de obtener participación en el Gobierno, mediante nombramientos de afiliados suyos a cargos judiciales y a jefaturas de departamentos y otros cargos. fue notoria la persistente gestión hecha por el partido Liberal para lograr el nombramiento del Comisionado de Salud, propulsándose para este cargo al distinguido galeno puertorriqueño Pablo Morales Otero. El partido Popular nó accedió a que se designara a un Liberal para la cartera de Salud. Era norma del partido Popular destacar a hombres de su afiliación política para los cargos considerados llaves para implantar programas de gobierno.

Ante la situación creada con motivo del nombramiento del Comisionado de Salud demandado sin éxito por el partido Liberal, el Comité Ejecutivo de este partido hizo público un comunicado rompiendo las relaciones del partido Liberal con el partido Popular. Se enuncian elevados propósitos y se pronuncian grandes palabras»,—decia también en parte este comunicado—ay mientras más grandes las palabras y más elevados los propósitos, más sórdidas y mezquinas y rampantes son los realidades que a diario se producir, que a diario contemplamos.» Se extendia este comunicado en declaraciones imputando al partido Popular designios para preparar con el Gobierno una maquinaria política para fines partido distas.14l

Luego el presidente Liberal publicó un airado statement denunciando al presidente Popular por incumplimiento de promesas al liderato Liberal, y atribuyendo entre otras cosas al jefe Popular el haber éste declarado que un departamento como el de Salud era un revólver político que el partido Popular no podía poner en manos de otro partido.

El 19 de julio de 1942, se reunió la Junta Central del partido Liberal, en el Ateneo Puertorriqueño, bajo la presidencia de José Ramirez Santibáñez, para deliberar sobre la situación política. Se designó un comité de resoluciones, compuesto por Félix Ochoteco Jr., Edelmiro Martínez Rivera, Roberto H. Todd, Josefina Barceló de Romero, Epifanio Fiz Jiménez, Luis A. Archilla Laugier, Modesto Velázquez Flores, Eduardo Pérez Casalduc y Juan Bernard González. Se adoptaron acuerdos anunciando que el partido Liberal no se sentia obligado a mantener la situación parlamentaria que completaba la mayoria legislative favorable a 108 fines del partido Popular; declarando que este partido no queria pactos ni entendidos de clase alguna con otros partidos; y rompiendo las relaciones con el Gobernador Tugwell. En manifiesto trasmitido por radio y publicado en la prensa el 29 de julio de 1942, el presidente Liberal expuso la actitud de este partido de conformidad eon dichos acuerdos adoptados en el Ateneo, y Ianzó fuertes acusacioned contra el Gobernador Tugwell. «No hay partido político:’ —decía Ramírez Santibáñez en parte en este manifiesto—«que pueda aprobar la línea de conducta seguida por el Gobernador Tugwell, sin que ese partido se envilezca.

Los acontecimientos inducían a muchos al trasiego hacia las filas Populares. Contribuía a ello la incierta situación parlamentaria, la desintegración de los sectores que formaron el partido tricéfalo Unificación Tripartita, y, principalmente, el empuje preponderante que tomaba el partido Popular mediante legislación aprobada que producía profundo efecto en la mesa del pueblo y por el control total que iba asumiendo este partido de los resortes de la administración pública. Se formó, en octubre de 1942, un grupo llamado Frente de Izquierdas Sociales, compuesto de elementos procedente s de diversos partidos. fue pretexto para muchos este grupo de Izquierdas, para ir derechamente al partido Popular y a posiciones del Gobierno. En este grupo de izquierdistas pro Gobierno, figuraron líderes conocidos o destacados que antes de las elecciones de 1940 militaron en contra del partido Popular. Algunos de éstos, seguramente estaban movidos por principios de justicia social predicados por el partido Popular; otros, aprovechaban el movimiento, como trampolín político, para retener u obtener posiciones en el Gobierno. Todos prontamente llegaron a ser Populares fervorosos. Es condición humana que los catacúmenos y los nuevos conversos suelen ser más fervorosos que los viejos sacerdotes.

A pesar del acuerdo adoptado por el partido Liberal en su reunión del Ateneo del 19 de julio de 1942, y que dió lugar a que el liderato Liberal fustigara acremente al Gobernador Tugwell, el presidente Liberal Ramírez Santibáñez, evidentemente ávido de agarres en el Gobierno, continuó sus contactos con el presidente de los Populares. El 29 de noviembre, Ramírez Santibáñez reunió a la Junta Central Liberal, en el Ateneo. Ante nuevas perspectivas burocráticas con respecto a la vacante de la cartera del Departamento de Agricultura y Comercio, Ramírez Santibáñez logró que se rectificara el acuerdo anteriormente adoptado con respecto al Gobernador Tugwell, con el disgusto de un gran número de líderes Liberales animados en proseguir la controversia contra el Gobierno. Días después, Fernando A. Villamil, propuesto por los Liberales, fue nombrado Comisionado de Agricultura y Comercio por el Gobernador Tugwell, con el asentimiento del partido Popular.

Mientras tanto, tomaba auge la campaña demandando la remoción del Gobernador Tugweil, iniciada por el Comité Conjunto Supremo de la Coalición, y mantenida viva constantemente ante el Congreso, las altas esferas ejecutivas de Wáshington y en la prensa nacional norteamericana, donde la protesta tuvo sonada repercusión. A esa campaña contra Tugwell, como hemos relatado, se adhirieron, por diversas causes, principales entidades obreras, industriales, agricolas, comerciales y cívicas de la Isla. Entre estas instituciones figuraron la Federación Libre de Trabajadores, la Asociación de Productores de Azúcar, la Cámara de Comercio y la Asociación de Agricultores. El diario El Mundo, de San Juan, pertinazmente reprochó las normas y conducta del Gobernador Tugwell. El partido Popular, desde luego, siempre respaldó a Tugwell, apoyándose y contraatacando, con su mayoria legislativa, lo que constituyó, es claro, una poderosa palanca para sostener al gobernador norteamericano. Bajo el fuego, que nunca cesó, laadministración del Presidente Roosevelt mantuvo a Tugwell en La Fortaleza.

La encendida controversia contra Tugwell, sin embargo, al mantener ante las autoridades legislativas y ejecutivas de Wáshington lo mismo que ante la opinión pública norteamericana la cuestión de Puerto Rico, decidió a importantes comisiones del Congreso a investigar las condiciones de Puerto Rico y conocer sus problemas y demandas. El Senador Dennis Chávez (Demócrata de Nuevo Méjicol presidió un grupo de Senadores de Washington, y el Representante Jasper Bell (Demócrata de Missouri) presidió otro grupo de Representantes del Congreso, que acudieron en persona a la Isla e hicieron pesquisas intensas de las condiciones y problemas de Puerto Rico. Ante el Comité Chávez, durante su investigación en 1943, el propio Gobernador Tugwell admitió sin empacho que en su gestión de gobierno en Puerto Rico «habia actuado más como un aditamento de la Asamblea Legislativa que como un ejecutivo independiente.»

El clamor incesante de los partidos políticos y otros sectores de opinión que combatían al Gobernador Tugwell era válvula de escape para expresar a la vez el malestar del país contra el sistema colonial, y que se expresó en repetidas demandas por un grado mayor de gobierno propio y demandas sobre la solución final del status político de Puerto Rico. Estas demandas fueron concretadas, mediante proyectos presentados en el Congreso por el Comisionado Residente Bolívar Pagán. Demandó éste reformas inmediatas al régimen, consignadas mediante la concesión al pueblo de Puerto Rico de dos Comisionados Residentes, y del derecho a elegir al gobernador de la Isla, éste con plenos poderes para a la vez designar todo su gabinete, al Auditor Insular y a los magistrados del Tribunal Supremo, de manera que la Isla asumiera plena autonomía en sus asuntos infernos. También presentó el Comisionado Residente Bolívar Pagán un proyecto para que Puerto Rico fuera admitido como un nuevo Estado de la Unión Norteamericana. Con esos proyectos, el Comisionado Residente planteaba ante las autoridades de Washington las demandas políticas de los partidos de la Coalición que le eligieron, lo mismo que también de otros sectores políticos y apolíticos que favorecian la fórmula Estadidad como status final de Puerto Rico. En efecto, según las estadísticas electorales sobre las elecciones de 1940, en estas elecciones un 62 por ciento del electorado votante favoreció a partidos con programas definidos pro Estadidad federada.

EI 17 de noviembre de 1942, el Comisionado Residente Bolívar Pagán, dirigió una carta al Presidente Franklin Roosevelt, en los siguientes términos:

«Querido señor Presidente: Deploro tener que tomarle parte. de su valioso tiempo, cuando usted está tan ocupado dirigiendo el conflicto mundial, para llamar su atención y solicitar su consejo él asunto de la actual forma de gobierno que rige a Puerto Rico.

Los puertorriqueños se regocijaron cuando trace unos cuatro meses, -se hizo público que la Administración tenía bajo estudio nuestra presente forma de gobierno, considerando recomendar en el futuro un mayor grado de gobierno propio.

«Como usted sabe, Puerto Rico vive bajo un sistema colonial de gobierno, que realmente no satisface los naturales deseos y aspiraciones ni los derechos del pueblo de Puerto Rico. Los puertorriqueños constituyen un pueblo civilizado y adulto, educado y preparado para un gobierno mejor y más democrático.

«La actual Carta Orgánica de Puerto Rico establece un sistema de gobierno que teóricamente está compuesto de las tres ramas clásicas de gobierno representativo—la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Pero, en la práctica, Puerto Rico es meramente una posesión colonial. A la cabeza de la rama ejecutiva está el gobernador, quien ejerce enormes poderes sobre el pueblo puertorriqueño, y quien no es escogido por nuestro pueblo. El gobernadores nombrado y removido a la discreción del Presidente. También el Presidente nombra y remueve varios jefes de departamentos insulares. Los otros son nombrados por el gobernador. En cuanto a lo judicial, el Presidente también nombra a los jueces de la Corte Suprema, que es la más alta corte insular de apelaciones, que puede revocar todas las decisiones de nuestras otras cortes insulares. Los jueces y los demás funcionarios de las otras cortes son nombrados por el gobernador. En cuanto a lo legislativo, es verdad que nosotros tenemos una legislatura electiva, pero los proyectos requieren la aprobación del gobernador, cuyo veto es prácticamente absoluto. La asamblea legislativa por sí sola no puede derrotar el veto del gobernador. Como usted sabe, pasado un proyecto sobre el veto del gobernador, va entonces al Presidente para la decisión final, de la misma manera que los proyectos de algunas asambleas legislativas coloniales británicas se eleven a la Corona para la decisión final. En síntesis, los puertorriqueños demandan cambios fundamentales que deben hacerse en nuestra actual forma de gobierno insular, de manera que Puerto Rico pueda disfrutar de un mayor grado de gobierno propio.

«Como usted sabe, el partido Demócrata, en su Convención de Chicago de 1940, hizo el siguiente compromiso con Puerto Rico y con el pueblo americano:

«Nosotros favorecemos una forma más amplia de gobierno propio, conducente a la Estadidad, para Puerto Rico.

«También, bajo los compromisos expresos e implícitos de la Carta del Atlántico, los puertorriqueños creen que es tiempo ahora para concederles un cambio más democrático en la forma de nuestro gobierno insular. Ello sería noticia agradable para nuestros hermanos en la raza y en la lengua de las naciones latino americanas, ya que Puerto Rico es el único pais latinoamericano que no es dueño de su destino. También tal paso, tomado en justicia hacia el pueblo puertorriqueño, avivaria entre los pueblos locales y esclavos del mundo la fe en los compromisos y principios démocráticos de las Naciones Unidas.

«La abrumadora mayoría de los puertorriqueños m, iran hacia el futuro aspirando eventualmente a la Estadidad, pero me parece a mí—y yo creo que ésta es la creencia de todos los puertorriqueños sensatos— que el status definitivo no debe ser presionado mientras cure la guerra. No obstante, creemos que ahora es el tiempo apropiado, después de 40 años de gobierno colonial norteamericano en Puerto Rico, para que se nos concedan cambios fundamentales en nuestra Carta Orgánica, que puedan darle al pueblo puertorriqueño una participación más democrática en nuestro gobierno.

«Para tal propósito, y refiriéndome principalmente al asunto de conceder a los puertorriqueños el derecho a elegir su gobernador, estoy preparando un proyecto para ser sometido al próximo Congreso en enero. A nombre del pueblo puertorriqueño, solicito vuestro respaldo a tal medida, y deseo decirle que yo acogería con beneplácito y apreciaria que oficiales de la Administración pudieran unirse al representante electo del pueblo de Puerto Rico al Congreso, para tratar de ponernos de acuerdo en el proyecto apropiado.

«Con mi alta estimación y respeto, señor Presidente, quedo «Muy respetuosamente suyo,

«Bolívar Pagán «Comisionado Residente de Puerto Rico.

Llamado a Casa Blanca el Comisionado Residente días después de cursada la carta anteriormente transcrita, el Presidente le expresó a aquél su disposición de facilitar medidas de justicia política al pueblo de Puerto Rico, y que consideraba afar oportunainente pasos hacia ese fin.

La inquietud política de Puerto Rico, que resonaba con frecuencia en el Congreso y repercutía en la prensa nacional ngrteamericana, unido ello a la situación internacional en medio de una guerra global que precisámente destacaba a Estados Unidos como campeón de la democracia y la libertad de los pueblos, tenia necesariamente que atraer la atención de la Administración de Wáshington hacia Puerto Rico, para ofrecer medidas de mayores libertades públicas.

EI 2 de febrero de 1943, una Dechración de Derechos y Petición de Justicia fue suscrita por el presidente del partido Popular Luis Muñoz Marín, el presidente del partido Unión Republicana Celestino Iriarte, y el presidente del partido Liberal José Ramirez Santibáñez. En medio de la campaña partidista en contra y a favor del Gobernador Tugwell, que mantenia a la opinión pública dividida en ardorosas divergencies, estos lideres de los partidos hicieron un patriótico alto para suscribir conjuntamente este histórico documento, que decia así:

«Para que quedé enteramente claro que lo que más adelante solicitamos envuelve una cuestión de principios y no envuelve controversias transitorias locales, dejamos sentado que algunos de los firmantes respalda a la Administración del Gobernador Tugwell, mientras otros de los firmantes objetan a esa Administración. Lo que de aqui en adelante decimos nada tiene que ver con esa diferencia de criterios. En lo que de aquí en adelante declaramos, nuestras voluntades están absolutamente unidas.

Declaramos nuestra convicción de que el status político de Puerto Rico debe decidirse. Declaramos nuestra convicción de que el status político de Puerto Rico debe decidirse en consulta con, y por la voluntad de, el pueblo de Puerto Rico mismo. Declaramos nuestra convicción de que esto está enteramente de acuerdo con las rezones básicas por las cuales se está peleando en la actual guerra, es parte fundamental del conjunto de principios que anima a los hombres libres en su determinación de lucharla hasta la victoria definitive, y está consagrado por la afirmación anticolonial de la Presidencia de los Estados Unidos en lá Carta del Atlántico.

«Habida cuenta de esta verdad, solicitamos del Presidente y del Congreso de Estados Unidos que el status político de Puerto Rico sea decidido a la mayor brevedad, si fuere posible ahora mismo, en consulta con, y por el voto libre de, el pueblo de Puerto Rico. El Presidente y el Congreso pueden tener la certidumbre de que si por razones relacionadas con la mejor conducción de la guerra, consideran que esto se debe hacer al obtenerse la victoria y estructurarse la paz, a esa fecha aguardaremos en espiritu de paciencia fraternal.

«En el Congreso de Estados Unidos se ha presentado, y esta ante su consideración, un proyecto de ley del Comisionado Residente Bolívar Pagán para que Puerto Rico tenga el derecho de elegir su propio gobernador en mil novecientos cuarenta y cuatro. Respaldamos sin reserves este proyecto en lo que se refiere a ese derechos solicitando Que sea aprobado en esta misma sesión del Congreso, con la enmienda de que la elección del gobernador se lleve a efecto a la mayor brevedad posible después de aprobado el proyecto.

«Este es, a nuestro juicio, el deseo, la actitud y la voluntad unánime del pueblo puertorriqueño, el cual, en sus distintos sectores políticos, tenemos el honor de representar.»

En esta declaración no figuró originalmente el presidente interino del partido Socialista Lino Padrón Rivera; pero luego se adhirió a la misma el partido Socialista, mediante resolución del Comité Ejecutivo Territorial de este partido. Igualmente se adhirió el Comité Conjunto Supremo de la Coalición.

Reunida en sesión ordinaria la Asamblea Legislativa, la Declaración de Derechos y Petición de Justicia fue presentada a la misma, y referida a un comité parlamentario conjunto especial, integrado por Francisco Susoni (padre), Celestino Iriarte, Lino Padrón Rivera, Ernesto Ramos Antonini, Leopoldo Figueroa, Jesús T. Piñero, Jorge Gauthier, Cruz Ortíz Stella, Rafael Rodriguez Pacheco, Alfonso Valdés, Juan Dávila Díaz, Elmer Ellsworth y Vicente Géigel Polanco. Como resultado de las deliberaciones de este Comité conjunto, se produJo una Resolución Concurrente apara plantear ante el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de América, el derecho del pueblo de Puerto Rico a que termine el sistema colonial del gobierno y a decidir democráticamente el status político permanente de Puerto Rico a la mayor brevedad posible, si fuere factible inmediatamente. Esta Resolución Concurrente lee así:

«Por cuanto, en todos los partidos políticos y sectores cívicos y económicos de Puerto Rico prevalece el criterio unánime de que el sistema colonial de gobierno debe ser total y definitivamente abolido;

«Por cuanto, la forma de status político definitivo que, a base de esta unánime convicción anticolonial, haya de tener el pueblo de Puerto Rico, debe ser democráticamente decidida por el voto libre del pueblo de Puerto Rico mismo;

«Por cuanto, es el deseo unánime del pueblo de Puerto Rico que; de acuerdo con su voluntad expresada a través y de los programas de los partidos políticos, su status político permanente sea resuelto a la mayor brevedad posible, si fuere factible inmediatamente, o a más tardar al terminar la guerra y estructurarse la paz, en la forma que sea más compatible con la mejor conducción de la guerra contra los poderes totalitarios, por tanto,

«Resuélvase por el Senado de Puerto Rico, con la concurrencia de la Cámara de Representantes de Puerto Rico:

Sección 1. Que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a nombre y en representación del pueblo de Puerto Rico, a través de esta Resolución Concurrente, plantea ante el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de América el derecho del pueblo de Puerto Rico a que termine el sistema colonial de gobierno y a decidir, en unas elecciones especiales libres y democráticas, su status político permanente por la libre voluntad del. pueblo de Puerto Rico mismo a la mayor brevedad posible, si fuere factible inmediatamente.

«Sección 2. Que si el Presidente y el Congreso de Estados Unidos de América juzgaren que para hacer efectivo este derecho y tomar acción favorable en cuanto a esta petición debiera aguardarse al momento en que se logre la victoria y empiece a estructurarse la paz, el pueblo de Puerto Rico aguardará con resignación patriótica hasta ese momento decisivo para sus naturales aspiraciones.

«Sección 3. Que copia de esta Resolución Concurrente sea enviada al Presidente de Estados Unidos de América, a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, al Secretario del Interior, al Comisionado Residente de Puerto Rico en Wáshington, al Gobernador de Puerto Rico y a la Prensa.:,

Esta Resolución Concurrente fue aprobada por ambas Cámaras, por el voto unánime, de pie todos sus miembros, en medio de jubilosas demostraciones patrióticas. fue acogida con aplauso por toda la opinión pública de Puerto Rico, y por toda la prensa, que exaltó el paso con entusiastas editoriales. La Isla se ponía de pie, echando al lado de momento discordias partidistas, para demander el derecho del país, y el fin del régimen colonial.

Para cumplimentar dicha Resolución Concurrente, la Legislatura aprobó una fey, de 24 de abril de 1943, creando una Delegación Permanente de la Asamblea Legislativa, integrada por el presidente del Senado y siete Senadores, y por el presidente de la Cámara y diez Representantes, con provisión de fondos para impresional y personal adicional necesario, y para trasladarse a Estados Unidos para llevar a cabo su cometido.

El 9 de marzo de 1943, el Presidente Roosevelt dirigió un mensaje especial al Congreso, recomendando que tan pronto sea posible sea enmendada la Ley Orgánica, para conceder a los puertorriqueños, el derecho a elegir a su gobernador, y para redefinir las funciones y poderes del Gobierno Federal y del Gobierno de -Puerto Rico. Anunció la designación de un comité, compuesto por norteamericanos y puertorriqueños, para estudiar la cuestión y ‘preparer un proyecto de ley para el Congreso. Para former este comité fueron designados Harold L. Ickes, presidente, y Abe Fortas, Rexford I. Tugwell, Robert A. McGowan, Luis Muñoz Marín, Martin Travieso, Celestino Iriarte y José Ramírez Santibáñez. La recomendación presidencial fue acogida con beneplácito por todos los principales sectores del pueblo de Puerto Rico, y con general beneplácito por el Congreso, salvo contadas reserves en algunos miembros del Congreso. Después de ‘ numerosas conferencias, el comité presidencial preparó un proyecto que fue sometido al Congreso, y presentando en el Senado Federal por el Senador Millard Tydings. El Comisionado Residente solicitó al Comité de Asuntos Insulares de la Cámara que, en luger de su proyecto hacia el mismo fin, se diera atención al nuevo proyecto. El proyecto concediendo el Gobernador electivo que preparó el comité presidencial, asesorado por funcionarios del Departamento de lo Interior de Wáshington, fue aprobado por el Senado.

Pero este proyecto nunca fue informado por el Comité de Asuntos Insulares de la Cámara. Este Comité, celoso de los derechos y prácticas investigatorias del Congreso, optó por proseguir su anteriormente expresado propósito de investigar ampliamente en el terreno toda la situación puertorriqueña . Aprobó la Cámara Baja de Wáshington la resolución del Representante Jasper Bell, presidente del Comité de Asuntos Insulares, a tal fin, y a la que hemos aludido anteriormente. Preocupaba a muchos legisladores norteamericanos la batallona cuestión del Gobernador Tugwell, contra quien pendían diversas medidas en el Senado y la Cámara para promover su remoción. El Comité Bell, después de prolongadas audiencias en Puerto Rico, rindió finalmente un informe en 1945 sobre la Administración de Tugwell en Puerto Rico, denunciando las normas y prácticas del Gobernador Tugwell, como intentos para estructurar en Puerto Rico un gobierno regimentado a la usanza fascista. Varios miembros de este comité congresional pensaron que unas elecciones para elegir gobernador en Puerto Rico, a celebrarse bajo la gobernación de Tugwell, podrian no ser lo deseadamente imparciales. Equivocados o no equivocados en este criterio prevaleciente en el Comité de Asuntos Insulares de la Cámara, no pudo lograrse, a pesar de gestiones diversas de parte del Comisionado Residente y otros lideres puertorriqueños, que el proyecto de gobernador electivo fuera informado a la Cámara de Representantes. Dificultaba además la acción del Congreso la atención primordial que’el Presidente y el Congreso forzosamente daban a la situación internacional de la Segunda Guerra Mundial, entonces en pleno apogeo, con los apremiantes problemas consiguientes de magnitud nacional. Fred Crawford (Republicano de Michigan), miembro destacado del Comité de Asuntos Insulares de la Cámara, recabó del Presidente Roosevelt, sin éxito, la promesa de remover a Tugwell de la gobernación de Puerto Rico tan pronto como fuera aprobado el proyecto, a fin de que las elecciones en Puerto Rico para elegir al gobernador pudieran ser impárciales. El Departamento de lo Interior de Estados Unidos, di-: rigido por Harold Ickes, encargado de los asuntos de la adminis7tración de Puerto Rico en Wáshington, tuvo más interés en rete-‘ ner a Tugwell en la gobernación que en propiciar el proyecto de reformas para Puerto Rico, que aparecía obstaculizado por la presencia de Tugwell en la gobernación de la Isla. La situación prevaleciente demoró la reforma por cuatro años más.

Mientras tanto, seguía en Puerto Rico la candente controversia partidista, a la que echaba fuego la continuación de Tugwell en la gobernación, que fue motivo de incesante protesta de parte de los partidos de la Coalición y las instituciones antes mencionadas, a la cual protesta se unieron todos los grupos que quedaban en la Unificación Tripartita, Y también luego el partido Liberal. A la protesta puertorriqueña se unieron importantes entidades nacionales norteamericanas de agricultores Y obreros, como la Farm Bureau Federation y la American Federation of Labor, que adoptaron resoluciones contra la gobernación de Tugwell en Puerto Rico.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en 1943, surgió una situación muy debatida, con respecto a un proyecto de ley originado en la Cámara que afectaba a un número de corporaciones gasolineras, que resultaban favorecidas en cuatro millones de tributos. El presidente del Senado Luis Muñoz Marín hizo una sensacional denuncia desde el floor del Senado, imputando a hombres de su partido haber intervenido en ello. Exacerbado el presidente del Senado, declaró que él sería capaz de tomar la justicia por sus propias manos contra el responsable de tal medida aprobada que sorprendió a los legisladores. Hubo imputaciones entre miembros del partido Popular. Se designó una comisión conjunta de ambos cuerpos legislativos, que después :de prolongadas investigaciones y deliberaciones rindió informe suscrito por la mayoría Popular. Hubo otro informe disidente suscrito por los miembros (3oalicionistas y Unificacionistas. Esto dió pretexto a que se promoviera la reorganización de la Cámara de Representantes. Con el voto de 18 Coalicionistas, incluyendo ahora a Rafael Arrillaga Torréns, los Unificacionistas Julio Reguero y Gaspar Rivera, se aprobaron mociones declarando vacantes los cargos de Speaker, vicepresidente y secretario de la Cámara. La misma vótación eligió a Rafael Arrillaga Torréns como Speaker de la Cámara, a Julio Reguero como vicepresidente, y a Luis Archilla Laugier como secretario.

La nueva situación en la Cámara enagenaba del control de la misma al partido Popular. Propició el acercamiento entre Coalicionistas y Unificacionistas. Se promovió en una sesión del Comité Conjunto Supremo de la Coalición, celebrado en San Juan el 7 de ‘abril de 1943, un movimiento a favor de entendidos de la Coalición ton otros partidos. El 13 de abril de 1943 se celebró reunión conjunta de los líderes Coalicionistas y otros líderes procedentes de la Unificación Tripartita, con la asistencia de Celestino Iriarte, Lino Padrón Rivera, Prudencio Rivera Martínez, Miguel Angel García Méndez y Antonio Reyes Delgado, donde campeó ambiente para formar un frente unido de oposición política frente al partido Popular. Esta sesión fue seguida de un llamamiento público que, en abril 15, 1943, suscribieron Lino Padron Rivera y Celestino Iriarte, a nombre de los partidos coligados Socialista y Unión Republicana, para formar tal frente unido. El 20 de abril de 1943, inido el Comité Central de la Unificación Tripartita, bajo la presidencia de Prudencio Rivera Martínez, se pronunció a favor del frente unido, considerando los lideres de la Unificación Tripartita al partido Liberal como entidad ya separada de la Unificación Tripartita. El movimiento tendía a formar una nueva colectividad política, integrada por los partidos de la Coalición y los grupos Laborista y Republicano Reformista de la Unificación.

Los Socialistas, sin embargo, aunque partidarios de un frente unido de los partidos de oposición, fueron siempre refractarios a fisiones de su partido con otros partidos, en el deseo de mantener la personalidad independiente del partido, con su nombre, símbolos y peculiar tradición e ideología.

Conocida la actitud de los Socialistas en cuanto a fusiones, el 27 de junio de 1943 se celebró en el barrio Tallaboa, en Peñuelas, una reunión de líderes de la Unión Republicana y Unificacionistas, asistiendo también antiguos líderes Liberales insatisfechos con; la; colaboración que el partido Liberal bajo la presidencia de RaIrúrez Santibáñez ofrecía al partido Popular. A esta reunión, importante por los ulteriores acontecimientos, asistieron, entre otros, de parte de la Unión Republicana, Celestino Iriarte, José A. Balseiro, Jorge Lucas Valdivieso, Agustín E. Font, Ramón Llobet Jr., José Tormos Diego, Ildefonso Freyre, Lorenzo Balasquide, Eugenio Lecompte, José Rosario Gelpí, Ignacio Roca Bacó, Rafael Rodríguez Schettini, Jesús Stella, José Acosta, J. A. Zapata, Gabriel Llinás y Fernando Usera; y de parte de la Unificación, Miguel Angel García Méndez, Manuel Marín, Juan Angel Tió, Miguel Godreau y Delfín Rodríguez Carlo; y de parte de los Liberales, Pastor Mandry, Alfredo Merlo, A. Hernández Alvarez, José Quilinchini, Gabriel Soler, Ricardo Rodriguez y Domingo Vivaldi Pacheco. Se acordó, en principio, favorecer el entendido político. Se adoptó un acuerdo, unánime, para «rescatar a Puerto Rico del desgobierno que padece la Isla.

Los Socialistas se reunieron en asamblea general extraordinaria, previo acuerdo del Comité Ejecutivo Territorial, para atraer a los Laboristas. Los Laboristas respondieron al llamamiento para reintegrarse al partido Socialista, salvo ovejas descarriadas en los predios de otros partidos, y salvo algunos que en el revuelto mar político lograron permanecer en sus posiciones gubernamentales bajo la égida del Partido Popular. Los altos hornos del presupuesto gubernamental siempre lograron en Puerto Rico hacer milagros de conversiones partidistas.

Esta asamblea Socialista se celebró el 5 de septiembre de 1943, en el Teatro San Luis, de Arecibo, bajo la presidencia de Bolívar Pagán. Este abrió el acto pronunciando extenso discurso, radiado a la vez por diversas estaciones a toda la Isla, discutiendo la situación política y de gobierno de Puerto Rico, combatiendo al partido Popular, y exhortando al olvido de discordias anteriores dentro del partido. A este último fin, dio cuenta de una resolución aprobada por el Comité Ejecutivo Territorial Socialista que reintegraba a los Laboristas al partido Socialista y les acogia en las asambleas locales que eligieron a los delegados a esta asamblea extraordinaria.

El comité de credenciales, compuesto por Juan Carreras, Nicolás Nogueras Rivera y Pascasio Gotay, informó la presencia de 1,145 delegados debidamente electos y acreditiados por todas las Secciones del partido en las-77 municipalidades de la Isla. Antonio Reyes Delgado saludó a la asamblea a nombre de la Sección de Arecibo, y contestó Isabelino Marzán a nombre de las demás Secciones de la Isla.

Se aprobó unánimemente; en medio de clamorosa ovación, la resolución del Comité Ejecutivo Territorial que restablecía la unidad del partido Socialista reintegrando a los Laboristas, quienes con las salvedades anotadas, volvieron en grupo al partido.

Previo informe del comité de programa rendido por Sixto A. Pacheco, y después de detenida consideración y animados debates, se aprobó el programa del partido. Este programa, en su aspecto político, hizo declaración terminante contra el sistema colonial, y declaró que se demandaría del Congreso de Estados Unidos la aprobación de una ley (enabling act) para que el pueblo de Puerto Rico, mediante representantes electos, redacte y apruebe una constitución para el ingreso de Puerto Rico como un nuevo Estado de los Estados Unidos.

En el aspecto social se aprobaron resoluciones sobre problemas económicos palpitantes; y se ratificaron los principios doctrinales de otras convenciones d el partido . Se reeligió por unanimidad a Bolivar Pagán como presidente del partido. El resto del Comité Ejecutivo Territorial quedó integrado en la forma siguiente: Lino Padrón Rivera, primer vicepresidente; Santiago Carreras, secretario general; Francisco Rodriguez Rovira, tesorero general; vicepresidentes at large, Antonio Reyes Delgado, Isabelino Marzán, Jorge Gauthier, Nicolás Nogueras Rivera, Cirilo Avilés, Bolívar Ochart, Josefina Tglesias de Laborde, Rafael Landrón Landrón, Juan Carreras, Sandalio E. Alonso y José A. Salva; vicepresidentes de distrito, por Guayama, Valentín Castrillo, Demetrio Guzmán, Sergio López, Marcelino Moreno y José H. Cora; por Mayagüez, Sixto A. Pacheco, Ludovico Mattei, Nelson Silva Ocasio, José Román Ríos y Blas Laino; por San Juan, Luis Pérez Peña, Luis R.

Moczó, Santiago Mayol de Hostos, José Garrido Collazo y Alberto Hernández; por Humacso, Pascasio Gotay, Cristóbal del CamPo, Juan Fuentes Leduc, Mateo Pérez Sanjurjo y Agapito González; por Arecibo, Emilio Dávila, Enrique Torres Concepción, Carlos Stuart, Ernesto Aulet y Artemio Nieves; por Aguadilla, Arturo Lacomba, Luis F. Rodriguez, Bernardino Villanueva, José Padró Quiles y Sergio Vélez; y por Ponce, Tomás Ortiz,lRafael L. Piris, Herminia Tormes, Pascasio Cartagena y Cristóbal Negrón Morell.

Descontentos los Liberales con la conducta del gobernador Tugwell y del partido Popular, y en un esfuerzo para agrupar fuerzas dispares hacia sus filas, se reunieron en asamblea general. Descartaron la aspiración definida de status político, y, denunciando el régimen colonial, se acogieron a la demanda del plebiscito. Esta asamblea tuvo lugar en el Teatro Puerto Rico, en Santurce, el 19 de diciembre de 1943, bajo la presidencia de José Ramirez Santibáñez.

Constituida la asamblea, después de oir el informe del comité de credenciales presidido por Benicio Sánchez Castaño, Ramirez Santibáñez hizo un extenso discurso exponiendo la situación poítica y las relaciones y experiencias del partido con el Gobernador Tugwell y el partido Popular. El comité de resoluciones, presidids por Félix Ochoteco Jr., rindió informe sobre el programa del partido, el cual programa, después de breve debate, fue aprobado. En su aspecto político, este programa se expresa de la manera siguiente:

«El partido Liberal Puertorriqueño, por su génesis y por su historia, ha sido siempre el campo de reunión de todas las tendencias libertarias que han agitado al pueblo puertorriqueño.

La Independencia de Puerto Rico, el Estado Federal de Puerto Rico, y el Gobierno Autonómico de Puerto Rico, han sido postulados por el partido Liberal Puertorriqueño, unidos o separadamente, como expresiones máximas del justo y natural anhelo de libertad y soberanía del pueblo de Puerto Rico.

«Hoy, como ayer, por una preferencia común a la sinceridad libertaria de este partido, el Liberalismo puertorriqueño continúa siendo el único posible campo de reunión de todos los libertarios de Puerto Rico.

«Consciente con su génesis y con su historia, y con espíritu de absoluta lealtad a los adeptos y propulsores de distintas tendencias libertarias que, por preferencia común y por su patriotismo y su conciencia política, han hecho posible el alto significado político y social del partido Liberal Puertorriqueño, esta agrupación de hombres dignos y amantes de la libertad, solemnemente declare:

«Que el régimen de tipo colonial implantado por los Estados Unidos en Puerto Rico desde que asumiera soberanía sobre esta Isla como consecuencia de la Guerra Hispano-Americana de 1898, ha tenido desde su inicio, y sigue teniendo y mereciendo, el rechazo unánime del pueblo puertorriqueño, que condena la injusticia y la indignidad del régimen, inadmisible e inadecuado, e impropio de un pueblo de antigua civilización cristiana, ejercitada por luengos años en la práctica diaria del civismo y del derecho.

«Que el sostenimiento permanente de ese régimen colonial, o una simple referencia superficial del mismo pondrán en entredicho ante Puerto Rico y ante el mundo entero la reconocida grandeza libertaria de los Estados Unidos de América y sus antiguos y actuales postulados al pueblo puertorriqueño en un estado perenne de frustración, impotencia e inconformidad.

«Que es imperativo e inaplazable, y se impone por razones elementales de dignidad y de justicia, una definición terminante, vaciada en moldes ciertos y seguros de libertad, del status político superior que por derecho corresponde a Puerto Rico.

«Que es deber moral ineludible de los Estados Unidos de América el poner a la disposición del pueblo de Puerto Rico los medios regales que le permitan tracer a éste esa necesaria y reinvindicadora definición.

«Que es deber moral ineludible de Estados Unidos de América el honrar y llevar prontamente a su consumación el status superior político que el pueblo de Puerto Rico por su propia voluntad define.

«Y por razón y fuerza de todo cuanto queda declarado, este Partido Liberal Puertorriqueño, consecuente con su génesis, su historia y su composición interior, también declare en este día, reunido en asamblea general, que el más certero y lógico postulado político-constitucional, de acción inmediata, que puede ser puesto al servicio de la cause libertaria de Puerto Rico, es el que reside en la persistente y enérgica repudiación del régimen colonial a que nuestro pueblo viene sometido; y en la demanda, no menos enérgica y constante, de que se reconozca y se honre por los Estados Unidos de América el derecho de los puertorriqueños, a escoger por sí mismos, en plebiscito libre y democrático, la forma superior de libertad y de gobierno que satisfaga a la conveniencia, a la seguridad insulares. Y a este postulado constitucional se abraza y se obligue, desde hoy, el partido Liberal Puertorriqueño, por considerarlo único que puede reunir en un haz patriótico a todos los libertarios puertorriqueños ante la injusticia y la indignidad de la colonia, y ante el derecho inalienable de nuestro pueblo a escoger libremente entre la República Independiente de Puerto Rico, el Estado Federal de Puerto Rico, y el más amplio gobierno autonómico de Puerto Rico..

Se aprobó además un extenso programa de medidas administrativas, económicas y sociales, para ser propulsadas por este partido. Entre estas medidas figuraban, poner en vigor e implementar la disposición federal prohibiendo a corporaciones la tenencia de sierras en exceso de quinientos acres; para derogar el entonces vigente llamado Impuesto de la Victoria; hacer más equitativo el tributo de income tax; reajustar el presupuesto, eliminando las agencies innecesarias de nueva creación, e introducir en todo lo posible economías; e implantar seguros sociales, de desempleo, vejez y otros.

Quedó sobre la mesa una resolución mediante la cual el partido le retiraba la confianza al Gobernador Tugwell.

Se enmendó el reglamento del partido, como resultado de lo cual quedó eliminado de su cargo Epifanio Fiz Jiménez como miembro de la Comisión Ejecutiva del partido. Se reorganizó el Comité Ejecutivo del partido, quedando éste integrado por José Ramírez Santibáñez, presidente del partido, Félix Ochoteco Jr., Manuel Pavía Fernández y Josefina Barceló de Romero.

La Junta Central del partido Liberal reunida en sesión, en el Beach Club, de Arecibo, el 30 de enero de 1944, bajo la Presidencia de José Ramírez Santibáñez, consideró una resolución con respecto al Gobernador Tugwell, presentada por Luis Archilla Laugier. Esta resolución fue estudiada e informada por un comité compuesto por Manuel Pavía Fernández, Rafael Rodríguez Pacheco, Herminio Miranda, Luis Archilla Laugier, José E. Gelpi y Gaspar Rivera Cestero. Esta resolución, tras breve debate, fue aprobada; y la misma daba instrucciones a Rafael Rodríguez Pacheco, Representante Liberal, para que en la próxima sesión legislativa presentara en la Cámara una resolución demandando a las autoridades de Wáshington la designación de un nuevo gobernador en sustitución de Tugwell. Entre otros acuerdos, se adoptó uno disponiendo que el partido Liberal acudiría solo a los comicios en 1944, sin entendidos o pactos con otros partidos.

Reunida la Legislatura en las sesiones ordinarias de 1944, y descontenta la Coalición y los miembros procedentes de la Unicación con la conducta del Speaker Rafael Arrillaga Torréns, por continuar éste en consorcio y colaboración con el partido Popular y el Gobernador Tugwell, se propuso otra vez en la Cámara de Representantes la declaración de la vacante del Speaker. Esta proposición fue ahora aprobada, con los votos de 17 Coalicionistas, los 2 Unificacionistas y el Liberal, y fue derribado Rafael Arrillaga Torréns de la presidencia de la Cámara. En su luger, y por la misma votación, fue electo Speaker Rafael Rodríguez Pacheco.

Reunida días después la Junta Central del partido Liberal, después de animados debates, aprobó la exaltación de Rafael Rodriguez Pacheco como Speaker de la Cámara. Varios miembros de la Junta Central, inconformes, presentaron las renuncias de sus cargos, entre ellos el presidente del partido José Ramírez Santibiñez y el vicepresidente Félix Ochoteco Jr., renuncias que quedaron sobre la mesa.

El 23 de abril de 1944, se reunió otra vez el partido Liberal en asamblea general extraordinaria, que tuvo lugar en el Teatro San Luis, de Arecibo. Organizada la asamblea, Ramírez Santibáñez designó para presidirla a Félix Ochoteco Jr. Sometida a la asamblea la renuncia de José Ramírez Santibáñez como presidente del partido, ésta fue aceptada, en votación de 224 contra 194. Ramirez Santibáñez y un grupo de sus adeptos abandonaron la asamblea y el partido. La asamblea rehusó aceptar la renuncia del vicepresidente Félix Ochoteco Jr. Este declaró que él permanecía donde estuviere el partido Liberal. Por aclamación fue electa Josefina Barceló de Romero presidenta del partido Liberal. Félix Ochoteco Jr. fue aclamado para proseguir en la vicepresidencia del partido. Igualmente fue aclamado José Enrique Gelpí como secretario general.

En el campo Unificacionista y de la Unión Republicana había prosperado rápidamente el movimiento hacia un frente unido. Habiendo rehusado los Socialistas hacer fusiones políticas, y después de varias reuniones conjuntas de comisiones de contacto designadas por la Unificación y la Unión Republicana, se pusieron de acuerdo estas comisiones para hacer la fusión de la Unificación y la Unión Republicana. El grupo Laborista de la Unificación, con la excepción de Prudencio Rivera Martínez y algunos otros, ya se había reintegrado con todos los honores y consideración al seno del partido Socialista. La Unificación quedaba integrada prácticamente por el grupo denominado Republicano Reformista, que seguía a Miguel Angel García Méndez, en unión a algunos Liberales que no siguieron a este partido al separarse de la Unificación. Permanecía la Unificación presidida por Prudencio Rivera Martínez quien, en cuanto a su grupo Laborista dentro de la Unificación, era entonces prácticamente como un capitán de barco sin tripulación. Para llevar a cabo la fusión convenida, se celebraron simultáneamente dos asambleas. Como se verá, el concierto se haría cambiando la Unificación su nombre por partido Progresista, y luego este partido Progresista se fundiría con el partido Unión Republicana, cambiando éste a la vez su nombre por partido Union’ Republicana Progresista.

La asamblea de la Unificación tuvo lugar en el Teatro Nacional, de Santurce, el 80 de abril de 1944, bajo la presidencia de Prudencio Rivera Martinez. E1 comité de credenciales fue presidido por Antonio Defendini; el de programa quedó presidido por Miguel Angel García Méndez; y el de resoluciones fue presidido por Hipólito Marcano.

Rendido el informe del comité de credenciales y organizada la asamblea, Prudencio Rivera Martínez dejó la presidencia para tomar parte en las deliberaciones. Ocupó entonces la presidencia Rafael Padró Parés. «No podemos ya más con la farsa de la justicia social. Creemos en la libertad y la justicia, y por eso necesitamos estructurar la entidad que nos permitirá destruir los intereses antagónicos al trabajo y al pueblo de Puerto Rico:., dijo, entre otras cosas, Prudencio Rivera Martínez al abandonar la presidencia Miguel Angel García Méndez pronunció un largo discurso sobre la situación política y la necesidad de integrarse una nueva colectividad política.

Tras coplas entonadas por el conocido cantor popular Chuíto, que resonaban como el canto del cisne del partido Unificación Tripartita Puertorriqueña, se aprobó unánimemente una resolución cambiando el nombre de este partido por Partido Progresista Puertorriqueño. Se aprobó un programa que en el aspecto político propugnaba la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos, con mires a la Estadidad; y en otros aspectos contenía una serie de medidas administrativas, económicas y sociales que propulsaría el partido, y seguidamente se aprobó la resolución principal, que en su parte dispositiva, dice:

«Resuélvase por la asamblea extraordinaria del Partido Progresista Puertorriqueño, antes Unificación Puertorriqueña, a condición de que este nombre de nuestro partido sea usado conjuntamente con el nombre del Partido Unión Republicana, y en evitación de trámites inscripcionarios que sin dude tomarían a sus componentes y directores tiempo precioso del necesario para la más eficaz y enérgica campaña contra el desgobierno imperante, y a condición asímismo de que se mantenga incólume en el programa político nuestro ideario pro unión permanente con el pueblo de Estados Unidos y de que se apruebe sustancialmente por la Unión Republicana el programa económico y social de vasto alcance liberal aprobado por nuestro Comité Central, y que también ha sido aprobado por esta asamblea, procede verificar y así se lleva a efecto la fusión de este partido con el partido Unión Republicana para que los componentes de ambos laborar en común para la realización de los fines antes enunciados, usando como nombre nuevo de dicha fusión el de Partido Unión Republicana Progresista»

En el mismo día 30 de abril de 1944, como hemos indicado, se reunió en asamblea general extraordinaria el partido Unión Republicana, en el Teatro Puerto Rico, en Santurce, bajo la presidencia de Celestino Iriarte. Después de constituída la asamblea, Iriarte pronunció un discurso de apertura, abarcando la situación política general, fustigando las alegadas parcialidades y arbitrariedades gubernamentales del Gobernador Tugwell, y exhortando a la unión de todos para la lucha electoral venidera. El comité de resoluciones quedó presidido por Leopoldo Figueroa.

Compareció ante esta asamblea una comisión de la asamblea que se celebraba simultáneamente en el Teatro Nacional, presidida por Miguel Angel García Méndez. Este fue recibido con cálidas demostraciones de beneplácito, de pie la asamblea, acogido como el hijo pródigo que regresaba al hogar de la Unión Republicana. Pronunció un breve discurso, propulsando la unión de todos, que fue muy aplaudido. Le respondió Rafael Cuevas Zequeira, en adecuados términos, quien igualmente fue muy aplaudido.

Luego informó ampliamente Leopoldo Figueroa, presidente del comité de contacto, sobre las gestiones llevadas a cabo con éxito para incorporar la Unificación al partido Unión Republicana, y dio cuenta con el acuerdo convenido a tal fin. La asamblea aprobó la fusión convenida por el comité de contacto, quedando así concertada la fusión del Partido Unión Republicana con la Unificación, y cambiando a la vez aquel su nombre oficial, de manera que en adelante se llamaría partido Unión Republiaina Progresista.

Redactada por Rafael Cuevas Zequeira, el comité de resoluciones, por su portavoz Leopoldo Figueroa, sometió a la asamblea una resolución, aue en la parte dispositiva lee como sigue:

«La Unión Republicana Progresista, fiel a los postulados históricos de las agrupaciones que fueron sus antecesores en la vida pública, con el fin de darle el alto grado de libertad y de prosperidad que resulta para Puerto Rico de su convivencia como parte integrante de los Estados Unidos de América, y coIno firme expresión del derecho de los puertorriqueños a gozar en toda su plenitud de los privilegios de la ciudadanía americana, declare:

«1. Que Puerto Rico debe ser admitido como Estado de la Confederación de Naciones Libres que forman los Estados Unidos de América. A los fines de lograr la concesión de la Estadidad para nuestra Isla, la Unión Republicana Progresista, a través de sus organismos, llevará a cabo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos una intensa labor de propaganda y de mutua comprensión, y demandará a las autoridades federales el cumplimiento de las obligaciones históricas que la Nación contrajo con la Isla al concedernos la ciudadanía y al asumir todos los derechos que se derivan de tal condición política.

«2. La Unión Republicana Progresista declare estar plenamente convencida de que la paz social depende del reconocimiento del hecho de que los individuos como los gobiernos vienen obligados a la observancia de principios morales que tienen su origen en la voluntad del Supremo Hacedor. En obediencia a este dogma, la Unión Republicana Progresista se considera irrevocablemente obligada a mantener por medio de legislación adecuada, justa, razonable y humane, una organización social que descanse en el principio cristiano de la dignidad de los seres humanos, y en tal sentido tratará de resolver los problemas sociales, económicos, de salud pública, del trabajo, educación, de beneficencia, agrarios, y de administración de justicia, de acuerdo con las tendencias modernas.

«3. En cuanto concierne al problema de la hacienda pública, a la fijación de tributos que deben ser destinados para cubrir los presupuestos insulares, la Unión Republicana Progresista declare que favorecerá por todos los medios a su alcance la realización de un estudio científico de todas las necesidades legitimas del Gobierno, de todos 108 servicios públicos indispensables al bienestar del pueblo, en armonía con los principios imperantes de justicia social bien equilibrada. A tal respecto, la Unión Republicana Progresista mantendrá un sistema contributivo que permita cubrir en toda su extensión las erogaciones que sean necesarias para los altos fines enunciados. Al propio tiempo, la Unión Republicana Progresista, que condena el dispendio vicioso de los fondos públicos, considera que deben desaparecer por inútiles y extravagantes todos los cargos, autoridades, oficinas y comisiones innecesarias con las cuales se perturba el mecanismo normal del gobierno, que encumbra indebidamente el presupuesto y se recarga al contribuyente con la imposición de tributos que llegan a los límites del despojo.>

Entre otras resoluciones informadas y aprobadas, figura una contra el Gobernador Tugwell y contra funcionarios del Departamento de lo Interior de Estados Unidos, que refleja el sentimiento del momento prevaleciente contra la conducta de Tugwell y altos funcionarios federales. En su parte dispositiva, esta resolución se expresa en la forma siguiente:

«Por tanto, el partido Unión Republicana Progresista, reunido en asamblea extraordinaria, declare:

«Primero Que el Gobernador Rexford G. Tugwell, es un funcionario indeseable para este país, por su conducta arbitraria contumaz en contra de los más sagrados intereses de este pueblo, al cual, por su conducta, ocasiona daños irreparables.

«Segundo. Que el Jefe del Negociado de Asuntos Insulares del Departamento de lo Interior de los Estados Unidos, Benjamín Thoron, se ha divorciado del cumplimiento de su deber, solidarizándose con los actos y la conducta indeseable, antirepublicana y antidemocrática del Gobernador Rexford G. Tugwell, y es cómplice de dicho gobernador en sus actos de mal gobierno.

«Tercero. Que asimismo el Subsecretario del Interior, Abe Fortas, ha cometido un delito de alta traición política con este país y ha faltado a la lealtad que debe al Congreso de los Estados Unidos, al cual ha pretendido llevar hechos falsos sobre la verdadera situación agobiante que sufre Puerto Rico bajo la administración de Rexford G. Tugwell.

«Cuarto. Que igualmente el Secretario del Interior de los Estados Unidos, HDId L. Ickes, quien es directamente responsibla de los actos arbitrarios realizados en esta Isla por el Gobernador Tugwell y de la actitud execrable de sus subalternos, el señor Thoron y el señor Fortas, se trace acreedor a la más severa y merecida censure de este pueblo, al cual no ha sabido interprétar como lo impone su condición de comunidad americana atropellada y vilipendiada inmisericordemente e indebidamente por el Departamento que dirige.

Se adoptó otra resolución demandando del Presidente la inmediata destitución del Gobernador Tugwell.

Al finalizar la asamblea, aprobada la fusión, todos los delegados de la otra asamblea de la Unificacion, que adoptó el nombre de Progresista, reunida en el Teatro Nacional, se trasladaron al Teatro Puerto Rico, donde en medio de regocijo general de los delegados de ambas asambleas quedó consumada la fusión del partido Unión Republicana y la Unificación 0 partido Progresista, quedando formado el nuevo partido con el nuevo nombre de partido Unión Republicana Progresista; y fue celebrada tal fusión con fraternales y entusiastas discursos finales pronunciados por Celestino Iriarte, Rafael Cuevas Zequeira, Agustín E. Font, Leopoldo Figueroa, José A. Balseiro, Miguel Angel García Méndez, Prudencio Rivera Martínez y Adolfo García Veve.

Se aproximaban las elecciones de 1944, y quedaban los campos partidistas deslindados, pendientes de conferencias del partido Unión Republicana Progresista con los partidos Liberal y Socialista, dentro del ambiente que prevalecía de unir fuerzas electorales para confrontarlas al partido Popular Democrático. Era evidente el avance y vigoroso empuje del partido Popular Democrático que, como ningún otro partido en toda la experiencia colonial de Puerto Rico, había obtenido el dominio prácticamente completo de la administración insular, y tenía el beligerante apoyo del Gobernador y de la Administración Federal, y era creciente su avasalladora fuerza popular por la legislación social aprobada, que era precise mente objeto de eficaz e impresionante propaganda. A la vez, e Gobierno Insular, para implementar sus programas, tuvo ingresos multiplicados y extraordinarios, que se anotarán más adelante, Si precedentes tampoco en toda la historia fiscal de Puerto Rico, por el auge en la prosperidad económica insular producida en diverso, aspectos, y en gran parte a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

El 20 de agosto de 1944, se reunió en asamblea general el partido Popular Democrático, en el Teatro La Perla, de Ponce, bajo la presidencia de Luis Muñoz Marín. El comité de credenciales quedó presidido por Santiago R. Palmer; y el comité de resoluciones fue presidido por Benjamin Ortiz. Consituída la asamblea después del informe del comité de credenciales, hizo un discurso de salutación a la misma el Alcalde de Ponce Andrés Grillasca. Después del discurso de apertura del presidente Muñoz Marín, y anunciadas las nominaciones para las candidaturas al ticket Popular para las elecciones de 1944, se promovieron escenas tumultuosas con respecto al candidato para Comisionado Residente. Al mencionarse los nombres de Antonio Fernos-Isern y Rafael Arjuna que en mobre de Arjona Siaca fue acogido con estruendosas manifestaciones de respaldo. El presidente Muñoz Marín objetó la candidatura de Arjona Siaca, lo que dio lugar a acalorado discurso de este invocando la democracia y la libertad de la asamblea para nominar a sus candidatos. El incidente promovió revuelo y excitación de ánimos en la asamblea. Finalmente el presidente Muñoz Marín, o al candidato que éste designare. Esto fue aprobado. Muñoz Marín designó a Jesús T. Piñero como candidato para Comisionado Residente. Para Senadores at large se nominó a Luis Muñoz Marín, Vicente Géigel Polanco y Rafael Arjona Siaca; y para Representantes at large a Samuel R. Quiñones, Ernesto Ramos Antonini y Benjamin Ortiz. Se ratificaron las demás nominaciones de distritos senatoriales y representativos de las convenciones de distrito y locales del partido y las candidaturas municipales.

Presentada por Luis Muñoz Marín y Vicente Géigel Polanco, la asamblea aprobó la siguiente resolución sobre el status político:

El partido Popular Democrático reanuda su solemne compromiso con el pueblo de que el status político no está en controversia en las elecciones generales de 1944. En consecuencia, los votos que se den a favor del Partido Popular no se interpretarán en forma alguna, ni bajo circunstancia alguna, como votos en favor de status político futuro alguno. El partido Popular Democrático, contrario como es a la permanencia del régimen colonial de gobierno, se compromete solemnemente a someter a la decisión directa del pueblo de Puerto Rico, no más tarde del momento de estructurarse la paz mundial, – no a través de organizaciones ni de intermediarios en forma laguna, sino directamente a cada elector en votación enteramente aparte de elecciones, la consulta sobre el status político final que el pueblo de Puerto Rico quiera para el ejercicio pleno de sus derechos y el mejor desenvolvimiento de su porvenir.

Otra resolución sometida por el comité de resoluciones y aprobada por la asamblea fue la siguiente:

Programa económico social.

El pueblo de Puerto Rico anhela una civilización cuyos alcances espirituales se funden en la justicia y en la seguridad económicas, en la eliminación de la pobreza extrema y en la terminación del privilegio aniquilador. El logro de esa civilización requiere que se distribuya, con la mayor justicia posible, la riqueza que produce Puerto Rico todos los años por la inteligencia y la faena de su pueblo, y demás que se tomen todas las medidas factibles para aumentar la producción de riqueza en Puerto Rico para beneficio del pueblo entero de Puerto Rico para beneficio del pueblo entero de Puerto Rico. Para aumentar la producción y hacer valer más en felicidad humana, la justicia social que anhela nuestro pueblo, son factores esenciales:

  1. Aumentar por medio de la salud y de la educación, la capacidad humana para producir.
  2. Utilizar hasta el máximo la tierra utilizable y no utilizada, y proveer y mejorar los medios y los instrumentos de utilizar esa tierra en la forma mas fructífera posible.
  3. Desarrollar plenamente los recursos naturales del país;
  4. Propulsar, por el Gobierno y por la iniciativa privada el fomento de la industria en Puerto rico hasta el número de sus posibilidades.

Para la gran obra del pueblo de Puerto Rico, que estamos llevando a abo, necesitamos seguir haciendo y perfeccionando las leyes que estructuran la idea de esa obra de civilización; desarrollar y sostener, en el plano mas alto, las instrumentalidades, los hombre, y la actitud eficiente, pura y creadora de espírutu para el cumplimiento mas efectivo de lo que significan esas leyes, y legar a tener las facultades, los medios y la autoridad, en forma adecuada y propicia, para todo lo que implica mantener la obra en el camino de su desarrollo.

El partido Popular Democrático comparece ante la concienceia del pueblo puertorriqueño en este año de mil novecientos cuarenta y cuatro, y desde entonces en plan de progresivo desarrollo y fecundo cumplimiento en todas sus partes. Aspectos esenciales de este abarcador programa de justicia social, son la legislación de sierras con sus mecanismos para poner término al latifundio corporativo; hacer que la sierra se convierta en una fuente de vida, de dignidad y de libertad económica para los hombres y las mujeres que la trabajan, y afrontar el problema de las miles de familias de agregados que no tienen donde asentar sus viviendas; la legislación de salario mínimo con instrumentación adecuada para proveer compensación razonable y decente a todos los obreros; la legislación protectora del trabajo en extremos de tanta importancia como la mejora del estatuto de compensaciones por accidentes del trabajo, la protección de los madres obreras, la evitación de discrimenes patronales, la garantía del derecho de contratación colectiva, la compensación por despidos injustificados y el programa de educación obrera; la legislación de carácter fiscal, eliminando cargas onerosas para el pueblo como el tributo sobre la sal y el impuesto sobre ventas, y, por otro lado,: el aumento de la contribución sobre ingresos al efecto de que las empresas que obtengan grandes beneficios contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas y las mejoras sociales en justa proporción a sus ganancias; la legislación protectora de la pequeña propiedad; la exención contributiva del hogar seguro valorado en menos de mil dólares; el programa de construcción de viviendas para familias obreras y de recursos limitados, y la consiguiente eliminación de arrabales; la legislación de fomento industrial con el propósito de crear nuevas fuentes de riqueza y brindar oportunidades de inversión al capital nativo y de ocupación decentemente renumerada al trabajo; el programa de trabajo de emergencia de guerra, con facilidades de empleo para miles de personas desocupadas a través de la Isla y ayuda efectiva para los ancianos desvalidos, los niños necesitados y la población inempleable. Agrégase a esto el Plan de mejoras públicas de Seis Años; la legislación protectora de clases a las cuales se había negado por largos años la debida justicia, tales como los maestros de instrucción, los policias y los chóferes; y la prestación de nuevos servicios sociales indispensables para garantizar el bienestar, la salud y la prosperidad del pueblo puertorriqueño.

«Todo este amplio programa de justicia social ha sido debidamente instrumentado en leyes que han estado en franco proceso de cumplimiento desde el año mil novecientos cuarenta y uno en que el Partido Popular Democrático asumió el poder público en Puerto Rico. Los frutos de bien, de justicia y de progreso que contemple esta legislación alcanzan ya a cientos de miles de puertorriqueños a través de todos los campos y pueblos de Puerto Rico. En efecto, se trata de una obra en marcha enderezada a rescatar la sierra y los recursos naturales para el aprovechamiento y beneficio del pueblo puertorriqueño, a levantar los niveles de vida y de trabajo, a poner los bienes materiales y espirituales de la civilización justicieramente al alcance de todas las clases sociales, a vigorizar la economía puertorriqueña y a hacer que ésta sirva los intereses y las necesidades de nuestro pueblo.

«El partido Popular Democrático se compromete solemnemente con el pueblo a continuar la obra emprendida en favor de su justicia, dando, como hasta ahora, estricto cumplimiento de la legislación promulgada en favor del mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. Procurará por todos los medios a su alcance dar a ese programa de justicia social la máxima expansión hasta asegurar un más alto nivel de vida y de trabajo a todos los puertorriqueños. Pondrá empeño en que este programa de mejoras sociales se complete en aquellos aspectos en que, por razones económicas o de emergencia de guerra, no ha sido cable tracer una labor de mayores alcances. Además del progresivo cumplimiento de la legislación ya aprobada, el partido Popular Democrático prestará atención preferible al problema de la seguridad social, a la expansión de la beneficencia médica y hospitalaria, al’ mejoramiento de las comunidades rurales con servicios adecuados para que nuestra población campesina reciba todos los beneficios de la civilización, al abaratamiento del coste de vida, a la aprobación de leyes razonables y justas de iniquilato, a la progresiva industrialización del país, al desarrollo de la escuela pública hasta el punto que abarque a toda la población de edad escolar y provea instrucción técnica, vocacional y cultural a tono con las necesidades de nuestro pueblo, a proveer, en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, medidas adecuadas para el reajuste a la vida civil de los soldados puertorriqueños; a la ampliación y mejoramiento de los servicios públicos, y a otros problemas económicos y sociales que de fijo contribuirán a mejorar los niveles de vida de nuestro pueblo.

«El partido Popular Democrático se compromete, en suma, a usar el poder público de Puerto Rico hasta el máximo de sus posibilidades para poner término a la explotación y al privilegio, y para seguir estableciendo la mayor justicia y seguridad económicas que sean factibles en beneficio de nuestro pueblo.

Entre los acuerdos de esta asamblea, antes de finalizar los trabajos, se aprobó uno extendiendo un voto de confianza al Gobernador Rexford G. Tugwell.

El partido Socialista se reunió en convención general en el Teatro Tres Banderas, en San Juan, el 19 de agosto de 1944, bajo la presidencia de Bolívar Pagán. Para presidir el comité de credenciales fue designado Juan Carreras. Oído el informe de’ este comité, y constituída la convención, y después de aprobar varias mociones pertinentes al acto, y oir la convención un discurso de Santiago Mayol de Hostos dándo la bienvenida- por San Juan a los delegados de !a Isla y oir otro discurso de contestación a nombre de las delegaciones de la Isla pronunciado por Antonio Reyes Delgado, el presidente Bolívar Pagán pronunció un extenso discurso de aperture que duró varies horas, radiado a toda la Isla, sobre la situación política general y sobre la gestión de gobierno del partido Popular.

Luego se designaron por el presidente del partido los diversos comités de la asamblea; el comité de programa quedó presidido\ por Nicolás Nogueras Rivera; el comité de pacto quedó presidido por Lino Padrón Rivera; y el comité de resoluciones quedó presidido por Antonio Reyes Delgado.

El comité de programa, por su portavoz Nicolás Nogueras Rivera, informó sobre diversas medidas para enmendar el programa del partido Socialista, que fueron aprobadas. Entre estas enmiendas figuran el reparto de’ sierras labrantías a veteranos; sobre redúcción de la jornada de trabaio; sobre política ágraria tendiente a suprimir los impuestos sobre las sierras poseídas por individuos; sobre hogar seguro, para eximirlo de contribución hasta un valor de $5,000; y para crear fondos para ayuda de desempleados. Con estas enmiendas, quedó ratificado y aprobado otra vez e1 programa vigente del partido según lo aprobó la precedente convención de 1943, en sus aspectos político y social-económico.

El comité de constitución informó proponiendo la ratificación del texto de la constitución vigente del partido, con ligeras enmiendas, lo que fue aprobado.

Igualmente se aprobaron diversas resoluciones propuestas por el comité de resoluciones, mediante su portavoz Antonió Reyes Delgado. Los asuntos objeto de las resoluciones propuestas, que fueron aprobados, en su mayor parte pasaron a formar parte del programa del partido, o fueron endosados al comité de pacto por’ referirse a relaciones y demandas sobre proyectos de pacto con otros partidos. Entre estas resoluciones, se aprobó una declarando al Gobernador Tugwell enemigo del partido Socialista.

No habiéndose puesto de acuerdo los comités de pacto designados al efecto’ de los partidos Socialista, Unión Republicana Progresista y Liberal, la convención Socialista se constituyó dramáticamente en convención secrete, después de pedir el presidente del partido que desalojaran el salón los representantes de’ la Prensa y todos aquellos espectadores que no fueran Socialistas militantes. Después de un prolongado discurso del presidente del partido, se nominaron los candidatos Socialistas para Comisionado Residente; Senador y Representante at large, y para todos los cargos electivos legislativos y municipales, de manera que el partido acudiera a las urnas en 1944 solo, sin pactos ni entendidos con otros partidos. Antonio Reyes Delgado, a proposición de Bolívar Pagán, fue nominado para Comisionado Residente. Bolívar Pagán y Lino Padrón Rivera fueron nominados para Senador y Representante at large,: respectivamente.

Después de las nominaciones, se presentó una moción por Antonio Reyes Delgado, que fue aprobada unánimemente con ligeras enmiendas por la convención. Esta moción autorizó plenamente al presidente del partido a designer una comisión de siete miembros representando a los siete distritos de la Isla, para que el presidente del partido en unión a esta comisión discuta y resuel-‘ va definitivamente sobre tales pactos y entendidos. Esta comisión, con el presidente del partido, quedaron a la vez facultados para determinar finalmente, a nombre de la convención, sobre las candidaturas que deberian figurar en el ticket para ser votadas por el partido Socialista en las elecciones generales de 1944.

Finalmente, se reeligió por aclamación unánime a Bolívar Pagán como presidente del partido; y se eligió el comité ejecutivo territorial, que quedó integrado en la forma siguiente: Bolívar Pagán, presidente; Lino Padrón Rivera, primer vicepresidente’; Santiago Carreras, secretario general; Francisco Rodríguez Rovira, tesorero general; vicepresidente at large, Antonio Reyes Deldado, Nicolás Nogueras Rivera, Luis R. Moczó, Bolívar Ochart, “ado, Nicolás Nogueras Rivera, LuisR Moczó, Bolivar Ochart, Jorge R. Gauthier, Juan Carreras, Gaspar Rivera, Herminia Tormes, Pascasio Gotay, Santiago Mayol de Hostos, Josefina I. de Laborde; vicepresidentes de distritos: por San-Juan, Luis Pérez Peña, Alberto Hernández, José Garrido Gollazó, Félix Ojeda y Antonio Peña; por Areeibo, Enrique Torres Concepeión, Ernesto Aulet, Teodoro Rosado, Hilario Delgado y Carlos Stuart; por Aguadilla, Manuel Hernández, Arturo Lacomba, Ramón Rosario, Sergio Vélez y Bernardino Villanueva; por Mayagüez, Humberto Avellanet, Miguel A. Vega, Blas Laino, Antonio de la Cruz Dávila y José Román Ríos; por Ponce, Cristóbal Negrón Morell, Santiago Collazo, Rafael L. Piris, Sandalio E. Alonso y Franciseo Carreras; por Guayama, José H. Cora, Miguel García Soto, Demetrio Guzmán, Valentín Castrillo y Juan Arroyo Nieves; por Humaeao, Leoneio T. Davis, Mateo Pérez Sanjurjo, Agapito González, Juan Rosa Martínez y Franeiseo Vidal Barris.

El partido Unión Republicana se reunió en asamblea general el 19 de agosto de 1944, en el Teatro Tapia, de San Juan, bajo la presidencia de Celestino Iriarte.

Constituída la asamblea, y después de informar el comité de credenciales, el presidente Celestino Iriarte hizo un prolongado discurso comentando la situación polí tica y de gobierno, y fustigando la administración del Gobernador Tugwell y la gestión gubernamental del partido Popular.

Después de los preliminares de la asamblea que siguieron al diseurso del presidente Iriarte, se designó al comité de resoluciones que quedó presidido por Joaquín A. Becerril; y el comité de plataforma, compuesto por Rafael Rivera Santiago, Juan B. Soto, José; A.- Balseiro, Franeiseo López Domínguez, José L. Márquez, Xgustín E. Font, Eugenio Lecompte, Domingo Lasa, Arturo Baldrich, Adolfo García Veve y José Buitrago.

Se aprobaron diversas resoluciones, entre ellas una demandando la destitución del Gobernador Tugwell.

En cuanto al programa o plataforma del partido, éste quedó formulado, en su aspecto político, de la manera siguiente:

«Durante cerca de medio siglo, la vida de nuestro pueblo ha estado asoeiada al pueblo de los Estados Unidos, asimilándonos sus instituciones, girando en la órbita de su sistema económico, logrando la obtención, mantenimiento y disfrute de sus niveles de vida y desarrollándonos, en todos los órdenes, conforme a los patrones que, allá y acá, propician el progreso humano. En esa asociación, Ya llevamos cuarenticinco años de gobierno civil y veintisiete años de ciudadanía americana, que los puertorriqueños pedimos y aceptamos voluntariamente y que mantenemos y disfrutamos con toda lealtad. Esa ciudadanía, una vez otorgada, no es arrebatable. El solar puertorriqueño es parte integrante de los Estados Unidos, y toda persona nacida en Puerto Rico, después de firmado el Tratado de Paris, es, por determinación del Congreso Federal, nativo de los Estados Unidos. Esta comunidad de relaciones jurídico-económicas y de intereses espirituales y morales ha engendrado una mutualidad indisoluble de obligaciones, prerrogativas y derechos que ata para siempre la marcha de ambos pueblos hacia un común destino. Por eso, hoy, en los campos de batalla de todo el mundo, los puertorriqueños visten el mismo uniforme y marchan detrás de las mismas banderas que los norteamericanos. Sostenemos, por tanto, que el status político final de Puerto Rico ha sido claramente definido, habiéndose fijado una sola forma de cristalización de nuestra soberanía, por la voluntad expresa e implíeita del pueblo de los Estados Unidos y del pueblo de Puerto Rico; y que esa forma única de realizar plenamente nuestro derecho es mediante el ingreso de Puerto Rico en la gran Federación de pueblos libres e interdependientes, como un estado más de los Estados Unidos de Norte América. La Unión Republicana Progresista, además, continuará su lucha, intensificándola, por la obtención de un mayor grado de autonomía política, que auspicie nuestra aspiración final.

El programa general aprobado en esta asamblea contiene numerosas medidas de carácter administrativo, social y económico; entre ellas, sobre el fomento de las fuentes de riqueza y trabajo del país; una organización democrática de la administración pública por hombres idóneos y de integridad moral; reorganización y supresión de ciertas agencias del gobierno; fomento de la agricultura e industrias; facilidades de crédito; rehabilitación de la zona cafetalera; seguros contra huracanes; protección de la industria azucarera en beneficio de la economía del país y protección a los obreros de la misma; fomento de cooperativas; hogares seguros; extensión de la beneficencia hospitalaria; abastecimiento de ague en pueblos y campos; seguros sociales contra la vejez y la invalidez; expansión del sistema de instrucción pública, incluyendo la ‘Universidad; y; mejoramiento al magisterio en sus salarios; fomento de obras públicas; y aseguramiento de salarios mínimos a obreros mediante juntas al efecto.

En cuanto a pactos con otros partidos, el comité de contacto designado al efecto informó que las conferencias con otros partidos » habían logrado llegar a aeuerdos. La asamblea, en vista de ello, acordó que el partido Unión Republicana Progresista acudiera solo a los comicios de 1944. Se autorizó, sin embargo, al designado comité de contacto para continuar sus conferencias.

A moción de José A. Balseiro, Celestino Iriarte fue aclamado presidente del partido Unión Republicana Progresista. Los demás miembros de la alta direceión eleetos por la asamblea fueron: José A. Balseiro, presidente pro-tempora, Leopoldo Figueroa, primer vicepresidente; José del Río, segundo vicepresidente; Franciseo Juliá, tercer vicepresidente; Enrique Lassisse,-cuarto vicepresidente; José Tormos Diego, quinto vicepresidente; Juan Planellas, sexto vicepresidente; Juan R. Garzot, séptimó vicepresidente; Gonzalo Diago, tesorero; Carlos Esteva, secretario general; y Eduardo Ortiz Reyes, secretario de actas.

Continuaron las conferencias entre los respectivos comités designados por el partido Socialista, el partido Liberal, y el partido Unión Republicana Progresista, en el propósito de hacer un frente unido mediante candidatos comunes para los cargos electivos, para afrontar las elecciones de 1944 en oposición al partido Popular. La idea de fusión de estos partidos siempre estuvo descartada. El propósito era hacer un consorcio o entendido de carácter puramente electoral, manteniendo cada partido su organización propia, su personalidad, símbolos y desarrollo de su propaganda y actividades a tenor de sus respectivos programas. Todos coincidían en su actitud de repudio a la administración del Gobernador Tugwell y en oposición al partido Popular.

El partido Liberal se reunió en asamblea general extraordinaria, en San Juan, el 6 de agosto de 1944, bajo la presidencia de Josefina Barceló de Romero. Prevaleeía en el ánimo de todos facilitar el entendimiento electoral de las agrupaciones de oposición al partido’ popular. Después de animados debates, se adoptó una resolución, para conectar dicho entendido del partido Liberal con los partidos Unión Republicana Progresista y Socialista. Esta resolución dice así:

«Por cuanto, el partido Liberal considera insatisfactoria, y perjudicial a los mejores intereses y al futuro de nuestro país, la situación de Gobierno implantada en Puerto Rico por el partido Popular Democrático;

«Por cuanto, el partido Liberal, al disponerse a acudir a las elecciones generales de este año, se considera en el deber moral de libertar a nuestro país de la actual situación de Gobierno, ya que éste adquirió dominio sobre la vida pública de nuestra Isla gracia, exclusivamente, a la cooperación legislativa que le prestara el Liberalismo puertorriqueño en tres Legislaturas sucesivas con alto desinterés político, con la más sane intención social y de la mejor buena fé;

Por cuanto, el partido Liberal aspire a la creación de una nueva situación de Gobierno, en la cual sus ideas político-sociales hallen la adecuada oportunidad de desenvolvimiento, que no encontraron bajo la situación actual, por haber sido ignoradas, o por haber sido pervertidas y desnaturalizadas en la práetica por los actuales gobernantes;

«Por cuanto, las posibilidades electorales de la actual situación de Gobierno, que ha convertido la mayor parte de los departamentos y agencies gubernamentales en engranajes de una agresiva inescrupulosa maquinaria electoral, se han fortalecido grandemente a expenses del partido Liberal, como resultado de táctiças desleales y disolventes empleadas por el partido en el poder, y del sometimiento a dicho partido, y de la deserción final hacia el mismo, de cierto número de individuos que ocuparon, hasta trace muy poco tiempo, posiciones de autoridad e influencia en el seno del Liberalismo puertorriqueño.

«Por cuanto, existen en la Isla otros partidos de oposición que han invitado con insistencia al partido Liberal a una acción política y electoral común contra la actual situación de Gobierno;

«Por cuanto, el partido Liberal no ha tenido choques ni conflictos de importaneia con esos otros partidos de oposición, a partir del año 1941; y eves partidos declaran en la actualidad intenciones públicas que en líneas generales son satisfactorias al Liberalismo puertorriqueño;

«Por cuanto, una inteligencia política y electoral del partido Liberal con esos otros partidos de la oposición aseguraría, con muy poco margen de dude, la derrota de la actual situación de Gobierno en las próximas elecciones; y permitiría la instauración de una situación nueva en la cual las ideas e intenciones políticosociales del Liberalísmo puertorriqueño hallarían una adecuada oportunidad de ejercer su beneficiosa influencia en la vida y en los destinos de nuestro país;

«Por cuanto, una acción electoral aislada del partido Liberal bien podría ayudar a la continuación de la actual situación de Gobierno; o ¿al vez ayude a que se abra paso una situación nueva y distinta, a la cual tampoco tengan acceso las sanas influencias del Liberalismo puertorriqueño;

«Por cuanto, basado en pasadas experiencias políticas, de las euales derivó hondos perjuicios el partido Liberal, al considerar nuevamente la idea de inteligencias políticas y electorales con otros partidos debe velar cuidadosamente porque su personalidad, tanto política como jurídica, permanezca incólume y sin entredichos de clase alguna, y fuera de todo peligro de confusión, durante el tiempo que esas inteligencias duren y a la terminación de tales inteligencias;

«Por tanto, Resuélvase por el partido Liberal Puertorriqueño, reunido hoy 6 de agosto de 1944, en Asamblea soberana que se celebra en el Teatro Tapia, de San Juan:

«Primero: Aceptar, como por la presente acepta, la invitación que ha sido heeha al Partido Liberal por líderes autorizados de los partidos Unión Republicana Progresista y Socialista Puertorriqueño, a ser ratificada por sus respectivas asambleas soberanas, para que nuestro partido, en su condición actual de partido de opósición, concierte y lleve a cabo con dichos partidos políticos, que son también partidos de oposición actualmente, una inteligencia política y electoral, que permita a los tres partidos una acción común y coordinada en la lucha electoral de este año, y una acción legislativa Y administrativa acorde después de ganadas las elecciones.

«Segundo: Crear, como por la presente se crea, un comité declaraciones políticas, que estará integrado por el presidente del partido Liberal, los 10 vicepresidentes, el secretario general, el tesorero, el candidato que esta asamblea nomine al cargo de Comisionado Residente en Washington, los candidatos a Senador y Representante por acumulación que esta Asamblea también nomine y el representante del partido en la Junta Insular de Elecciones, siendo misión única de dicho eomité la de conversar y llegar a acuerdos, en principio, con representantes autorizados de los Partidos Socialista Puertorriqueño y Unión Republicana Progresista sobre todo lo atañante a la inteligencia política y electoral que se acepta.

«Tercero: Delegar, como por la presente se delega, en la Junta Central del partido, para que tome a su cargo, reunirse si necesario fuere, y dé validez final Y ponga en ejecución, el acuerdo o acucidos a que en principio llegue el comité de relaciones políticas con los representantes autorizados de los mencionados partidos políticos.

Cuarto: Ordenar, como por la presente se ordena, a la presidencia y a la secretaría general del partido, que tomen todas las providencias necesarias, para que las convenciones de’ distrito senatoriales y municipales se efectúen en o antes del día quince de agosto del año en curve, con sujeción a las reciprocidades que se establezcan en materia de candidaturas en la inteligencia política y electoral que se acepte.

«Quinto: Declarar, como por la presente se declara, que al entrar en inteligeneia política y electoral con los partidos Unión Republicana y Socialista Puertorriqueño, el partido Liberal reafirma y sostiene, sin cambio, reducción, aditamento o alteración alguna: (a) su personalidad política; (b) su personalidad jurídica; (c) su legado histórico; (d) su nombre; (e) su insignia; (f) su bandera; (g) su programa político-constitucional; (h) su programa económico social; (i) su tribune; (j) sus organismos insulares y locales; y (k) su columna independiente en la papeleta electoral

«Declarar, como por la presente se declare, que al entrar en inteligencia política y electoral con los mencionados partidos políticos, el partido Liberal no se acoje a ninguna designación de carácter general que describa la acción política y electoral concertada por los tres partidos, que no sea la propia y natural de partidos de oposición; y tampoco se acoje a ninguna designación de carácter general que describa el concierto legislativo y administrativo de los tres partidos que no sea la propia y natural de partidos de la mayoria

«Séptimo: Declarar, como por la presente se declare, que al entrar en inteligencia política y electoral con los mencionados partidos políticos, el partido Liberal no se obligue a ningún Directorio Central Conjunto (ni será parte del mismo) que asuma la representación colectiva de los tres partidos en inteligencia y ejerza autoridad y tome disposiciones a nombre de los mismos.

«Octavo: Declarar, como por la presente se declara, que las relaciones oficiales del partido Liberal con los partidos políticos mencionados, estarán a cargo de la presidencia del partido, la cual consultará y se asesorará, obligatoriamente, con el comité ejecutivo de la Junta Central, en sesión conjunta con los legisladores Liberales; y someterá al dictamen de la Junta Central en pleno cualquier asunto o problema que, por reglamento, sea de la incumbencia de dicho organismo directivo.

«Noveno: Declarar, como por la presente se declara, que los legisladores Liberales, como grupo, estarán obligados a cumplir las decisiones de los caucus legislativos conjuntos que se celebren, siempre y cuando la mitad más uno de los representantes Liberales haya dado su aprobación a lo acordado por el caucus.

«Décima: Declarar, como por la presente se declara, que es el propósito legislativo y administrativo del partido Liberal contribuir por los mejores medios, y a tono con las modernas corrientes sociales del mundo democrático, a asegurar un trato justo y emancipador a los obreros de Ia ciudad y del campo; estímulos y protección a la clase media sin bienes de fortuna; facilidades de florecimiento a la iniciativa privada legítima; expansión y prosperidad a la agricultura, el comercio y la industria; el auge de la instrucción y de la cultura; el más alto nivel posible de salud pública y beneficencia; la conservación de la autonomía municipal; relaciones armónicas y de provecho insular con la Metrópolis; moralidad a toda prueba y probada capacidad en los funcionarios públicos; pureza, decencia e imparcialidad política en la administración de la justicia, en el funcionamiento de los servicios públicos .y en el tratamiento que los ciudadanos reciban de su Gobierno; el desembolso prudente y beneficioso de los fondos públicos; descenso de la criminalidad que alcanza hoy proporciones alarmantes; legislación fiscal a tono con la capacidad económica del país y las fluctuaciones de la economía; relaciones amistosas y satisfactorias entre el capital y el trabajo; la abolición de impuestos viciosos y abusivos eomo el actual impuesto llamado de la Victoria, y, en cuanto a éste último el reintegro a los contribuyentes de las sumas pagadas desde el día primero de enero de 1943; rescate agrario y redistribución justa y conveniente de las sierras, sin burocratización de las mismas; medidas de protección y ayuda a los soldados puertorriqueños licenciados de la presente guerra mundial y a los veteranos de la pasada, con ayuda y protección igual a las familias de soldados muertos en la guerra; y el establecimiento, en fin, de una buena voluntad colectiva en todos los órdenes de la vida comunal puertorriqueño.

«Undécimo: Declarar, como por la presente se declare, que no siendo antagónico el programa político constitucional del partido Liberal con el de ningún otro partido político que repudie y condene el sistema colonial imperante, y aspire a la instauración de un tipo superior de gobierno que signifique libertad colectiva, seguridad plena de derechos y dignidad ciudadana, esta inteligencia política y electoral en que nuestro partido entra con los partidos políticos que postulan la Estadidad, puede y debe ser altamente provechosa a la demanda común, ya expresada a través de una resolución de la Asamblea Legislativa por los representantes legislativos de los cuatro partidos principales de la Isla; de que se decida sin mayor demora, y de una vez y para siempre, el status político final del pueblo de Puerto Rico a través del correspondiente plebiscito democráticamente celebrado..

Después de repetidas conferencias de las comisiones designadas al efecto por los expresados tres partidos de oposición, y luego de zanier controversias que surgieron en cuanto a la distribución de las nominaciones para el ticket general entre estas tres agrupaciones, se llegó a acuerdo final, concertando el entendido electoral. Cada uno de estos partidos mantendría su organización propia independiente, y su programa e ideología peculiar. Cada uno nominara su discreción sus candidatos a Senadores y Representantes at large, para ser votados por cada partido. Figurarían como candidatos comunes en los tickets de los tres partidos los candidatos a Senadores Y Representantes de distritos y los candidatos para cargos electivos del Gobierno de la Capital y de los municipios. Se adjudicaron estas nominaciones distribuyendo las mismas prefiriendo, en norma general, al partido que mayor fuerza se le estimaba en cada distrito y localidades respectivas, y para asumir, en cave de victoria electoral, la responsibilidad administrativa equitativamente los tres partidos. La candidatura de Comisionado Residente se adjudicó al partido Liberal. En caso de obtener mayoría eonjunta en el Senado, el presidente de este alto cuerpo sería un Socialista; y en easo de mayoría conjunta en Ia Cámara, el Speaker sería un miembro del partido Unión Republicana. El entendido tripartite de oposición fue así convenido, por las eomisiones autorizadas para ello por los partidos Liberal y Socialista. El partido Unión Republicana, en asamblea general extraordinaria celebrada en el Teatro Tapia, en San Juan, el 31 de agosto aprobo igualmente el entendido electoral.

Alineadas así las fuerzas electorales entre estos dos, grandes grupos, o sea el partido Popular y dichos tres partidos, entendidos estos últimos en la forma expresada, se dispusieron a la contienda comicial. Para Comisionado Residente, se nominó al coroner Manuel Font (Liberal) por los partidos de oposición.

Para Senadores at large, el partido Unión Republicana Progresista nominó a Leopoldo Figueroa y José A. Balseiro; el partido Socialista nominó a Bolívar Pagán; y el partido Liberal nominó a Josefina Barceló de Romero. Como Representantes at large, el partido Unión Republicana nominó a Celestino Iriarte; el partido Socialista nominó a Lino Padrón Rivera; y el partido Liberal nominó a Rafael Rodriguez Pacheco. Para Senadores de distrito fueron nominados, por San Juan, Blas C. Herrero y José Garrido Collazo; por Arecibo, Antonio Valdés Ríos y José M. Rodríguez Quiñones; por Aguadilla, José L. Márquez y Bernardino Villanueva; por Mayagüez, Manuel Marín y Vicente Quilinchini; por Ponce, José Tormos Diego y Esteban Rodriguez Tizol; por Guayama, Rafael Monserrate Soto y José Carriles Vélez; y por Humacao, Adolfo García Veve y Rafael Arroyo Ríos.

En la candidatura de 1944, figuraron también candidatos de dos partidos satélites del partido Popular, inscritos para aumentar la representación en los organismos electorales. Estos fueron los llamados partidos Auténtico y Proletario.

El partido Comunista y el partido Nacionalista no acudieron a los comicios electorales, por no haber nominado ni inscrito candidato alguno. La fuerza electoral de estos partidos era muy precaria. Las elecciones se verificaron el 7 de noviembre de 1944, bajo las disposiciones de la ley electoral de 1940, o sea sustancialmente a base de sufragio universal-secreto, para hombres y mujeres, y con representación igual en los organismos electorales para las agrupaciones políticas contendientes

La campaña electoral de-1944 fue muy agitada. El partido Popular Democrático, en esfuerzo por lograr una mayoría legislativa absoluta sobre los partidos unidos de la oposición, desarrolló extraordinaria actividad . Durante el período de la campaña elector fue objeto de gran controversia pública y en los tribunales de justicia, el desetubolso de diez y seis millones de dólares de los fondos públicos de emergencia, autorizado por el Gobernador Tugwell, para ayuda de desempleados y necesitados. Los tribunales de Puerto Rico, de primera instancia y el Supremo, lo mismo que el tribunal apelativo federal con sede en Boston, decidieron que tal desembolso era ilegal, por carecer de autorización legislativa. Los partidos de oposición combatieron tal desembolso alegando que se hacía para avadar al partido Popular en sus fines electorales.

El censo electoral de 1944 arrojaba un total de 719,759 electores inscritos que figuraban en las listas de votantes. Votaron 591,978 electores. El partido Popular Democrático obtuvo un total en toda !a Isla de 383,280 votos; el partido Unión Republicana Progresista, obtuvo 101,779 votos; el partido Socialista, obtuvo 68,107 votos; y e! partido Liberal obtuvo 38,630 votos. Como se ve, el partido Popular obtuvo arrolladora victoria electoral. El partido Popular obtuvo mayoría absolute en la votación general; obtuvo una mayoria de 174,764 votos sobre los votos combinados de los partidos Unión Republicana Progresista, Socialista y Liberal.

El partido Popular en su triunfo copó los siete distritos senatoriales; triunfó en 34, de los 35 distritos representativos; y ganó en el Gobierno de la Capital y en todas las municipalidades, con excepción de Aguas Buenas, San Lorenzo, Vieques y Culebra, donde triunfó el voto combinado de los partidos Unión Republicana Progresista, Socialista y Liberal.

El partido Popular eligió a su candidato a Comisionado Residente, Jesús T. Piñero; eligió 17 Senadores, contra 2 de los partidos contrarios; y eligió 37 Representantes, contra 2 de los partidos contrarios.

Los Senadores at large electos por el partido Popular, fueron Luis Muñoz Marin, Yicente Géigel Polanco y Rafael Arjona Siaca; y los Senadores de distritos electos por este partido, fueron Ernesto Juan Fonfrias. William Córdova Chirino, Francisco M. Susoni (padre), Juan Dávila Díaz, Bernardo Méndez, Luis Alfredo Colón, Santiago R. Palmer, Luis A. Negrón López, Rainón Barreto Pérez, Francisco L. Anselmi, Lorenzo Isern Aponte, J. M. Dávila Monsanto, Cruz Ortiz Stella y Pascasio García.

Los Representantes at large electos por el partido Popular, fueron Samuel R. Quiñones, Ernesto Ramos Antonini y Benjamín Ortiz; y los Representantes de distrito electos por este partido, fueron José Portilla, Eugenio Font Suárez, Gustavo Adolfo Solíz, José L. Feliú Pesquera, Heraclio H. Rivera, Francisco García,   Arrillaga Torréns, Guillermo Alicea, Esteban Susoni, María, Libertad Gómez, Alfonso Bujosa, Rafael G. Exclusa, Agustin A Velez, Obdulio Bauzá, Baltazar Quiñones Elias, Eduardo Baez Garcia, Justo A. Guardiola, Fernando Juliá Calder, Libertad Pascual, Juan Cabrer, Leoncio Santaella. León, Mario Canales, Agustín Burgos, Antonio Padilla, Antonio Pacheco Padró, Fernando Bauermister, José Mimoso Raspaldo, Esmeráldo González Porrata, Manuel Rivera Baerga, Pedro Vega Berrios, Carmelo Avila Medina, Alfonso Román García y Alvaro Rivera Reyes.

El partido Unión Republicana Progresista eligió como Senador at large a Leopoldo Figueroa, y el partido Socialista eligió como Senador at Iarge a Bolivar Pagán, quienes fueron los dos únicos senadores electos por la oposición. El partido Unión Republicana Progresista eligió como Representante at large a Celestino Iriarte; y él voto combinado de los partidos Unión Republicana, Socialista y Liberal eligió como Representante por el distrito de Gurabo-Juncos-San Lorenzo a Ernesto Cádiz, quienes fueron los dos únicos Representantes electos por la oposición.

El partido Auténtico obtuvo en toda la Isla un total de 159 votos; y el Proletario octavo en toda la Isla un total de 23 votos. El partido denominado Boricua que inscribió candidatos locales en el primer precinto de San Juan, en Cataño y en Corozal, no obtuvo ni un solo voto; e igualmente le ocurrió al partido Independentista de Puerto Rico, que inscribió candidatos locales en Hormigueros.

La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

CAPITULO CINCO ii

ARRECIA LA LUCHA CONTRA EL SISTEMA COLONIAL
OTRA VEZ EL PROYECTO TYDINGS PRO-INDEPENDENCIA
SE FUNDA EL PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO
POR FIN EL GOBERNADOR ELECTIVO. LAS ELECCIONES DE 1948.

La victoria arrolladora, sin precedentes en la historia electoral de Puerto Rico, que obtuvo el partido Popular Democrático en las elecciones generales de 1944, no le dió a este partido más poder en la rama administrativa del Gobierno Insular que el que ya había adquirido desde antes de las elecciones de 1944 bajo el patrocinio del Gobernador Tugwell. Ciertamente, el partido Popular, con pleno dominio de los resortes gubernamentales y con multiplicados ingresos al erario público a consecuencia en gran parte de la situación de guerra mundial, y tras su propaganda y la acción legislativa después de 1940, reorganizó y mejoró esenciales servicios públicos; puso en vigor nuevas medidas agrarias para romper latifundios corporativos y distribuir pequeños predios de terreno; dió acentuado énfasis especialmente a la justicia social, y la reforma económica hacia más altos niveles de vida, y la industrialización y mayor incremento de la producción insular; e implantó mayores tasas contributivas para fomento de empresas públicas y la extensión de servicios sociales. Todo esto había captado de tal manera la imaginación del pueblo, que el empuje de este partido era formidable y creciente.

Durante la campaña electoral de 1944 el Gobernador Tugwel exacerbó más el sentimiento adverso de los partidos de oposición, al éste facilitar el referido desembolso de dichos diez y seis millones de dólares del tesoro público, que en gran parte se emplearon en obras y auxilios de emergencia durante los últimos meses de dicha campaña. Los partidos de oposición alegaron que la manifiesta parcialidad de Tugwell entregando todo el poder al partido Popular antes de este partido haber obtenido la mayoría absoluta del voto del pueblo, y además autorizando el desembolso ilegal de esos diez y seis millones de dólares que en gran parte se administraron por los funcionarios gubernamentales del partido Popular durante el periodo electoral, afectaron en gran medida el resultado de las elecciones. El Gobernador Tugwell continuó siendo manzana de discordia en la sociedad puertorriqueña. No cesó la inquietud y la protesta de los sectores de oposición, que continuaron demandando la remoción del Gobernador Tugwell. Estos partidos estuvieron dispuestos a unirse a movimientos que tendieran a cambiar al gobernador de una manera u otra, y a modificar o resolver el status político permanente de Puerto Rico.

Por el resultado de las elecciones de 1944, el partido Popular asumia el dominio absoluto de las Cámaras Legislativas, y especialmente acrecía su responsabilidad ante los problemas palpitantes del país y ante el destino político de los puertorriqueños.

Pasadas las elecciones de 1944, el jefe del partido Popular dirigió un mensaje al Secretario de lo Interior de Estados Unidos, Harold Ickes, pidiendo a la Administración Federal que no prosiguiera propulsando el bill pendiente de reformas proveyendo el gobernador electivo, por no ser ya esto enteramente satisfactorio a los puertorriqueños.

El nuevo Comisionado Residente, Popular, Jesús T. Piñero, hizo declaraciones desde Washington abogando por un plebiscito para que los puertorriqueños optaran libremente por la deseada forma de status político permanente. Piñero, lo mismo que su partido, no se definía por fórmula alguna determinada.

En febrero de 1945 se inauguraron las nuevas Cámaras legislativas puertorriqueñas. Luis Muñoz Marin fue reelecto presidente del Senado; y Samuel R. Quiñones, Representante at large electo, transferido de la Cámara al Senado, fue elegido vicepresidente de este cuerpo. En lugar de Samuel R. Quiñones, fue transferido del Senado a la Cámara Baja el Senador electo Francisco M. Susoni (padre), quien fue elegido Speaker de la Cámara. Ernesto Ramos Antonini fue electo vicepresidente de la Cámara.

La Resolución Concurrente adoptada con tanto entusiasmo por las Cámaras puertorriqueñas, unánimemente, en 1943, demandando el fin del sistema colonial, mantenía en el tapete la cuestión del status final permanente de Puerto Rico. La opinión pública de la Isla, en diversas formas, expresaba su inquietud a!nte el problema. La situación política internacional, tocando a su fin la Segunda Guerra Mundial, alentaba la inquietud y la demanda del pueblo puertorriqueño, especialmente por las declaraciones de los líderes de las Naciones Unidas en favor de la libre determinación y la libertad de los pueblos como ideales y metas de la Segunda Guerra Mundial.

En el seno del partido Popular Democrático, que como hecho real tuvo por origen una disidencia independentista del partido Liberal encabezada por Luis Mufioz Marín, se movilizaba un grupo numeroso que alentaba ideas independentistas. El partido Popular no había repudiado estas ideas, aunque era claro y terminante su compromiso electoral en el sentido de que la fuerza de sus votos no seria usada a favor o en contra de fórmula determinada alguna de status político. El status no estaba en issue, según la doctrine reiterada del partido Popular. Sin embargo, era evidente que el issue del status era inquietud inevitable y manifiesta dentro del partido Popular, y en todos los sectores de la opinión puertorriqueña.

En agosto 15, 1943, se había celebrado el Primer Congreso Pro-Independencia, destacándose en el acto elementos afiliados al partido Popular. Este acto se llevó a cabo en el Parque Sixto Escobar, en San Juan, con asistencia informada de 1,800 delegados de toda la Isla, y ante una concurrencia de entusiastas espectadores que se calcularon en más de quince mil almas. Presidió Juan Augusto Perea. Luis Muñoz Marin envió un mensaje a este congreso, que en parte final decía: «Deseo al Congreso todo éxito en la expresión ante el pueblo de los Estados Unidos de los ideales que indiscutiblemente son los de la mayoría de los puertorriqueños.

Ante este primer Congreso Pro-Independencia pronunciaron discursos de aliento independentista, entre otros, Augusto Perea, Rafael Soltero Peralta, Juan Sáez Corales, Sergio Peña, Alfonso Lastra Chárriez, Carlos Román Benítez, Obdulio Bauzá, Felisa Rincón de Gauthier, Rodolfo Ramirez Pabon, Benjamin Ortiz, Rafael Arjona Siaca, Antonio Ayuso Valdivieso, Carmelo Gorritz, José Yumet Méndez, Ernesto Juan Fonfrías, Carmelo Rodríguez García y Vicente Géigel Polanco. Este último, uno de los más destacados líderes de este Congreso y a la sazón floor leader Popular del Senado Insular, entre otras cosas dijo: «Planteado el problema en términos de soberanía, no se trata de obtener una mere reforma al régimen vigente, ni de la prolongación del coloniaje con ayuda económica más o menos generosa, ni de la simple concesión de gobernador electivo, ni de medidas transitorias, ni de franquicias revocables. Se trata de la soberanía, de la independencia, del establecimiento de la República de Puerto Rico por la voluntad soberana de nuestro pueblo.

El comité de resoluciones estuvo compuesto por Rafael Soltero Peralta, José Paniagua Serracante, José Lameiro, Emilio Soler López, Vicente Géigel Polanco, José Enamorado Cuesta, César Andreu Iglesias, Antonio Santaella, Manuel A. Barreto, Carlos Carrera Benítez y Manuel Rodríguez Díaz.

Se adoptaron diversas resoluciones alusivas a la independencia de Puerto Rico. La principal fue una Declaración Pro Independencia de Puerto Rico, que habla por sí misma y que lee como sigue, según comunicado oficial expedido por el secretario general de este Congreso:

«El Congreso Pro-Independencia de Puerto Rico, integrado por delegaciones procedentes de todos los municipios del país, declara que es el derecho y la voluntad del pueblo de Puerto Rico constituirse en pueblo libre y soberano, dentro de una estrecha colaboración política y económica con las demás naciones de América, y en paz y fraternidad con todos los pueblos democráticos del orbe.

«En cuatro siglos bajo la égida de España, la Nación Madre, descubridora, misionera y colonizadora del Nuevo Mundo, Puerto Rico logró former su personalidad de pueblo, dotado de una cultura, una fe, una tradición y una historia. En cuarenta y cinco años de relaciones con los Estados Unidos, Puerto Rico ha mantenido vigorosamente su personalidad y su cultura, fortaleciéndoles bajo la influencia de las ideas democráticas, y ha enriquecido la nacionalidad en sus aptitudes para el gobierno propio, en sus capacidades administrativas, en sus comprensiones sociales y en sus anhelos de mejoramiento humano.

«En este momento trascendental de su vida, Puerto Rico fundamenta su reclamo a la libertad y trace descansar su esperanza y su fe reivindicadora sobre el derecho natural, sobre razones incontrovertibles de justicia y de moral, sobre el concepto bolivariano de la paridad interamericana, sobre el principio de Derecho Internacional americano de que ninguna nación americana puede tener colonias en América, sobre las garantías de la Carta del Atlántico y de la política de buena voluntad, y, en fin, sobre las bases igualitarias de la democracia.

«Por el Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898, que puso fin a la guerra con España, se depositó en el Congreso de los Estados Unidos la obligación de determinar la condición política del pueblo de Puerto Rico con arreglo a las prácticas democráticas y las instituciones libres de América. El status político definitivo de Puerto Rico no ha sido determinado aún. No se ha reconocido la soberanía de nuestro pueblo, y subsiste en la Isla un régimen de gobierno que no emana de la voluntad del pueblo. Bajo el presente sistema de sujeción política y económica, el pueblo carece de autoridad para afrontar y resolver sus problemas fundamentales.

«Puerto Rico anhela constituirse como pueblo bajo una forma democrática de gobierno, preservar su personalidad histórica, desarrollar su cultura, orientar su economía, fomentar su producción, desenvolver la industria, levantar el nivel de vida y de trabajo de sus clases obreras, implantar normas de verdadera justicia social y proveer seguridad y bienestar a todos sus ciudadanos. Por eso el pueblo de Puerto Rico, a través de todos sus sectores de opinión trace una categórica repudiación del régimen colonial. Para realizar su destino de pueblo y encanzar con acierto y responsabilidad las aspiraciones colectivas, es inaplazable la organización de Puerto Rico como una República libre y soberana en el concierto de las naciones del mundo. El disfrute de la propia soberanía es absolutamente necesario para el progresivo desenvolvimiento de la cultura, la economía y el bienestar de nuestro pueblo y la dignidad nacional de nuestra patria.

Hemos rechazado ahora una vez más, por medio de este Congreso representativo de la opinión puertorriqueña, toda forma de status político que no consagre la personalidad internacional de Puerto Rico, y rehusamos, por tanto, firmemente, toda medida de carácter anexionista o absorbente, ya que ello conduciría a la desaparición de la nacionalidad puertorriqueña y a la anulación de su derecho a la soberania.

«El pueblo de Puerto Rico reclama su derecho a la soberanía en términos de amistad y confraternidad con el pueblo de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, la devoción tradicional del pueblo americano por las instituciones libres y la vida democrática coincide con el deber moral de ayudarnos a instituir nuestra República en el concierto de los pueblos libres de América. El pueblo de Puerto Rico confía en que el Congreso de Estados Unidos, que ya ha descargado sus responsabilidades contraídas por el Tratado de París del año 1898 con respecto a Cuba y las Islas Filipinas, actuará en cuanto a Puerto Rico sin más dilación, reconociendo la independencia de nuestra Isla, inspirado en el principio de que la democracia debe ser creadora de democracias.

«Este Congreso, al proclamar el derecho de Puerto Rico a su independencia, demanda del pueblo y del Gobierno de Estados Unidos el reconocimiento inmediato de la plena soberanía política de nuestro pueblo.

«Y para que este derecho y esta voluntad de Puerto Rico sean tenido en cuenta para todos los efectos presentes y futuros, y como un mensaje cordial y una franca demanda de justicia del pueblo de Puerto Rico al pueblo amigo de Estados Unidos, con fe en Dios y conciencia del destino supremo de nuestro pueblo, firmamos esta declaración pro independencia de Puerto Rico, a los quince días del mes de agosto del año mil novecientos cuarenta y tres en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

«Juan Augusto Perea, Doctor en Ciencias Políticas y Presidente del Congreso. Vicente Géigel Polanco, Abogado y Senador. Antonio Pacheco Padró, Periodista y Secretario General del Congreso. Sergio Peña, Doctor en Medicinal F`lix Benítez Rexach, Ingeniero. José Paniagua Serracante, Abogado. Rafael Soltero Peralta, Abogado y Catedrático. Carlos Carrera Benítez, Farmacéutico.- Manuel Rodríguez Díaz, Secretario, Autoridad de Tierras. Antonio Santaella, Industrial. César Andreu Iglesias, Lider Obrero. Guillermo Bauzá, Abogado. Salvador Perea, Abogado. Julio García Díaz, Ex-Decano Facultad de Artes y Ciencias, Universidad de Puerto Rico. Eduardo Báez García, Representante a la Cámara. Rafael Arjona Siaca, Presidente Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico. María Libertad Gómez, Representante a la Cámara. Rodolfo Ramírez Pabón, Juez de Distrito. J. Enamorado Cuesta, Periodista. Emilio Soler López, Comerciante. Juan Santos Rivera, Présidente, Partido Comunista. Benjamín Ortiz, Presidente, Comisión de Servicio Público. Carmelo J, Gorritz, Representante a la Cámara. Antonio Ayuso Valdivieso, Periodista. Manuel A. Barreto, Alcalde de Mayagüez. Carmelo Rodríguez García, Representante a la Cámara. Abelardo Casanova Prats, Abogado. Clara Lugo de Sendra, Catedrática. Ernesto Juan Fonfrías, Abogado. Felisa Rincón de Gauthier, Iider del Partido Popular. Obdulio Bauzá, Abogado. María Teresa Babín, Catedrática. Sigfredo Vélez, Alcalde de Arecibo. José Sáez Corales, Secretario, Confederación General de Trabajadores. Regino Cabassa, Comerciante. Rubén del Rosario, Catedrático. Manuel García Díaz, Catedrático. Osvaldo Ramírez Torres, Catedrático. Florencio Pagán Cruz, Catedrático. Lidio Cruz Monclova, Catedrático. Enrique A. Laguerre, Catedrático. Celestina Zalduendo, Directora, Departamento de Bienestar Público. Blanca Canales, Profesora. Guillermo Cabrera, Médico. Severo Ramos, Ministro. Luis García Casanova, Industrial. Antonia Lizardi, Profesora.

« (Siguen las firmas de 1800 delegados.)

«Certificación

Yo Antonio Pacheco Padró Secretario General del Congreso Pro Independencia de Puerto Rico, por la presente certifico:

«Que la anterior es copia literal, fiel y exacta, de la Resolución Núm. 1 aprobada unánimemente por la Convención General del Congreso Pro Independencia de Puerto Rico, celebrado el 15 de agosto de 1943 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, con asistencia de todas las ciudades, pueblos y otras comunidades de la Isla. En testimonio de lo cual y para remitir a todos los gobiernos de la América, A las Naciones Unidas, a las Universidades, a la Prensa, a las organizaciones cívicas, y a otras entidades, según fue también unánimemente acordado por el Congreso, expido la presente, en San Juan, P.R., a 27 de agosto de 1943.

Antonio Pacheco Padró

Secretario General».

Entre otros acuerdos adoptados en este Congreso, figuraron mensajes al Presidente Franklin D. Roosevelt, al Secretario de Estado Cordell Hull, y al Speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, comunicando «la firme determinación de Puerto Rico de constituirse en pueblo libre y soberano y otro para difundir dicha Declaración Pro Independencia a todas las repúblicas de las Américas.

Contrarrestando a este Primer Congreso Pro Independencia y el otro que le siguió, se celebraron en San Juan y en Ponce dos Congresos Pro Estadidad, muy concurridos por entusiastas delegaciones nutridas de toda la Isla, y con asistencia de distinguidos elementos partidarios de la Estadidad en la Unión Norteamericana como status político final de Puerto Rico. No nos detenemos en el relato de estos importantísimos Congresos Pro Estadidad, porque ellos, aunque fueron elocuente y fervorosa expresión de. sentimientos e ideales de un persistente y definido núcleo de la opinión puertorriqueña, no afectaron directamente a la formación de los partidos que es tema del presente libro.

Después de las elecciones de 1944, eufórico el elemento independentista con la victoria del partido Popular en estas elecciones, se celebró el Segundo Congreso Pro Independencia, el 10 de diciembre de este año, en el Hipódromo Quintana, de Hato Rey, bajo la presidencia de Gilberto Concepción de Gracia quien antes había sido designado presidente del Comité Ejecutivo permanente de este Gongreso. Juan Sáez Corales, presidente del comité de credenciales, informó la presencia de representaciones de las setenta y siete municipalidades de la Isla, con asistencia de más de 1,600 delegados, y ante una concurrencia de millares de espectadores. Abrió el Congreso el presidente Gilberto Concepción de Gracia; pronuncian~do un discurso alusivo al acto e inspirado en la urgencia independentista para plantear cuanto antes el problema y la demanda hacia el establecimiento de la República de Puerto Rico. Exhortando en similares propósitos, hicieron también uso de la palabra, entre otros, Vicente Géigel Polanco, Rafael Arjona Siaca, Rafael Soltero Peralta, Yamil Galib, Rodolfo Ramírez Pabón, Andrés Grillasca, Antonio Ayuso Valdivieso, Juan Santos Rivera, Juan Hernández Vallé y Baltasar Quiñones Elías.

Para integrar el comité de resoluciones de este Segundo Congreso, fueron designados Vicente Géigel Polanco, Osvaldo Ramírez Torres, José Paniagua Serrracante, Rafael Soltero Peralta, Antonio Santaella, Luis A. García Casanova, Yamil Galib, Baltazar Quiñones Elías, Emilio Soler López, Rizal Pagán, J. A. Lananze, Eduardo B. Fermaint, Pedro Pérez Pimentel, E. Sanz Carrión, Juan Sáez Corales, José A. Pacheco y Antonio Pacheco Padró.

Fué motivo de especial atención ún mensaje dirigido a este congreso por Luis Muñoz Marín. Este mensaje era una carte de Muñoz Marín en réplica a otra carte del Comité Ejecutivo del Congreso preguntándole cuándo se someterá la cuestión del status político a la consulta del pueblo según el programa,del partido Popular. Luis Muñoz Marín decía así:

«Recibí su carta de noviembre 11 y agradezco muy de veras su valiosa felicitación por el triunfo obtenido el 7 de noviembre por el partido Popular Democrático. Como usted señala, esto pone sobre mis hombros una gran responsabilidad moral—la de cumplir honradamente los compromisos que se hicieron con el pueblo que votó honradamente—que pesa también sobre los hombros de todos los que, a través del programa del Partido y de mi palabra, participaron en esos compromisos. Yo cumpliré esa responsabilidad en la entera medida real de la confianza que me ha otorgado el pueblo. Estoy seguro de que todos cumplirán en el mismo espíritu su medida de esa responsabilidad.

Como usted bien dice, el partido Popular Democrático se comprometió solemnemente con el pueblo a que los votos que se dieran a su favor en las elecciones no se interpretarían como votos a favor de status político futuro alguno. Los votos fueron dados por el pueblo a base de este compromiso. Y, en efecto, la palabra dada al pueblo, antes de que el pueblo votara, sigue teniendo exactamente la misma validez—no podría ser honradamente de otro modo—después de que el pueblo ha votado. También señala usted que el partido Popular se comprometió solemnemente a someter a la decisión directa del pueblo, no más tarde del momento de estructurarse la paz mundial, la consulta sobre el status político, para que sea el pueblo, directamente, sin intermediarios en forma alguna, el que decide el status político que el pueblo mismo desee para sí mismo. El partido Popular Democrático está obligado a cumplir también este compromiso. Supongo que nadie en Puerto Rico, sea o no miembro del partido Popular Democrático, podrá dudar de que la actitud del partido Popular hacia ese compromiso es igualmente honrada, igualmente escrupulosa, que ante los otros compromisos que ha contraído y cumplido.

Usted, como puertorriqueño en el ejercicio de funciones ciudadanas, y, como amigo, me formula la pregunta: ‘¿Cuándo?’ Nuestro compromiso tiene un límite máximo: A más tardar en el momento de estructurarse la paz mundial. No tiene límite mínimo. Es decir, puede ser antes de eso. Con mucho gusto contesto su pregunta. A mi juicio, la consulta al pueblo, para que el pueblo mismo decide directamente con sus votos, debe ser lo antes posible, proveyendo siempre el tiempo necesario para que el pueblo pueda ser debidamente ilustrado sobre este gran problema de qué status político ha de favorecerse, de modo que tenga la oportunidad de decidir serenamente, a base de la más plena ilustración y conocimiento, con amplia conciencia de la determinación que libremente decide tomar el pueblo.

«Sobre la forma de esa consulta, hay un error en su lectura de nuestro compromiso con el pueblo, en el penúltimo párrafo de su carta. Usted expresa su opinión de que la consulta, de acuerdo con el compromiso del partido Popular Democrático, no tiene necesariamente que hacerse en forma plebiscitaria, sino que debe hacerse en otras formas, incluyendo la convocación de una asamblea constituyente. Nuestro compromiso con el pueblo es someter la consulta sobre el status político a su libre decisión, no a través de organizaciones ni de intermediarios en forma alguna, sino directamente a cada elector. La autorización que ha dado el pueblo con sus votos excluye clara y definitivamente la posibilidad de que la consulta sea hecha a través de delegados intermediarios en un organismo intitulado Asamblea Constituyente.

En medio de gran entusiasmo independentista, se aprobaron diversas resoluciones, entre ellas, una repudiando las reformas del Acta Jones por ello no constituir ya la aspiración del país, y otras para dirigir mensajes al Presidente y al Secretario de Estado de los Estados Unidos notificándoles la determinación de Puerto Rico de constituirse en república soberana e independiente. Se adoptaron medidas para la organización permanente del Congreso, con órganismos central y locales, para la vida y acción pertinente del movimiento hacia la independencia.

Días después de verificado este Segundo Congreso Pro Independencia, el presidente del partido Popular hizo declaraciones públicas, objetando la organización militante que se creaba con elementos del seno del partido Popular, y conminando a la fundación abierta de un nuevo partido si ese era el propósito hacerlo para enfrentarlo al partido Popular.

Comenzaba un período de crisis ideológica dentro del partido Popular, que inquietaba profundamente al sector numeroso en ese partido que alentaba ideas independentistas. Es ciclo que en la magna asamblea constituyente del partido Popular celebrada en el Parque Sixto Escobar ya se descartó la demanda de independencia, bajo el slogan de que el status político no estaba en issue; pero muchos elementos independentistas continuaban dentro del partido con la impresión o la esperanza de que el movimiento Popular, condenatorio del sistema colonial, tendía hacia la independencia, al plantearse en momento oportuno la definición del status político final de Puerto Rico. En un proceso gradual, Luis Muñoz Marín y el grueso de sus partidarios modificarian su actitud hacia la independencia y hacia el enfoque clásico del problema del status, y sus ideas madurarian en la concepción del status sui géneris de Estado Libre Asociado.

Ante el Congreso de Estados Unidos pendía en 1945 el bill presentado por el Representante Vito Marcantonio (Laborista de Nueva York), disponiendo la independencia para Puerto Rico; y pendía también un nuevo proyecto presentado por el Senador Míllard Tydings, proveyendo también para el establecimiento de la independencia de Puerto Rico. Estos proyectos eran similares, pero acaparó la atención el proyecto del Senador Tydings, por ser éste miembro influyente de la mayoria parlamentaria del Senado y ser a la vez el presidente del Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado. Este convocó prontamente a audiencias públicas, en su afán de propulsar su medida. El Senador Tydings había sido el autor del proyecto final que concedió la independencia a las Islas Filipinas, y era notorio su persistente interés en que igualmente se concediera la independencia a Puerto Rico.

El proyecto del Senador Tydings (S.227), proveía la concesión por el Congreso de la independencia a Puerto Rico, mediante una convención constituyente electa por los puertorriqueños, que redactaria y aprobaria la constitución de la República de Puerto Rico, para ser luego sometida para su aprobación final al Presidente de Estados Unidos y al voto del pueblo puertorriqueño. Las relaciones comerciales y fiscales entre Estados Unidos y Puerto Rico, estaban provistas en un artículo del proyecto, que leía así:

«Artículo Séptimo: Las relaciones comerciales según existen entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos inmediatamente antes de la proclama de la Independencia continuarán en efecto entre los Estados Unidos y la República de Puerto Rico. Disponiéndose, sin embargo, que un año después de la 1echa de la proclama de la Independencia, se impondrá a todos los artículos importados de Puerto Rico a los Estados Unidos un impuesto del 5 por ciento del requerido por las leyes de los Estados Unidos a ser impuesto, recaudado y pagado sobre artículos importados de países extranjeros; a partir del segundo año después de la proclama de la Independencia, un impuesto del 10 por ciento; a partir del tercer año, un impuesto del 15 por ciento; a partir del cuarto año, un impuesto del 20 por ciento; a partir del quinto año, un impuesto por ciento; a partir del sexto año, un impuesto del 30 por ciento; a partir del séptimo año, un impuesto del 25 por ciento; partir del octavo año, un impuesto del 40 por ciento; a partir del noveno año, un impuesto del 45 por ciento; a partir del décimo año, un impuesto del 50 por ciento; a partir del undécimo año, un impuesto del 55 por ciento; a partir del duodécimo año, un impuesto del 60 por ciento; a partir del décimo-tercer año, un impuesto del 65 por ciento; a partir del décimo-cuarto año, un impuesto del 70 por ciento; a partir del décimo-quinto año, un impuesto del 75 por ciento; a partir del décimo-sexto año, un impuesto del 80 por ciento; a partir del décimo-séptimo año, un impuesto del 85 por ciento; a partir del décimo-octavo año, un impuesto del 90 por ciento; a partir del décimo-noveno año, un impuesto del 95 por ciento; a partir del vigésimo año, un impuesto del 100 por ciento; disponiéndose, además, que la República de Puerto Rico, durante I primer año siguiente a la fecha de la proclama de la Independencia, admitirá todos los productos que vengan de los Estados Unidos a Puerto Rico libre de tales impuestos, y a partir de un año después de la fecha de dicha proclama de la Independencia, la República de Puerto Rico impondrá y recaudará sobre todo artículo importado a Puerto Rico de los Estados Unidos un impuesto del cinco por ciento del requerido por las leyes de la República de Puerto Rico, para ser impuestos, cobrados y pagados sobre dichos Artículos importados de países extranjeros que no sean los Estados Unidos; a partir del segundo año después de la proclama de la Independencia, un impuesto del 10 por ciento; a partir del tercer año, in impuesto del 15 por ciento; a partir del cuarto año, un impuesto del 20 por ciento; a partir del quinto año, un impuesto del 25 por ciento; a partir del sexto año, un impuesto del 30 por ciento; a partir del séptimo año, un impuesto del 35 por ciento; a partir del octavo año, un impuesto del 40 por ciento a partir del noveno año, un impuesto del 45 por ciento; a partir del décimo año, un impuesto del 50 por ciento; a partir del undécimo año, un impuesta del 55 por ciento; a partir del duodécimo año, un impuesto del 60 por ciento; partir del décimo-tercer año, un impuesto del 65 por ciento; a partir del décimo-cuarto año, un impuesto del 70 por ciento; a partir del décimo-quinto año, un impuesto del 75 por ciento; a partir del décimo-sexto año, un impuesto del 80 por cien” to; a partir del décimo-séptimo año, un impuesto del 85 por ciento; a partir del décimo-octavo año, un impuesto del 90’por ciento; a partir del décimo-noveno año, un impuesto del 95 por ciento; a partir del vigésimo año, un impuesto de 100 por ciento; y disponiéndose, además, que la República de Puerto Rico en cualquier tiempo podrá por ley cancelar todo este arreglo que se provee para comercio entre los Estados Unidos y la República de Puerto Rico, y desde entonces los Estados Unidos impondrán la misma tarifa e impuestos sobre los artículos importados de la República de Puerto Rico a los Estados Unidos como serían impuestas tales tarifas contra artículos importados del extranjero, y que la República de Puerto Rico después impondría tales tarifas como impuestos a Puerto Rico de los Estados Unidos, como serian impuestos contra artículos importados a la República de Puerto Rico de otros países extranjeros.

Este proyecto Tydings, como otros de él para el mismo fin, promovieron la fuerte oposición de sectores importantes de Puerto Rico, incluyendo desde luego a los partidos políticos favorecedores de la unión permanente de Puerto Rico a Estados Unidos y de la Estadidad federada. Tuvo, sin embargo, el apoyo condicionado de treinta y un miembros Populares de la Legislatura Insular, quienes dirigieron al Senador Tydings el siguiente mensaje:

«Como miembros de la Legislatura de Puerto Rico, urgimos legislación autorizando a nuestro pueblo a decidir tan pronto sea posible el problema de nuestro status político permanente. Personalmente le demos nuestro completo endoso a su proyecto de Independencia, con enmiendas disponiendo para el progresivo desarrollo de nuestra economía y el sostenimiento de razonables niveles de vida y de trabajo. La situación mundial sugiere que se actúe rápidamente. La aprobación del Proyecto Tydings con las enmiendas sugeridas le haría justicia a Puerto Rico y fortaleceria la posición de Estados Unidos como potencia democrática.

Los legisladores Populares que suscribieron este mensaje fueron José M. Dávila Monsanto, Bernardo Méndez, Ernesto Juan Fonfrias, Rafael Arjona Siaca, Pascasio García, Vicente Geigel Polanco, Luis Alfredo Colón, William Córdova Chirino, Samuel R. Quiñones y Francisco L. Anselmi (Senadores); y Antonio Pacheco Padró, José L. Feliú Pesquera, José Portilla, Adolfo L. Monserrate Anselmi, Carmelo Avila Medina, Eudaldo Báez García, Obdulid Bauzá, J. Mimoso Raspaldo, Agustín Burgos, E. González Porrata, Libertad Pascual, Alfonso Tomás Garcia Agustín A. Vélez, Guillermo Alicea, Mario Canales, Francisco A. García, Alvaro Rivera Reyes, Baltazar Quiñones Elias, Eugenio Font Suárez, Antonio Padilla y Manuel Rivera Baerga (Representantes a la Cámara).

Un número de Alcaldes Populares también dieron su apoyo condicionando a este proyecto Tydings, en mensaje que decía:

«Nosotros estamos a favor de cualquier proyecto de independencia que haga posible el mantenimiento de relaciones con Estados Unidos y que para siempre garantice nuestro bienestar económico y los lazos de amistad de nuestro pueblo con Estados Unidos.

Los alcaldes Populares que suscribieron este mensaje fueron Asunción López, Jorge A. Ortíz, Julio Rojas Reyes, Andrés Grillasca, Lisandro Lugo, Esperanza Ydrach Vda. de Quiñc;nes, Joaquín Rosa, Gerardo Vega, Carlos Mignucci, Juan Rodríguez Martínez y Augusto P. Alvarez.

Otro número de Alcaldes Populares también dieron su apoyo condicionado a este proyecto Tydings, en mensaje que decía:

«De acuerdo con el sentimiento mayoritario del pueblo de Puerto Rico nosotro s calurosamente apoyamos el Proyecto Tydings para nuestra independencia con la enmienda propuesta.

Los alcaldes Populares que suscribieron este mensaje fueron Manuel A. Barreto, Fernando Milán, Angel Sandín, Ramón T. Rivéra, Augusto Rivera, Edelmiro Rodríguez, Sigfredo Vélez González, Francisco Robledo, Eladio Rodríguez, José Barceló, Miguel Rosado, Arcadio Estrada, José Pérez Soler, Arcadio Colón, Manuel A. Cordero, Juan Villarubia Santiago, Justo Méndéz Cabrera, Rafael H. Hernández, Carlos N. Aponte Valentín, Juan A. Rodríguez, Rafael Torrech, Félix Alvarez, Luis Santaliz Capestany, Rafael Castro Gray, Rodolfo Rodríguez, Gabriel Ricard, Miguel Rodríguez Echevarría, Antonio Méndez, Diego Jiménez, Pablo Suárez Rodríguez, y Eduardo García Carrillo.

Mientras tanto, se anunciaban vistas públicas para este último proyecto Tydings. A fines de abril de 1945 se designó la Comisión Legislativa del Status, creada por ley insular de 1943, y ésta quedó integrada por legisladores de todos los partidos representados en ambas Cámaras, o sea del partido Popular’ del partido Unión Repúblicana Progresista, del partido Socialista y del partido Liberal, Los miembros designados fueron Luis Muñoz Marín, presidente, y Leopoldo Figueroa, Bolívar Pagán, Vicente Géigel Polanco, Juan Dávila Díaz, Samuel R. Quiiiones, Ernesto Ramos Antonini, Rafael Arrillaga Torréns, Antonio Paclleco Padró, Celestino Iriarte, Esteban Susoni, y Ernesto Cádiz. Con excepción de Juan Dávila Díaz, todos los miembros de la Comisión Legislativa del Status se trasladaron a Wáshington; y laboraron en armonía para preparar y presentar sus proposiciones a las autoridades del Congreso, y especialmente al Senador Tydings, presidente del Comité de Territorios y Posesiones del Senado Federal.

Las audiencias públicas sobre este proyecto Tydings estuvieron muy animadas. Concurrieron a expresar sus puntos de vista diversas personalidades puertorriqueñas, a favor y en contra de la in dependencia. El presidente y otros miembros del Congreso Pro In dependencia apoyaron fuertemente el proyecto Tydings. La Comisión Legislativa del Status, por su composición de diversos partidos y por el mandato que tenía a tenor de la resolución que dió origen a la misma, no endosaron el proyecto Tydings. Esta Comisión de Status acordó solicitar la liquidación del sistema colonial en Puerto Rico, pero proponiendo que se sometieran diversas fórmulas de status final para que el pueblo de Puerto Rico optara por aquella de su preferencia.

En su apoyo a la independencia de Puerto Rico, el presidente del Congreso Pro Independencia, sometió al Senador Tydings la lista complete de los delegados que concurrieron a dicho Segundo Congreso, para señalar el respaldo a la idea independentista expresado por el liderato del partido Popular, incluyendo a representativos Populares electos a las Cámaras legislativas y a las Alcaldía de la Isla. Como delegados a este Congreso Pro-Independencia, figuraron los Senadores Populares Vicente Géigel Polanco, Ráfael Arjona Siaca, Francisco L. Anselmi, Ramón Barreto Pérez, J M Dávila Monsanto, Ernesto Juan Fonfrias, Pascasio García, Lorenzo A. Isérn Aponte, Bernardo Méndez, LuiS A. Negrón López y William Córdova Chirino; figuraron los Representantes PopulareE Antonio Pacheco Padró, Carinelo Avila Medina, Fernando Bauermeister, Obdulio Bauzá, Eudaldo Báez Garcia, Alfonso Bujosa, Agus tín Burgos, Mario Canales, Eugenio Font Suárez, Francisco García, María Libertad Gómez, José R. Mimoso Raspaldo, Benjamín Ortíz, Antonio Padilla, Libertad Pascual, José Portilla, Samuel R. Quiñones, Alfonso Román García, Alvaro Rivera Reyes, Esteban Susoni, Baltazar Quiñones Elias y José Luis Pesquera Feliú; y figuraron los Alcaldes Populares Félix Alvarez, Manuel Alcaide Cordero, Ernesto Carrasquillo, Rafael Cordero Grau, Arcadio Estrada, Andrés Grillasca, Rafael J. Hernández Carlo, Esperanza Ydrach Vda. dE Quiñones, Raúl Ibarra, Diego Jiménez, Antonio Méndez, Narciso Matta Gauthier, Augusto Rivera, Eladio Rodríguez, Joaquín Rosa, Pablo Suárez Rodriguez, José Vega Nevares, Juan Villarubia Santiago, José N. Barceló, Fernando Milán, Edelmiro Rodriguez,- Sigfredo Vélez González, Ramón T. Rivera, Rafael Torrech hijo, Pedro Nelson Colberg, Miguel Rodríguez Echevarría, Rodolfo Rodríguez, Justo Méndez Cabrera, Luis Santaliz Capestany, Gabriel Ricard, Manuel A. Barreto, Hermenegildo Bernier, Francisco Robledo, Miguel Rosado y Natalio Aponte. En la lista completa de los delegados que participaron en el Segundo Congreso Pro-Independencia, figuró prácticamente casi todo el liderato Popular que fue electo por el pueblo en las elecciones de 1944, en adición a un sinnúmero de lideres que formaron y dieron vida y aliento al partido Popular.

No era cómoda la posición oficial del partido Popular y especialmente de su jefe Luis Muñoz Marín ante la exposición del liderato representativo del partido Popular en el Congreso Pro-Independencia. Ciertamente el slogan electoral de que el status político no estaba en issue, no habia apagado el sentimiento independentista en el partido Popular. El presidente del partido Popular logró, sin embargo, sortear la situación hasta lograr que la mayor parte de ese liderato, y el partido Popular, en poco tiempo, evolucionaran hacia una actitud francamente adversa a la solución independentista.

En su comparecencia ante el Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado Federal, Luis Muñoz Marín expuso con claridad y franqueza su actitud, a nombre oficial de su partido y a nombre de la Comisión Legislativa del Status, que había tomado acuerdos pertinentes. Era sin duda fuerte y veraz la posición de Luis Muñoz Marín al sostener que en las dos elecciones precedentes de 1940 y 1944 el partido Popular, por la doctrine del programa de su partido aprobado en asamblea general, se había comprometido a que los votos recibidos por el partido Popular no podrían usarse como mandato a favor ni en contra de determinada fórmuia de status político. Por ello, era sencillamente lógico que la investidura de Senadores, Representantes y Alcaldes, obtenidos con los votos Populares, no daba autoridad a estos funcionarios elegidos, como tales funcionarios, a demandar la independencia ni otra fórmula definida de status político. Luis Muñoz Marín, hablando a nombre del Comité Legislativo del Status, integrado por representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Legislatura de Puerto Rico, y en cumplimiento de acuerdo adoptado por este Comité Legislativo, hizo hincapié en la demanda general contra el sistema colonial imperante, y demandó la aprobación de un proyecto que ofreciera al electorado de la Isla diversas alternativas de status político, y especialmente condicionado todo, con enfasis, en los requerimientos económicos indispensables, concretados en cinco puntos, a saber: (1) comercio libre de Puerto Rico con los Estados Unidos, a ser modificado únicamente por acuerdo mutuo; (2) no se cobrarán rentas internas sobre los productos puertorriqueños que entre en los Estados Unidos, proveyéndose que Puerto Rico impondrá derechos de exportación sobre tales productos iguales a los que serían los impuestos de rentas internas de Estados Unidos; (3) continuación de los pagos de beneficios; (4) confirmación por el tiempo conveniente de las condiciones prevalecientes a favor de los cosecheros de caña según las leyes federales (pagos de beneficios); y (5) continuación temporal de otros subsidios y ayndas a Puerto Rico, hasta que la producción y el comercio lleguen a ciertos niveles convenidos.

El proyecto (S.227) del Senador Tydings, ante la actitud de la Comisión Legislativa de Status, y otras personalidades particulares de Puerto Rico que se opusieron vigorosamente a la solución independencia, no prosperó ante el comité senatorial, y nunca fue informado para acción al Senado Federal.

El 16 de octubre de 1945, el Presidente Harry S. Truman dirigió un mensaje al Congreso con respecto a Puerto Rico y sus aspiraciones libertarias. Jamás en la historia del mundo un alto mandatario se expresó en términos más liberales y nobles con respecto a dominios coloniales. Este mensaje dice así:

«Al Congreso de los Estados Unidos:

Es la política establecida de este Gobierno el fomenter el desarrollo político, social y económico de los pueblos que todavía no hen aleanzado su pleno gobierno propio y al hacer eventualmente posible que ellos determiner su propia forma de gobierno. Es nuestro orgullo que esta política ha sido lealmente proseguida en el cave de las Filipinas. El pueblo filipino determinó que deseaba la independencia política, y el Gobierno de Estados Unidos dispuso los arreglos al efecto.

«Es ahora tiempo, en mi opinión, de averiguar de parse del pueblo de Puerto Rico sus deseos en cuanto al status final que prefieren, y—dentro de aquellos límites que pudieran ser determinados por el Congreso—de concederles la clase de gobierno que desean. La actual forma de gobierno en la Isla aparece que no es satisfactoria a un gran número de sus habitantes. Hay diferentes posibilidades: primero, el derecho de los puertorriqueños a elegir su propio gobernador, con una amplia medida de gobierno propio local; segundo, la Estadidad para Puerto Rico; tercero, la completa independencia; y cuarto, el gobierno en forma de Dominio.

Cada una de estas proposiciones está siendo urgida entre el pueblo, el cual se mantiene ignorante de cuál precisamente ha de ser el futuro de Puerto Rico. Estas incertidumbres debieran clarificarse en fecha temprana. A ese fin, yo recomiendo que el Congreso considere cada una de las proposiciones y que se apruebe legislación sometiendo las varies alternatives al pueblo de Puerto Rico. En esa forma, el Congreso puede averiguar qué es Jo más que desean los puertorriqueños para su futuro político.

«Sin embargo, en interés de la buena fe y de la bienquerencia entre el pueblo de Puerto Rico y aquellos de nosotros que vivimos en la metrópoli, el Congreso no debiera someter a los puertorriqueños proposiciones algunas que el Congreso no esté preparado para promulgar finalmente en fey. Nosotros debemos ester preparados para llevar a efecto cualesquiera opciones sometidas al pueblo de Puerto Rico, una vez que los puertorriqueños hayan manifestado su preferencia.

Yo espero que este problema pueda ser considerado por el Congreso, en una fecha temprana, y que se aprobará la legislación apropiada destinada a tracer definitivo el futuro status de Puerto Rico. Harry S. Truman».

Este mensaje del Presidente norteamericano fue acogido con gratitud y aplauso por toda la opinión pública puertorriqueña. Ello indicaba la disposición, por fin, de la Administración norteamericana de tracer justicia a la demanda del pueblo puertorriqueño. Aparte del altruista sentimiento del Presidente Truman, ese mensaje respondía ai clamor de Puerto Rico y respondía a }a vez al momento que vivía el mundo, al terminarse la Segunda Guerra Mundial, que tantas esperanzas y promesas de emancipación y de justicia sembró en los pueblos subyugados y coloniales de todo el mundo. Al asumir los Estados Unidos su justo liderato en la nueva era que comenzaba con el trinnfo de las armas de las Naciones Unidas, el Presidente abria al pueblo puertorriqueño el camino franco de su libertad. Ante los documentos históricos de la Carta del Atlántico y la Carta de las Naciones Unidas, reconociendo el deYecho a su libre determinación a los pueblos coloniales, era natural el elevado gesto del Presidente Truman.

El 2 de diciembre de 1945, se celebró en el salón de actos de la Escuela Superior Central, de San Juan, un importante congreso de las principales asociaciones profesionales, económicas y cívicas de Puerto Rico. Este congreso fue presidido por Miguel GuerraMondragón. Participaron en animados debates, entre otros, Antonio Matos, Miguel Guerra-Mondragón, Miguel Angel García Méndez, Jorge Font Saldaña, Joaquín A. Becerril, Luis A. Ferré, Jacobo Córdova Chirino, Rafael Soltero Peralta, Filipo de Hostos, Virgilio Brunet y Osvaldo Ramírez Torres.

Este congreso de asociaciones, entre otras resoluciones, adoptó una principal, para «insistir, por todos los medios cívicos y democráticos, para que, tanto desde el punto de vista de Estados Unidos como desde el punto de vista de Puerto Rico, las condiciones económicas incluídas en las diversas formas de status que se ofrescan a la votación del pueblo puertorriqueño sean condiciones económicas justas que tomen en cuenta la responsabilidad del pueblo de Estados Unidos por haber gobernado a Puerto Rico durante 47 años, de manera que permitan el desarrollo permanente de cualquier status político que el pueblo escoja; y solicitar al Congreso de Estados Unidos que someta al pueblo de Puerto Rico las siguientes alternatives: (1) Independencia, (2) Estadidad, y (3) plena autonomía o independencia como dominio, comunidad o estado no incorporado, disponiéndose que dichas alternatives deben ser instrumentadas con earácter de irrevocabilidad.

Mientras tanto los líderes del Congreso Pro-Independencia proseguían su campaña activa a favor de la independencia, en Puerto Rico y en gestiones fuera de Puerto Rico, y en el movimiento se señalaban destacados representativos del partido Popular. El 10 de febrero de 1945, se reunió el Consejo de Fundadores y el Comité Central del partido Popular, con los legisladores Populares, en la casa-ayuntamiento de Arecibo, bajo la presidencia de Luis Muñoz Mar n. Después de considerar la situación creada por el movimiento del Congreso Pro-Independencia, que Muñoz Marín lo calificó como uno de sabotaje y contrario al partido Popular, se adoptó un acuerdo para «declarar incompatible, a partir de esta fecha, la condición de miembro del Partido Popular Democrático con la de miembro del llamado Congreso Pro-Independencia de Puerto Rico, y la participación en sus actividades, por considera que dicho Congreso se ha convertido en un organismo o partid dedicado a atacar al partido Popular Democrático y al sabotaje de su obra de gobierno y de su compromiso con el pueblo de Puert Rico.» Se dispuso también, como parse de este acuerdo, «reafirma sin embargo, el derecho de todo Popular a defender y propulsa la independencia de Puerto Rico, así como cualquier otra forma de status político definitivo.» Este acuerdo fue votado por todo los presentes, con excepción de William Córdova Chirino y José L Pesquera Feliú, legisladores Populares, quienes disintieron con su votos.

Volvamos ahora al partido Comunista Puertorriqueño. Ya di suelta por los altos jerarcas de Moscú la Tercera Internacional Comunista, al ingresar la Rusia Soviética en la Gran Alianza de la Segunda Guerra Mundial contra las potencies fascistas, el movimiento comunista puertorriqueño disminuyó en su precario ímpetu. En asamblea celebrada en San Juan, en febrero de 1944, por propuesta de Juan Santos Rivera secundada por Alberto E. Sánchez, se disolvió el partido Comunista Puertorriqueño. Al quedar disuelto este partido, fue derrotada una moción para crear, er su sustitución, una asociación de educación marxista. Pero, más tarde, en asamblea celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, el 10 de marzo, de 1946, en San Juan, se reorganizó nuevamente este partido. Exhortaron a la asamblea discursos de Juan Santos Rivera, César Andreu Iglesias, Consuelo Burgos de Sáez Corales, Pascual Otero y otros. La nueva dirección electa quedó constituída en la forma siguiente: César Andreu Iglesias, presidente; Juan Santos Rivera, secretario general; Consuelo Burgos de Sáez Corales, secretaria de educación; Adrián Sotomayor, secretario de organ~ación; Pascual Otero, secle~riu de finanzas; Josquín Sanchez Alvarez, secretario sindical; Roberto Rodríguez, secretario de acción campesina; Jane Speed de Andreu, secretaria de asuntos de la mujer; Juan Antonio Rosado, secretario de actas; y los otros miembros del Comité Central, constituído también por los anteriores oficiales, Carlos Sandoval, Adolfo Martínez, Etanislao Soler, José Luis González, Leonor Massó y Santiago Otero. Entre varies resoluciones aprobadas, figuraban una solicitando de Estados Unidos el inmediato rompimiento de relaciones con el Gobierno Español bajo el generalísimo Francisco Franco; otro solicitando la liberación de Pedro Albizu Campos y compañeros reos nacionalistas recluidos en una penitenciaria federal de Estados Unidos; y otra en pro de la unidad obrera insular. Se aprobó un programa de acción comunista, con énfasis en la demanda de la independencia para Puerto Rico, y en el mantenimiento de relaciones fraternales con los demás partidos camunistas del mundo.

Terminadas las sesiones ordinaries de la Legislatura Insular de 1946, a fines de abril volvió a Wáshington la Comisión Legislativa del Status, presidida por Luis Muñoz Marín. Días antes se había dado al público un largo e interesante informe de la Comisión de Tarifas del Gobierno Federal, que estudiaba el problema político de Puerto Rico en sús aspectos económicos. Las estadísticas y conclusiones de este informe resultaban adversas a las soluciones finales de Independencia y Estadidad, soluciones que, según este informe, no mejorarían las condiciones económicas y fiscales de Puerto Rico, a base de la situación creada durante casi medio siglo en las relaciones fiscales y económicas de la Isla con la metrópoli norteamericana.

Fracasado el nuevo bill (S.227) del Senador Tydings para conceder la independencia a Puerto Rico, este informe de la Comisión Federal de Tarifas, que fue difundido en el Congreso y altas esferas administrativas de Wáshington, contribuyó mucho a que tanto el Senador Tydings, presidente del comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado Federal, lo mismo que en general el Congreso, fueran receptivos a considerar propuestas puertorriqueñas con otro enfoque que no fuera la lndependencia o la Estadidad. Sin embargo limitada como estaba la Comisión Legislativa del Status a tracer sus gestiones dentro del mandato de la resolución legislative que la creó, esta Comisión hizo tantos acerca de personalidades influyentes del Congreso para adoptar alguna legislación que respondiera a la insistente demanda del liderato puertorriqueño para poner fin al sistema colonial prevaleciente en la Isla.

La Comisión Legislativa del Status preparó y ofreció al presidente del Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado Federal, en abril de 1946, un ante-proyecto, que en su aspecto sustancial proveía un plebiscito del- pueblo de Puerto Rico para optar por mayoría absoluta por la Independencia, Ja Estadidad federada en la Unión Norteamericana, o una nueva fórmula titulada el Pueblo Asociado de Puerto Rico. Preferida una de estas tres fórmulas, el pueblo de Puerto Rico eligiria una convención constituyente para instrumentarla, y luego someterla a la aprobación de Presidente de Estados Unidos y al electorado de la Isla. En cuanto a la fórmula de Independencia, se proveía para arreglos ejecutivos entre Puerto Rico y Estados Unidos, que aseguraran (1) el comer cio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, sujeto a modifica clones que de vez en cuando se aprobaran por mutuo acuerdo; (2) arreglos para la continuación de ayudas y subsidios federales qu~ en la época se extendían a Puerto Rico, haste que la producción d~ Puerto Rico y el ingreso per cápita alcanzaran ciertos niveles, nc más bajos que los de los tres Estados de la Unión que tovierar eves niveles más bajos; (3) las cuotas de azúcar y tabaco, serian fijadas a base del intercambio histórico de eves productos de- Puer to Rico en el mercado de Estados Unidos; (4) no se cobrarian tributos de rentas internal en los Estados Unidos, disponiéndos~ que Puerto Rico impondría un impuesto de exportación sobre taleE productos cuando fueron exportados a Estados Unidos o a cualquier territorio o dependencia de Estados Unidos, que fuere igua] al tributo de rentas internal impuesto sobre similares produc tos por los Estados Unidos; (5) aue no se impondría restricción a la entrada libre de los ciudadanos de Puerto Rico a los Estado£ Unidos y sus territorios y dependencies, que fueran distintas a las restricciones impuestas a la entrada de-ciudadanos de otras repúblicas del hemisferio occidental; (6) que los Estados Unidos tendrían facilidades para establecer adecuadas bases militares navales en Puerto Rico, para la defense nacional de Estados Unidos y para la defense del hemisferio occidental, y (7) que se hariar los arreglos convenientes con respecto a la deuda pública de Puertc Rico vigente al establecimiento de la independencia, considerando debidamente el interés de los acreedores y del pueblo de Puérto Rico y Estados Unidos, para ser estudiado y recomendado por una comisión conjunta, que tuviera en cuenta asegurar la estabilidad económica y gubernamental de Puerto Rico. El Presidente de Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico tendrian que aprobar fi nalmente este arreglo ejecutivo. La constitución aprobada por e pueblo de Puerto Rico para cualquiera de estas tres fórmulas, con tendria garantías para una forma republicana de gobierno, con los esenciales derechos civiles y políticos para los cindadanos establecimiento de un adecuado sistema de instrucción pública. La fórmula de Estado, seria la usual para nuevos Estados de la Unión Norteamericana. La fórmula del Pueblo Asociado de Puerto Rico se hara con carácter de convenio entre los dos pueblos, irrevocable unilateralmente.

Discutido este ante-proyecto con el Senador Millard Tydings; se presentó en el Senado y en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos un proyecto, en líneas similares, aunque no iguales. Este proyecto tomó el nombre de Tydings-Piñero, por haber sido presentado en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente, por el Senador T.ydings y el Comisionado Residente Jesús T. Piñero. En luger de la denominada fórmula Pueblo Asociado de Puerto Rico, se denominó Dominio En cuanto a las condiciones de la Independencia con respecto a los derechos de Estados Unidos, este proyecto en parse incluia las siguientes disposiciones:

«Artículo 202. La constitución que se formule y bosqueje deberá disponer una forma republicana de una declaración de derechos, incluyendo gobierno, deberá contener libertad de culto, libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad para demander, libertad en contra de allanamientos y confiscaciones irrazonables, y deberá, además, continuer garantizando todos los derechos, privilegios e inmunidades que al presente goza el pueblo de Puerto Rico bajo la Constitución de Estados Unidos y d; la Carta Orgánica de Puerto Rico, y deberá garantizar expresamente a todos los individuos y corporaciones contra cualquier expropiacion de propiedad, y deberá disponer una compensación pronta equitativa y efectiva por cualquier propiedad que se tomare para uso publico, y debera contener, además, las siguientes disposiciones:

«(1) Que los derechos de propiedad de los Estados Unidos y de Puerto Rico serán prontamente ajustados y acordados, y que todos los existentes derechos de propiedad de ciudadanos y corporaciones de los Estados Unidos se reconocerán, resDetarán v salvaguardarán haste el mismo grado que los derechos de propiedad correspondientes de ciudadanos y corporaciones de Puerto Rico.

«(2) Que el gobierno de Puerto Rico, al quedar independiente de Estados Unidos, asumirá sodas las obligaciones contínuas asumidas por los Estados Unidos bajo el Tratado de Paz con España que cedió a Puerto Rico a los Estados Unidos.

«(3) Que para más seguridad, el Gobierno de Puerto Rico instrumentará las anteriores disposiciones (1) y (2) en un tratado con los Estados Unidos.

«Artículo 203 (a). El Gobierno de los Estados Unidos tendrá el derecho, previa consulta con el Gobierno de Puerto Rico, de establecer y mantener aquellas bases navales y militares con sodas las instalaciones necesarias que el Gobierno de Estados Unidos pueda considerar convenientes para fines de defense de Estado£ Unidos, de Puerto Rico y del Hemisferio Occidental.

«(b) Los barcos pertenecientes a las fuerzas armadas de Estados Unidos—de superficie, submarinos o áereos—gozarán de libre movimiento hacia y desde todos los puertos y aeropuertos que hubiere en Puerto Rico, así como los barcos de suministros, de todas las clases, que llevaren suministros para las fuerzas armada£ de los Estados Unidos que en cualquier tiempo estuvieren destacadas en Puerto Rico. En caso de guerra o de inrninente peligrc de guerra, los Estados Unidos gozarán del derecho a libre tránsitc de sus tropas en Puerto Rico, previo aviso correspondiente al Gobierno de Puerto Rico. En tiempo de paz Estados Unidos gozará del derecho al libre movimiento normal de tropas desde una base campamento, fuerte o instalación a otros dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, previo aviso al Gobierno de Puerto Rico.

« (c) En cualquier guerra en que Estados Unidos se viere en vuelto, la República de Puerto Rico será aliada de los Estado, Unidos y extenderá toda la cooperación al eafuerzo de guerra dentro y fuera de los límites territoriales de Puerto Rico.

«(d) Los servicios de inteligencia de Estados Unidos podrán en los caves descritos en el párrafo anterior, proveer libremente dentro de los límites territoriales de Puerto Rico; y las leyes de Puerto Rico deberán proveer disposiciones adecuadas de cumpli miento para la seguridad nacional de Estados Unidos y Puert Rico con respecto a estas actividades.

«Las anteriores disposiciones del Artículo 203 deberán in cluirse tanto la Constitución de la República de Puerto Rico que se dispone en el Artículo 201, como en ei tratado que se firme entre Estados Unidos y Puerto Rico.»

En otros aspectos, sobre arreglos financieros, ayuda econó mica e inmigración, este proyecto disponía lo siguiente:

«Artículo 212. Para tener efecto cuando se proclame la independencia de Puerto Rico, la deuda pública existente de Puerto Rico, insular y municipal, deberá ser, y por la presente se asume por Estados Unidos, y sodas las reclamaciones de Estados Unido, en contra de residentes de Puerto Rico que pudieran entonces existir serán transferidas, como por la presente se transfieren a la República de Puerto Rico. La República de Puerto Rico deberá ahí y entonces convertirse en deudora de Estados Unidos por la suma de 16 deuda que por la presente se asume y el total de las reclamaciones por la presente transferidas y traspasadas, deberá pagarse como mutuamente lo acuerden los dos gobiernos; disponiéndose, sin embargo. que no existirá obligación de parte de Estados Unidos de pager el principal ni los intereses de bongs y obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, o de sus gobiernos municipales, que pudieren emitirse más adelante durante la continuación de la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, y disponiéndose, también, que tales bongs y obligaciones que se emitieran más adelante no estarán exentos de tributación en los Estados Unidos o por-autoridad de los Estados Unidos.

«Artículo 213. Hasta tal fecha y en tal forma como más adelante se dispone en esta Ley, toda ayuda federal hasta la fecha extendida a Puerto Rico respecto de, pero no limitada, a la investigación y extensión agrícola, instrucción, educación vocacional y de colegios, caminos públicos y carreteras, seguridad social, seguridad agrícola, conservación de suelos, ayuda para alimentación , sani dad pública, obras de trabajo no militar, reconstrucción financiera, ayuda en desastres, crédito agrícola, obras federales, construcción, de hogares y eliminación de arrabales, deberá continuar.

«Artículo 214. La ayuda que se dispone en el artículo anterior deberá reducirse gradualmente. Tal reducción se llevará a cabo sobre la base de índices de progreso económico que se determinarán por una comisión de tres economistas que designará el jefe ejecutivo de Puerto Rico, y según proclama que de tiempo en tiempo emitirá el Presidente de los Estados Unidos.

«Artículo 215. Cuando ocurra el retiro completo y final de la soberanía americana sobre Puerto Rico, las leyes de inmigración le los Estados Unidos serán aplicables a los ciudadanos de Puerto Rico hasta el mismo grado que lo que ahora es el cave respecto le otros paises del Hemisferio Occidental.»

En cuanto a la fórmula denominada Dominio, este proyecto disponía lo siguiente:

«Sección 401. La Legislatura de Puerto Rico es por la presente autorizada para proveer para la elección de delegados a una convención constitucional, la cual se reunirá en la capital de Puerto Rico en la fecha que la Legislatura de Puerto Rico fijare por ley, dentro de un año después de la promulgación de esta ley, para formular y redactar una constitución para el gobierno del Dominio de Puerto Rico, sujeta a las condiciones y cualificaciones de esta Ley, el cual ejercerá jurisdicción sobre la base de un gobierno propio soberano sobre todo el territorio en las Indias Occidentales cedido a los Estados Unidos por España el 10 de diciembre de 1898. Las leyes relativas a las cualificaciones de electores y a la salvaguardia de disposiciones que gobernaron la elección de noviembre 7, 1944, se aplicarán a esta elección con aquellas modificaciones y adiciones que el Presidente de los Estados Unidos pudiera mediante orden prescribir con el objeto de llevar a cabo el propósito de conseguir una verdadera expresión de la preferencia del pueblo de Puerto Rico.

«Sección 402. La constitución formulada y redactada proveerá pare un gobierno de forma republicana, contendrá una carta de derechos, incluyendo la libertad de credo religioso, libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de asamblea, el derecho de petición, libertad contra allanamientos y embargos irrazonables y, además, continuará y garantizará todos los derechos, privilegios e inmunidades al presente disfrutados por el pueblo de Puerto Rico bajo }a Constitución de los Estados Unidos y del Acta Orgánica de Puerto Rico, y expresamente garantizará a todas las personas y corporaciones contra cualquier expropiación de la propiedad y proveerá pare su pronta, equitativa y efectiva compensación por cualquier propiedad tomada para servicio público.»

10

El proyecto Tydings-Piñero resultó un natimuerto. No había ambiente en el Congreso para aprobar una medida de esa naturaleza y alcance. Resultaba difícil que el Congreso adoptara una norma inusitada pare resolver el problema en la forma planteada, o sea que el Congreso se dispusiera por anticipado a conceder las tres nóminas aspiradas, pare que el pueblo de Puerto Rico escogiera a su gusto. Parecía más razonable que el pueblo de Puerto Rico, por plebiscito propio o por otro adecuado medio democrático, decidiera primero cuál era su preferencia en materia de status, y luego sometiera su demanda al Congreso. Resultaba especialmente difícil que la fórmula de Estadidad se sometiera a la opción del pueblo de Puerto Rico simultáneamente con otras alternativas. Ello sería raro en el curso histórico de la admisión de nuevos Estados en la Unión Norteamericana. La aceptación de un nuevo miembro en la familia nacional federada de los Estados Unidos, tradicionalmente requiere otro procedimiento, previa la determinación y la demanda, definidas e insistentes, de predominante mayoria en la región que aspire a la Estadidad.

La Comisión Legislativa del Status regresó a Puerto Rico desilusionada. Cada partido seguiría bregando a su peculiar manera con el problema del status. El partido Popular, que según las estadísticas electorales representaba obviamente las mayorías del país, confrontaba especial problema. Su compromiso electoral, al recibir los votos del pueblo, le impedía propulsar medida específica alguna, lo mismo que oponerse a medida específica alguna sobre el status final.

Después de su regreso de Washington a la Isla, Luis Muñoz Marin publicó dos artículos en El Mundo, titulados Nuevos Caminos hacia viejos objetivos. En estos artículos el jefe Popular, ante la expresada determinación de todos los partidos de gestionar la liquidación del régimen colonial en Puerto Rico y ante la incertidumbre oficial de su partido, comenzó a desarrollar sus ideas, que luego madurarían en la concepción del Estado Libre Asociado de -Puerto Rico. Recuérdese que en el ante-proyecto sometido al Se nador Tydings por la Comisión Legislativa del Status, se mencionaba ya el Pueblo Asociado de Puerto Rico. Esta tercera fórmbla fue inspirada por Luis Muñoz Marín, pero fue descartada en el bill lidings-Piñero. En el segundo de estos artículos, publicado el 29 de junio de 1946, Luis Muñoz Marin se expresaba en la forma siguiente:

«En mi reciente estadía en Washington, las observaciones y estudios que allí he podido hacer complementando mi largo y angustioso pensamiento sobre los riesgos y necesidades de la vida integral de nuestro pueblo, me conducen definitivamente a las siguientes conclusiones, fundadas en los hechos anotados ayer.

«(a) La Estadidad es imposible para la actual autonomía de Puerto Rico. Si de nuestra extrema pobreza tuviéramos que extraer cuarenta millones de contribuciones federales todos los años, no habría esperanza de poder resolver los problemas que hoy, sin esa extracción anual de riqueza, vamos resolviendo parcial y lentamente. Puede ser, además, que la Estadidad sea imposible desde el punto de vista de Estados Unidos.

«(b) La Independencia, sin condiciones económicas especiales, es también imposible. El cierre, inmediato o amenazado a plazo fijo arbitrario, del mercado libre de Estados Unidos produciría una destrucción rápida y fatal en nuestra vida económica, que afectaría igualmente o sea totalmente al campesino más pobre y al capitalista más opulento.

(C) Independencia en condiciones económicas adecuadas es, desde luego, enteramente factible pare nuestro pueblo.

(d) Estoy convencido de que es sumamente difícil, si no totalmente imposible, obtener que Estados Unidos otorguen la relación económica necesaria a la supervivencia y desarrollo de Puerto Rico en la parte de una ley que ofrezca la independencia a la votación de los puertorriqueños. Creo que las condiciones económicas que el Congreso pueda ofrecer bajo el título de independencia no serían las que nuestro pueblo necesita para sobrevivir y veneer las graves dificultades de su vida. Y creo que las condiciones económicas que Puerto Rico necesita para esto son las que el Congreso de Estados Unidos no podrá ofrecer bajo el título de independencia. Veremos más adelante por qué.

«(e) Las condiciones económicas necesarias pare que la independencia sea factible pare nuestro pueblo tienen que ser por lo menos las mismas que tenemos ahora, sin límite fijo de tiempo (aunque pudieran tener un límite que no sea fijo y específico) Cualquier condición de mejora tiene que ser en adición a las que ya existen, sería que Puerto Rico, teniendo comercio libre con Estados Unidos, pudiera también tenerlo con otros países del mundo. Pero poder tener comercio libre con otros países del mundo a cambio de dejar de tenerlo con Estados Unidos, sería un trueque mortal para Puerto Rico. Comprariamos, con el poco dinero que tuviéramos, un número de productos—no todos—algo más barato que ahora, pero no tendríamos normalmente dónde vender nuestros productos a los precios suficientes para sostener nuestra creciente población y hacer el intenso desarrollo de industria que es necesario pare que el pueblo de Puerto Rico. cada día más numeroso, llegue a poder sostenerse a sí mismo, sin ayudas artificiales, sin un enorme desempleo crónico, y pare que llegue al nivel de vida mínimo en que el crecimiento de la población empieza a declinar.

«(f) Evidentemente no es por razones económicas que Estados Unidos negarían en una oferta de independencia las mínimas condiciones económicas necesarias a Puerto Rico. No lo es, puesto que ya están otorgando esas condiciones económicas. Lo que considero sumamente difícil, si no totalmente imposible, es que las otorguen bajo el título de independencia. La dificultad está en el titulo, no en las condiciones económicas. La dificultad proviene de los tratados de nación más favorecida de Estados Unidos y de su firme política general de destruir preferencias a través del mundo —política que se funda en el hecho de que Estados Unidos, teniendo un enorme poder financiero, económico y diplomático, sólo necesita pare ejercitarlo con el mayor provecho que no se mantengan desigualdades artificiales en su contra a través del mundo. Si Estados Unidos le otorgan comercio libre a un país bajo el título de independencia, vienen obligados, por sus tratados de nación más favorecida, a otorgarle comercio libre a todos los demás países con los que tienen tales acuerdos. Y si se negaran a reconocer esta obligación, tendría que ser a base de abandonar su política de destruir preferencias.

«Hay una alegación que corresponde hacer a Puerto Rico a este respecto. La he hecho. La ha hecho, no sobre la independencia en si, porque sobre eso le corresponde votar a nuestro pueblo directamente, sino sobre el derecho de que se le haga la oferta de independencia, entre otras, bajo las condiciones económicas necesarias pare su supervivencia, pare enfrentarse al desarrollo de su creciente población. Esta alegación es que Estados Unidos, habiendo ejercido el control político por cincuenta años en Puerto Rico, tiene una responsabilidad moral especial en nuestro caso. Esa responsabilidad crea una relación especial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esa relación especial impone el deber y da el derecho a Estados Unidos de otorgarle condiciones económicas especiales: a Puerto Rico, aún bajo el título de independencia, sin tener que otorgárselas a otros países que tienen tratados de nación más favorecida, pero que no han estado cincuenta años bajo el control político de Estados Unidos.

«Esta alegación tiene fuerza moral y pudiera tener fuerza práctica. Tendrá menos fuerza práctica dentro de algunos días cuando se inaugure la República de las Filipinas —cayo pueblo también ha estado cincuenta años bajo el control político de Estados Unidos—con condiciones económicas que serian insuficientes pare Puerto Rico y que son de carácter especificamente fijado como transitorio a base de fechas en el calendario Todavía entonces tendrá fuerza moral nuestra alegación debido a que el cuadro geográfico de Filipinas es enteramente distinto al de Puerto Rico, especialmente en cuanto a la extensión de su territorio, su menor población relativa, y la mayor riqueza de su subsuelo

«Esta alegación se ha hecho, y se continuará haciendo, con referencia a las condiciones económicas que bajo la alternativa de independencia—bajo cualquier alternativa—deben ser sometidas a la decisión final del pueblo de Puerto Rico en plebiscito. Pero yo debo decir aquí mi convicción honrada—ojalá sea errónea—de que esa alegación no va a surtir efecto. Por eso creo que, sin prolongar mucho más la gesta irre en que ha vivido nuestro problema de status, debemos ponernos a resolver rápidamente, realísticamente, en toda su conexión con la vida integral, con el problema total, del pueblo puertorriqueño, y con las grandes realidades de Estados Unidos y del mundo.

«A base de esto, resumamos: la Estadidad es actualmente imposible desde el punto de vista de Puerto Rico por razones económicas. La Independencia, sin las condiciones económicas especiales indicadas, no subsistiría. Las condiciones económicas especiales que necesita Puerto Rico es prácticamente seguro que no se pueden obtener simultáneamente con el título de Independencia. La relación política de gobierno entre Estados Unidos y Puerto Rico es sumamente indeseable. No asi la relación económica. Hay que cambiar la situación política sin destruir las condiciones económicas que son absolutamente necesarias a la supervivencia del pueblo y a la de status político que se establezca—porque ningún status político puede sobrevivir si se destruye la economía en la cual funciona. Por circunstancias actualmente irremediables de la realidad geográfico-económica de Puerto Rico y de la política comercial internacional de Estados Unidos, estas relaciones políticas indeseables no pueden terminarse en ninguna forma clásica conocida.

«El dilema es, por lo tanto, que, no se terminan las relaciones políticas indeseables, o se encuentra una manera nueva, creadora, de lo que he llamado creativa statemanship,—para abolir la relación política deseable. Recordemos también a este respecto (mirando a todas partes Y fijándonos en Cuba), que tenemos que tener sumo cuidado pare no incurrir en la futilidad de sacar a nuestro pueblo del imperialismo político bobo, meramente para someterlo, en su actual desvalimiento económico, dentro del imperialismo económico, financiero y diplomático agresivo, inteligente, controlante y avasallador. De no encontrarse y hacerse viable en la práctica una forma nueva de política creadora, continuaremos indefectiblemente en el juego de fantasmas en que ha vivido nuestro problema de status enteramente desconectado de las realidades puertorriqueñas, de Estados Unidos y del mundo. No debemos gastar tiempo útil en prolongar la realidad male del sistema de gobierno que padecemos, por insistir en la realidad de la forma en que hemos querido cambiarlo. Y para no prolongar ninguna de las dos cosas, la política creadora, sabia, necesaria, puede tomar las siguientes formas (aunque sin exclusión de otras que pudieran ser mejores, siempre bajo normas de sencillez en la presentación y de reconocimiento de los datos económicos básicos):

«Una forma es que el Congreso de Estados Unidos, sin cambiar—o ampliando— las actuales deseables relaciones económicas, apruebe una ley estableciendo el gobierno local completo, lo que hemos llamado el Pueblo Asociado de Puerto Rico, con plena autoridad democrática interna, que será irrevocable hasta que se hayan alcanzado ciertos indices económicos fijados por la ley misma a base de un cuidadoso estudio. Cuando se hayan alcanzado dichos índices económicos —tales como, por ejemplo, ingresos per cápita, volúmen de industrialización, ingresos – mínimos por familia—el pueblo de Puerto Rico votará—y se acatará su decisión— si desea la Estadidad sin condiciones especiales o la Independencia sin condiciones especiales. Los índices económicos deberán estar estructurados en tal forma que, al alcanzarse, Puerto Rico pueda sobrevivir pagando las contribuciones federales o corriendo igualitariamente la suerte de los demás países que tengan tratados de nación más favorecida en Estados Unidos. La irrevocabilidad puede establecerse siguiendo el lenguaje de Thomas Jefferson en la Ordenanza del Noroeste: «(These articles of compact) forever to remain unalterable unless by common consent.» «Éstos artículos de pacto) permanecerán por siempre inalterables a menos que sea por consentimiento común.»

«Otra forma es: Que el pueblo de Puerto Rico vote primero si desea la Estadidad sin condiciones económicas especial es o la Independencia sin condiciones económicas especiales; que la ley autorizando el plebiscito contenga los índices económicos antes mencionados; que si el pueblo vote por la Estadidad entrará en vigor el gobierno local completo (bajo las actuales condiciones económicas, o una ampliación de las mismas), que será irrevocable hasta que se alcancen los índices y se tramite un enabling act pare admitir a Puerto Rico, sin condiciones especiales, como Estado de la Unión; que si el pueblo vote por la independencia entrará en vigor inmediatamente también el gobierno local completo (también bajo diehas condiciones económicas), que será irrevocable hasta que se alcancen los índices y entre en vigor la independencia sin condiciones especiales. Los índices económicos, repito, deberán ser los adecuados para que, al alcanzarse tales índices, el pueblo de Puerto Rico pueda sobrevivir en civilización sin condiciones económicas especiales bajo cualquier status que haya escogido. Naturalmente que, mientras se alcanzan los índices económicos, ningún país con tratado de nación más favorecida podrá objetar a las condiciones especiales por ser Puerto Rico parte de Estados Unidos. Y cuando se alcancen los índices económicos no habrá daño irreparable en que se suspendan las condiciones especiales, habiéndose así decidido desde antes, bajo ese claro entendido, el pueblo de Puerto Rico en votación plebiscitaria.

«Otra forma es: que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley disponiendo que, previa votación favorable a las disposiciones de tal ley por el pueblo de Puerto Rico, se establecerá el pleno gobierno local ya indicado en forma irrevocable, y que la Legislatura de Puerto Rico quedará autorizada, en cualquier momento en que, a su juicio, la realidad económica lo permita, a someter a la votación del pueblo de Puerto Rico o la Independencia sin condiciones especiales, o la 13stadidad sin condiciones especiales, o ambas; y que se tramitará la voluntad expresada por el pueblo. En esta forma la Legislatura de Puerto Rico, refrendada por el pueblo, sería la que tendría que juzgar el momento en que las condiciones económicas garantizaran la supervivencia del pueblo de Puerto Rico en civilización al inaugurarse el nuevo status que favoreciera el pueblo y quedar suspendidas las relaciones económicas especiales entre Puerto Rico y Estados Unidos.

«A base de cualquiera de estas formas, la que sea más viable en el Congreso de Estados Unidos, estaremos en condiciones de presenter y presionar una solución concrete, rápida, y enteramente factible, con plena garantía pare la supervivencia de nuestro pueblo, y, por consiguiente, para todas las libertades que se fundan en el funcionamiento de la economía y la civilización, en vez de solamente pare la libertad política que sería en sí destruída, junto a las otras, en un colapso económico. No hay razón por la que todos los partidos no puedan seguir esta manera realista y positivo. Ciertamente no hay razón por la cual no la pueda seguir, estrictamente dentro de su compromiso con el pueblo,—cuyos votos siempre tendrán la decisión final—el Partido Popular Democrático.»

Estos artículos del jefe Popular provocaron reacción contraria de prominentes líderes Populares, por las alusiones adversas a la independencia. Entre estos líderes figuraron, en declaraciones públicas, Vicente Géigel Polanco, floor leader de la mayoría Popular en el Senado Insular, y Francisco M. Susoni (padre), Speaker de la Cámara de Representantes.

El 3 de julio de 1946, se reunió Luis Muñoz Marin en Barranquitas, con el Comité Central, el Consejo de Fundadores y legisladores Populares. Muñoz Marín, en prolongado discurso expresó sus ideas sobre la situación política y el problema apremiante del status. Entre otros pensamientos, expresó Muñoz Marin que, a su juicio, Puerto Rico necesitaría un período de catorce años por lo menos pare alcanzar los niveles económicos indispensables pare resolver su problema del status en las consagradas soluciones finales. Vicente Géigel Polanco, Francisco M. Susoni (padre) y Eugenio Font Suárez, disintieron y propúlsaron la inmediata independencia con adecuadas garantías económicas. Después de prolongadas deliberaciones, se acordó a respaldar en todas sus partes el compromiso contraído por el partido Popular con el pueblo de Puerto ‘Rico al efecto de que la decisión final y definitiva sobre el status político debe estar sujeto a la aprobación directa del pueblo entero; tratar, por todos los medios legítimos posibles, que la alternative de independencia que sea sometida al pueblo en un plebiscito, entre otras, sea a base del establecimiento más rápido posible de tal status, después de una votación favorable por el pueblo, a base de las condiciones económicas mínimas aprobadas por la Comisión Legislativa del Status. Si se llegara al convencimiento de que esto es imposible debido a los tratados de nación más favorecida de Estados Unidos y de la política comercial internacional de no preferencias de Estados Unidos, tratar, por todos los medios legítimos posibles, de que, en cuanto a la alternativa de independencia, el Congreso de Estados Unidos someta a le votación del pueblo de Puerto Rico la independencia sin condiciones económicas especiales, y que, si el pueblo vote a favor de ella, entre en vigor inmediatamente una forma de gobierno local completo, que deberá ser irrevocable hasta que, habiéndose alcanzado la situación económica necesaria pare la independencia sin condiciones especiales, o habiendo la Legislatura de Puerto Rico sometido al pueblo y éste aprobado que ha llegado el momento en que se puede establecer la independencia sin condiciones económicas especiales, el pueblo haya dado su aprobación.»

Este acuerdo fue votado por mayoría, de 50 contra 9. Votaron en contra Vicente Géigel Polanco, Obdulio Bauzá, Adolfo Monserrate Anselmi, Esteban Susoni, Antonio Pacheco Padró, José Portilla, Eugenio Font Suárez, Andrés Grillasca y Francisco M. Susoni (hijo).

11

Fracasada la legislación sobre Puerto Rico sugerida por la Administración Federal, el Presidente Truman creyó oportuno y conveniente hacer un gesto que a la par que implicaba justicia a los puertorriqueños seria de buen efecto internacional, especialmente en época cuando ya estaba estructurada y en marcha la organización de las Naciones Unidas y viejos pueblos coloniales de Asia y Africa estaban en franca via para surgir a la vida soberana e independiente Asi, el 25 de julio de 1946, el Presidente nombró Gobernador de Puerto Rico al puertorriqueño Jesús T. Piñero, a la sazón Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington Por primera vez, en toda la historia de la Isla, un puertorriqueño ocuparia en propiedad el alto cargo ejecutivo. Aunque no en el derecho, en la práctica la metrópoli ponia en manos puertorriqueñas las tres ramas del Gobierno Insular. Esta designación allanaria el camino pare la pronta concesión a los puertorriqueños del derecho a elegir a su gobernador. Para sustituir a Piñero como Comisionado Residente, el partido Popular recomendó a Antonio Fernós Isern, quien fue nombrado por el propio Gobernador Piñero.

Después del acuerdo adoptado en Arecibo por la dirección del partido Popular Democrático, declarando incompatible ser miembro del Congreso Pro-Independencia de Puerto Rico y estar afiliado al partido Popular, y después de las nuevas orientaciones enunciadas por Luis Muñoz Marin en sus articulos titulados Nuevos caminos hacia viejos objetivos, apremiaba va a los independentistas el formar un nuevo partido con claro y terminante programa tendiente hacia la independencia inmediata de la Isla. Él 25 de julio de 1946, se celebró la primera reunión formal para crear el nuevo partido. Se llevó a cabo en la residencia de Gabriel Maura, en el barrio Sábana Llana, de Río Piedras. Entre otros, asistieron a esta reunión Gilberto Concepción de Gracia, quien presidió, Baltazar Quiñones Elias, J. Bordonada, Juan Sáez Corales, Juan Santos Rivera, César Andreu Iglesias, Rafael Soltero Peralta, Juan Enrique Soltero, Sergio S. Peña, Antonio Santaella, Osvaldo Ramirez Torres, ,Julio Garcia Diaz, José L. Feliú Pesquera, William Córdova Chirino y Víctor M. Bosch. A Moción de Gilberto Concepción de Gracia, se acordó celebrar varias asambleas de consulta y orientación, y se constituyó un comité de contacto y organización, compuesto por Gilberto Concepción de Gracia, Baltasar Quiñones Elías, William Córdova Chirino, Julio García Díaz y Juan I. Gómez. En semanas siguientes se llevaron a cabo tales asambleas en Ponce, Caguas, Arecibo y Aguadilla. El 20 de octubre de l946, se celebró otra asamblea del liderato independentista de toda la Isla, con asistencia informada de más de mil personas, en la gallera Tres Palmas, en Bayamón. A moción de Carlos Carrera Benítez, se adoptó el nombre de partido Independentista Puertorriqueño. Se creó un organismo director provisional, designando un Comité Central Directivo Provisional, compuesto por diez y nueve miembros electos en esa reunión y catorce miembros adicionales a ser designados por dichos diez y nueve. Se acordó la organización e inscripción del partido, y al efecto se aprobó una resolución que dice:

<<Se organiza con el propósito primordial de laboral por el reconocimiento inmediato de la soberanía del pueblo de Puerto Rico, a los fines de que el pueblo de Puerto Rico se constituya en una república libre, independiente y democrática. Este objetivo no podrá ser alterado ni sustituído, sin que el partido pierda el motivo esencial de su existencia, y quienes propongan o intenten cambiarlo quedarán automáticamente fuera del Partido.>> Se acordó que el partido acudiría a las próximas elecciones, y que, de obtener una mayoría legislativa, la primera medida aprobada sería demandar la independencia de Puerto Rico. Se adoptó la bandera, << de forma rectangular, con fondo verde y en el centro una cruz blanca, de las mismas dimensiones de la bandera, y colocada horizontalmente.>> Esta bandera fue diseñada por el poeta Graciany Miranda Archilla. Se acordó, sin embargo, que el nuevo partido continuaría también usando la histórica bandera monoestrellada de Puerto Rico.

Para formar parte del Comité Central Provisional, fueron electos Gilberto Concepción de Gracia, Baltasar Quiñones Elías, Sergio S. Peña, William Córdova Chirino, José L. Feliú Pesquera, Fernado Milán (hijo), Carlos Carrera Benítez, Emilio Soler López, Féliz Morales, Margot Arce de Vázquez, Angel Calderón, Jorge Luis Landing, Víctor Bosch, Antonio Coll Vidal, Jacobo Córdova Chirino, Juan I. Gómez, Rafael Soltero Peralta, Julio García Díaz y Osvaldo Ramírez Torres.

El 22 de octubre de l946, se reunión en Río Piedras el Comité Central Provisional. Se designaron los catorces miembros de los siete distritos de la Isla. Esta reunión continuó el mismo día en el barrio Bucarabones, de Guaynabo. El Comité Central Provisional, quedó finalmente integrado por Gilberto concepción de Gracia, Baltasar Quiñones Elías, William Córdova Chirino, Juan I. Gómez, Víctor M. Bosch, Sergio S. Peña, Jesús Bordonada, Jaime González, José M. Tejada, Félix Morales, Osvaldo Ramírez Torres, Julio García Díaz, Rafael Soltero Peralta, Casimiro Berenguer, Emilio Soler López, Salvador Rodríguez Pérez, Jorge Luis Landing, Emilio Sanz Carrión, carlos Carrera Benítez, Manuel García Estrada, Modesto Gotay, Antonio Coll Vidal y Angel Calderón Otero.

El 27 de octubre de l946, se reunió la Comisión Ejecutiva del Congreso Pro-Independencia, y acordó someter a referéndum de sus miembros la disolución de dicho Congreso Pro-Independencia, que fue aprobada.

Después de las relatadas reuniones independentistas, se comenzó con toda actividad y entusiasmo la acción y propaganda para la organización de la nueva colectividad en toda la Isla. El 11 de agosto de l947, comenzó la inscripción electoral de este partido, en Barrio Obrero, Santurce.

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En las elecciones congresionales verificadas en Estados Unidos en Noviembre de l946, resultó triunfante el partido Republicano Nacional, que obtuvo mayorías en ambas Cámaras del Congreso. Este acontencimiento resultó el tiro de gracia para el proyecto Tydings-Piñero, pues el Senador Millard Tydings fue sustituído por un Republicano en la presidencia del Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado Federal. La nueva mayoría parlamentaria Republicana en Washington sin embargo, se mostró cooperadora con el problema político de Puerto Rico, aunque no dió calor a proyectos con plebiscitos para optar por diversas alternativas a gusto del liderato puertorriqueño, dió aliento a bills independentistas. El partido Republicano Nacional, tirunfante en el Congreso, ofrecía en su programa la Estadidad eventual para Puerto Rico, pero, por justa norma democrática, el Congreso en su actitud hacia Puerto Rico tendía a atender a la demanda de las mayorías electorales de la Isla. No resultaba propicia la época, ni maduro el momento, para propulsar proyectos concediendo la Estadidad a Puerto Rico.

En mayo 2, 1947, el Representante Fred Crawford (Republicano de Michigan) presentó en el Congreso un proyecto (H.R. 3309), que fue patrocinado en el Senado Federal por el Senador Hugh Butler (Republicano de Nebraska), concediendo a los puertorriqueños el derecho a elegir al gobernador de la Isla, comenzando en las elecciones de 1948. Este proyecto tuvo el endoso de la Administración Federal, del Comisionado Residente Fernós Isern, y del liderato de los partidos Popular, Unión Republicana Progresista, Liberal y Socialista, como un paso de avance en las libertades y el desarrollo democrático de Puerto Rico. Ponía en manos de los puertorriqueños las tres ramas del gobierno insular. El naciente partido Independentista Puertorriqueño presentó sus objeciones a este proyecto, alegando que el mismo constituía meres reformas coloniales y que no resolvía el problema del status final de Puerto Rico. Añadia el partido Independentista, en mensaje cursado al comité correspondiente del Congreso, que de ser aprobado ese proyecto ello constituiria una burla, y que este partido continuaría demandando la independencia como solución permanente al problema político de la Isla. Expresó ademas que no concurriria a las audiencias señaladas. El proyecto, enmendatario de la Ley Orgánica, disponía que los votantes capacitados de Puerto Rico eligirían al gobernador, y éste nombraría a los miembros de su gabinete. El Auditor Insular y los iueces del Tribunal Supremo continuarían siendo nombrados por el Presidente de Estados Unidos. Las demás disposiciones de la Ley Orgánica Jones quedaban en pie, incluyendo las referentes a las vigentes relaciones económico-fiscales de Puerto Rico con Estados Unidos. En el Senado Federal se introdujo una enmienda para la creación de un Coordinador Federal, funcionario de nombramiento presidencial que coordinaría las funciones de las agencies federales en Puerto Rico, y podría solicitar informes sobre la marcha del Gobierno Insular. En estas condiciones, el proyecto fue aprobado con relative rapidez. La Gámara de Representantes pasó el proyecto el 16 de junio de 1947; el Senado el 26 de julio de 1947; y el 5 de agosto de 1947 se convirtió en ley con la firma del Presidente.

14

El partido Liberal, que por el resultado de las precedentes elecciones de 1944 habia perdido sus derechos de partido princilal, fue inscrito nuevamente en toda la Isla, y así figuró con sus candidaturas de petición en Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico el 14 de agosto de 1947. El 26 de septiembre de 1947 se reunió la Junta Central de este partido, en San Juan, bajo la presidencia de Josefina Barceló de Romero, y, entre otros acuerdos, aprobó uno designando un comité de contacto, para discutir con otros partidos de oposición la posibilidad de concertar entendidos que no fuesen fusión, para afrontar las elecciones de 1948. Este comité quadó compuesto por Josefina Barceló de Romero, Félix Ochoteco Jr., Antonio Quirós Méndez, Luis Pérez Matos, Andrés Rodriguez Vera, Inocencio Blanco, Santiago Iglesias Silva, y Rafael Rodríguez Pacheco. El 12 de octubre de 1947, el partido Liberal Puertorriaqueño se reunió en asamblea general, en el Teatro Puerto Rico, en Santurce, bajo la presidencia de Josefina Barceló de Romero. La presidenta del partido y otros oradores expusieron la situación política del momento, combatiendo principalmente al gobierno implantado por el partido Popular y sus adictos gobernadores Tugwell y Piñero, y exhortando a la acción para derrotar al partido Papular. El comité de resoluciones y programa, quedó integrado por Félix Ochoteco Jr., Lorenzo Coballes Gandía,. José Enrique Gelpí, Víctor Fusté, Joaquín Rovira, Santiago Iglesias Silva, Ernesto Cádiz, Manuel González Seijo, Inocencio Blanco, Rafael Rodríguez Pacheco, Luis Pérez Matos y Rafael Paoli.

En esa asamblea el Dartido Liberal insistió en la demanda de plebiscito para resolver el status político final de Puerto Rico. El programa aprobado, en su aspecto político, dice como sigue:

«Se declara el partido Liberal en contra del régimen colonial que impera en Puerto Rico, y declara que su permanencia pone en entredicho la democracia. Declara que es el deber de Estados Unidos facilitar a Puerto Rico los medios necesarios pare la definición de su status político, con mires a lograr una forma superior de gobierno. Se demanda que Estados Unidos reconozca el derecho de Puerto Rico a escoger, mediante la celebración de un plebiscito, el status final que desea, que sea una república independiente, el Estado clásico, o más amplio gobierno autonómico. Todos los legisladores que salgan electos por el partido Liberal en las próximas elecciones, se comprometen a presenter y propulsar una ley de plebiscito, pare que el pueblo de Puerto Rico determine la clase de gobierno que interesa. Una vez celebrado dicho plebiscito, sus resultados serán certificados por los presidentes de las Cámaras legislativas y el Gobernador, trasmitiéndose la documentación correspondiente al Presidente de Estados Unidos y al Congreso con la expresión de la libre determinación del pueblo de Puerto Rico en solicitud de que se actúe a tono con tal determinación.

«El partido Liberal se declara contra toda forma de gobierno totalitario, denunciando, entre esos, el comunismo y el fascismo y contra las prácticas dictatoriales de gobierno. Se declare, además partidario de la libre empresa, y contra la existencia y operación de monopolios.»

Se aprobó además un largo programa de medidas administra tivas, sociales y económicas que favorecería este partido pare me jorar la administráción pública y promover el progreso y bienestar del país.

En diciembre de 1947 comenzaron conferencias de los comités de contacto designados por el partido Liberal y por el partido Unión Republicana Progresista, pare discutir deseados entendidos electorales pare las elecciones de 1948. El comité de contacto designado por el partido Unión Republicana Progresista, estaba compuesto por Leopoldo Figueroa, Juan Ramón Ramos, Lumen Méndez Enrique Lassise, José Tormos Diego, Juan Planellas, Juan R Garzot y Pedro Juan Barbosa. A principios de diciembre de 194′ se reunieron miembros de estos dos comités de contacto, en Toa Baja, y comenzaron la discusión tendiente a formar un nuevo partido fusionando el partido Unión Republicana Progresista y el par tido Liberal. Después de varias reuniones en distintos lugares, E 6 de febrero de 1948, reunidos en Toa Baja representativos de esto dos partidos, acordaron en principio tracer la fusión, con nuevo nombre y nuevas insignias, para ser sometido el asunto a asamblea generales de cada uno de estos partidos y ultimar los particulares de programa y acción.

El partido Liberal Puertorriqueño se reunió en asamblea general el 16 de mayo de 1948, en el Teatro Oller, de Bayamón, bajo la presidencia de Josefina Barceló de Romero. En este mismo día se reunió en asamblea general el partido Unión Republicana Prc gresista, en Aibonito. En la asamblea Liberal se designó un comit de resoluciones, presidido por Félix Ochoteco Jr. Se designó, además, una comisión pare trasladarse a Aibonito, con el fin de traba conferencias sobre la proyectada fusión. Esta comisión quedó presidida por Gustavo Jiménez Sicardó.

La asamblea del partido Unión Republicana Progresista, como hemos indicado, reunida en Aibonito, en el mismo día 16 de mayo de 1948, baio la presidencia de Celestino Iriarte, designó la comisión de este partido para conferenciar con la comisión Liberal. Esta comisión del partido Unión Republicana Progresista estaba presidida por Leopoldo Figueroa.

A pesar del ambiente completamente favorable a la proyectada fusión de estos partidos, los comités de contacto designados no lograron ponerse de acuerdo. Nuevos comités de contacto fueron designados por ambos partidos, y tampoco lograron ponerse de acuerdo finalmente. El nombre e insignias y la designación del presidente del nuevo partido, fueron los puntos en discordia. Se disolvieron ambas asambleas, sin llegar a acuerdo sobre la deseada fusión.

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En el campo Popular, después de formado el partido Independentista Puertorriqueño como adversario abierto, y aprobado ya el proyecto de reformas a la Ley Orgánica concediendo el gobernador electivo a los puertorriqueños para las elecciones de 1948, se aclaraban los caminos del status político final hacia nuevas orientaciones y fórmulas. En discurso pronunciado en los actos conmemorativos del 4 de julio de 1948, Luis Muñoz Mann abogo yá definitivamente contra la Independencia y contra la Estadidad-federada, y apuntó el desastre fiscal y económico que a su juicio se ocasionaria a Puerto Rico con estos status. Enunció una nueva fórmuia como aspiración final. «La idea de la Indépendencia:,—dijo Muñoz Marin en este discurso—«es respetable. Pero, ¿ A esa destrucción se le puede llamar Independencia? La idea de la Estadidad es respetable. Pero, ¿A ese desastre se le puede llamar un Estado de la gran Unión Americana? Quien lograra eso en Puerto Rico no seria un libertador; sería un esclavizador, un destructor de las múltiples sustancias de la libertad en la vida de los hombres y mujeres que componen nuestro pueblo; seria un aniquilador de toda esperanza de poderle añadir permanentemente la libertad política a las demás sustancias de la libertad del pueblo de Puertó Rico.» Y, entre otros párrafos, añadió Muñoz Marin: «El problema de status político de Puerto Rico es un problema de vólúmen de producción. Si Puerto Rico fuera independiente o fuera Estado, con su actual desarrollo económico, se destruirian los medios de vida de nuestro pueblo, porque la producción no dá pare mantener su nivel de vida y de servicios, ni mucho menos pare seguirlos mejorando, si hay que dejar millones de dólares todos los años en las aduanas de Estados Unidos—como habría de ser si fuéramos ahora país independiente, o si hay que dejar millones de dólares todos los años en el Tesoro de Estados Unidos—como habría de ser si fuéramos ahora Estado. Enunciando el nuevo status, continuó expresándose en este discurso Luis Muñoz Marín en la forma siguiente: Creo que el pueblo de Puerto Rico debe autorizar con sus votos la siguiente gestión ante el Congreso de Estados Unidos: que el Congreso de Estados Unidos por ley completa el gobierno propio en Puerto Rico hasta el punto en que eso sea posible, sin ser Estado en la estructura constitucional de Estados Unidos. O sea, que se autorice al pueblo de Puerto Rico a tracer su propia constitución, en la misma forma en que se autoriza a los nuevos Estados; que las reiaciones económicas entre Puerto Rico y Estados Unidos continúen básicamente como están ahora, corrigiendo el único defecto grave que queda, que es la prohibición de refinar en Puerto Rico todo el azúcar que se produce. Eso establecería hasta el punto máximo posible el gobierno propio que, a veces bajo el nombre de Autonomía, a veces bajo el nombre de Dominio, a veces bajo otros nombres, ha sido una de las soluciones que históricamente se hen propulsado en Puerto Rico.»

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El liderato de los partidos Unión Republicana y Liberal proseguían en su empeño de concertar la fusión de estos partidos. El 4 de julio de 1948, se reunieron nuevamente estos partidos en asambleas generales.

La asamblea Liberal se reunió en el Club Tres Palmas, de Bayamón, bajo la presidencia de Santiago Iglesias Silva. Josefina Barceló de Romero, con anterioridad, había cursado su renuncia irrevocable como presidenta de este partido. Pronunciaron discursos sobre la situación política insular y exhortando a la fusión, y para tracer un frente unido contra el partido Popular, entre otros Santiago Iglesias Silva, Félix Ochoteco Jr., Andrés Rodríguez Vera Manuel de J. Canino y Rufino Ríos. Se designó un comité de resoluciones, presidido por Félix Ochoteco Jr.

Se designó, además, una nueva comisión pare parlamentár cor la Unión Republicana Progresista, presidida también por Félix Ochoteco Jr. Se designó por aclamación nuevo presidente del partido Liberal a Santiago Iglesias Silva.

La asamblea del partido Unión Republicana Progresista estabE reunida, en el mismo día 4 de julio de 1948, en el Parque Sixto Escobar, en San Juan, bajo la presidencia de Celestino Iriarte. De esta asamblea se destacó una comisión para parlamentar con los Liberales, presidida por Leopoldo Figueroa.

 

Reunidas las comisiones de ambos partidos en el Hotel El Patio, de Bayamón, lograron ponerse de acuerdo en cuanto al aspecto politico del programa pare el nuevo partido. Los Liberales aceptaron que la Estadidad fuera la aspiración de la proyectada nueva colectividad; pero discreparon en cuanto al nombre e insignia y la organización del nuevo partido para la designación del presidente. Enteradas ambas asambleas del resultado de las deliberaciones de las comisiones de contacto, ambas recllazaron la fusión. En esta asamblea del 4 de julio de 1948, el partido Unión Republicana Progresista adoptó una resolución cambiando su nombre, para denominarse Partido Estadista.

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El nuevo partido Independentista Puertorriqueño, ya debidamente inscrito pare todos los precintos de la Isla, después de intense labor que se llevó a cabo con inusitada actividad y entusiasmo, se reunió en magna asamblea general constituyente, en el Parque Sixto Escobar, en San Juan, el 25 de julio de 1948, bajo la presídencia de Gilberto Concepción de Gracia. El comité de credenciales, informó la asistencia de 5,216 delegados, procedentes de las 77 municipalidades y de 786 barrios rurales de la Isla. fue ciertamente un acontecimiento impresionante, parecido al otro celebrado allí mismo en 1938 pare constituir el partido Popular Democrático. De quince a veinte mil simpatizadores acudieron al acto. Se dirigieron a la asamblea, en peroraciones de ferviente aliento libertario, entre otros , Gilberto Concepción de Gracia, Rafael Arjona Siaca, Luis Archilla Laugier, Antonio Ayuso Valdivieso, Antonio Coll Vidal, Carlos del Toro Fernández y el Rev. Severo Ramos.

El comité de credenciales fue presidido por Víctor M. Bosch; el de resoluciones y programa por Rafael Soltero Peralta; y el de reglamento por Eugenio Font Suárez.

Se aprobó el programa de este nuevo partido, que en su aspecto político declaró que el partido Independentista Puertorriqueño «se organize con el propósito Drimordia1 de laborer pacíficamente por la constitución del pueblo de Puerto Rico en una república independiente, soberana y democrática.» Se declaró, además, que «una vez que este partido obtenga una mayoría en ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, el primer acto oficial de dicho cuerpo será la aprobación de una resolución demandando del Gobierno de Estados Unidos el inmediato reconocimiento de la independencia de Puerto Rico. Como parte del referido primer acto, se nombrará una comisión para gestionar el cumplimiento de la resolución, y concertar las bases de las relaciones que habrán de existir entre ambos pueblos. Ninguna negociación podrá tener como base el menoscabo de la integridad de nuestro territorio, ni limitaciones a la plena soberanía del pueblo de Puerto Rico. Toda negociación pare tener eficacia deberá ser aprobada finalmente por el pueblo de Puerto Rico.

Se aprobó un extenso programa de vasto alcance económicosocial, favoreciendo medidas de reformas administrativas y de mejoramiento y justicia social para el pueblo puertorriqueño.

La magna asamblea en pleno, en acto dramático, hizo juramento de cumplir los propósitos y fines de la nueva colectividad política. Gilberto Concepción de Gracia fue electo, por aclamación unánime, presidente de esta colectividad.

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Fracasadas las gestiones para fundir los partidos Unión Republicana Progresista y Liberal, este último partido se reunió en asamblea general, el 8 de agosto de 1948, en Mayagüez, bajo la presidencia de Santiago Iglesias Silva. Este, en la apertura del acto, discutió la situación general política de la Isla y exhortó al partido para la venidera lucha comicial. El comité de resoluciones designado quedó presidido por Félix Ochoteco Jr.

En esta asamblea se mantuvo el programa y la orientación del partido Liberal-acordado en la precedente asamblea general. Se aprobó, entre otras, una resolución pare cambiar el nombre del partido y su insignia. El partido Liberal Puertorriqueño se convirtió en partido Reformista Puertorriqueño, tomando por insignia, en luger de la estrella, una bandera amarilla y un gallo en el centro.

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En mayo de 1948, el presidente del partido Socialista Bolívar Pagán había lanzado la idea de tracer un frente unido de los partidos de oposición, pare enfrentarlo al partido Popular Democrático, a base de candidatos comunes. Cada partido de oposición mantendría su organización propia y personalidád independiente, inclusive su peculiar programa; y el entendido se limitaría a postular candidatos comunes pare Gobernador, pare la Legislatura y los municipios, con excepción de los candidatos legislativos at large que serían nominados a su deseo por cada partido. La idea tendía a incluir en el frente unido de oposición también al partido Independentista Puertorriqueño. Después de diversas conferencias, las comisiones de cada partido designadas al efecto, llegaron a acuerdo final en este punto entre los partidos Estadista, Reformista y Socialista. El partido Independentista rehusó tracer entendidos con otros partidos.

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El 14 de agosto de 1948, se reunió en convención general el partido Socialista, en el Teatro Popular, de Santurce, bajo la presidencia de Bolívar Pagán. El comité de credenciales, presidido por Ramón Barrios, informó la asistencia de 1,600 delegados procedentes de las 80 secciones del partido en las 77 municipalidades, incluyendo los miembros del Comité Ejecutivo Territorial. El presidente del partido pronunció un extenso discurso sobre la situación política y gubernamental de Puerto Rico, combatiendo la gestión de gobierno del partido Popular, y exhortando a la lucha comicial de 1948. El comité de programa designado quedó presidido por Lino Padrón Rivera; el comité de constitución por Pascasio Gotay; y el eomité de resoluciones por José M. García Calderón.

Se aprobó un revisado programa del partido, que en su aspeeto político expresaba lo siguiente:

«El partido Socialista Puertorriqueño condena el sistema colonial, por ser anacrónico e incompatible con la libertad y con el derecho humano. Aspira a que se reconozca la soberanía de nuestro pueblo.

«El partido Socialista Puertorriqueño, por ser primordialmente un partido de aspiraciones económicas y sociales, declare que no es incompatible con la afiliación a este Partido el que un miembro aspire a cu alqu ier fórmula de so berania . El partido Socialista Puertorriqueño favorece la Estadidad en la Federación de los Unidos de América.

«Declara, sin embargo, que es el pueblo de Puerto Rico, en plebiscito libre y democrático, el que debe determinar cuanto antes sobre el destino final de Puerto Rico. Este plebiscito debe ser decretado por una ley de la Legislatura Insular, la cual dará un término de por lo menos seis meses al electorado pare ser ilustrado y orientado sobre las soluciones. El partido Socialista Puertorriqueño acatará la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en dicho plebiscito, y dará los pasos pare facititar la organización del Estado federado o de la República independiente, según fuere la detenninación del pueblo puertortiqueño.

Se aprobó un extenso programa de aspiraciones eeonómico-sociales, precedido del siguiente preámbulo:

«El partido Socialista Puertorriqueño es un movimiento político y social de trabajadores de toda clase, del músculo y del pensamiento, de oficios, artes y ciencias, consciente de la lucha social entre explotadores y explotados, que brega para reorganizar la economía insular y el sistema social de manera que se asegure la debida justicia a todos los trabaj adores.

«Inspirado en las aspiraciones fundamentales del socialismo moderno universal, declare, sin embargo, que las normas y tácticas de lucha y acción varian en los diversos países de acuerdo con las circunstancias de lugar y de tiempo. El partido Socialista Puertorriqueño, se propone y compromete a impulsar e implantar el presente programa.;’

El carácter democrático del partido fue expresado en la siguiente declaración de derechos civiles y politicos aprobada:

«El partido Socialista Puertorriqueño, es campeón de las libertades públicas y de los esenciales derechos del hombre, tales como, entre ellos, el sufragio universal, elecciones libres y honestas con plenas garantias a todos los partidos y grupos, la libertad de cultos, la libertad de palabra, la libertad de prensa, el derecho de reunión, la igualdad ante la fey, la inviolabilidad del hogar, el derecho a juicio rápido y público, el habeas corpus, el juicio por jurados, y el derecho del pueblo a la protesta y a pedir al Gobierno reparación de agravios y abusos. El partido Socialista Puertorriqueño mantendrá, y vigilará que no se menoscaben, estos derechos y libertades públicas.

«El partido Socialista Puertorriqueño se opone a la restitución de la

bárbara pena de muerte.

El programa aprobado contenía otros diversos puntos, entre ellos, sobre los derechos del trabajo hacia la garantía de organizaciones y sindicatos libres, a contratación colectiva, la huelga, los piquetes, compensaciones por accidentes del trabajo y seguros sociales pare amparar al obrero desde la cuna al sepulcro; para favorecer y propulsar el frente unido obrero; expansión de medidas de educación y salud pública; expansión de servicios de alcantarillados, agua potable y alumbrado público; representación democrática en los órganos del Gobierno, a salvo de prácticas despóticas y dictatoriales; la independencia judicial; y otras medidas deI mejoramiento y de justicia social.

En cuanto a nominaciones de candidatos para las elecciones de 1948, la convención aprobó unánimemente una moción presentada por José M. Garcia Calderón «facultando ampliamente al presidente del partido para que éste designe una comisión presidida por él para emender y resolver todo lo que concierna a candidatures del partido Socialista con otros partidos de oposición, para las elecciones de noviembre de 1948.

Bolívar Pagán fue reelecto unánimemente para presidente del partido,- e igualmente nominado para el cargo de Senador at large. Para Representante at large, fue nominado Lino Padrón Rivera, quien fue también reelecto primer vicepresidente del partido. Para secretario general y tesorero general fueron electos, respectivamente, Félix Ojeda y Francisco Rodriguez Rovira. Fueron electos para former parse como miembros at large del Comité Territorial, Francisco Colón Gordiany, Juan Cándido Rivera, Antonio Reyes Delgado, Bolivar Ochart, Ramón Barrios, Jorge Gauthier, Santiago Mayol de Hostos, José H. Cora, Cristóbal Negrón MorelI, Eladio Vadi y Benigno Pacheco Tizol. Como miembros del Comité Ejecutivo Territorial, por los siete distritos, fueron designados, por San Juan, Vicente Hita Jr., Luis Pérez Peña, Juan Osorio, Carlos M. Ríos y Manuel Rivera Negrón; por Humacao, Pascasio Gotay, Mariano Acevedo, Mateo Pérez, Agapito González y Trinidad Torres; por Guayama, Valentín Castrillo, Eleuterio Andino, Demetrio Guzmán, Pedro E. Rodriguez, y Dolores Santiago; por Ponce, Antonio Cintrón Rivera, Pascasio Cartagena, Antonio Rivera, Rafael L. Piris; por Aguadilla, Ramón Rosario, Francisco Morganty, José Padró Quiles, Sergio Vélez y Arturo Lacomba; por Arecibo, Hilario Delgado, Teodoro Rosado, Ramiro Martínez, Apolinar Martínez y José Isaac García; por Mayagüez, Antonio de la Cruz Dávila, José Román Rios, Antonio Mójica, Pedro J. Rodríguez Lugo y Humberto Avellanet.

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Para nominar candidatos pare las elecciones de 1948, se reunieron en convenciones generales, el 15 de agosto de 1948, los partidos Reformista, Estadista, Popular Democrático e Independentista. El partido Reformista se reunió en el Club Tres Palmas, en Bayamón, bajo la presidencia de Santiago Iglesias Silva; el Estadista, en el Hipódromo Quintana, Hato Rey, bajo la presidencia de Celestino Iriarte; el Independentista, en el Teatro La Perla, de Ponce, bajo la presidencia de Gilberto Concepción de Gracia; y el partido Popular, en el Parque Sixto Escobar, de San Juan, bajo la presidencia de Luis Muñoz Marín.

El partido Popular Democrático, en su indicada convención de 15 de agosto de 1948, además de nominar los candidatos al ticket pare las elecciones de 1948, rehusó aceptar la renuncia de presidente del partido ofrecida por Luis Muñoz Marín, sugiriendo éste a la vez que se designara a Jesús T. Piñero. La convención por aclamación unánime reeligió a Luis Muñoz Marín pare presidente del partido. Además, en cuanto al programa, en su aspecto político, se aprobó la siguiente declaración:

«El partido Popular Democrático, con la autorización de los votos mayoristas del pueblo de Puerto Rico, planteará ante el Congreso de Estados Unidos que el problema político de la Isla se resuelva conforme a legislación que provea lo siguiente: que preservando las relaciones economical y fiscales actualmente existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos, el pueblo de Puerto Rico, mediante acción de la Asamblea Legislativa misma, o mediante acción de una convención constituyente que dicha Asamblea dispusiere, quede facultado pare tracer su propia constitución de gobierno interno, con arreglo a la estructura que juzgue más adecuada a la administración democrática de los intereses públicos.

«Que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico queda facultada para que en cualquier momento en que jazgue que existen las condiciones para ello, convoque a un plebiscito a los electores capacitados de Puerto Rico, para que en votación determine: (a) si desean que Puerto Rico se constituya en una república independiente bajo las condiciones más favorables que Estados Unidos ahora concede o entonces concede, a paises independientes; o (b) si desean que Puerto Rico ingrese como Estado en la Unión Americana bajo las mismas condiciones que ahora rigen, o entonces rijan, en cuanto a los demás estados de dicha Unión, o (c) si están en desacuerdo con la conclusión de la Asamblea Legislativa, en cuanto a si las condiciones existentes en ese momento hacen factible la constitución de Puerto Rico en una república independiente, o su ingreso como un estado de la Unión Americana.

Que el Congreso exprese su disposición a actuar, de acuerdo con lo que determine el pueblo de Puerto Rico en tal plebiscito.

Se aprobó otra resolución, que en su parte dispositiva expresa «que los votos dados al partido Popular Democrático se interpretarán como un mandato para que en nuestras escuelas públicas el vehículo de enseñanza sea el idioma español, por ser el vernáculo el idioma que en todos los casos, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, permite el mayor desarrollo de la inteligencia que la naturaleza dio a cada niño; y que tales votos constituirán al propio tiempo un mandato para que en nuestras escuelas públicas se intensifique haste el máximo posible la enseñanza del idioma inglés, a fin de que el mayor número de ciudadanos, sean o no pobres, tengan iguales oportunidades de aprenderlo.»

Se aprobó además un programa social y económico, sobre comproinisos pare propulsar la industrialización; protección a la agriculture; fomento de cooperatives; gestiones para mejoramiento de los servicios de transportación marítima y áerea, y la expansión del comercio exterior; mantener la legislación vigente de justicia social, y establecer seguros de desempleo, invalidez, vejez, maternidad y enfermedad; continuer el programa agrario, haste terminar con el latifundio corporativo; sobre política fiscal para distribución equitativa de la carga contributive, y mantener los principios de la legislación vigente sobre contribuciones de ingresos; expansión de medios para proteger la salud del pueblo; programa de construcción de nuevas escuelas, con su personal y equipo necesarios; continuación del programa sobre eliminación de arrabales, y construcción de viviendas pare personas de recursos limitados; mantener y mejorar la ley de inquilinato; corregir iniquidades que se observaren en la aplicación de la Ley de Personal, y proveer mejor compensación a los empleados públicos.

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Como candidatos a gobernador de Puerto Rico, se nominó por el partido Popular Democrático a Luis Muñoz Marín; por el partido Independentista a Francisco M. Susoni (padre); y Martín Travieso fue nominado como candidato común en los tickets de los partidos Reformista, Estadista y Socialista. Para candidato a Comisionado Residente, fueron nominados, por el partido Popular, Antonio Fernós Isern; por el partido Independentista, Rafael Arjona Siaca; y Luis A. Ferré por los partidos Reformista, Estadista y Socialista.

Para Senadores at large, el partido Popular Democrático nominó a Samuel R. Quiñones, Víctor Gutiérrez Franqui y Ramón Barreto Pérez; los partidos Socialistas y Reformista, nominaron a Bolivar Pagán; el parrtido Estadista a celestino Iriarte, y el partido independenista a Gilberto Concepción de Gracia y José L. Feliú Pesquera.

Para Representantes at large, el partido Popular Democrático nominó a Ernesto Ramos Antonini, Benjamín Ortiz, y Pedro Vega Berrios; los partidos Estadista y Reformista, nominaron a Leo poldo Figueroa; el partido Socialista nominó a Antonio Reyes Delgado; y el partido Independéntista nominó a Baltazar Quiñones Elías y Fernando Milán Jr.

Para Senadores de distrito por San Juan, el partido Popular Democrático nominó a Ernesto, Juan Fonfrías y Heraclio H. Rivera Colón; los partidos Estadista, Socialista y Reformista, nominaron como candidatos comunes a Norman E. Parkhurst y J. J. Ortíz Alibrán; y el partido Independentista nominó a Williain Córdova Chirino Y Víctor M. Bosch. Para Senadores por el distrito de Arecibo, el partido Popular Democrático nominó a Juan Dávila Díaz y Carmelo Rodríguez Garcia; los partidos Estadista, Socialista y Reformista, nominaron como candidatos comunes a Luis Ramos y Lino Padrón Rivera; y el partido Independentista nominó a Rafael Román Y J. J. Rodríguez Bonhome. Para Senadores por el distrito de Aguadilla, el partido Popular Democrático nominó a Luis Alfredo Colón y Bernardo Méndez; los partidos Estadista, Socialista y Refonnista nominaron como candidatos comunes a Joaquín Oronoz Font y Manuel Hernández Ruíz. Para Senadores por el distrito de Mayagüez, el partido Popular Democrático nominó a Santiago R. Palmer y Luis A. Negrón López; los partidos Estadista, Socialista y Reformista nominaron como candidatos comunes a José Rosario Gelpí y Vicente Quilinchini; el partido Independentista nominó a Emilio Soler López y Rafael Briganti Laporte. Para Senadores por el distrito de Ponce, el partido Popular Democrático nominó a Francisco L. Anselmi y Agustín Burgos; los partidos Estadista, Socialista y Reformista nominaron como candidatos comunes a Amparo Vega de Tormos y Tomás Or,tiz; y el partido Independentista nominó a Rafael V. Pórez Marchand y José A. Lanauze Rolón. Para Senadores por el distrito de Guayama, el partido Popular Democrático nominó a Yldefenso Solá Morales y Lionel Fernández Méndez; los partidos, Estadista, Socialista y Reformista nominaron como candidatos comunes a José Carriles Vélez y José Aponte Morales; y el partido Independentista nominó a Luis Lloréns Torres y Pablo Ramos. Para Senadores por el distrito de Humacao, el partido Popular Democrático nomino a Cruz Ortiz Stelh y Ernesto Carrasquillo; los partidos Estadista, Socialista y Reformista nominaron como candidatos comunes a Bo’ lívar Ochart y Rafael Arroyo Ríos; y el partido Independentista nominó a Gustavo Quiñones Portela y Juan A. Gómez.

Se nominaron e inscribieron los candidatos respectivos para Representantes de distritos y pare cargos municipales en toda la Isla por el partido Popular y el partido Independentista. Los partidos Estadista, Socialista y Reformista inscribieron candidatos comunes para Representantes de distrito y para los municipios, por acuerdos convenidos entre estos partidos y designándose generalmente según la estimada fuerza electoral prevaleciente en cada distrito representativo y municipio de cada uno de estos tres partidos unidos en la oposición.

Las elecciones generales se verificaron el 2 de noviembre de 1948. La ley electoral vigente era básicamente la ley electoral de 1944, con sufragio universal y voto secreto, y con representación igualitaria en los organismos electorales para las agrupaciones contendientes.

El censo electoral de 1948 arrojaba una cilra total de 873,085 electores en las listas de votantes. Votaron 640,714 electores.: El partido Popular Democrático obtuvo 392,386 votos; el partido Estadista obtuvo 89,441 votos; el partido Socialista obtuvo 64,396 votos; el partido Reformista obtuvo 29,140 votos; y el partido Independentista obtuvo 65,351 votos. Como se vé, el partido Popular Democrático obtuvo una mayoría de los votos emitidos; recibió un número mayor de votos que el total combinado de todos los demás partidos.

El partido Popular Democrático eligió a su candidato a gobernador, primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marin. Eligió a su candidato a Comisionado Residente, Antonio Fernós Isern Copó los siete distritos senatoriales, y los 35 distritos representativos, sacando trianfantes a todos sus candidatos a Senadores at large y de distritos, y a todos sus candidatos a Representantes at large y de distritos.

Los Representantes de distrito electos, todos Populares como se ha indicado, fueron Juan Meléndez, Arcilio Alvarado, Ruben Arrillaga, Rafael Torrech Genovés, Jesús Izcoa Moure, Casimiro Ramos Barreto, Francisco Díaz Marchand, Joaquín Torres Noriega, Sigfredo Vélez González, Fernando Juliá Calder, Angel M. Candelario Arce, Guadalupe G. Pérez, Leoncio Santaella León, Mario Canales, Carlos M. Rabassa, Antonio Padilla, Andrés A. Rivera, María Libertad Gómez, Manuel Acevedo Rosario, Santiago Polanco Abreu, Agustín A. Vélez, Luis Santaliz Capestany, Evangelista González, Augusto Valentin Vizcarrondo, Pedro Nelson Colberg, Ubaldino Ramírez de Arellano, Rodolfo Rodríguez, José Mimoso Raspaldo, Francisco Sánchez, Manuel Rivera Baerga, Dionisio Gasellas, Rafael Aponte Sánchez, Carmelo Avila Medina, Alfonso Román García y Alvaro Rivera Reyes.

Organizados luego los cuerpos legislativos, Samuel R. Quiñones fue electo presidente del Senado, y Ernesto Ramos Antonini fue electo presidente de la Cámara de Representantes.

El partido Popular Democrático copó también todos los municipios, con excepción de San Lorenzo, donde triunfó la candidatura municipal de los partidos con candidatos comunes Estadista, Socialista y Reformista. En Juncos, el partido Popular Democrático obtuvo 3,606 votos, y los candidatos comunes de los partidos Estadista, Socialista y Reformista obtuvieron 3,602, de manera que en este municipio el triunfo Popular fue de cuatro votos.

Los únicos candidatos a la Asamblea Legislativa electos por la oposición fueron Bolívar Pagán y Celestino Iriarte, Senadores at large; y Leopoldo Figueroa, Representante at large.

El partido Independentista no logró triunfar en municipio ni en precinto alguno, ni eligió candidato alguno.

En las elecciones de 1948, además votaron dos partidos locales, el Laborista, de Toa Baja, y el Criollo, de Caguas y Aguas Buenas, ambos disidencias del partido Popular. El partido Laborista obtuvo 35 votos; y el partido Criollo obtuvo 3,901 en Caguas y 5 votos en Aguas Buenas.

La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

CAPITULO 6 – ii

PROCESO E IMPLANTACION DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERT RICO.
LAS ELECCIONES DEL 1952.

El resultado de las elecciones de 1948, dió una victoria sin precedentes en toda la historia electoral de Puerto Rico al partido Popular. Con excepción de los indicados copos Unionistas y del resultado de las elecciones de 1900, cuando el partido Federal recurrió al retraimiento electoral, y así el partido Republicano Puertorriqueño sin oposición en las urnas logró copar todos los cargos de la Cámara de Delegados) que entonces era la única rama electiva de la Legislatura Insular, nunca partido alguno había copado todos los distritos legislativos electivos, ahora de la Camára de Representantes y del Senado Insular. Los únicos tres legisladores electos por la oposición en 1948, Celestino Iriarte, Leopoldo Figueroa y Bolívar Pagán, como se ha relatado, fueron electos como candidatos por acumulación. Este triunfo del partido Popular le dió a este partido un renovado impulso, y reiterado y claro mandato de mayoria absolute y de poder para desarrollar su programa administrativo, económico y social.

Finalizada ya la Segunda Guerra Mundial, estructuradas y en marcha las Naciones Unidas, renacidas a la vida de su soberanía naciones que habían sido sojuzgadas baio la bota de los impeiios fascistas , y naciendo a la vida de la libertad y de la independencia numerosos pueblos coloniales, el issue del status político final de Puerto Rico tenía que enfrentarse por el liderato puertorriqueño.

Con la elección de Luis Muñoz Marín como primer gobernador electivo de Puerto Rico, conquista alcanzada por primera vez en toda la historia de Puerto Rico, se ponía en manos de los puertorriqueños el poder ejecutivo insular y, prácticamente, el completo gobierno propio o la soberanía interna del país. Sin embargo, de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso en 1947 concediendo la reforma del gobernador electivo, enmendándose así la Ley Orgánica Jones, el Presidente de Estados Unidos todavía retenía el poder de nombrar al Auditor de Puerto Rico, con su poderosa ingerencia en los asuntos fiscales del Gobierno Insular. Retenía también el Presidente de Estados Unidos el poder de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y también el poder de nombrar al Coordinador Federal provisto en la referida ley de 1947, con facultades para intervenir en la marcha de la administración en la Isla, con ingerencia vigilante de la conducta de los funcionarios del Gobierno Insular. Como cuestión de hecho, debe consignarse que el Presidente de Estados Unidos nunca designó a dicho Coordinador Federal, quedando así en la práctica sin efecto este cargo.

Con la reforma bajo la ley del gobernador electivo, retenía a la vez el Congreso todos los plenos poderes que la Gonstitución de Estados Unidos le confiere para disponer sobre el gobierno de los territorios de aquella nación, incluyendo facultades omnímodas para enmendar nuevamente la Ley Orgánica a su discreción, y con poderes absolutos para legislar sobre todos los asuntos de Puerto Rico.

Dentro del c!ima mundial dominante al terminar la Segunda Guerra Mundial, según hemos apuntado, y las prevalecientes relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, después de las elecciones insulares de 1948 tomó renovado auge el issue del status político final de Puerto Rico. Por el resultado de estas elecciones de 1948, el partido Popular, como portavoz de las mayorías puertorriqueñas, tenía la responsabilidad de definir su demanda política ante las autoridades de Wáshington. Hemos insertado anteriormente el programa político aprobado por el partido Popular en su última asamblea general pre-electoral, que contiene los compromisos contraídos por ese partido ante el pueblo puertorriqueño sobre el destino político de la Isla.

El nuevo gobernador de Puerto Rico, y a la vez presidente y orientador del partido Popular, en su discurso inaugural al tomar posesión del cargo de gobernador en 2 de enero de 1949, aludiendo al status político de Puerto Rico y apreciando el progreso político de la Isla con la reforma, se expresó en forma termn`mte contra e] «colonialismo obsoleto» y contra el «obsoleto nacionalismo contemporáneo», enunciando, aunque sin definición precisa, una nueva fórmula de libertad para Puerto Rico. En repetidas de declaraciones de Luis Muñoz Marín alrededor del problema del slatus político, en diversas ocasiones, éste había descartado la’ soluciones históricas de Estadidad federada y de Independencia soberana, abogando por una novedosa fórmula que mantuviera las relaciones fiscales y económicas de Puerto Rico con Estados Unidos especialmente el comercio libre entre ambos países, la no imposición de tributos federales a los puertorriqueños, el reintegro al tesoro insular de los ingresos de aduanas, y ciertas compensaciones y ayudas económicas federales a la Isla; y manteniendo las relaciones políticas de unión o asociación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Las declaraciones de Luis Muñoz Marín con respecto a la nueva fórmula de status enunciada, tuvo el respaldo de su rartido, que en ninguna asamblea o acto público alguno objetó la naeva orientación. El desarrollo de esta nueva idea, tras gestiones del liderato Popular y sus asesores, culminó en la preparación de un proyecto de ley (H.R. 7674) que fué presentado en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, en rnarzO 13 de 1950, por el Comisionado Residente Antonio Fernós Isern. Otro proyecto ge melo (S. 3336) fué presentado luego, el 31 de marza de 1950, en el Senado Federal, por los Senadores Joseph O’Mahoney (Demócrata de Wyoming) y Hugh Butler (Republicano de Nebraska). Estos proyectos iguales, proveían «para la organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico.» El preámbulo reconocía los pasos dados anteriormente por el Congreso para conferir medidas de mayor grado de gobierno propio a Puerto Rico. En su texto dispositivo comienza reconociendo ampliamente el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados, y se da a la ley propuesta ael carácter de un convenio, de manera que el pueblo de Puerto Rico así pueda organizer un gobierno basado en una constitución aprobada por el mismo pueblo de Puerto Rico. El proyecto deroga los artículos de la Ley Orgánica Jones referentes a la organización de las tres ramas de la administración insular, y autoriza al pueblo de Puerto Rico a elegir una convención constituyente para aprobar la constitución del nuevo gobierno. El proyecto del Congreso deja en pie, sin embargo, los restantes artículos de la Ley Orgánica Jones, incluyendo aquéllos que mantienen el comercio libre y las relaciones fiscales y económicas de Puerto Rico

con los Estados Unidos. Se mantiene, además, la ciudadanía norteamerica de los puertorriqueños, la Corte Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, los otros servicios federales en Puerto Rico, las leyes de inmigración y cabotaje, y los demás estatutos que el Congreso de Estados Unidos aprobare que fueren de aplicación local en Puerto Rico. Se dispone también que la constitución de Puerto Rico deberá ser aprobada por una convención constituyente convocada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y electa por los votantes capacitados de la Isla. Esta constitución deberá ser aprobada luego, también, por el pueblo de Puerto Rico, y por el Presidente y el Congreso de Estados Unidos. La constitución aprobada por la convención constituyente y por el pueblo, deberá crear un gobierno de forma republicana, deberá incluir una carte de derechos individuales, y deberá ester redactada de conformidad con la Constitución de Estados Unidos.

Al día siguiente de presenter este proyecto por el Comisionado Residente Antonio Fernós Isern, éste hizo declaraciones ante el Congreso, que amplió en el apéndice del Congressional Record, explicando el alcance del mismo. Relató los pasos dados anteriormente por el Congreso con respecto al gobierno civil de Puerto Rico concediendo diversos grados de gobierno propio a la Isla. Explicó que el pueblo de Puerto Rico, mediante tal proyecto, estaba demandando continuer su vida bajo la Constitución de Estados Unidos, que deseaba continuar viviendo como haste el presente bajo las leyes federales; que solamente deseaba hacer su propia constitución de gobierno interno; que Puerto Rico estaba desarrollando una nueva forma de federación aplicable a las circunstancias peculiares de Puerto Rico, por no poder al presente, ni en previsible porvenir, desarrollarse dentro de las pautas clásicas de federación. Apeló por la acogida favorable de su proyecto, indicando que los puertorriqueños en su área eran exponentes de los métodos de vida norteamericana que se deseaban preservar y mejorar, y que los puertorriqueños deseaban mostrar al mundo que no solamente en la práctica, sino también en los principios, la democracia sigue a la bandera.

El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en sus sesiones ordinarias de 1950, consideraron mociones presentadas por miembros de la mayoria Popular para endosar al proyecto. En el Senado se debatió extensamente una moción del Senador Socialista Bolivar Pagán tendiente a proponer una enmienda al proyecto para que al voter el pueblo en el referéndum para aprobar o desaprobar la medida, al mismo tiempo expresara su preferencia para el futuro por la Estadidad federada o por la Independencia. Derrotada esta moción, el Senado acordó por unanimidad respaldar la medida, con la excepción del voto del Senador Estadista Celestino Iriarte quien se abtuvo de votar. La Cámara de Representantes también aprobó una resolución respaldando la medida, por el voto unánime, con la excepción del Representante Estadista Leopoldo Figueroa, quien se abtuvo de votar.

El partido Independentista carecía de representación en las Cámaras legislativas, pero desde un principio sus líderes objetaron la medida, combatiéndola como un paso constitutivo de meras reformas coloniales, que no resolvía en definitive el problema del status político final de los puertorriqueños en sus ansias de soberanía. Gilberto Concepción de Gracia, presidente del partido Independentista, de manera reiterada y enfática, combatió el proyecto, por las razones expresadas, y sosteniendo que el partido Popular, por el mandato de su programa político aprobado en su última asamblea, venía obligado a defender medidas que ofrecieran al voto del pueblo un plebiscito incloyendo sodas las fórmulas que mplicaran soberanía complete para Puerto Rico.

Planteado el debate público sobre el proyecto que proveía la referida constitución a ser aprobada por el pueblo de Puerto Rico, el partido Socialista oficialmente asumió una actitud favorable a la medida, como un paso de avance en el progreso democrático del país, que a la vez no comprometía las demandas del país por soluciones finales de status soberano.

El partido Estadista, por su Comité Territorial, adoptó una resolución oponiéndose a la medida según había sido propuesta, por no definir el status final de Puerto Rico, e inspirado en su aspiración de Estadidad federada. Esta resolución fué sometida a un sub-comité del Congreso que entendía en el asunto. También el presidente del partido Estadista envió un largo mensaje discutiendo las objeciones de su partido a la medida.

Ante la situación mundial tras la reciente victoria de las Naciones Unidas y las ideas prevalecientes con respecto a la libre determinación de los pueblos, y frente al problema colonial de Puerto Rico y la demanda del partido que representaba la voz de las mayorías puertorriqueñas, la Administración y el Congreso de Wáshington dieron amistosa y cooperadora acogida al proyecto del Comisionado Residente para que Puerto Rico formulara y aprobara su propia constitución de régimen inferno. La medida propuesta, que tendia a establecer en la forma indicada el gobierno propio para la Isla, contenía además una novedosa fórmula de inequívocas implicaciones, en lo referente al earácter de convenio o pacto que se consagraba entre el Gobierno de Estados Unidos y el pueblo de la Isla. No tenia que ir más lejos el Congreso, porque no iba más lejos la demanda puertorriqueña.

El triunfo del Presidente Truman en las elecciones de 1948, había traído una mayoría en el Congreso al partido Demócrata Nacional. El proyecto en el Senado, fué referido al Comité de lo Interior y Asuntos Insulares, presidido por el Senador Joseph O’Mahoney (Demócrata de Wyoming), quien prontamente citó a audiencias. También citó a audiencias prontámente el Comité de Terrenos Públicos de la Cámára de Representantes, presidido por el Representante James Peterson (Demócrata de Florida). A estas audiencias comparecieron, entre otros, el Gobernador Muñoz Marín, el Comisionado Residente Fernós Isern, y representativos de los Departamentos de lo Interior y de Estado del Gobierno de Estados Unidos. El partido Estadista y el partido- Independentista enviaron mensajes oponiéndose al proyecto, Por rezones distintas dentro de las peculiares ideologías respectivas de estas agrupaciones.

El Comisionado Residente Fernós Isern relató las relaciones political de Estados Unidos con Puerto Rico y las medidas adoptadas en el desarrollo del gobierno propio en la Isla, expresando a la vez, entre otras cosas, que el proyecto implicaba una nueva fórmula en el progreso democrático de Puerto Rico dentro de la Union Norteamericana. Extendiendo sus declaraciones en el apéndice del Congressional Record, en marzo 14 de 1950, el Comisionado Residente Fernós Isern, al explicar su proyecto, entre otras cosas, había dicho que los puertorriqueños estaban solicitando continuar viviendo bajo la Constitución de Estados Unidos y bajo las leyes que aprobare el Congreso.

El Gobernador Muñoz Marín, entre otras cosas, se extendió en relato del desarrollo de las prácticas democráticas y del progreso de la Isla en los últimos años; expresó que el pueblo de Puerto Rico, en sus enormes mayorias expresadas en las ureas, deseaba y pedía el paso que implicaba el proyecto como aspiración del momento; que no se demandaba la Estadidad, pero que el régimen a establecerse tendria la dignidad de ún Estado federal. Explicó el vasto alcance moral de la medida en cuanto al principio que se establecía de gobierno por consentimiento de los gobernados. El Gobernador Muñoz Marin expresó que con el proyecto quedarían abiertas las puertas de la Estadidad federada, pero que al aprobarse el proyecto podria hacerse claro que el mismo no implicaba promesa de Estadidad, y que el proyecto no excluía ni prohibía la Estadidad. Y añadió además: a This bill does not change the fundamental situation of non-incorporation in which Puerto Rico is now, but it allows Puerto Rico to develop along the lines of self-government in a paralell line with a Territory that attains statehood. That would be the situation under this bill. In other words, it is development into self-government on the part of a non-incorporated area of the United States, without virtually changing its-position relative to the United States.»

La actitud de los funcionarios norteamericanos, tanto de la Administración como del Congreso, fué francamente de apoyo eordial a la medida. En los buenos deseos para que el proyecto fuera aprobado prontamente, se hicieron al Congreso declaraciones terminantes en el sentido de que el proyecto no cambiaba las relaciones políticas vigentes de Puerto Rico con los Estados Unidos. Luego, el Gobierno de Estados Unidos, mediante sus representativos oficiales, según se relatará en el capítulo siguiente de este libro, interpretó que el nuevo gobierno cambiaba el status de Puerto Rico y que las Naciones Unidas debían reconocer a la Isla como un pueblo no dependiente, o completamente autónomo.

Es obvio que el proyecto, que se convirtió en la conocida Ley 600 no deiaba exactamente iguales las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. En el gobierno inferno de Puerto Rico que se estructuró al amparo de esa Ley 600, solamente fueron ampliadas las facultades del Gobernador en cuanto a concederle a éste el clerecho a nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y al Auditor Insular, éste último que vino a ser sustituído por el Contralor. Para esta ampliación de facultades, sin cambiar verdadeiamente las relaciones políticas de Estados Unidos con Puerto Rico, hubiera bastado otra sencilla enmienda a la Ley Orgánica Jones. Pero tiene que evaluarse apropiadamente eI alcance jurídico y moral de la autorización dada al pueblo de Puerto Rico para tracer su propia constitución, bajo la nueva fórmula de pacto o convenio que se inyectaba al estructurarse el nuevo gobierno, y ello con el implícito compromiso de mantener ese gobierno, incluyendo las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, la ciadadanía norteamericana, el comercio libre, el reintegro al tesoro insular de los tributos de aduanas, etcétera, haste que ese gobierno fuere cambiado por mutuo consentimiento de Estados Unidos y Puerto Rico. Otro aspecto de la nueva situación era el principio de consentimiento envuelto; el pueblo de la Isla, si era su voluntad, daria por primera vez su formal consentimiento a las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos. Quedó claro también el derecho de Puerto Rico, dentro de las limitaciones de la tey 600, para modificar por s mismo su gobierno inferno. Esto fué señalado desde un principio por el Gobernador Luis Muñoz Marin en sus testimonios ante los comités del Congreso. En estos aspectos, ciertamente cambiaban las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos.

El Departamento de lo Interior de Estados Unidos, en mensaje suscrito por su secretario Oscar Chapman, apoyó cálidamente el proyecto. Hizo constar que, para evitar mal entendido sobre la naturaleza y alcance general del bill, en el mismo «in no way commit the Congress to the enactment of statehood legislation for Puerto Rico in the future. Nor it in any way precludes a future determination by the Congress of Puerto Rico’s ultimate political status. Y añadió el Secretario Chapman: «The bill under consideration would not change Puerto Rico’s political, social, and economic relationship to the United States.» También dijo Chapman: «The people of Puerto Rico have demostrated by their high degree of political consciousness, by their extensive use of the franchise, and by their successful and intelligent administration of local government activities, that they are eminently qualified to assume grater responsibility of self-government.»

El Departamento de Estado, envió un mensaje al subcomité del Senado, por conducto del Secretario Auxiliar Jack McFall, haciendo constar su positivo apoyo al proyecto. Decía este mensaje:

«The Department of State believes it to be of the greatest importance that the Puerto Rican people be authorized to frame their own constitution as provided for in S. 3336, in order that formal consent of the Puerto Ricans may be given to their present relationship to the United States.

«It is believed that, with their constitution, the high degree of internal self-government which the Puerto Ricans today enjoy in their voluntarily association with the United States will assume for them an added significance. Moreover, such action by our Government would be in keeping the democratic principles of the United States and with our obligations under the Charter of the United Nations to take due account of the political aspirations of the people in our Territories and to develop self government in them. «In view of the importance of colonial list and imperialimn in anti-American propaganda, the Department of States feels that S. 3336 would have great value as a symbol of the basic freedom enjoyed by Puerto Rico, within the framearork of the United States of America”.

El Senador Víctor Gutiérrez Franqui, a la sazón floor líder de la mayoría Popular en el Senado Insular, al apoyar el proyecto ante el subcomité del Senado, entre otras cosas aclaró: «We know it is not a commitment for statehood, and we know it is not for independence. We feel that it does not, in any way, prevent that in the future, Congress and the people of Puerto Rico might decide that Puerto Rico should become then a State in the classical way or an independent republic.”

Otras entidades representatives de Puerta Rico, entre ellas la Cámara de Comercio y la Federación Libre de Trabajadores, enviaron al Congreso mensajes apoyando el proyecto. Otras entidades obreras, como la Confederación General de Trabajadores (titulada Auténtica) y la Unión General de Trabajadores, identificadas con el pensamiento del partido Independentista, objetaron el proyecto en mensajes al Congreso.

El bill fué informado favorablemente por los respectivos comités del Senado y de la Cámara de Representantes de Wáshington. El reporte del Comité de lo Interior y de Tributos Insulares del Senado Federal, al informer al Senado favorablemente el proyecto, invoca los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y especialmente la cláusula del Artículo 73 de esta Carta en la cual se comprometen las Naciones Unidas a tomar en cuenta las aspiraciones de los pueblos para propiciar su gobierno propio y para ayudarles en el desarrollo progresivo de sus instituciones libres. Este informe trace constar, sin embargo, que la medida no cambia fundamentalmente las entonces existentes relaciones políticas, sociales y económicas de Puerto Rico con los Estados Unidos. «The measure would not change Puerto Rico’s fundamental political, social and economic relationships to the United States.» EI Comité de Terrenos Públicos de la Cámara de Representantes, en su informe favorable al proyecto, se expresó en términos similares al informe del referido Comité del Senado, Y declarando que la aprobación del bill no implica compromiso de Estadidad future para Puerto Rico, y aue tampoco impide que en el futuro el Congreso pueda determiner sobre el status político final de Puerto Rico. «This bill does not commit the Congress, either expressly or by implication, to the enactment of statehood legislation for Puerto Rico in the future. Nor will it in any way prelude a future determination by the Congress of Puerto Rico’s ultimate political status.»

Dentro del espíritu general de los indicados testimonios favorables, tras pensamientos expresados en los hemociclos del Congreso, el proyecto fué aprobado rápidamente por las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos. El texto tramitado y aprobado fué el del bill presentado en el Senado por los Senadores O’Mahoney y Butler (S. 3336). Este proyecto se convirtió en estatuto (toy 600) con la firma del Presidente Truman, el 3 de julio de 1950.

20

Antes de seguir adelante sobre el curve de esta Ley 600 del Congreso, vamos a relater otros acontecimientos ocurridos, que tienen relación con la historia de los partidos objeto de este libro.

El regreso a Puerto Rico de Pedro Albizu Campos, presidente del partido Nacionalista, después de cumplir su condena en la Penitenciaría Federal de Atlanta, según hemos relatado, creo alguna expectación pública, alrededor del batallador líder ‘independentista. A tal regreso, el jefe Nacionalista fué recibido con gran entusiasmo por sus seguidores, ya merinados grandemente al formarse el partido Independentista, que tenía la misma aspiración de status final de independencia, pero abogando por normas y métodos legales y por las vies del voto en las ureas democráticas. Pedro Albizu Campos reanudó sus actividades, de encendida prédica Nacionalista, refractario a acudir a los comicios electorales, denunciando en acres tongs el imperialismo americano, y fomentando una atmósfera entre sus prosélitos tendiente a’la acción directa. El partido Nacionalista, dentro de las tácticas infiltradas por Pedro Albizu Campos, visiblemente decrecía en sus mermadas fuerzas political. Sin embargo, éste mantenía a su alrededor un grupo escaso de seguidores, dispersos en varios lugares de la Isla, que asumían una actitud impertérrita y casi fanática. Proseguía este grupo las viejas tácticas de violencia y de resentidos odios contra los norteamericanos, a pesar de la nueva política abiertamente liberal del Gobierno norteamericano hacia Puerto Rico que indicaba que el Gobierno de Estados Unidos favorecía las demandas de las mayorias del pueblo puertorriqueño, en las normas anti-colonialistas que preconizaba Estados Unidos ante el mundo.

El 30 de octubre de 1950, sorprende y estremece a la opinión pública de la Isla, un brote de violencias Nacionalistas, casi simultáneamente en diversas parses de la Isla. Evidentemente, por e] sincronismo de los sucesos, fué un movimiento deliberadamente organizado. No fué un levantamiento de proporciones revolucionarias. La mesa del pueblo de Puerto Rico estaba ajena a los sucesos. No había ni remotamente organización militar o multitudinaria capaz de derribar o subvertir los cimientos del gobierno constituído. Justificando el alzamiento, Ramón Medina Ramírez, destacadc líder Nacionalista y presidente de este partido en ausencia de Pedro Albizu Campos, dice en su libro El movimiento libertador en la historia de Puerto Rico, tomo segundo, lo siguiente:

Sabíamos de reuniones celebradas por las autoridades coloniales en las gue se había discutido sobre la insistencia imperialista en cuanto al arresto de Pedro Albizu Campos. En dichas reuniones, el Servicio Secreto habia informado que los Nacionalistas estaban preparados para repeler cualquier posible agresión y que el arresto del líder podria inierpretarse como tal, por lo que había llegado a la conclusión de que era indispensable llevar a cabo una redada de allanamientos para apoderarse de las armas que poseyeran los nacionalistas, evitando así toda posibilidad de resistencia.

La asonada del 30 de octubre de 1950, fué una serie, en lugares atados, de actos de atentados individuales, de carácter terrorista, que comienzan en las primeras horas de la mañana en un tiroteo de armas de fuego conducido por un puñado de Nacionalistas en el barrio Macaná, de Peñuelas. Fué un ataque de los Nacionalistas contra miembros de la fuerza policíaca del Gobierno. En el mencionado libro, el líder Nacionalista Ramón Rivera Ramírez, dice: ‘AI amanecer del día 30, por un aviso de un amigo se enteró el señor Muñiz (líder Nacionalista) de que varios ve hículos de la fuerza policíaca salían con dirección a la residencia de su señora madre en el barrio Macaná, de Penuelas. Sin pérdida de tiempo tomó el primer automóvil que encontró a mano y se dirigió al sitio indicado, ya que tenía todas las características de un abuso escoger una hora tan intempestiva para allanar la morada de una señora viuda que vivia sola en una casa de campo. Er el callejón de entrada a la referida residencia, dió alcance alo agentes policíacos y la emprendió a tiros con ellos. Como el arma que portaba era un pequeño revólver, al disparar la última bala contra los automóviles de la fuerza armada fué hecho prisionero, sin resistencia. En esos momentos aparecía en otro automovil el ingeniero Guillermo González Ubides, quien se enfrasco en desesperada lucha a tiros con los diez y nueve policías armados de ametralladoras, carabinas y revólveres calibre cuarenta y cinco. Horas después, un grupo de Nacionalistas, sin alegar provocación alguna, atacaron a tiros al cuartel policíaco de Arecibo, «En el barrio Coabey, de Jayuya, y en la residencia de Blanca Canales, —prosigue en su mencionado libro Ramón Medina Ramírez—«se reunió en la mañana del’ die 30 un grupo de Nacionalistas al oir las noticias de la radio. Allí, bajo dirección del joven patriota Carlos Irizarry, tomaron la resolución de atacar el Cuartel de la Policia y tomar el pueblo para proclamar la República.. En efeeto, en el mismo día, poco tiempo después del asalto al cuartel policíaco de Arecibo, Nacionalistas atacaron a tiros el Cuartel de la Policia de Jayuya, atacaron igualmente el edifició federal de correos, incendiaron el Cuartel de la Policía Insular, propagándose el incendio a otras cases del pueblo que fueron reducidas a escombros. Durante gran parte del día, el pueblo de Jayuya estuvo a merced y prácticamente bajo el dominio de los Nacionalistas, que luego fueron contrastacados por refuerzos policíacos y de la Guardia Nacional, que dominaron prontamente la situación y restituyeron el orden En la hora del meridiano del mismo día, un grupo de Nacionalistas asaltó con armas de fuego a La Fortaleza, en atentado contra el Gobernador Luis Muñoz Marin. Sobre este suceso, la Prensa informó, en parte, lo siguiente:

«Después de una batalla a tiros que duró exactamente una hora y cinco minutos, el asalto a La Fortaleza fué frustrado por la policía, con cinco Nacionalistas muertos, un guardia gravemente herido y otro herido levemente.

«Raimundo Díaz Pacheco, rider Nacionalista que dirigio el sangriento ataque, cayó abatido a balazos sobre el jardin que bordea La Fortaleza por el oeste, mientras el guardia Lorenzo Ramos caía herido de gravedad, y otro guardia, Alberto Rivera, con heridas de menor importancia.

Gregorio Hernández, que había tomado posesión de combate junto al automóvil que condujo a los insurrectos, fué herido desde el primer momento, y sangrando copiosamente, logro meterse debajo del vehiculo, desde donde continuó disparando hasta que fué abatido por la policía.

«Domingo Giraldo, líder Nacionalista de Río Piedras, logro avanzar disparando su revólver haste muy cerca de la puerta de entrada, donde fué rematado por la policía.

«Otro Nacionalista abatido en la breve, pero feroz batalla, fue Roberto Acevedo, que ejercia las funciones de vicepresidente de la Junta Municipal Nacionalista de Rio Piedras. Acevedo, quien fué identificado por Angel E. Martínez, de Bayamón, había regresado recientemente de Nueva York, Y al procedeL las’ amtoridades al registro de sus bolsillos, se le encontró un manifiesto en que los Nacionalistas solicitaban la cooperación de la comunidad para hacer realidad lo más pronto posible el ideal de una Patria libre »

Simultáneamente a este ataque a La Fortaleza hubo tiroteos de Nacionalistas frente al edificio federal de correos de San Juan, y luego hubo tiroteo de Nacionalistas al cuartel de la policía de Naranjito, y tiroteo en el Barrio Obrero de Santurce, en otros puntos. Fué también tiroteada por Nacionalistas la case residencia del Procurador General Vicente Géigel Polanco, en Santurce. Mientras se desarrollaban estos sucesos sangrientos, Pedro Albizu Campos permanecía en !os cuarteles generales del paritido y su residencia en San Juan, quien comentaba los sucesos como una «transfiguración gloriosa de la patria.:> Por la noche este luger fué asediado por las fuerzas policíacas, conmuninando a la rendición al líder Nacionalista. Hubo disparos de armas de fuego contra las fuerzas policíacas, que respondieron de la misma manera, usando también bombas lacrimógenas. Fianlmente, después de varies horas de asedio y tiroteo esporádico, desde el balcón de la residencia de Albizu Campos se izó bandera de tregua, una toalla blanca en el asta de un palo de escoba, y bajó y se entregó al arresto el presidente Nacionalista.

Al día siguiente, noviembre primero de 1950, varios Nacionalistas, procedentes de Nueva York, asaltaron a tiros la Casa Blair en Wáshington, donde residía y estaba presente a la sazón el Presidente de Estados Unidos Harry S. Truman. Este resultó ileso, pero durante el atentado fueron muertos uno de los Nacionalistas atacantes y un miembro de la guardia presidencial. El suceso consternó a los puertorriqueños en general, y repercutió en toda la nación norteamericana y en el mundo entero.

Los sucesos de la asonada Nacionalista de octubre 30, 1950, dejaron un balance en bajas de más de veinticinco muertos y mayor número de heridos. La opinión pública en general repudió esas tácticas de violencia y terrorismo. Encarcelados y procesados, mediante los trámites judiciales ordinarios, Pedro Albizu Campos y

demás personas envueltas, el partido Nacionalista, como fuerza política militante, ha decrecido a mínima expresión.

El Presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, en el día de los sucesos del 30 de octubre, dirigió un mensaje al Gobernador Luis Muñoz Marín. Este mensaje de Prio Socarrás, decía en parte lo siguiente: «En nombre del Gobierno cubano, inspirándose en la tradicional generosidad de nuestros pueblos y en los principios y derechos humanos, ruégole interponga sus buenos oficios para garantizar la vida del señor Pedro Albizu Campos y sus compañeros, evitando así causer sentimiento continental.» El Gobernador Muñoz Marín respondió prontamente al Presidente de Cuba, expresando, en parte lo siguiente: «Albizu Campos no representa ideales de libertad, sino propósitos fascistas de tiranía de un pequeño grupo de fanáticos armados, que quieren imponerle, con futilidad grotesca y trágica, a dos millones de puertorriqueños su propia interpretación e ideas de la libertad. La inmensa mayoría de nuestro pueblo quiere ser parse, en dinámica creación de una nueva forma de estado, de la independencia de Estados Unidos en asociación de cindadanía.

Los partidos Estadista y Socialista, por declaraciones de sus respectivos presidentes Celestino Iriarte y Bolívar Pagán, repudiaron los sucesos del 30 de octubre y primero de noviembre, a tono con un sentimiento general en toda la Isla contra métodos violentos de acción directa, contrarios a la tradición legalista y democrática del pueblo de Puerto Rico.

El partido Independentista Puertorriqueño se reunió precipitadamente en asamblea general extraordinaria, el primero de noviembre de 1950, en Aguadilla, bajo la presidencia de Gilberto Concepción de Gracia. Después- de deliberar ampliamente sobre los acontecimientos del día anterior, adoptó por unanimidad una resolución acordando:

«Primero: Ratificar las normas del partido Independentista Puertorriqueño consignadas en su programa con las siguientes palabras: El partido Independentista Puertorriqueño se organize con el propósito primordial de laborer pacíficamente por la constitución del pueblo de Puerto Rico en una república independiente, soberana Y democrática.

«Segundo: Responsabilizar al actual Gobierno de Puerto Rico por tratar de importar al pueblo puertorriqueño una medida política con el nombre de constitución, que constituye un fraude a los legítimos derechos de este pueblo, y que tiende a convalidar el sistema colonial en nuestra patria. Declaramos a este respecto, que su ultraje a la dignidad del pueblo puertorriqueño ha llevado a uno de los pueblos más pacíficos de la sierra a un estt do de intranquilidad y de protesta, que ha culminado en el presente movimiento revolucionario.

Responsabilizamos, además, al Gobierno de Puerto Rico, porque no habiendo hecho una formal declaración de la Ley Marcial (con la evidente intención de rester importancia ante el mundo al movimiento revolucionario puertorriqueño), ha cometido una larga serie de violaciones a las garantías ciudadanas, estableciendo asi, de hecho, ilegalmente, un estado de Ley Marcial. Demandamos, por consiguiente, el cese de estas violaciones del derecho y de las persecuciones viciosas por parte del Gobierno. Y demandamos asimismo, completes garantías regales para todos los puertorriqueños envueltos en el movimiento revolucionario.

<<Tercero: Responsabilizar al Gobierno de los Estados Unidos por el hecho histórico de que a través de más de medio siglo de su dominación en Puerto Rico, se ha negado a reconocer el derecho de nuestro pueblo al disfrute de su soberanía. Y al cabo de ese medio siglo pretende descargar su responsabilidad mediante el engaño de una false constitución.

«Cuarto: Consignar el sentimiento del más profundo respeto del partido Independentista Puertorriqueño hacia los compatriotas que hen ofrendado y están ofrendando sus vidas por la cause de la independencia de Puerto Rico.»

3

Pendiente la celebración de referéndum para que el electorado del país votare para aceptar o rechazar la Ley 600 del Congreso, el presidente del partido Popular, el 3 de junio de 1950, pronunció un discurso en Jayuya, radiado a toda la Isla. Luis Muñoz Marín abogó por la aceptación de la Ley 600, para afar el paso hacia la aprobación de la constitución de Puerto Rico por la convención constituyente, para estructurar una nueva fórmula de status político para Puerto Rico dentro del concepto del convenio estipulado en dicha Ley 600. Expresó Muñoz Marín, de manera clara y terminante, que era opuesto a la independencia de Puerto Rico, atribuyó a «errores de juventud:, actividades de él en el pasado favoreciendo la independencia, y explicó que, en el estudio de las enmiendas al proyecto Tydings concediendo la independencía a Puerto Rico, llegó al convencimiento de que la independencia necesariarnente conllevaba la ruina económica para Puerto Rico.

En cuanto al voto sobre la aceptación de la Ley 600 del Congreso, como hemos relatado, desde un comienzo el partido Independentista definió claramente su actitud. Este partido, por propugnar la independencia inmediata de la Isla, repudió’ francamente ese estatuto federal, considerando que los objetivos del mismo no variaban la condición colonial de Puerto Rico, y alegando además que el partido de la mayoría, por el mandato de su última asamblea general, venía obligado a gestionar un plebiscito para someter al pueblo las soluciones finales de status político incluyendo la independencia.

En el partido Estadista la opinión estaba dividida, en cuanto a la aceptación de la Ley 600, después de aprobada ésta por el Congreso. La mayoria era partidaria de rechazar ese estatuto, por no conformer el mismo con las aspiraciones finales del partido Estadista y no ofrecerse al pueblo las alternatives para los que quieran preferir la Estadidad.

El partido Socialista, por su Comité Ejecutivo Territorial, reunido en sesión el i7 de septiembre de-1950, en San-Juan, bajo la presidencia de Bolívar Págán, adoptó la siguiente resolución:

«El Comité Ejecutivo Territorial del partido Socialista Puertorriqueño, reunido en sesión plenaria, declare:

«Que la Ley 600 del 80 Congreso de Estados Unidos, concediéndole el derecho al pueblo de Puerto.Rico para redactar su constitución local, dá un paso de avance en las prácticas democráticas, para lograr en fecha cercana nuestra plena soberanía interna; y por tanto el Comité Ejecutivo Territorial del partido Socialista acuerda instruir a sodas las Secciones y al pueblo Socialista, a votar a favor de la aceptación de la referida ley del Congreso.

Acuerda el partido Socialista, además, que en cuanto a la -constitución que oportunamente será sometida a referéndum al pueblo, el Presidente del Partido convocará a convención general del partido Socialista dentro de los treinta días después de haberse aprobado dicha constitución por la asamblea constituyente, para considerarla y resolver la actitud del partido Socialista en relación con dicha constitución, y resolver, además, la forma en que el partido Socialista intervendrá en ese referéndum final sobre la susodicha constitución.

Sobre esta resolución del partido Socialista para voter favorablemente la Ley 600 del Congreso, el presidente Bolívar del partido Socialista, public, los siguientes comentarios:

Estoy satisfecho de la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo Territorial en su sesión plenaria que se celebró el pasa do domingo 17 de septiembre, en los salones del Ateneo Puerto rriqueño. Y especialmente salí satisfecho del ambiente elevado ,cordialisimo que prevaleció durante la prolongada sesión. El votc final fué elocuente, pues, de cuarenta miembros que concurrieror a la sesión, solamente dos votaron en contra, pero éstos sin resquemores de carácter persanal De los restantes 10 miembros que componen el organismo director del partido Socialista, nueve de ellos me enviaron mensajes de adhesión al acuerdo adoptado. El debate fué extenso y laborioso, exponiendo todos sus puntos dc vista ampliamente sobre el tema y la situación política.

«El partido Socialista ha decidido voter a favor de la aceptación de la ley del Congreso de Estados Unidos número 600, que autoriza al pueblo de Puerto Rico a tracer la constitución que organiza su gobierno insular. No esperaba yo otra resolución en la deliberación detenida y juiciosa del asunto. Hubiera resultado un contrasentido enorme el que un partido como el Socialista, de origen y de invariables ideas libertarias, rechazara el derecho que se le concede al pueblo de Puerto Rico para tracer la propia carte fundamental que ha de gobernarle. Todos los Socialistas comprenden la importancia del paso histórico que vá a afar nuestro pueblo, y que la actitud de todos los puertorriqueños debe colocarse elevadamente, por encima de resquemores o pasiones personales o partidista, y cooperar para que nuestro pueblo dé el paso de avance democrático que representa el derecho que nos ha concedido el Congreso de Estados Unidos.

Cuando esté ya hecha y aprobada la constitución, entonces el partido Socialista apoyaré esa constitución si la cree buena, y la rechazará si la cree male. La ley del Congreso requiere que el pueblo apruebe esa constitución antes de la misma ir al Congreso para su aprobación final.

«Resulta un error inexplicable el que algunos puertorriqueños están confundiendo la Ley 600 del Congreso con la constitución, que todavía no se ha hecho. Nadie puede ester todavía a favor 0 en contra de esa constitución.

«El partido Socialista se coloca a la altura de sus ideales, de su tradición y de su historia, aceptando el nuevo derecho democrático que se le reconoce y concede al pueblo de Puerto Rico.

«Aceptado por el pueblo de Puerto Rico el derecho a tracer su propia constitución por representantes electos por el mismo pueblo puertorriqueño, y después de hecha esa constitución, entonces, según dispone la misma referida ley del Congreso, el pueblo de Puerto Rico tendrá la oportunidad de estudiar esa constitución, y aprobarla o rechazarla. Ningún hombre libre, que ame los derechos humanos y los derechos de su pueblo, debe rechazar el derecho que nos ha concedido el Congreso para que los puertorriños mismos hagan la constitución para el Gobierno Insular.»

4

Planteado el debate ante la opinión pública sobre la referida Ley 600 del Congreso, fué la misma objeto de animada controversia. El partido Popular, siguiendo las orientaciones de su presidente, dió su absoluto respaldo a esa fey. Igualmente el Partido Socialista. El partido Independentista, como hemos relatado, se opuso tenazmente a la misma; este partido recomendo a sus electores que no acudieran a los comicios en el referéndum, y recomendó, además, que los que decidieran acudir a las urnas en dicho referéndum votaran rechazand,o la fey. En el partido Estadista, la opinión estuvo dividida desde un comienzo. Influía en gran parte en esa actitud, de división de criterios, un movimiento que tenia luger dentro de este partido, que censuraba a la dirección del mismo bajo la presidencia de Celestino Iriarte, y tendiente a reorganizar a este partido cambiando a su presidente. Por acuerdo del Comité Central de este partido, sus electores quedaron en libertad para voter a su libre opción a favor de o en contra de dicha Ley 600.

5

En junio 4 de 1951, se llevó a cabo el referéndum del pueblo para aprobar o rechazar la Ley 600, de conformidad con una ley de la Legislatura Insular apiobada al efecto, bajo base de sufragio universal, voto secreto, para hombres y mujeres, mayoies de 21 años de edad y ciudadanos de Estados Unidos, sin otra restiicción de clase alguna.

El total de electores inscritos para este referéndum de- junio 4, 1951, era 779,695. Votaron 508,185 electores. De éstos, votaron a favor de aceptar la fey, 387,016 electores, o sea un 49.75 por ciento del total de electores inscritos, o un 76.5 por ciento de los electores que ,narticiparon en la votación. 119,169 electores votaron

en contra, para rechazar la ley, o sea un 23.5 por ciento de Ios electores que participaron en las votaciones.

Aceptada la Ley 600 por el voto del pueblo, comenzaron enseguida los preparativos para elegir la convención constituyente. Antes de proseguir sobre el curve de la convención constituyente, vamos a relater acontecimientos políticos en el movimiento y vida de los partidos Socialista y Estadista.

6

El primero de julio de 1951, se reunió en San Juan el Comite Ejecutivo Territorial y liderato del partido Socialista. Sin previo anuncio e inesperadamente, Bolívar Pagán presentó su renuncia irrevocable como presidente de este partido. Al afar cúenta de este suceso, El Mundo, en su edición del día siguiente, decía en parte: «El líder Socialista renunció la presidencia de su partido en una dramática sesión del Comité Ejecutivo Territorial Socialista. Las renuncia fué una sorpresa para los miembros del Comité Ejecutivo Territorial Socialista, que durante varies horas trataron de tracer al jefe Socialista desistir de su decisión. Viejos líderes socialistas lloraron emocionados, cuando el licenciado Bolívar Pagán, con palabras entrecortadas, leía la carte de renuncia. Ests carta-renuncia, dirigida al primer vicepresidente del partido Lino Padrón Rivera, dice así:

«Hace tiempo que he estado considerando la situación política de Puerto Rico y la responsabilidad que dentro de tal situación yo asumo como presidente del partido Socialista. Después de meditar profundamente sobre toda la situación, he decidido renunciar irrevocablemente el cargo de presidente del partido Socialista. Así, desde troy, con largo tiempo antes de las elecciones generales, otro compañero podrá asumir la dirección de nuestro partido.

«Cómo tú sabes, comencé a desempeñar dicho cargo desde el infausto momento de la muerte de nuestro tan llorado y ainado maestro Santiago Iglesias, por ser yo en aquella época el presidente interino y primer vicepresidente del partido. Luego, por cinco veces consecutivas, convenciones generales y soberanas de nuestro partido, por votación unánime, me hicieron el honor de elegirme y reelegirme como presidente del partido.

«Al retirarme hoy de la presidencia, deseo expresarte a tí y a todos los compañeros que mi alma guarda gratitud inmarcesible a los compañeros que me elevaron a este cargo de servicio a nuestro partido y al pueblo. También guardo gratitud para todo el pueblo Socialista que me elevó a los cargos mis altos de honor y de servicio a mi país, Y que, desde que fuí primeramente nominado al Senado Insular, siempre logró darme la satisfacción de que el sufragio del pueblo sacara triunfalmente mi nombre en todas las elecciones.

«Hago esta decisión troy, por impulso espontáneo y humilde, sin queja alguna contra nadie, y abrigando solamente sentimientos de gratitud y afecto y fraternidad para todos los compañeros. Seguiré siempre fiel a las ideas políticas y sociales a las que consagré con lealtad invariable treinta años de mi vida.

Dentro de algunos días se verificará el acto histórico cuando nuestro pueblo, en paso de avance en su progreso político y en el desarrollo de nuestra democracia, formulará la constitución interna que vá a regir a nuestro país. Como sabes, en el proceso para proveer para la organización de la convención constituyente, he logrado que se asegure representación a nuestro partido con un número no menor de tres delegados. No aspiro ni quiero en forma alguna que se considere m’i nombre para figurer entre eves delegados, y solamente deseo y espero que el servicio de nuestro partido en el seno de esa convención constituyente sea inteligente, elevado y altruista, y vigilante como siempre por los supremos derechos cindadanos y humanos.

«Como primer vicepresidente que eres de nuestro partido, pongo en tus vigorosas manos esta renuncia que, reitero, es irrevocable.

De conformidad con la constitución del partido Socialista, al renunciar irrevocablemente Bolívar Pagán, pasó ipso facto a ocupar la presidencia hasta la próxima asamblea general del partido, el primer vicepresidente del mismo, Lino Padrón Rivera.

7

Desde hacía algún tiempo, como hemos indicado, se venía desarrollando en el seno del partido Estadista un movimiento de oposición a las actuaciones de su presidente Celestino Iriarte. Dirigían notoriamente este movimiento Miguel Angel García Méndez y Luis A. Ferré.

El 14 de junio de 1951, se celebró en los Baños de Coamo una reunión de numerosos líderes del partido Estadista, convocada por Norman Parkhurst, José Tormos Diego, Eugenio Lecompte y Juan Ramón Ramos. Presidió la reunión Eugenio Leconpte, y actuó de secretario Guillermo Pierluisi. Se discutió en todos sus aspectos el alcance de la Ley 600 y la constitución. Se trazó un plan para reorganizar el partido Estadista, para ser sometido a la próxima asamblea de este partido. Se destacó una comisión de treinta líderes para vistiar al presidente del partido Celestino Iriarte, para plantear la situación que requería, según el]os, la reorganización del partido. Celestino Iriarte oyó a la comisión, y expresó que estaba dispuesto a afar paso a otro correligionario para presidir el partido, obietando aue éste fuera Miguel Angel García Méndez.

El 5 de agosto de 1951, se reunió el partido Estadista en asamblea general extraordinaria, en el Teatro Bo!ívar, en Santurce, bajo la presidencia de Celestino Iriarte. Entre otras medidas adoptadas en esta asamblea, se acordó que el partido estadista participaría en la elección de delegados a la convención constituyente a ser convocada de conformidad con la Ley 600 del Congreso. Se instruyó a los delegados Estadistas para abcgar en el seno de la convención constituyente para que la constitución a aprobarse declarare que es instrumento «dirigido al pueblo puertorriqueño hacia la igualdad en la cindadanía norteamericana, o sea hacia la Estadidad, de modo que quede claro que, al aceptar participar en su redacción, lo hacemos al objeto de propulsar la realización de nuestro ideal.

Esta asamblea acordó, además, designer un directorio o comité directivo compuesto de quince miembros para encauzar los destinos de la colectividad. Para former este directorio fueron elegidos Celestino Iriarte, Miguel Angel García Héndez, Leopoldo Figueroa, Luis A. Ferré, Ramón Llobet Jr., Norman Parkhurst, Juan Ramón Ramos, Néstor Cardona, Héctor González Blanes, Jorge Luis Córdova, Ramiro L. Colón, Adolfo García Veve, Bárbara Vda. de Muriel, Lumen Méndez y Martín Travieso. Este último, invitado a asistir a la asamblea por una comisión de la misma, hizo su ingreso al partido Estadista ante esta asamblea, que le acogió con cálidas demostraciones de bienvenida.

El partido Estadista se reunió en asamblea general extraordinaria el 22 de junio de 1952, en el Teatro La Perla, de Ponce, bajo la presidencia de Celestino Iriarte. Los ánimos estaban caldeados, y el propósito evidente de la mayoría de los delegados era sustituir al presidente del partido. Cuando informaba Celestino Iriarte sobre la situacion política y sus actuaciones en la dirección del partido, especialmente con respecto a la Ley 600 y la constitución de Puerto Rico, surgió una protesta que promovió un incidente tumultuoso. Iriarte interrumpió su discurso y puso el mallete presidencial en manos de Juan B. Soto. El partido estaba evidentemente dividido en dos grupos opuestos, uno partidario de mantener en la presidencia a Triarte, y otro partidario de sustituir a Iriarte por Miguel Angel García Méndez y de reorganizer y renovar el partido. Habían fracasado reuniones previas, alentadas principalmente por Eugenio Lecompte, para conciliar diferencias y mantener la unidad del partido. Durante la asamblea, un grupo, que se informó como de 160 delegados, se retiró de la misma, y se reunió en la casa-club Pro-Estadidad en Ponce, donde se discutió la creación de un nuevo partido, y se sugirió-el nombre de partido Republicano Puertorriqueño. En esta reunión se designó una junta organizadora del nuevo partido, que quedó compuesta por Héctor González Blanes, presidente, y Celestino Iriarte, Eduardo Ortiz Reyes, Joaquín Laboy, Cornelio Alvarado, Eugenio Lecompte, Ramiro L. Colón, Guillermo Pierluisi, FeliDe Carro. Juan Ramón Ramos, Ramón Llobet Jr., Francisco Fernández Cuyar, Tomás Rovira, Carmelo -Vázquez, José del Rio, Antonio Ramos Rodríguez, Fernando J. Géigel, José Tormos Diego, Rafael Córdova Dávila y Antonia Martínez Nadal de Pérez.

La asamblea del Teatro La Perla continuó en sus deliberaciones. Alguno s de lo s d elegados qu e se habí an reti rado anteri ormente, regresaron al Teatro La Perla. Se aclamó presidente del partido Estadista a Miguel Angel García Méndez. Se eligió, igualmente, vicepresidente del mismo a Luis A. Ferré. El partido Estadista -comenzó una nueva etapa de su vida, desarrollando, con renovado entusiasmo, actividades de reorganización y prédica en toda la Isla.

El nuevo partido constituído por los disidentes de la asamblea del partido Estadista celebrada en el Teatro La Perla, adoptó el nombre de partido Boricua, presidido por Héctor González Blanes. El primero de agosto de 1952, este partido publicó un extenso manifiesto dirigido al pais, haciendo un llamamiento para ingresar al nuevo partido a todos los puertorriqueños, de todos los partidos, y pronunciándose a favor de la Estadidad federada para Puerto Rico, y propulsando a la vez la celebración de un plebiscito para que el pueblo decidiera su preferencia por la Estadidad o la Independencia.

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Aceptada por el voto del pueblo la Ley 600 dél Congreso, procedía ahora el segundo paso hacia la aprobación de la constitución de Puerto Rico. Todos los partidos principales se dispusieron a elegir sus delegados a la convención constituyente, con excepción del partido Independentista PuertorriqueiiD que, consecuente en su expresada actitud hacia la Ley 600 y sus fines, acordó no participar en la convención constitayente, y así decidió no acudir a los comicios.

La Legislatura Insular aprobó la legislación adecuada proveyendo para la elección de los delegadas a la constintuyente. La ley aprobada a este efecto, votada unánimemente en la Legislatura Insular, aseguraba representación míninia de tres delegados a cada partido que acudiera a los comicios inscribiendo sus candidatos; y la elección se llevaría a cabo a base de sufragio universal, voto secreto, de hombres y mujeres mayores de 21 años de edad y cindadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico, sin otras restricciones, y con representación igual para cada partido en los organismos electorales y colegios de votación.

Estas elecciones se verificaron el 27 de agosto de 1951. El número total de electores inscritos que podían tomar parte en estas elecciones era 781,914. Votaron 439,745 electores. El partido Popular Democrático obtuvo 351,946 votos; el partido Estadista obtuvo 50,720 votos; y el partido Socialista obtuvo 22,505 votos. Como resultado de estas votaciones, el partido Popular Democrático dominaría las decisiones de la convención constituyente, habiendo electo de su filiación setenta delegados de los noventa y dos que fueron electos para constituir la convención. De los otros veintidós delegados, quince fueron electos por el partido Estadista y siete por el partido Socialista.

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Electos los delegados, la convención constituyente inauguró sus sesiones el die 17 de septiembre de 1951, en el Capitolio Insular. A tenor de la ley previamente aprobada, presidió temporalmente la sesión inaugural el Juez Presidente del Tribunal Supremo, Roberto H. Todd, Jr. Como presidente permanente de la Convención fué electo el Comisionado Residente Antonio Fernós Isern. Los trabajos de la convención constituyente su desarrollaron con lentitud, con asesoramiento de auxiliares técnicos y previo estudio y elaboración detenida en los diversos comités de la convención, que sometieron a la consideración y debates el proyecto constitucional por fragmentos en sus diversos aspectos y partes. Todos los tópicos esenciales fueron objeto de prolongada discusión pública en la con vención, coyo Diario de Debates ocupa un grueso volúmen de más de novecientas páginas grandest El texto constitucional quedó aprobado en febrero 6, 1952, con el veto favorable de 88 delegados. Solamente tres delegados votaron contra el texto final.

La constitución aprobada por la convención, dentro de los iímites fijados por la Ley 600, es un documento elevado y sabio. Organiza un gobierno inferno para Puerto Rico dentro de las normas más liberales y avanzadas. Se establece un gobierno de forma completamente democrática, con la clásica división de las tres ramas de gobierno separadas e independientes. El jefe de la rama ejecutiva y los legisladores deben ser electos cada cuatro años por el sufragio libre e igual de! electorado puertorriqueño. Se asegura la representación de las minorías en las Cámaras legislativas, disponiendo que ningún partido podrá tener más de dos terceras partes del número de miembros componentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Los magistrados del Tribunal Supremo, cúspide del poder judicial, son designados por el jefe ejecutivo con el consejo y consentimiento del Senado, por términos vitalicios, con garantías de pensiones de retiro; los tribunales inferiores funcionarán bajo la administración del Juez Presidente del Tribunal Supremo; y se asientan bases sólidas para la independencia judicial. La Carta de Derechos de esta constitución, inspirada esencialmente en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es notable, por su lucidez expositiva y su hálito humano. En su aliento y declaración para proteger los esenciales y más liberales derechos del hombre, es insuperable. En este extremo, con la experiencia y progreso del espíritu humano durante más de siglo y medio, la constitución puertorriqueña amplía y mejora a la histórica Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, a la propia Constitución de los Estados Unidos de América, y a la famosa Constitución de Cádiz de 1812.

Por resolución adoptada por la convención constituyente, la Comunidad organizada bajo la constitución aprobada tomaría el nombre en castellano de «Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Ya Luis Muñoz Marín, en declaración ante un comité del Congreso, había anticipado que el nombre de la comunidad que se tendía a crear sería cualquier nombre que se creyere propio. Sobre este particular dijo Muñoz Marín: It is a community of American citizens that should have whatever name is proper and govern themselves fully in-their local functions of government under the Federal Constitution.

Al firmarse por los delegados, en sesión solemne, la constitución aprobada, Lino Padrón Rivera, presidente de la delegación Socialista, se expresó, en parse, en la forma siguiente: «Ahora sentamos las bases de un nuevo gobierno en una constitución que abre brechas a nuevas conquistas political y económicas desde un punto de partida de dignidad e igualdad con los Estados Unidos de América. Y frente a esos nuevos horizontes no puce contener mi emoción al firmer el documento constitucional y mi conciencia Socialista se fortaleció porque al escribir mi nombre rendía un tributo de lealtad al ideal que prendiera en nosotros el inolvidable maestro Santiago Iglesias.

Los trabajadores de Puerto Rico, hombres y mujeres de fábricas, campos y oficinas tendrán ahora una mayor protección de sus intereses en un seguro de vida permanente para su dignidad de trabajadores.

«Lo que costó encarcelannenlos, sangre y lágrimas en el pasado en lucha desigual contra la explotación capitalista, se sanciona y consagra ahora por el entendimiento común de los ciudadanos que integramos esta Asamblea Constituyente, y no tengo dudes de que todo el pueblo de Puerto Rico tendrá una clara comprensión de este hecho al ratificar con sus votos nuestra Constitución.»

Celestino Iriarte, presidente de la delegación del partido Estadista, se expresó, en parte, como sigue:

«Ya Puerto Rico tiene la orientación necesaria. Nos la ha dado la Ley Pública 600. Ya todos sabemos adónde vamos. Ya no hay oportunidad para que se repita lo que dijo el Doctor Padín. Ya nadie podrá decir ¿qué somos o a dónde vamos? Ya todo el mundo sabe lo que somos y adónde vamos. Somos americanos. El pueblo dijo el día 4 de junio pasado, que quiere seguir siendo americano. El pueblo nos dió su mandato y ahí está la constitución hecha por los puertorriqueños para que los puertorriqueños se gobiernen por ella en el futuro.

«Ahora, con la orientación gue tenemos, todos vamos a luchar en esa dirección, enseñándole inglés a nuestro pueblo, para que los puertorriqueños se manifiesten como verdaderos ciudadanos americanos, para que hablen el idioma de su ciudadanía, como decía el doctor Fernós en cierta ocasión, en una vista ante el Congreso Nacional: Queremos que los puertorriqueños hablen el idioma de su cindadanía y estamos empeñados en enseñarle inglés a los puertorriqueños. A eso vamos. Ya tenemos la orientación que necesitábamos. Somos americanos y tenemos que continuer luchando para que todo nuestro país sea como todos queremos: igual a los demás estados de la Unión.

Luis Muñoz Marin, entre otras declaraciones, dijo lo siguiente:

«No creo necesario añadir a las palabras de los compañeros que me hen precedido troy, que hen hecho un reconocimiento de lo mucho que significa la constitución que en este día acabamos de firmar. Creo, como creen ellos, como creemos todos, que es un documento que merece que nos sintamos profundamente orgullosos de ser sus autores.

«En lo que respecta a la parte de convenio de este proceso en que estamos empeñados, creo yo que es la más alta significación de la más grande importancia, la Resolución Núm. 23 de esta Constituyente, presentada por el presidente del partido Socialista, por el presidente del partido Estadista y por este servidor de ustedes en representación del partido Popular Democrático, en la cual Resolución Núm. 23 se reconoce—teniendo además, como ha tenido, el voto general de la Convención—que, por medio de este convenio de unión entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América, termina todo rastro y vestigio del sistema colonial en Puerto Rico. Estamos libres de todo rastro y vestigio de ese sistema.

Hemos dicho que estamos creando un estado dinámico, un estado que contiene dentro de sí la enorme energia de un continuo crecimiento, de una continua superación. Es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de naturaleza en parte federal y en parte lo que pudiéramos llamar confederal. En estos dos factores se encierra la posibilidad de su desarrollo en la Unión Americana.

«Federal es aquélla forma de unión donde dos gobiernos—el gobierno del.estado que es miembro, en alguna forma, de una nación más grande, tiene jurisdicción sobre el pueblo; y donde también el gobierno de la federación tiene jurisdicción en otra área de temas, sobre el mismo pueblo; y, sin embargo, el gobierno de la unión no tiene jurisdicción sobre el otro gobierno en sí. Son dos gobiernos con jurisdicciones sobre distintas áreas de temas en lo que respecta al mismo cuerpo de ciudadanos.

«La forma que pudiéramos llamar confederal, en cambio, implica que hay unión, más bien a base de estados que se unen, que a base de dos gobiernos que tienen jurisdicción sobre el mismo pueblo en distintas áreas de jurisdicción de asuntos, de temas.

«Puerto Rico, en parte, como dije, participa de la naturaleza de ser miembro de una unión federal en una forma nueva, en una forma creadora, en una forma de la propia inventive del pueblo de Puerto Rico, en colaboración con el Congreso de Estados Unidos. Y en parte, su relación es de naturaleza confederal.

«Rigen las leyes federales. El pueblo de Puérto Rico en votación del 4 de junio aprobó que rigieran las leyes federales. Eso es del carácter de la Federación. No rigen, sin embargo, las leyes que implican que vayan fondos de Puerto Rico como contribución al Tesoro Federal de la Unión Americana. El pueblo de Puerto Rico, en su votación del 4 de junio, también aprobó que así fuera en cuanto a esa clase de legislación. Eso es del carácter de confederación. Rigen en Puerto Rico leyes federales de contribución que requierén la aprobación del pueblo de Puerto Rico, a través de su legisI atura, para que rijan tales leyes. Eso es también en la forma que he llamado confederal de gobierno.

«El desarrollo del futuro dentro de la Unión Americana puede ser en diversas formas por uno de eves caminos. Puede ser hacia que Puerto Rico pase a ser un Estado más de la Unión Federal igual que los demás Estados en cuanto a similitud exacta en la forma de ser miembro de la Unión.

<Puede ser que el desarrollo de Puerto Rico cobre un aspecto y, emprenda un camino más bien hacia una forma confederal de gobierno en la que no haya el área de autoridad federal sino a través de la autoridad democráticamente ejercida por legisladores electos por el pueblo de Puerto Rico, en Puerto Rico, en vez de en el Congreso Federal.

«Puede haber otros desarrollos dentro de las grandes potencialidades, dentro deligran dinamismo, de esta nueva forma de crecimiento político que conjuntamente estamos lanzando en el camino de la historia de nuestro pueblo y de otros pueblos. Entre otros pensamientos, Muñoz Marín añadió lo siguiente: «Yo no concibo cómo se puede ser aquí proamericano. Ser proamericano sería ester a favor de un ser superior que no es americano. No se puede ser proamericano. Yo lo que concibo en Puerto Rico es que nosotros somos americanos, no proamericanos.»’

Aprobada la constitución por la convencion constituyente; y a tenor de lo provisto en la Ley 600 del Congreso, fué sometida al voto del pueblo puertorriqueño, para su aprobación o rechazo. Bajo los mismos preceptos electorales de sufragio universal con voto secreto, para hombres y mujeres de 21 años de edad y cindadanos americanos residentes en Puerto Rico, la votación se llevo a cabo

el 3 de marzo de 1952. La cifra total de dectores inscritos para esta votación era 783,610. Votaron 463,961 dectores. De éstos, 374,649 votaron a favor, aceptando la constitución. 82,923 electores votaron en contra, para rechazar la constituciór. De acuerdo con estas cifras, como se vé, participó en la votación un 59 por ciento del electorado que figuraba en las listas de votantes; votó a favor de la aceptación de la constitución un 47 por ciento de los electores que figuraban en las listas de votantes; votó en contra de la aceptación de la constitución, un 11 por cientc de los electores que figuraban en las listas de votantes; votó a favor de aceptar la constitución un 81.5 por ciento de los electores que emitieran sus votos; y votaron en contra un 18.5 por ciento le los electores que emitieron sus votos.

Celebrando el resudtado de la votación del pueblo aprobando la constitución, el presidente del partido Estadista Celestino Iriarte, expresó que ello significaba un triunfo de la idea de la unión permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos, en camino hacia la Estadidad federada.

Luis Muñoz Marín, celebrando también el resultado de la votación, expresó, entre otras cosas, lo siguiente: «La constitución acabada de aprobar abrumadoramente por el pueblo, creando la comunidad de Puerto Rico en asociaciórl por convenio con la Unión Americana, es una asociación política compuesta del Congreso Federal y de Puerto Rico que debe ser de interés para el mundo entero. Es una contribución al pensamiento político moderno. Demuestra elocuentemente tanto la madurez democrática del pueblo de Puerto Rico como la justicia democrática de Estados Unidos. Liquida toda traza de colonialismo jurídico en Puerto Rico, ya que la relación entre los ciudadanos norteamericanos de la comunidad con el continente está ahora basada en una ley aprobada por el Congreso con naturaleza de convenio, y ratificada en las ureas por el pueblo de Puerto Rico.

Aprobada la constitución, y a tenor de lo provisto en la ley 600, fué elevada la misma al Presidente de Estados IJnidos, Harry S. Truman, quien prontamente la aprobó, y la sometió para el curso debido al Congreso.

«The Constitution of the Common`vealth of Puerto Rico:,—dijo el Presidente al final de su mensaje de envío al Congreso—«is a proud document that embodies the best of our democratic herritage. I recommend its early approval by the Congress.»

Ante el Congreso la recomendación del Presidente recabando la pronta aprobación de la constitución le Puerto Rico, el Comité de lo Interior y de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes citó a audiencias públicas para considerar el proyecto (H. J. R. 430) presentado el 22 de abril de 1952 por el Comisionado Residente Antonio Fernós Isern. Este proyecto tendía a afar la aprobacJón congresional a la constitución. Abogando por la aprobación de su proyecto, el Comisionado Residente explicó ante este comité el alcance del mismo y relató el desarrollo de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos. Comentando el alcance de la Ley de Relaciones Federales ( o sea aquellos artículos de la Ley Orgánica Jones que quedaban vigentes, y cayo conjunto tomaba este nombre), llamó la atención el Comisionado Residente al hecho de que, con la aprobación de la constitución, se mantenía a la vez la condición de Puerto Rico dentro del sistema político de Estados Unidos. El Representante Frank Bow (Republicano de Ohio) informó al comité sobre una visita a la Isla en compañía del Representante Chester McMullen (Demócrata de Florida), y la presencia de ambos como observadores en el referéndum para aprobar la constitución. Declaró Bow cómo se llevó a cabo el proceso de la votación en las ureas, de manera pacífica, correcta y ordenada, con garantías para todos los grupos y electores, y sin haber surgido queja alguna. Se presentaron otros testimonios, y prontamente este comité informó favorablemente el proyecto a la aprobación de la Cámara, sin enmiendas

El Comité de lo Interior y Asuntos Insulares del Senado, también celebró audiencias públicas, sobre el proyecto senatorial (S.J. Rs. 151) gemelo del proyecto al mismo fin del Comisionado Residente. Testimonios de oficiales del Departamento Federal de lo Interior, del Comisionado Residente Fernós Isern y del Gobernador Luis Muñoz Marin, abogaron por la pronta aprobación de la medida. El testimonio del Gobernador Muñoz Marin enfatizó el aspecto del convenio como esencia de la Ley 600 que dió origen al proceso constitucional. Describió cómo la idea de sujeción colonial laceraba el espíritu puertorriqueño, y cómo, a sl1 juicio, la nueva forma de gobierno escogida por las mayorías puertorriqueñas sustituía al viejo dilema de las fórmulas de Estadidad federada y de Independencia separada como soluciones finales al problema del status politico de Puerto Rico propugnadas en el pasado Expresó que el principio de gobierno por consentimiento de los gobernados, que inspiraba la nueva fórmula, liberaba a los puertorriqueños del sentido de i nferioridad colonial. Pidió que la constitución fuese aprobada, porque ya Puertó Rico había cumplido su parte dentro de los preceptos de la Ley 600 y-entonces le correspondia al Congreso cumplir la parte de éste. Este comité del Senado Federal rec,omendó prontamente la aprobación del proyecto.

En el informe del comité al Senado, sin embargo, se recomendó que se eliminara la Sección 20 del Artículo II de la constitución según fué aprobada en Puerto Rico. Esta sección 20 del Artículo II decía:

«El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos:

«El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

«El derecho de toda persona a obtener trabajo.

«El derecho de toda persona a distrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido,- la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

«El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física.

«El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir cuidados y aynda estpeciales.

«Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña.

«En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más juste distribución de sus resultados económicos y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible.

El informe de este comité del Senado Federal propuso también enmendar la Sección 5 del Artículo II, añadiendo a esta seccion ciertas palabras, al efecto de que la asistencia compulsoAa a las escuelas públicas elementales no se interpretara como aplicable a aquéllos que recibían instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. Hace constar el informe de este comité que, fuera del gobierno propio inferno que se organize por la constitución, la autoridad federal sobre la Isla queda en pie a través de la Ley de Rehciones Federales. Este comité finalmente recomendó la aprobación de la constitución, con las enmiendas propuestas, y expresó finalmente: aLa aprobación de esta constitución hará realidad, para dos millones y cuarto de cindadanos amaricanos en el territorio americano de Puerto Rico, el histórico concepto de gobierno por el consentimiento de los gobernados. Estq concepto se expresa en nuestra Declaración de Independencia y se ha realizado mediante nuestras constituciones estaduales dentro del sistema federal. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es un Estado de los Estados Unidos. Tampoco es una república independiente. Es una comunidad que disfruta de gobierno propio, unida por lazos de comunes lealtades y obligaciones con los demás eiudadanos americanos que viven bajo la bandera de Estados Unidos y la Constitución norteamericana y disfrutando de -una forma republicana de gobierno que ella misma ha escogido. De acuerdo-con sus expresados deseos, el pueblo de Puerto Rico está estableciendo un gobierno propio en la seguridad y la dignidad de la unión continuada con los Estados Unidos, sobre la base de relaciones que se hen desarrollado a través de los años”.

En los debates y procedimientos en los hemiciclos de la Cámara de Representantes y del Senado Federal, predominó un ambiente favorable y amistoso hacia Puerto Rico. La impresión general era que los puertorriqueños habían cumplido su obligación dentro de los términos de la Ley 600 y que correspondía entonces cumplir su parte al Congreso.

La voz disidente en el seno del Congreso, tanto ante el Comité como en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, fué la del Representante Vito Marcantonio (Laborista de Nueva York), quien combatió el proyecto de la Ley 600 ló mismo que la constitueión. Marcantonio sostuvo que la constitución era un fraude, y urgió por legislación que a su juicio terminara en verdad con el sistema colonial en Puerto Rico. Fué consistente sosteniendo el criterio contra esas medidas asumido por el partido Independentista Puertorriqueño. La actitud de Marcantonio no tuvo apoyo alguno entre los miembros del Congreso. Hubo otra corriente de opinión en el hemiciclo de la Cámara, sostenida por contados Representantes, que arguyeron que por su madurez política Puerto Rico merecía que se le ofrecieran a la vez otras alternativas, como la Estadidad y la Independencia. Pero el grupo dominante en la Cámara favorecía la medida según estaba planteada la cuestión dé Puerto Rico, como el paso que debía afar el Congreso, especialmente cuando ello era precisamente la demanda de las mayorías del pueblo puertorriqueño.

En los debates y procedimientos en el hemiciclo del Senado Federal, el ambiente fue parecido al de la Cámara, predominantemente favorable y amistoso hacia Puerto Rico. El debate giró principalmente sobre las enmiendas propuestas por el Comité de lo Interior y Asuntos Insulares, para eliminar la indicada seccion 20 del Art. II de la Constitución y modificar la indicada sección 5 del mismo Artículo. Otra enmienda fue propuesta en el hemiciclo del Senado por el Senador Olin Johnston (Demócrata de Carolina del Sur), que disponía que «ninguna enmienda a la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entrará en vigor mientras no sea aprobada por el Congreso.» Estas enmiendas fueron aprobadas por el Senado Federal, y con ellas este cuerpo aprobó la constitución sometida.

La enmienda del Senador Johnston produjo irritación en el liderato del partido Popular de Puerto Rico. E1 Gobernador Muñoz Marín envió un enérgico mensaje al presidente del comité senatorial objetando la enmienda Johnston. La cuestión levantó gran revuelo en la Isla. Al notificar el Senado sus enmiendas a la Cámara de Representantes, este último cuerpo no aceptó tales enmiendas y solicitó conferencias con el Senado. El comité de conferencias de ambas Cámaras finalmente informó aprobando las enmiendas del Senado en cuanto a la eliminación de la Sección 20 del Artículo II de la constitución y a la modificación de la Sección 5 del mismo Artículo. En cuanto a la enmienda del Senador Johnston, ésta fue modificada en el sentido de que las enmiendas que el pueblo de Puerto Rico introdujera a su constitución no tenían que ser aprobadas por el Congreso. Estas enmiendas, sin embargo, tendrían que ajustarse a la resolución final del Congreso aprobando la constitución, a las disposiciones aplicables de la Constitución de Estados Unidos, a las disposiciones de la Ley 600 del Congreso, y a la Ley de Relaciones Federales. El texto final de la Resolución Conjunta aprobada por el Congreso; y firmada por el Presidente Truman, el 3 de julio de 19ti2, lee así:

«Por cuanto, la ley titulada Ley proveyendo para la organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico,

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aprobada en 3 de julio de 1950, fue adoptada por el Congreso como un convenio con el pueblo de Puerto Rico, para tener efecto luego de su aprobación por el pueblo de Puerto Rico; y “Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico aprobó arrolladoramente dicha ley en un referéndum que se llevó a cabo el 4 de junio de 1951, habiéndose redactado una constitución para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una convención constituyente que se efectuó según lo dispuesto por dicha ley, del 17 de septiembre de 1951 al 6 de febrero de 1952; y

«Por cuanto, dicha constitución fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico con un voto de 374,649 contra 82,293 en referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952; y

«Por cuanto, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está enteramente conforme a las disposiciones aplicables de dicha ley del 3 de julio del 1950 y de la Constitución de los Estados Unidos, y que contiene una declaración de derechos y provee para una forma republicana de gobierno, habiendo trasmitido la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Congreso para su aprobación; y

«Por cuanto, el Congreso ha considerado la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y ha hallado que la misma llena a cabalidad los anteriores requisitos:

«Por tanto, Resuélvase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en Congreso reunidos: Que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que fue redactada por los delegados electos a la Convención Constituyente de Puerto Rico y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum del 3 de marzo de 1952, de acuerdo con la ley titulada Ley proveyendo para la organización de un gobierno -constitucional por el pueblo de Puerto Rico, aprobada el 3 de julio de 1950 (64 Est. 319; 48 C. de EE. UU.; sees. 713b-731e), queda por la presente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, excepto la sección 20 del artículo II de dicha Constitución; Disponiéndose, que la sección 5 del articulo I de la misma no tendrá fuerza y vigor haste que sea enmendada por el pueblo de Puerto Rico de acúerdo con el procedimiento prescrito por el artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agregándole a dicha sección 5 la siguiente declaración: La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará

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como aplicable a aquellas personas que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales; Disponiéndose, además, que excepto para el fin de adoptar las enmiendas a la sección 5 del artículo II y a la sección 3 del artículo VII según se dispone en la presente, el Artículo VII de dicha Const itución no tendrá asimismo ninguna fuerza y vigor hasta que sea enmendado por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con los términos de dicho artículo, agregándose a la sección 3 del artículo VII la siguiente nueva oración: Cualquier enmienda o’ revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales y con la Ley Pública 600 del Octogésimo-Primer Congreso, adoptada a manera de convenio; y Disponiéndose, también, que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que por la presente se aprueba comenzará a regir cuando la Convención Constituyente de Puerto Rico haya declarado en resolución formal que acepta, a nombre’ del pueblo de Puerto Rico, las condiciones de aprobación aquí contenidas, y cuando el Gobernador de Puerto Rico, luego de ser debidamente notificado por los funcionarios pertinentes de la Convención Constituyente de Puerto Rico de que se ha adoptado formalmente tal resolución de aceptación, expida una proclama al efecto.

Esta resolución del Congreso, aprobando con enmiendas la constitución de Puerto Rico, fue sometida a la Convención Constituyente de Puerto Rico, nuevamente convocada al efecto. La Convención Constituyente, de males ganas, como era natural, aprobó las enmiendas sugeridas en dicha resolución del Congreso. Después de los trámites de rigor, quedó así terminado el proceso y drama de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

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Terminado todo el proceso constitucional, Luis Muñoz Marín, arquitecto principal del nuevo status, el día 17 de julio de 1952, en Barranquitas, en los actos conmemorativos del aniversario del nacimiento de su padre Luis Muñoz Rivera, y definiendo la nueva fórmula de gobierno, entre otros pensamientos expresados, dijo lo siguiente:

«En lo político había un gran enredo emocional sobre el sta

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tus. Se creía que, fuera de la Estadidad federada y la Independencia separada, sólo cabía la humillación colonial. Y tanto la Estadidad como la Independencia ofrecían los más graves riesgos a la vida económica y social, y por lo tanto a la libertad verdadera e integral del pueblo de Puerto Rico. Acabamos de salir del estrecho dilema entre la Independencia separada y la Estadidad federada. Heme; creado el pueblo de Puerto Rico ha creado—una nueva forma de libertad política que no amenaza las otras libertades: lo que he llamado la libertad integral, la libertad en todas sus formas del pueblo de Puerto Rico en su libre asociación con la república más libre del mundo.

El 25 de julio de 1952, con gran pompa oficial, se celebraron frente al Capitolio Insular los actos inaugurales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se izó y desplegó a los vientos, por primer vez como símbolo oficial del Gobierno y del pueblo de Puerto Rico, y por decreto unánime de las Cámaras legislativas puertorriqueñas, la bandera de Puerto Rico, la consagrada bandera de la estrella solitaria en campo triangular azul, con cinco franjas rojas y blancas, la histórica enseña de la Junta Revolucionaria de Nueva York. A su derecha, se izó también y desplegó a los vientos el pabellón de Estados Unidos de América. Y vibraron en las ondas aéreas los acordes del Star Spangled Banner, himno nacional de Estados Unidos de América, y los amados sones de La Borinqueña, ésta decretada por las Cámaras legislativas puertorriqueñas como el himno oficial de Puerto Rico.

Proclamado y establecido el Estado Libre Asociado, comenzó Puerto Rico su nueva etapa de gobierno, el primero, en las cuatro y media centurias de su civilización, que tuvo el previo y expreso consentimiento, mediante el voto de las mayorías del pueblo de Puerto Rico.

Prontamente comenzaron las actividades, por los diversos partidos políticos militantes, de la campaña electoral que culminaría en las elecciones generales de noviembre de 1952, para elegir a los mandatarios del nuevo régimen.

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El partido Independentista Puertorriqueño se reunió en asamblea general el 10 de agosto de 1952, en el Parque Sixto Escobar, de San Juan, bajo la presidencia de Gilberto Concepción de Gracia. Excitadas sus huestes electorales contra el nuevo status, que a

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juicio del liderato independentista habla secuestrado la soberania de Puerto Rico y que mediante fraude ideológico había obtenido el consentimiento de las mayorías del pueblo para prolongar el sistema colonial, esta asamblea tuvo una asistencia extraordinaria de delegados, en propiedad, suplentes y fraternales, que acudieron entusiastas de todos los puntos de la Isla. El comité de credenciales informó la presencia de más de treinta y cinco mil delegados. El presidente Gilberto Concepción de Gracia, en prolongado discurso exhortó al partido y a todo el pueblo para la lucha por la república independiente y soberana de Puerto Rico. Eugenio Font Suárez y Marcos A. Ramírez presidieron, respectivamente, las designadas comisiones de resoluciones y de programa.

El aspecto político del programa adoptado por esta asamblea reza así:

«El partido Independentista Puertorriqueño declare que su finalidad política es lograr la independencia de Puerto Rico.

La gestión de este objetivo se llevará a cabo en términos de amistad con Estados Unidos, y no se limitará al reconocimiento formal de nuestra soberanía. Incluirá simultáneamente el cumplimiento de la responsabilidad histórica en que ha incurrido Estados Unidos al intervenir en la vida económica de nuestro pueblo durante más de medio siglo. A ese efecto, el Partido reclamará que la independencia se establezca bajo aquellos acuerdos y reajustes que faciliten la rápida transformación de la presente economía colonial en una economía de pueblo libre.

“Pare realizar esta finalidad, el Partido procurará en los comicios el mandato del pueblo. Una vez obtenido ese mandato, empleará todos los recursos y medios de gobierno a su alcance para conseguir su cumplimiento. A los seis meses de terminada la primera sesión legislativa después de haber obtenido el poder, el Partido se reunirá en asamblea extraordinaria para considerar los progresos habidos en la gestión de la independencia, y tomar las medidas aconsejables para el más pronto y efectivo cumplimiento del mandato.

«A los fines de instrumentar esta gestión, las Cámaras Legislativas demandarán del Gobierno de Estados Unidos el reconocimiento de la Independencia con arreglo a las bases de este programa, y crearán una Comisión Permanente para llevar a cabo las labores necesarias a ese efecto. Una convención constituyente, libremente elegida por el pueblo, redactará la Constitución de Puerto Rico, estableciendo un gobierno de tipo republicano y bases demo

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cráticas.

El programa general adoptado por el partido Independentista Puertorriqueño en esta asamblea, definió las bases mínimas de principios y derechos de la constitución de la república independiente de Puerto Rico. También este programa abarca aspectos, entre ellos, relacionados con la industrialización de la Isla; aynda a los veteranos puertorriqueños de la Segunda Guerra Mundial; legislación protectora de los trabajadores; seguros sociales; derechos civiles; educación; salud pública; y legislación sobre primarias electorales.

Gilberto Concepción de Gracia fue reelecto presidente de este partido; Baltazar Quiñones Elías, vicepresidente; y José L. Feliú Pesquera, secretario. Se nominaron los candidatos generales para las elecciones de 1952. Fernando Milán (hijo) y Carmen Rivera de Alvarado fueron nominados , respectivam en te , para lo s cargos de Gobernador y Comisionado Residente.

El partido Estadista se reunió en asamblea general el 24 de agosto de 1952, en el Parque de Pelota, de Mayagüez, bajo la presidencia de Miguel Angel García Méndez. La inyección de vida que la nueva dirección imprimió a este partido, atrajo a enorme multitud de Estadistas de toda la Isla que, entre delegados y simpatizadores, se informó excedió de veinticinco mil almas. El presidente Miguel Angel García Méndez, en extenso discurso inaugural, habló entusiastamente del «milagro de resurrección del partido Estadista»;

Abarcó el panorama político general; impugnó el Estado Libre Asociado como solución final de los anhelos de libertad del pueblo deI Puerto Rico; combatió la administración gubernamental del partido Popular; y exhortó al partido y a todo el pueblo para luchar por el status de igualdad con los demás conciudadanos norteamericanos con el ingreso de Puerto Rico como un Estado en la Unión Norte americana.

Esta asamblea ratificó, con ligeras enmiendas, el programa político y social-económico del partido Estadista, con énfasis en la Estadidad federada para Puerto Rico como aspiración política esencial del partido. Se reeligió presidente de la colectividad a Miguel Angel García Méndez. Igualmente se eligió vicepresidente a Luis A. Ferré. Se nominaron los candidatos generales del partido para las elecciones de 1952, que relataremos más adelante, delegándose en el Comité Central del partido para hacer la nominación de su candidato a Gobernador.

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El partido Popular Democrático se reunió en asamblea general, el mismo día 24 de agosto de 1952, en el Parque Sixto Escobar, de San Juan, bajo la presidencia de Luis Muñoz Marín. Los resonantes éxitos de este partido y especialmente la implantación del Estado Libre Asociado, alentaron la asistencia de una enorme multitud a esta magna asamblea. Se informó que, entre delegados y simpatizadores, la concurrencia ascendió a 68,000 personas. El presidente Luis Muñoz Marín, en su discurso inaugural, comentó los logros gubernamentales y políticos del partido, y explicó el alcance del Estado Libre Asociado como status de plena dignidad, que a su juicio elimina los vestigios de colonialismo en Puerto Rico, y la naturaleza dinámica de este status, y delineó la gestión pública realizada y la obra a proseguirse desde el gobierno.

Se aprobó un extenso programa del partido, que comienza diciendo lo siguiente:

«El partido Popular Democrático es una organización de hombres y mujeres de buena voluntad unidos en el ezfuerzo creador de trabajar por la libertad integral de todos los puertorriqueños. Entendemos por la libertad integral el pleno disfrute individual del conjunto de recursos sociales, económicos, políticos y espirituales, necesarios al logro de la dignidad del ser humano. De la experiencia individual y colectiva, de ansiedad, de lucha, de ímpetu, de esperanza, de sabiduría, de fé, del contacto con la realidad vital de nuestro pueblo, han surgido los altos ideales de justicia humane que apoyan nuestro programa de acción.

aLa aportación creadora de este partido comienza desde su fundación en el 1938. En la prédica y en la acción, el partido Popular establece la supremacía del voto como el arma democrática al alcance del ciudadano, así como la eficaciá insuperable del sufragio para hacer el gobierno de todos y afirmar la igualdad de cada uno. Al entrar en el forcejeo político el partido Popular impone una nueva dimensión ausente hasta entonces de los planteamientos tradicionales: la dimensión de la realidad. Se trace cuestión de las pequeñas y las grandes injusticias que por siglos han minado la vida del hombre en Puerto Rico. Propone soluciones de justicia a los agravios habituales haste entonces aceptados como males irremediables en la vida puertorriqueña.

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«Para el jíbaro puertorriqueño el proceso s. convierte en el instrumento de justicia a partir del 5 de noviembre de 1910. El partido Popular adviene entonces a la responsabilidad pública dentro de las limitaciones de la Carta Jones con un solo voto de mayoría en el Senado, sin mayoría en la Cámara y sin representadón en el Congreso Federal, sostenido en su mandato electoral por la vehemencia del endoso público y por su firme y decida voluntad de afar vigencia a nuevos derechos ciudadanos. Lleva a cabo con el endoso del pueblo y para su servicio una revolución pacífica en actitudes, instituciones y trayectoria que despeja, afirma y protege el porvenir. Se ha reorganizado la estructura gubernativa; se lan re visado procedimientos; se han desarrollado nuevas actividades hasta convertir al Gobierno en un instrumento del interés público. Contamos con un equipo de eficientes funcionarios seleccionados a base de capacidad y dedicación que utilize como ejemplo otros Pueblos con problemas análogos a los nuestros y con el interés de modernizar sus estructuras administrativas.

«El 25 de julio de 1952, trace exactamente treinta días, quedó constituído el Estado Libre Asociado de Puerta Rico dentro de nuestra unión voluntaria con los Estados Unidos de América. El partido Popular Democrático cumplió así con su programa político del 15 de agosto de 1948.

«Nuestro nuevo estado surgió, en la vida de los pueblos libres, por el planteamiento que hicieron nuestro Partido y que culminó con nuestra Constitución, en virtud de la autorización que Ios votos mayoritarios del pueblo- le dieran en las elecciones del año 1948.

«Desde el 10 de febrero de 1941 hasta el 25 de julio de 1952, el partido Popular Democrático, como victorioso instrumento del pueblo, pudo bregar y bregó con los serios problemas económicos de Puerto Rico. Esto fue posible por el reconocimiento de los Estados Unidos a la voluntad democrática de nuestro pueblo, expresada en gestión de firme iniciativa por nuestro partido Popular Democrático. La autoridad complete no residía en el pueblo, aún-cuando en el camino hacia esa autoridad y por reclamo persistente en nuestro Partido, se dieron pasos de gran significación realista como la elección de nuestro Gobernador.

«Desde su fundación en el año 1938 el partido Popular Democrático se propuso descolonizar a Puerto Rico, económica y políticamente, a través de su gcstión de gobierno. A cada paso de avance, la voluntad misma del pueblo fue deshaciendo la colonia. En justicia a los Estados Unidos de América, reconocemos que la etapa

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de descolonización, iniciada el 10 de febrero de 1941 y cerrada el 25 de julio de 1952, se caracterizó por un gran respeto a la voluntad y a la iniciativa democrática de nuestro pueblo.

«E125 de julio de 1952 termina el último vestigio de colonialismo en Puerto Rico. El nacimiento de nuestro estado libre, en asociación voluntaria con los Estados Unidos de América; pone en manos del pueblo puertorriqueño toda la autoridad y toda 1& responsabilidad para enfrentarse con los problemas del estado y tracer su felicidad en el dominio de su propio destino.

«Ante esta realidad de su propia creación, por ser el instrumento propio pueblo, se reúne hoy en asamblea general, 30 días después del extraordinario acontecimiento histórico, el partido Popular Democrático.

Y declare solemnemente, en compromiso con nuestro pueblo:

1. Que dedicaremos devotamente las energías de nuestros espíritus y el tiempo de nuestras vidas, al desarrollo de las potencialidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en nuestra uni6n con los Estados Unidos de América, en la confraternidad de 108 pueblos del Hemisferio Americano, y en el conglomerado de los pueblos libres del mundo, para el logro de la felicidad de nuestra gente y la preservación de la democracia, en el nivel de la dignidad política, ya alcanzada y en el disfrute de los beneficios de la civilización y la cultura.

«El partido afirma que en el desenvolvimiento de esa fórmula y en el desarrollo de esas potencialidades, incluso mediante los reajustes en las relaciones federales que pudieran resultar menester, y a ser efectuados por convenio bilateral, el pueblo de Puerto Rico en el Estado Libre Asociado habrá de realizar su destino, al que viene llamado por su origen y su historia en la solidaridad de nuestro hemisferio.

«2. El partido Popular Democrático se compromete a velar diligentemente por el cumplimiento de aquella parte del convenio entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Unión, que está contenido en el Artículo 9 del Estatuto de Relaciones Federales con Puerto Rico, y que se refiere a la vigencia de las leyes federales en Puerto Rico.

«3. Que en la afirmación de la libertad integral, continuaremos desarrollando e implantando normas de gobierno firmemente encaminadas a traducir en realidades de cada día, en la vida de cada persona y de cada familia, nuestro afán por la educación, nuestra fe en la justicia, nuestra devoción por la vida eaforzada, laboriosamente victorioso desgobierno de nuestro

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y pacífica, nuestra fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor, basado en estos principios, según lo declare y fija ante nuestro mundo y nuestro tiempo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

«4. Que reafirmamos nuestro respeto a la voluntad del pueblo, ensanchando y afianzando las normas democráticas implantadas por nuestro Partido cuando limpió el proceso electoral de la compraventa del voto y convirtió el sufragio en el instrumento limpio y libre de nuestro pueblo para realizar la obra que culminó en la creación y fundación del Estado Libre Asociado. El poder económico del dinero que antes se usó para apoderarse del poder político y corromperlo, ahora está limitado a cumplir su función social legítima como instrumento de desarrollo económico y promoción de oportunidades de trabajo. Afirmamos nuestra dedicación total a las prácticas democráticas, para que el poder político del pueblo se ejerza con arreglo a su voluntad, según lo dispone el postulado de nuestra Constitución. Como natural desarrollo de la democracia dinámica, el proceso electoral deberá perfeccionarse en las normas mismas de – los partidos políticos, que son los instrumentos legítimos para la expresión de la voluntad popular. La consulta de los partidos a los ciudadanos que lo integran debe realizarse en forma clara y precise de manera que los hombres que asuman la responsabilidad de ejercer la autoridad por mandato del pueblo sean sus legítimos representantes. En el mejoramiento y perfección del proceso electoral, el partido Popular Democrático, fiel a su historia y a los principios que le dieron sustancia y ser, establecerá el método adecuado para la consulta de los partidos políticos a sus respectivos electorados mediante una ley de primarias.»

Este programa se extiende en detallada explicación de la obra llevada a cabo desde el poder por el partido Popular, y delinea el programa de acción para el futuro en la «batalla de producción., en agricultura, trabajo, salud e instrucción pública.

Luis Muñoz Marín fue clamorosamente reelecto presidente del partido Popular. Se hicieron las nominaciones generales de los candidatos del partido para las elecciones de 1952, que indicamos más adelante.

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E1 partido Socialista se había reunido en convención del 3 de agosto de 1952, en el Teatro Borinquen de Barrio Obrero, de San

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turce, bajo la presidencia de Lino Padrón Rivera. Como hemos relatado anteriormente, desde algún tiempo antes de las elecciones para elegir candidatos a la Convención Constituyente, Bolívar Pagán había renunciado la presidencia de este partido y se había voluntariamente retirado de toda militancia partidista. La cuestión palpitante ante esta asamblea era la elección del presidente del partido. Después del discurso inaugural del presidente Lino Padrón Rivera, quien expuso la situación del momento político y exhortó a la lucha para dar batalla electoral al partido Popular, la asamblea, en medio de gran efervescencia, se dividió en dos grupos. Unos favorecían como candidato para presidente del partido a Lino Padrón Rivera, y otros a Antonio Reyes Delgado. Después de caldeada disputa, resultó electo presidente Antonio Reyes Delgado, por votación de 280 delegados, contra 165 a favor de Lino Padrón Rivera.

El aspecto político del programa adoptado en esta convención socialista, dice así:

«El partido Socialista Puertorriqueño rechaza y condena toda fórmula de coloniaje por considerarla denigrante e incompatible con la digna ciudadanía del – pueblo de Puerto Rico y contraria a la libertad y los derechos humanos.

«El partido Socialista Puertorriqueño declare además: que al asumir el poder público demandará, a través de una resolución de la asamblea Legislativa, que el Congreso de Estados Unidos someta, sin mayor dilación, al pueblo puertorriqueño, el problema de su soberanía, disponiendo la celebración de un plebiscito para que sean los propios puertorriqueños los que mediante unas elecciones generales, libres y democráticas, decidan si desean que Puerto Rico se constituya en una república soberana e independiente, o en un Estado federado de la Unión Norteamericana.

«El partido Socialista Puertorriqueño, consecuente de su responsabilidad ante la historia, afirma, que no concertará entendidos ni coaliciones políticas con otros partidos ni agrupaciones políticas, e irá a las urnas electorales puertorriqueñas con la fuerza de sus postulados redentores y la fé puesta en Dios por el trinnfo de su gran causa.>

Se introdujeron ligeras enmiendas a la constitución del partido compatible con el aspecto político de su programa, y se aprobó un extenso programa de medidas administrativas, sociales y económicas, similares al programa anterior del partido, para afrontar las elecciones generales de 1952.

Se acordó un receso de la asamblea, para continuar ésta en Fajardo, en el mes de septiembre, en el Día del Trabajo y de Santiago Iglesias, para hacer las nominaciones a los cargos públicos electivos para las elecciones generales de noviembre del mismo año.

Nominados los candidatos de los partidos Popular, Estadista, Socialista e Independentista y terminada la campaña electoral, se llevaron a cabo las primeras elecciones bajo el Estado Libre Asociado el 4 de noviembre de 1952. Rigieron los preceptos de la ley electoral, vigente en 1948, con sufragio universal con voto secreto, para hombres y mujeres mayores de 21 años de edad y cindadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico, sin restricciones, con representación igual para cada partido contendiente en todos los organismos electorales y los colegios de votación. Por disposición de la ley electoral, a tenor de la constitución del Estado Libre Asociado, la representación en cada una de las Cámaras legislativas no podría ser homogénea de ninguno de los partidos; las minorías tendrían por lo menos una tercera parte de los miembros de cada Cámara legislativa. En estas elecciones, aún permitiéndolas el esta tuto electoral, no hubo coaliciones ni entendidos entre distintos partidos. Cada partido acudió solo a los comicios.

El partido Nacionalista, desaparecido como fuerza de organl zación electoral, y con un remanente de afiliados en toda la Isla es timado en unos 500 afiliados, no acudió a los comicios. Tampoco acudió a los comicios el partido Comunista, prácticamente disuelto y con un número de adictos de escasamente cien personas en toda la Isla. El Partido Reformista tampoco acudió a los comicios, por haber desaparecido como organización política después de las elecciones de 1952. Tomaron parte en las votaciones cuatro agrupaciones de carácter local, que reseñaremos al final del presente capítulo. Los partidos que contendieron en estas elecciones de 1952, con candidaturas generales y locales debidamente inscritas en toda la Isla, fueron el Popular, el Estadista, el Independentista y, el Socialista.

El número total de electores inscritos con derecho a participar en estas elecciones de 1952 era 883,219. Votaron 664,947 electores. El resultado fue el siguiente: el partido Popular obtuvo 431,409 votos; el partido Independentista obtuvo 126,228 votos y el partido Estadista obtuvo 85,591 votos; y el partido Socialista obtuvo 21,719 votos. Como se ve, el partido Popular Democrático obtuvo gran ma

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yoría de votos sobre los votos sumados de los otros tres partidos contendientes. El partido Independentista casi duplicó el número de votos obtenidos en las elecciones precedentes de 1948, pasando ahora a ser el segundo partido principal El partido Estadista pasó a ocupar el tercer lugar El partido Socialista redujo en unas dos terceras partes el voto obtenido en las elecciones de 1918, y perdió su condición de partido principal.

El partido Popular Democrático copó en los ocho distritos senatoriales, según la reorganización de distritos provista en la constitución del Estado Libre Asociado. Triunfó también el partido Popular Democrático en todo s los distritos representativo s , y en todo s los municipios.

El partido Popular Democrático reeíigió a su candidato a Gobernador, Luis Muñoz Marín; y reeligió a su candidato a Comisionado Residente, Antonio Fernós Isern.

El partido Popular Democrático eligió como Senadores por acumulación a Samuel R. Quiñones, Víctor Gutiérrez Franqui, José Berríos Berdecía, Juana Rodríguez Mundo, Joaquín Rosa, Ramón Enrique Bauzá y Walter Rivera Díaz. El pártido Independentista eligió como Senadores por acumulación a Gilberto Concepción de Gracia, Eugenio Fontárez y Francisco M. Susoni (hijo). El partido Estadista eligió como Senador por acumulación a Miguel Angel García Méndez. Resultaron también electos como Senadores por acumulación, en la representación adicional de ias minorías, Charles H. Juliá, del partido Estadista; Emilio Blasini, del partido Estadista; Antonia C. de Fajardo, del partido Estadista; William Córdova Chirino, del partido Independentista; y Rafael Betancourt, del partido Independentista. El partido Socialista no eligió candidato alguno a Senador por acumulación, resultando derrotado su candidato Antonio Reyes Delgado.

El partido Popular Democrático eligió como Representantes a la Cámara por acumulación a Ernesto Ramos Antonini, Maria Libertad Gómez, Jorge Font Saldaña, Pablo Morales Otero, Mario Canales, Armando Sánchez y Vidal Rivera Báez. El partido Independentista eligió como Representantes por acumulación a Baltazar Quiñones Elías y José L. Feliú Pesquera. El partido Estadista eligió como Representantes a la Cámara por acumulación a Luis A. Ferré y Leopoldo Figueroa. Resultaron también electos como Representantes a la Cámara por acumulación, en la representación adicional de las minorías, Rafael Arjona Siaca, del partido Independentista; Luis Archilla Laugier, del partido Independentista; Marcos A. Ramírez, del partido Independentista; Héctor Ramos Mimost, del partido Independentista; Isabeli-no Marzán, del partido Independentista; Jesús Rodríguez Benítez, del partido Independentista; Santiago Piñeiro, del partido Independentista; Evaristo Carrasqui llo, del partido Independentista; Luis G. Betancourt, del partido Independentista; Carlos Westerband, del partido Estadista; Teodoro Sánchez, del partido Estadista; y Angel A. Loyola, del partido Estadista. El partido Socialista no eligió candidato alguno para Representante a la Cámara por acumulación, saliendo derrotado su candidato Lino Padrón Rivera.

Los Senadores Populares de distritos electos fueron Rubén Gaztambide y Carlos Román Benítez, por el primer distrito senatorial; Heraclio H. Rivera Colón y Ernesto Juan Fonfrías, por el segundo distrito; Juan Dávila Díaz y Carmelo Rodríguez García, por el tercer distrito; Arturo Ramos Hidalgo y Luis Alfredo Colón, por el cuarto distrito; Luis A. Negrón y Santiago R. Palmer, por el quinto distrito; Agustín Burgos y Francisco L. Anselmi, por el sexto distrito; Lionel Fernández Méndez e Yldefonso Solá Morales, por el séptimo distrito; y Cruz Ortiz Stella y Ernesto Carrasquillo, por el octavo distrito.

Los Representantes a la Cámara por los cuarenta distritos representativos electos por el partido Popular fueron, en orden correlativo, Juan Meléndez Báez, Herminio Concepción de Gracia, Rodolfo Aponte, Arcilio Alvarado, René Muñoz Padín, Ramón Espinose, Pedro E. Díaz Díaz, Enrique Acosta Calderón, Emilio Matos, Casimiro Cabranes, Alfonso A. Martinez, Francisco Díaz Marchand, Angel Rivera Colón, Sigfredo Vélez González, Dolores Rivera Candelaria, Manuel Acevedo Rosario, Santiago Polanco Abreu, Antonio C. Pagán, Luis Santaliz Capestany, Milagros González Chapel, Baudilio Vega, Pedro Nelson Colberg, Ubaldino Ramírez de Arellano, Fernando Juliá Calder, Angel M. Candelaria Arce, Luis Segarra Michel, Lorenzo Lagarde Garcés, Juan B. Barceló, Francisco Robledo, Lucas Torres, Andrés Rivera Negrón, Rodoffo Rodríguez, José Mimoso Raspaldo, Enrique Anglade, Juan Rodríguez Martínez, Reinaldo Alvarez Costa, José Ochoa Echevarría, Juan Fuentes Leduc, Jesús M. Castaño y Alvaro Rivera Reyes.

Al organizarse las Cámaras legislativas electas en 1952, Samuel R. Quiñones fue reelecto Presidente del Senado, y Ernesto Ramos Antonini fue reelecto Speaker de la Cámara de Representantes.

Tomó parse en estas elecciones generales de 1952, el denomina

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do Partido del Pueblo, originado por Guillermo Ramos Carbó y luego presidido por el distinguido periodista Antonio Pacheco Padró. Este fue uno de los fundadores del partido Popular Democrático y Representante a la Cámara por este partido. Fue uno de los Populares que disintieron de la manera cómo el partido Popular desarrollaba su política hacia el Estado Libre Asociado echando por la borda la aspiración independentista; Antonio Pacheco Padró explicó su posición política en la forma siguiente:

«Creo que es un deber, sin embargo, exponer públicarnente mi opinión personalísima sobre el momento político actual, cumpliendo así con la responsabilidad que debe asumir cada ciudadano ante asunto tan importante para el país. Estamos pues:

«Primero: Como cuestión de principio no puedo oponerme a ninguna ley del Congreso que tenga el propósito de darle más derechos políticos al pueblo puertorriqueño. No puedo estar, por lo tanto en contra de la Constitución.

«Segundo: La Constitución no resuelve el problema fundamental del status político, no satisface las aspiraciones de las mayorías del país. Tampoco compromete el destino del pueblo de Puerto Rico, porque no incorpora el territorio a los Estados Unidos.

«Tercero: La Constitución es el cumplimiento de una de las dos promesas hechas al pueblo sobre el status por el partido Popular Democrático en las elecciones de 1948. Una de esas promesas era gestionar la Constitución, y la otra era que por la misma Ley del Congreso sediera autoridad a la Asam blea Iegislativa para celebrar el plebiscito, cuando la Asamblea Legislativa crea que existen las condiciones económicas y políticas deseables.

«El partido Popular Democrático ha cumplido una parte de su compromiso de 1948 y ha violado la otra parte de su compromiso.

El Partido del Pueblo inscribió candidaturas en varios precintos de la Isla para estas elecciones de 1952. No logró elegir candidato alguno; y solamente obtuvo 412 votos en toda la Isla, y después de estas elecciones desapareció del escenario político.

El Partido Boricua obtuvo 439 votos; el Partido Progresista Salinense, de carácter local, obtuvo 1,301 votos; y un Partido Federal, de carácter local, obtavo 341 votos.

En estas elecciones de 1952 fue sometida al electorado la enmienda por adición a la Sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según fue propuesta por el Congreso de Estados Unidos al aprobar dicha constitución, según

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hemos relatado, con respecto a la asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias de Puerto Rico, para que las disposiciones de esta constitución al efecto no sean aplicables a las escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. El resultado de la votación sobre esto fue 419,515 votos a favor, y 58,204 votos en contra.

También se sometió al electorado la enmienda propuesta por el Congreso a la constitución del Estado Libre A,sociado con respecto a la indicada Sección 3 del Artículo VII, sohre enmiendas a la constitución. El resultado de la votación fue de 420,036 votos a favor, y 58,484 votos en contra.

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La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico, de Bolívar Pagán

CAPITULO SIETE

EL ESTADO LIBRE ASOCIADO ANTE LAS NACIONES UNIDAS. LAS ELECCIONES DE 1956. PROGRESO Y PORVENIR

1

El arrollador trinnfo electoral del partido Popular Democrático en las elecciones generales de noviembre de 1952, puso a este partido en el dominio de todos los resortes gubernamentales del Estado Libre Asociado. Defendiendo el Estado Libre Asociado como un nuevo status definitivo, sujeto a su desarrollo y progreso dinámicos, el partido Popular contendió con el partido Estadista, que propugnaba la Estadidad~ federada como solueión política final. Contendió asimismo el partido Popular contra el partido Independentista, que propugnaba la Independencia soberana como solución política final. Los sufragios del pueblo, evidentemente, respaldaron con enormes mayorías la nueva fórmula de Estado Libre Asociado.

La creación del Estado Libre Asociado es, sin dude, una fórmula completamente nueva en el trato de Estados Unidos hacia territorios bajo su bandera. Desde la formación de la Unión Norteamericana con la federación de las originales trece colonias emancipadas de Gran Bretaña en 1783, los nuevos territorios adquiridos que vinieron bajo la jurisdicción del gobierno federal de Estados Unidos nunca evolucionaron hacia una forma de gobierno similar a la del Estado Libre Asociado. El Territorio Noroeste, primero, y luego los demás territorios adquiridos por la nueva nación norteamericana al extenderse hacia el sudeste y sudoeste3 hacia y allende el río Mississippí, y haste redondear sus confines con el Océano

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Pacífico, Canadá, Méjico y el Golfo de Méjico, fueron todos organ). zados, con excepción de Tejas y California, como territorios incorpo rados bajo gobiernos de restringidas facultades legislativas delegá. das, con sus poderes ejecutivos y judiciales designados desde la capital de la nación, en etapa declaradamente transitoria para asumir la condición de Estados tan pronto reunieran ciertos ~requisitos definidos. Desde la célebre Ordenanza del Noroeste concebida por el inmortal Tomás Jefferson, la política nacional tendía claramente a constituir en su día en nuevos Estados, iguales en la Unión, a los nuevos territorios adquiridos. Tejas, como se sabe, advino a la Unión sin paso por la etapa de territorio dependiente norteamericano, transformándose, por voluntad bilateral del Congreso y de la independiente República de Tejas, en un nuevo Estado de la Unión. California tampoco pasó por la previa etapa de territorio americano.

En la adición de Alaska en 1867 como territorio no contiguo y por la naturaleza peculiar de su población, no se declaró de manera expresa el propósito final de Estadidad ni Independencia.

Al asumir su nueva posición como potencia mundial y extenderse en territorios de ultramar en 1898, con la anexión de Hawaii y las posesiones adquiridas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico como resultado de la Guerra Hispano-Americana, los Estados Unidos nunca declararon una política nacional fija para definir el final status político de los nuevos territorios. Tampoco tuvo Estados Unidos, distinto a otras potencies coloniales, un permanente departamento 0 ministerio de colonias ni un organizado servicio civil colonial. La especie de fideicomiso en Cuba, culminó prontamente en el reconocimiento e implantación de la República de Cuba. Por ello, en los principales territorios adquiridos se desarrollaron tendencies de la opinión pública, justificadas en precedentes norteamericanos o en el derecho natural de los pueblos, hacia aspiraciones de Estadidad federada o de Independencia soberana.

En estas tendencies, de Estadidad federada e Independencia, se había manifestado la opinión puertorriqueña durante más de medio siglo. El partido Popular ahora, como portavoz de las mayorías puertorriqueñas, asumió su responsabilidad optando por una nueva fórmula, consagrada con el consentimiento expreso de los gobernados, y que a la vez a su juicio llenaba las ansias de dignidad en pacto de asociación con Estados Unidos.

La situación universal propició la acogida que el Congreso de Estados Unidos dió a la concepción y demanda puertorriqueñas. El Gobierno de Estados Unidos satisfacía la demanda puertorrique

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ña, y a la vez con ello se colocaba en posición cómoda ante el mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y en años siguientes, mas de quinientos millones de asiáticos y africanos, incluyendo orientales polinesios, lograron advenir a la vida de pueblos libres e independientes. India, Paquistán, Ceilán, Indonesia, Corea, B~rmania, Israel, Lfbano, Tunez, Libia, Jordania y las Filipinas, como luego CO8ta de Oro (Ghana), Marruecos y el Sudán, de su sometimiento colonial surgieron a la vida de naciones independientes y soberanas;

mundo, el partido mayoritario puertorriqueño optaba por la nueva formula para definir el status político de la Isla, que a la vez que era problema de Puerto Rico era también problema de Estados

E1 status peculiar del Estado Libre Asociado, que es un ensayo nuevo en el desarrollo constitucional de Estados Unidos segun di

dos Unidos, necesitaba consagrarse como un status de pueblo no dependiente, para satisfacción de muchos puertorriquenos y para el Puerto Rico.

El Artículo 73 (el de la Carta de las Naciones Unidas, vigente desde su aprobación en San Francisco el 26 de junio de 1945, dispone que las naciones que asuman responsabilidad en la adminis ración de territorios cuyos pueblos todavía no han asumido una medida complete de gobierno propio, deben trasmitir ordinariamente a ec’retario General de las Naciones Unidas inforn ación de estadisticas y de varia naturaleza con respecto a las condiciones economtcas, sociales y educativas de tales territorios De conformidad con este

adoptado una resolución el 14 de diciembre de 1946, enumerando los países dependientes, no autónomos, incluyendo entre otros a Puerto Rico l’l

Por otra resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se definieron en lista los factores a considerar para determinar que un país dependiente había alcanzado el pleno gobierno

ropio, y que por lo tanto no debia enviarse a las Naciones Unidas la referida información. Estos factores definian tres categortas. Una primera era señalada por el logro de la indepen,dencia como nación, con el control de sus relaciones internacionales y soberan a ex

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~ un 8tatu8 con derecho rec c n uDa nacl

onocido on mayor

mediante PrOce8 d para Optar libremente por su~ d ~ pero

nir arreglos y tratadOS inter~l’acYi0C°nlP°dereS para negOciar y con ~q ~

lOs órganos ‘ res O d rencia O discl.egislat~lvas de esta, y con ciudadanía común saiÇni°dnif

~pacompletamente autónomo. n e pasaba a la categoría de país

~idaS ¿Onelefvó tales municación dirigida al Preside t E arin p anteo, por cOdebia desconti~ de la Isla bajo

al efecto a las N uer O Rico, y notifico

Especial sob aciones Unidas a cuestión fue

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forma de gobierno, pero que no calificaba para ser excluido de las disposiciones del mencionado Artículo 73 (e) de la Carta de las Naciones Unidas. El representante de Nueva Zelandia en dicho Comité Especial, presentó una resolución conciliatoria, en el sentido de que se reconocía la necesidad de recibir información sobre cambios constitucionales, y que se tomaba noticia de la decisión del pobieriio de Estados Unidos para no continuer remitiendo información sobre Puerto Rico.l’5 Entonces los representantes de Brazil, Ecuador y la India propusieron conjuntamente una enmienda, expresando que el Comité aceptaba los documentos presentados como indicativos de que el pueblo de Puerto Rico por su voluntad había constituído una asociación por convenio mutuo con los Estados Unidos, que Puerto Rico así había alcanzado el necesario grado de completo gobierno propio, y que por ello Puerto Rico en adelante caía fuera de las disposiciones del subsodicho Artículo 73 (e) de la Carta de las Naciones Unidas. 170 El Comité Especial aprobó la resolución con la enmienda, en votación de 12 contra 0, con 3 abstenciones.

Para su trámite, la resolución de dicho Comitq Especial fue sometida para su consideración a la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con jurisdicción para actuar sobre estos asuntos. El debate de la cuestión ante esta Cuarta Comisión comenzó el 30 de septiembre de 1953. Los partidos Independentista y Nacionalista de Puerto Rico hicieron representaciones para ser oídos y para que se rechazara la solicitud del Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico, por la alegada razón de que Puerto Rico bajo el nuevo status continuaba siendo un pueblo dependiente sin soberanía propia. La Cuarta Comisión, en votación por mayoría, rehusó afar audiencia a eves partidos, por ser ambos partidos minoritarios y no ser buena norma que las Naciones Unidas fueran foro para dilucidar controversias levantadas por las minorías de los países envueltos.

En el Cuarto Comité donde se debatía el asunto, los representantes de Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú presentaron una resolución aceptando la resolución de la referida Cuarta Comisión.l” Ante esta Cuarta Comisión hubo prolongada controversia, en pro y en contra, sobre si el nuevo status de Puerto Rico convertía a la Isla en un Pueblo que disfrutaba de pleno gobierno propio, dentro de las tres categorías o factores enumerados y relatados anteriormente. En el debate se aclaró por varios delegados, especialmente por la de!egada de Estados Unidos Frances Bolton, que la decisión para no trasmitir la información

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era incumbencia privativa de las propias naciones concernidas. Después de varios incidentes, y considerar ciertas proposiciones y contraproposiciones, se consideró una proposición suscrita por Birmania, Guatemala, Honduras, Indonesia y Méjico, apoyada por el llamado bloque soviético, para declarer claramente que la Asamblea General de las Naciones Unidas tenia autoridad para decidir cuándo un territorio dependiente había o no había alcanzado el status de país no dependiente de acuerdo con las expresadas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y a la vez para que Estados Unidos continuara tramitando la información sobre Puerto Rico . l’ 8 Por votación de 32 contra 19, con 8 abstenciones, se aceptó la primera parte de esta resolución, o sea que era de la competencia de la Asamblea General el decidir cuándo un territorio había alcanzado el status de no dependiente, cayendo así tal territorio fuera del referido Artículo 73 (e); pero, por votación de 34 contra 13, con 12 abstenciones, se rechazó la resolución en lo referente a que Estados TJnidos continuara trasmitiendo información sobre Puerto Rico. “e La resolución en su forma definitive, para descontinuar la trasmisión de la información sobre Puerto Rico, fue adoptada por la Cuarta Comisión por 22 votos a favor, contra 18, con 19 abstenciones.l8° Esta votación fue finalmente en la forma siguiente: a favor, Bolivia, Brazil, Chile, China (Gobierno de Formosa), Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Etiopía, Haití, Irán, Israel, Liberia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Tailandia, Turquía, y Uruguay; en contra, Australia, Bélgica, Birmania, Bielorrusia, Canadá, Checoeslovaquia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Méjico, Nueva Zelandia, Polonia, Ucrania, la Unión Sud-Africana, la Unión Soviética y Yugoeslavia; y abstenidas, Afghanistán, Argentina, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Francia, Grecia, Islandia, Líbano, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Paquistán, Arabia Saudita, Suecia, Siria, el Reino Unido de Gran BretaiSa e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Venezuela.

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Luego la cuestión fue sometida a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para su consideración y despacho final. El asunto fue debatido en sesiones plenarias de esta Asainblea General.

En primer término fue objeto de debate si la cuestión podía resolverse por mayoria simple o por el voto de dos terceras parses de los miembros presentes, lo que dividió a la Asamblea General en

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criterios opuestos. Finalmente se resolvió este punto, en el sentido de que la cuestión se resolvía por mayoría simple. La votación fue de 30 votos, contra 26. De haber trinnfado el criterio de que como asunto de importancia debia resolverse por dos terceras parses de los miembros presentes, según la votación final que se relatará más adelante, la propuesta del Gobierno de Estados Unidos hubiera sido rechazada por las Naciones Unidas. Después, en animada discusi&, en la cual participaron los delegados de varies naciones, se consideraron los diversos factores que debían determiner si,un país había alcanzado la condición de país autónomo. Algunos delegados cuestionaron la autoridad de la Asamblea General para definir normas fijas sobre este partiçular. Hubo çriterios favorables y eritçrios opuestos, en cuanto a si Puerto Rico había alcanzado el desarrollo político necesario para ser considerado como país plenamente autónomo. Entre las declaraciones más expresivas hechas durante el debate, figuran las del delegado de Liberia, Lawrence, quien en parte dijo:

«No creo que ningún representante sostenga que Puerto Rrco es independiente o aue ha alcanzado la plenitud del gobierno propio, conforme a la definición del término dada una y otra vez por mi delegación,- pero el representante de los Estados Unidos nos ha comunicado que el status actual de Puerto Rico, establecido por la nueva Constitución, fue adoptado libremente por más del 80 por ciento del pueblo de Puerto Rico en un referéndum, v esa afirmación no ha sido atacada de manera que justifique una consideración diferente. La Cuarta Comisión, al negarse a conceder las audiencias pedidas por los partidos de Puerto Rico, que querían comparecer ante ella a presenter lo que hubiera podido ser una opinión distinta sobre los puertorriqueños y sobre la situación de Puerto Rico, nos ha privado de toda otra información que no sea la declaración del representante de los Estados Unidos como base para nuestra consideración. El punto de la exposición de los Estados Unidos que más ha interesado a mi delegación, es la afirmación de que la forma actual de gobierno de Puerto Rico es el resultado de una decisión tomada libremente y sin obstáculos por el pueblo puertorriqueño en elecciones populares. En esas circunstancias, estimainos que debe bastarnos la declaración de la delegación de los Estados Unidos, de que se debe afar fe y crédito pleno a lo que en ella se afirmó, como reconocimiento del principio de mutuo respeto y consideración.:.l82

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El delegado por Costa Rica, Cañas, se expresó, en parse, en la forma siguiente:

Así Puerto Rico ha dejado de ser una colonia, si la realidad de ese país es que ha dejado de ser una colonia, si el pueblo puertorriqueño en libérrimos plebiscito y elecciones por nadie discutidos en cuanto a su libertad y honradez, ha tomado el camino que ha querido, ¿vamos nosotros, los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a decir a los puertorriqueños que ese camino que por propia determinación han tomado, no es lo que nosotros consideramos propia determinación? ¿Vamos a decirles que el gobierno propio no es el que ellos disfrutan por su autónoma libertad reflejada en la más moderna de ias constituciones, sino otro, el que nosotros querramos darle? Tal cosa no sería posible dentro de la lógica ni dentro de la realidad.

aNo acierta mi delegación a comprender cómo, una vez que el gobierno propio emerge en un pueblo, va la Asamblea General de las Naciones Unidas a decirle a ese pueblo que, en su concepto, sigue él en estado colonial. No acepto a comprender cómo, una vez que los Estados Unidos ha dejado de ser potencia administradora de Puerto Rico, va la Asamblea de las Naciones Unidas a decirles a los Estados Unidos que están equivocados y que’ deben seguir actuando en Puerto Rico como potencia administradora, aunque ni ellos ni Puerto Rico lo quieran así:

Por la delegación de la India, Mennon, en parse se expresó de la manera siguiente, explicando su actitud:

«En resumen, mi delegación no está convencida de que Puerto Rico en virtud de su asociación actual con los Estados Unidos, se haya convertido en un territorio autónomo. A nuestro parecer no puede existir ningún pacto, asociación o convenio libre, justo o válido entre dos países o territorios, salvo en condiciones de igualdad. Creemos que la independencia debe preceder a cualquier tipo de asociación voluntaria, y que el vínculo de una unión voluntaria y en condiciones de igualdad entre pueblos debe ester forjado por el deseo genuino de cooperación y no tiene por qué ser incompatible con la independencia; en tanto que una asociación de Estados Unidos bajo cualquier forma, que no remedie la condición jurídica de desigualdad, no serviria más que para encubrir las reliquias de un pasado colonial. Esto sería contrario a los objetivos de la Garta, que no pretender la creación o perpetuación del colonialismo en una forma u otra, sino que persiguen su eliminación total y complete del sistema político e ideológico del nuevo mundo. Por lo tanto, mi delegación se ha visto obligada a votar en contra de una resolución, en la que no se tiene en cuenta el deseo de los puertorriqueños de obtener garantías internacionales durante el período de su tutela y la realización de sus justas aspiraciones de libertad.

Fueron objeto de particular interés las declaraciones del jefe de la delegación y embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Henry Cabot Lodge, quien durante el debate dijo lo siguiente, para conocimiento urbi et orbi:

«Los Estados Unidos se sienten orgullosos de sus nuevos vínculos con Puerto Rico y de la contribución común al progreso político hecha por nuestros dos pueblos. Aunque, por supuesto, soy firme partidario del nuevo status de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, no estoy aquí para enumerar los hechos que mis colegas, la Sra. Bolton y el Sr. Fernós, ya explicaron plenamente a la Cuarta Comisión. Mi propósito al pedir ahora el uso de la palabra es trasmitir a la Asamblea General un importante mensaje de los Estados Unidos.

«Estoy autorizado para decir en nombre del Presidente de los Estados Unidos que si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprueba en cualquier momento una resolución a favor de una independencia más complete o aún absoluto, él recomendará inmediatamente al Congreso la concesión de esa independencia. El Presidente desea también decir que, en ese cave, vería con agrado la adhesión de Puerto Rico al tratado de Río de Janeiro y a la Carta de las Naciones Unidas.

«La declaración del Presidente es una expresión del tradicional interés que los Estados Unidos siempre ha tenido por fomentar y promover la libertad política para todos los pueblos en todo el mundo cuando la situación lo permite sin que su libertad sea puesta en peligro por coacción interna o externa.:

Sometido a la votación final la cuestión a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la parte dispositiva de la cuestión en controversia, sosteniéndose la propuesta del Gobierno de Estados Unidos , en el sentido de que se descontinuaría trasmitiendo información sobre Puerto Rico a las Naciones Unidas, por Puerto Rico haber alcanzado la categoría de país plenamente autónomo bajo el Estado Libre Asociado. El resultado de esta votación fué 26 votos a favor, contra 11 adversos, y 19 abstenciones. El resultado de la votación de la resolución en su totalidad, fue 26 votos a favor, 16 en contra, y 18 abstenciones. Votaron a favor, ,Estados Unidos de América, Uruguay, Bolivia, Brazil, Chile, China (Gobierno de Formosa), Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Grecia, Haití; Honduras; Irán, Israel, Liberia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Tailandia, y Turquía; votaron en contra, la Onión Sudafricana, Rusia, Yugoeslavia, Australia, Bélgica, Birmania, Bielorrusia, Canadá, Checoeslovaquia, Guatemala, India, Indonesia, Irak, Méjico, Polonia, y Ucrania; se abstuvieron de votar, Reino Unido de Gran Bretañá e Irlanda del Norte, Venezuela, Yemén, Afganistán, Argentina, Dinamarca, Egipto, Francia2 Islandia, Líbano, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Paquistán, Arabia Saudita, Suecia y Siria.

Explicando finalmente su voto, la delegada de Estados Unidos, Frances Bolton, se expresó en la forma siguiente:

Particularmente con respecto a la resolución sobre Puerto Rico, deseo declarar que los Estados Unidos han votado a favor de la resolución porque expresa el acuerdo de la Asamblea General con la conclusión a que ha llegado mi Gobierno de que Puerto Rico ha cesado de ser un territorio no autónomo según el sentido del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas. En una cuestión como ésta, el papel; de la Asamblea General está limitado por disposiciones de la Carta al debate y expresión de opiniones y recomendaciones. La decisión de si un territorio ha cesado de ser un territorio no autónomo, en última instancia , sólo corresponde a la Potencia administradora.

En el caso de Puerto Rico, la Asamblea General ha discutido el status de ese territorio, y en la resolución que acabamos de aprobar ha expresado su opinión de que Puerto Rico ha dejado de ser un territorio no autónomo según el tenor del inciso (e) del Artículo 73 de la Carta. Independientemente del texto de la resolución, la Asamblea General no puede decidir y en realidad no decide sobre la condición de un territorio según las disposiciones del Artículo 73. Cualquier participación de la Asamblea en una decisión de ese carácter está evidentemente limitada al debate y expresión de opiniones y recomendaciones. En esta inteligencia, mi delegación votó a favor de la resolución que acabamos de aprobar.

«Finalmente, deseo felicitar al destacado estadista puertorriqueño, Gobernador Luis Muñoz Marín. Bajo su guía, el culto pueblo de Puerto Rico está haciendo una contribución espléndida a la democracia y a la libertad. En lo futuro, igual que en lo pasado, su administración continuará protegiendo los derechos legítimos de los partidos minoritarios y las preciadas libertades garantizadas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En defensa de estos ideales, soldados puertorriqueños han luchado por aciones Unidas en Corea, y podemos tener confianza en que grandes ideales de las Naciones Unidas no encontrarán en ninguna parte más ferviente apoyo que el del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según quedó finalmente aprobada, lee así:

La Asamblea General, considerando que en su Resolución 222, (111) del 3 de noviembre de 1948, después de manifestar que acoge satisfacción cualquier progreso realizado en materia de autonomía los territorios no autónomos, considera que es indispensable que las Naciones Unidas sean mantenidas al corriente de cualquier cambio en la posición constitucional de cualquiera de dichos territorios, como resultado del cual el Gobierno responsable del envío de nación relativa a ese territorio en virtud del Inciso E del Artículo 73 de la Carta estime innecesario o improcedente seguir trasmitiendo dicha información.

Habiendo recibido las comunicaciones del 19 de enero y 20 de 1953, en las cuales se pone en conocimiento de las Naciones Unidas que, por haber entrado en vigor el 25 de julio de 1952 la situación de Puerto Rico, ha quedado creado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se indica que, como consecuencia de estos cambios constitucionales, el Gobierno de los Estados Unidos de ice dejaría de trasmitir la información prevista en el Inciso Artículo 73 de la Carta.

Habiendo estudiado el informe preparado por la Comisión para la Información sobre Territorios No Autónomos, durante su período de sesiones de 1953, en lo relativo a la cesación del envío de nación sobre Puerto Rico, informe que ha sido presentado a la Asamblea General de conformidad con el Párrafo 2 de la Resolución V) del 12 de diciembre de 1950.

Habiendo examinado las comunicaciones del Gobierno de los Unidos de América a la luz de los principios fundamentales enunciados en el capítulo XI de la Carta y de los demás elementos de juicio relacionados con el asunto.

Considerando que el acuerdo a que han llegado los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al constituir una asociación política que respeta la individualidad y la fisonomía cultural de Puerto Rico, mantiene los lazos espirituales Puerto Rico y la América Latina y constituyen un vínculo en idaridad continental.

Teniendo en cuenta la competencia de la Asamblea General para decidir si un territorio no autónomo ha alcanzado o no la plenitud del gobierno propio, a que se refiere el Capítulo XI de la Carta:

1. Toma nota favorablemente de las conclusiones expuestas por la Comisión para la Información sobre Territorios No Autónonos en su resolución.

2. Reconoce que el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, expresando su voluntad en forma libre y democrática, ha alcanzado un nuevo status constitucional.

3. Expresa la opinión de que la documentación recibida se desprende que la asociación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los Estados Unidos de América constituye una asociación concertada de común acuerdo.

4. Reconoce que, al escoger su status constitucional e internacional el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha ejercido efectivamente su derecho de auto-determinación.

5. Reconoce que en la esfera de su Constitución y del acuerdo concertado con los Estados Unidos de América, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido de atributos de la soberanía política, que identifican claramente el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo de Puerto Rico como entidad política autónoma.

6. Considera que, debido a estas circunstancias, no pueden aplicarse por más tiempo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la declaración relativa a los territorios no autónomos ni las disposiciones establecidas en virtud de la declaración en el Capítulo XI de la Carta.

7. Toma note de la opinión expresada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en lo relativo a la información sobre Puerto Rico.

8. Considera procedente que cese el envío de esa información.

9. Expresa su seguridad de que, conforme al espíritu de la presente Resolución, a los ideales expresados en la Carta de las Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de América y al adelanto político alcanzado por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme a su status jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo desee alguna modificación de los términos de esta asociación.

Con la votación final de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedó el Gobierno de Estados Unidos eximido de trasmitir información sobre Puerto Rico a las Naciones Unidas, implicando ello que el Estado Libre Asociado quedaba consagrado oficialmente en el más alto foro político internacional, como un país completamente autónomo ante el concierto de los pueblos del mundo. Esta determinación, ante el planteamiento y apoyo del propio Gobierno de Estados Unidos refuerza los términos de la ley iniciadora que autorizó el proceso que culminó en el Estado Libre Asociado, o sea las tantas veces mencionada Ley 600 del Congreso, en su importante aspecto del convenio bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico para establecer el gobierno del Estado Libre Asociado. Esto le da carácter de status definido al Estado Libre Asociado, sujeto al desarrollo y progreso dinámicos a que claramente se puede propender, mientras así lo desee el pueblo de Puerto Rico. Ello, sin embargo, no perjudica ni prohibe las ulteriores orientaciones que pueda tener el pueblo de Puerto Rico para constituirse en un Estado federado de la Unión Americana o para constituirse en una separa da república independiente, como aspiraciones para el porvenir si ello fuere el deseo y la libre determinación del pueblo puertorriqueño.

Las importantes declaraciones hechas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por Henry Cabot Lodge, delegado permanente y embajador del Gobierno de los Estados Unidos y como portavoz especialmente autorizado por el propio Presidente de los Estados Unidos, que anteriormente hemos transcrito, que claramente comprometen a los Estados Unidos a extender el supremo grado de soberanía interna y externa a Puerto Rico, necesariamente tenían que tener resonancia en la Isla. Ante tales declaraciones, pronunciadas en tan solemne ocasión desde la más alta tribuna internacional, el partido político que asumía la responsabilidad del gobierno y de la orientación puertorriqueña, que podía inmediatamente aceptar la oferta y hacer las gestiones pertinentes y trabar enseguida negociaciones para organizar otra forma de gobierno en la Isla, tenía que responder a nombre del pueblo de Puerto Rico.

Para expresar la actitud de Puerto Rico al Gobierno de los Estados Unidos y al mundo entero, ante tan extraordinaria oferta de absoluta libertad política a un pueblo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por iniciativa y acción del partido Popular y a nombre de las mayorías del voto del pueblo que en el momento histórico encarnaba este partido, adoptó la siguiente significativa Resolución Concurrente:

«Por cuanto, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado ante las Naciones Unidas, en alta expresión del tradicional respeto de los Estados Unidos al principio de la libre determinación, su respaldo a cualquier resolución que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adopte en pro de una independencia más complete o aún absoluta;

«Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico ha expresado categóricamente su decisión de que quiere su libertad política en asociación con los Estados Unidos y de que sus representantes laboren por el desarrollo continuo del Estado Libre Asociado;

«Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico ve en el Estado Libre Asociado, que preserve la identidad de Puerto Rico dentro de la asociación, la más apropiada forma política para su función de buen entendimiento y buena voluntad, que es aportación hondamente significativa del pueblo de Puerto Rico a sus conciudadanos de Estados Unidos y a todos los pueblos hermanos de América;

«Por cuanto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en cumplimiento del mandato del pueblo, y al expresar su reconocimiento por la declaración del Presidente Eisenhower, desea hacer constar los principios que deben animar el desarrollo del Estado Libre Asociado dentro de sus lazos de asociación y afecto con los Estados Unidos de América;

«Por tanto, Resuélvase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

1. Declarar que el pueblo de Puerto Rico ha escogido democráticamente su propia condición de pueblo libre en asociación voluntaria con los Estados Unidos y que en igual manera ha rechazado, como ahora la Asamblea Legislativa en su nombre rechaza, todo propósito de separación.

2. Declara que el Estado Libre Asociado no es un status transitorio, ni tampoco intermedio entre la estadidad federada y la independencia absoluta, ya que es un status de por sí que responde a los más altos ideales de libertad y dignidad humanas y es dinámico en su potencial de crecimiento.

3. Reafirmar una vez más ante el mundo nuestra fe en los valores del Estado Libre Asociado como instrumento de libertad y democracia y de engrandecimiento constante de los derechos del hombre en Puerto Rico.

4. Ante la esclarecida actitud del Presidente Eisenhower de respaldar una mayor independencia, o aún la absoluta, y al hacer constar nuestro rechazo de lo que conlleva separación, consignar que son base del Estado Libre Asociado y de su desarrollo los siguientes principios:

«A. La común ciudadanía, y por lo tanto la común defensa y la lealtad común a los valores de la libertad que son las bases esenciales de la asociación entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico. Consideramos que el desarrollo del Estado Libre Asociado habrá de realizarse mediante cambios, mutuamente acordados, dirigidos a eliminar funciones del gobierno federal que la experiencia demuestre que son innecesarias al concepto de libre asociación y, por tal razón, menoscaben su hondo y pleno significado.

B. Puerto Rico, como ejemplo vivo de las potencialidades de convivencia creadora de las dos grandes culturas de América, tiene una elevada misión de servicios a los ideales de entendimiento y confraternidad que animan la política exterior de los Estados Unidos y de los países del Hemisferio Occidental. El Estado Libre Asociado debe, en consecuencia, participar más intensamente en actividades y organismos internacionales para mejor servir al principio de la solidaridad interamericana.

5. Se remitirá copia de esta Resolución al Presidente de los Estados Unidos de América.»

Como hemos relatado, por el resultado de las elecciones generales de 1952 el partido Socialista Puertorriqueño perdió su categoría de partido principal, mermándose grandemente su fuerza electoral, lo que creó una situación incómoda a su liderato. Se convocó una reunión del Comité Ejecutivo Territorial de este partido, que tuvo lugar en Hato Rey, el 6 de junio de 1954. Antes de esta reunión se había comenzado la inscripción nuevamente del partido, a los fines electorales; se había inscrito en Arecibo. Considerada la situación política general de la Isla y especialmente la situación precaria del partido Socialista y los esfuerzos que eran necesarios para su inscripción en los demás precintos de la Isla, se acordó convocar una convención general del partido, con el propósito de continuar tal inscripción o decidir que «los electores Socialistas de Puerto Rico se incorporen a una colectividad política en cuyo seno los Socialista podamos laborar por y poner en practica, el programa de reformas económicas y sociales de nuestro partido.,

El día primero de agosto de 1954, se celebró convención general del partido Socialista, que tuvo lugar en el Teatro Tanamá, de Arecibo, bajo la presidencia de Antonio Reyes Delgado, a tenor de la resolución del Comité Ejecutivo Territorial aludida en el párrafo anterior. El presidente Antonio Reyes Delgado, en dis~urso de apertura, comentó la situación general política del país, y exhortó al partido a disolverse e incorporar sus fuerzas al partido Popular Democrático. Muchos líderes y luchadores Socialistas eran compuestos a que se arriara la bandera del partido y a la idea de disolverlo e incorporarlo al partido Popular Democrático o a otro partido. Después de acalorada controversia, e incidentes movidos y tumultuosos, se informó que la convención había aprobado por mayoría una resolución que en su parte dispositiva dice:

1. Habiéndose acordado previamente no inscribir candidaturas para las elecciones del año 1956, a nombre del partido Socialista Puertorriqueño; y resultando que el partido político puertorriqueño propio para que se incorporen a él los Socialistas, lo es el partido Popular Democrático, por la presente resolvemos recomendar y aconsejar, y recomendamos y aconsejamos, a todos los Socialistas de Puerto Rico, que se han mantenido hasta el presente dentro de nuestro partido, que se incorporen al partido Popular Democrático, de manera altruista e incondicional, sin que su ingreso en esta colectividad represente en forma alguna, pacto o coalición, o entendido de ningún genero.

2. Declaramos que al así aconsejarlo nos demos perfecta cuenta de nuestra responsabilidad ante la historia, y ante nuestro país; que entraremos a la case Popular Democrática sin exigir cambios, ni pedir reconocimientos; que llevaremos con nosotros nuestra ideología, para seguir combatiendo y laborando por la cause de los trabajadores, y el mantenimiento de todas nuestras libertades; que llegaremos a la colectividad Popular Democrática, seguros de encontrar en ella el ambiente propicio para ayudar a terminar la tarea, que comenzó nuestro Maestro Santiago Iglesias hace ya más de medio siglo, y que nuestra decisión de permanecer unidos al pueblo de los Estados Unidos de Norte América, está garantizada y será protegida.

«3. La recomendación y consejo contenidos en esta resolución serán puestos en efecto, por los que la han votado favorablemente, inmediatamente después que se decrete la disolución del partido Socialista Puertorriqueño, y por el electorado Socialista en general, cuando cada elector, individualmente, acepte esta resolución y este consejo.

«4. Se encomienda al Presidente que envíe esta Resolución a la dirección central del partido Popular Democrático de Puerto Rico, y que la haga publicar adecuadamente..

Por esta resolución quedó de hecho disuelto el partido Socialista Puertorriqueño. La disposición de su última convención para vaciar sus afiliados al partido Popular Democrático, no llevó a toda la remanente mesa del partido a la colectividad Popular. Muchos Socialistas optaron por alejarse de ulteriores militancias partidistas; una parte ingresó en el partido Estadista; y otra parte menor ingresó en el partido Independentista. Abandonaba la arena de las luchas cívicas del país una colectividad que tuvo vigoroso arraigo en la conciencia pública de Puerto Rico. Nunca logró obtener por sí sola el dominio de los resortes legislativos ni de la rama administrativa del Gobierno; pero fue el primer partido político puertorriqueño que en su prédica puso énfasis en realzar los valores de la personalidad y de la dignidad del hombre, y a levantar los niveles de vida de los trabajadores y de todo el pueblo. Despertó la conciencia de los trabajadores a sus derechos sociales y políticos, y a su dignidad humana. Promovió importante legislación de carácter social y obrero y de reforma electoral democrática; que perdura en los vigentes estatutos de Puerto Rico. El partido Socialista fue campeón de ardidos ideales y de esforzada acción pública por las libertades de Puerto Rico, por los derechos civiles y humanos, por la democracia, y por La justicia social. Cumplió una misión memorable y fecunda en la historia de la Isla.

El partido Comunista Puertorriqueño seguía su vida precaria. Nunca atrajo a sus filas a la mesa del pueblo, ni su prédica tomó arraigo en los trabajadores. Siendo la independencia de Puerto Rico una de sus aspiraciones inmediatas, para las elecciones de 1948 y 1952 hizo llamamiento a sus afiliados para votar por el partido Independentista Puertorriqueño.

Agitado en controversias interna de dialéctica y acción el partido Comunista fué reduciendo constantemente su escasa fuerza. En asamblea celebrada en 1953, César Andreu Iglesias fue removido como dirigente del mismo. En asamblea celebrada en San Juan, en mayo de 1954, este partido se escindió con la separación de un grupo. Ramón Mirabal fue electo secretario general, y la organización quedó dirigida por éste, Pablo M. García, Juan Santos Rivera y Juan Sáez Corales.

Con su consigna Contra el Coloniaje, por la Independencia y la Paz:, el partido Comunista celebró varios actos públicos de propaganda en la campaña electoral de 1956, ante la casi indiferencia de la mesa del pueblo a la prédica comunista. Para las elecciones de 1956, en reunión celebrada en Cabo Rojo el 29 de julio de 1956, nominó a sus dos más activos líderes, Pablo M. García y Juan Sáez Corales, para los cargos de Senador at large y Representante at large, respectivamente, para ser votados en la columna de candidatos independientes de la papeleta electoral. En publicación de este partido propulsando a estos candidatos, se enunció un programa de varios puntos, entre ellos, sobre mejoras económicas, seguros sociales, derechos civiles, medidas agrarias, reformas penales, y más altos salarios y mejores condiciones de vida para los obreros. «Consideramos» expresaba dicha publicación— «que el partido Independentista es el que, al postular la independencia, provee la solución correcta al problema colonial.» El número de votos obtenidos por dichos candidatos Comunistas en las elecciones de 1956, fue insignificante.

Al finalizar el año 1956, puede decirse que el partido Comunista Puertorriqueño no existía como organización electoral. Se estima que abrigan sus ideas un número de personas que escasamente alcanza a cien en toda la Isla, sin llamativa actividad militante.

Ante la campana política para las elecciones generales de 1956, el partido Estadista celebró asamblea general el 18 de agosto de 1956, en el Teatro La Perla, de Ponce, bajo la presidencia de Miguel Angel García Méndez. En esta asamblea quedaron nominados los candidatos generales y ratificadas las nominaciones de candidatos de distritos legislativos y de municipios. Para encabezar la candidature fué nominado Luis A. Ferré para el cargo de Gobernador. Arturo Ortiz Toro fué nominado para el cargo de Comisionado Residente.

La dirección del partido Estadista quedó integrada en la forma siguiente: Miguel Angel García Méndez, presidente; Luis A. Ferré, vicepresidente; Emiliano Pol Jr., tesorero; José Rosario Gelpí, secretario general; y vicepresidentes por los distritos: por San Juan Leopoldo Figueroa, por Bayamón Angelino Rivera, por Arecibo Francisco Barreras Ibañez, por Aguadilla Néstor de Cardona, por Mayagüez Enrique Ramírez, por Ponce Armando Schmidt, por Guayama Pablo Nogueras, y por Humacao A!ejo Rivera Morales.

El programa especial adoptado para estas elecciones de 1956, lee así:

«El partido Estadista es un movimiento de todo el pueblo. Todo lo que sea contrario al bienestar del pueblo, es contrario al partido Estadista.

Quien trabaja para el partido Estadista está trabajando para todo el pueblo. No se está en el partido Estadista sino para servir al pueblo.

Para el partido Estadista, todos los puertorriqueños somos ciudadanos americanos iguales. Ningún puertorriqueño debe sentirse mejor, pero tampoco menos, que otro ciudadano americano.

«Los estadistas tenemos la obligación de ser generosos más allá de toda medida. Ser generosos es estar siempre prestos a sacrificarnos por el bien de los demás.

El partido Estadista funda su existencia en el más limpio espíritu de servicio a la libertad y en la adhesión más profunda a la democracia y a los valores de la persona humano contenido en la doctrine cristiana.

«El partido Estadista no concibe la vida sin la dignidad, y sostiene que para que la vida tenga dignidad, el hombre ha de vivir libre de miseria con seguridad y paz, y libre de coacciones y violencias.

El partido Estadista barrerá la igualdad en la miseria que ahora impera en Puerto Rico, y establecerá la igualdad en la propiedad.

La igualdad en la miseria que caracteriza la vida social de nuestro pueblo, es consecuencia de actitudes y hábitos que defraudan la democracia y frustran la noble función del trabajo.

«Para establecer la igualdad en la propiedad, el partido Estadista integrará la economía débil y escasa de Puerto Rico en la economía enormemente grande y poderosa de los Estados Unidos; y hará que rija en la Isla generalmente, dentro del tiempo más corto, en las industrias del comercio interestatal, el salario IIúnimo de $1.00, que ahora rige en unas pocas industrias, por determinación del Gobierno Federal.

«El partido Estadista proveerá para que los trabajadores (los obreros y campesinos) y los empleados (la clase media) participen en justa proporción en el progreso económico de las empresas que sirven como un estímulo a su capacidad productiva y como medio de promover el crecimiento de la economía de Puerto Rico, en beneficio de empresarios, obreros y empleados y de toda la comunidad.

Existe el criterio erróneo de que los salarios bajos dejan más beneficios a las empresas y patronos. Tal criterio es una grave equivocación, que detiene el progreso de los pueblos y destruye la democracia porque viola el principio de que la economía de los pueblos no se organize para la explotación de estos, y sí para su bienestar colectivo.

«El partido Estadista busca, al integrar la economía de Puerto Rico en la economía de los Estados Unidos, asegurar para la agricultura, la industria y el comercio, vigor económico y espacio de mercado para su desarrollo y crecimiento contínuo, de lo cual surgirán los empleos y ocupaciones bien renumerados y proveerán el más alto ingreso a los trabajadores (los obreros y campesinos) y a los empleados (la clase media).

«Puerto Rico no puede por prurito, por vano orgullo o por complejo insularista de algunos puertorriqueños equivocados, quedarse en donde está, cuando su destino por designio de la Providencia y por determinismo histórico es ser un Estado de los Estados Unidos.

«En la ciudadanía americana y la Estadidad reside el secreto de la verdadera libertad de los puertorriqueños, libertad que quiere decir redimir a los puertorriqueños de la miseria, haciéndonos partícipe de toda la riqueza, de todo el poder y de toda la grandeza de los Estados Unidos, nación de la que con lealtad y honor somos ciudadanos los puertorriqueños.»

Esta asamblea del partido Estadista aprobó un programa de gobierno presentado por el candidato a Gobernador, Luis A. Ferré, que lee de la manera siguiente:

«Como candidato del partido Estadista Republicano a la Gobernación de Puerto Rico, tengo plena conciencia de la responsabilidad que gravitará sobre mis hombros al resultar electo el próximo 6 de noviembre. Y debo anticipar al pueblo las normas y los objetivos que habrán de inspirar la administración pública regida por el partido Estadista Republicano para beneficio de todos los puertorriqueños, no importa las banderas de partidos que ahora o después los cobijen.

«Así le digo a mi pueblo, que la victoria del partido Estadista Republicano en las elecciones de noviembre significaría la inmediata reaparición de la fuerza de la democracia en el gobierno del país.

«Promesas Específicas

«Estableceremos un gobierno de austeridad, que no despilfarre los fondos públicos de los contribuyentes

«Propenderemos a bajar las contribuciones a los pequeños agricultores, comerciantes, industriales, obreros y empleadas, fijando una exención de $5,000 en la carga contributiva de las fincas y los hogares, y limitando al 2 por ciento el tipo contributivo en general.

«Vamos a aumentar los salarios hasta fijar un tipo mínimo de 75 centavos por hora en la industria de exportación, elevándolo a $1.00 en aquellas industrias que estén en condiciones de pagarlo tan pronto como sea posible.

«Pagaremos subsidios a los agricultores de café, de caña y frutos menores, para garantizarles un beneficio razonable y colocarlos al mismo tiempo en condiciones de pagar un salario mínimo razonable y decente que les permita retener aquí a los obreros agrícolas.

«Ayudaremos a la pequeña industria y al comercio para estimular su desarrollo en manos de industriales y comerciantes nativos, de tal modo que resulte debidamente afianzado nuestro desarrollo económico.

«Daremos títulos de propiedad a todos los parceleros de la Autoridad de Tierras y de las propiedades municipales, y enmendaremos el plan de caseríos públicos para hacerlo más justo, rebajando los alquileres para ajustarlos a la realidad puertorriqueña.

«Estableceremos un fondo rotativo de becas de $10,000,000 para estudios profesionales de estudiantes pobres, y ampliaremos el sistema de clases interrumpidas que no permiten que nuestros niños todos reciban el beneficio de la instrucción el día entero.

«Gestionaremos la extensión de los beneficios totales de la Ley de Seguro Social Federal y el aumento de la ayuda de bienestar público a un mínimo de $15.00 mensuales, en lugar de los 7.50 que se pagan actualmente.

«Solicitaremos colegiación de los choferes públicos, y representación para ellos en la Comisión de Servicio Público a fin de revisar los reglamentos de la Comisión en forma más justa y humana.

«Pediremos un bono de Puerto Rico para sus soldados, y garantizaremos a todos nuestros heróicos veteranos una condición de preferencia en los empleos de las nuevas industrias.

«Haremos que los miembros de la Policía Insular, los maestros

de instrucción pública y todos los empleados del Gobierno, tengan aumento progresivo en su sueldo de acuerdo con los años de servicio, el natural progreso a que debe aspirar todo ciudadano por el aumento en el costo de vida.

«Solicitaremos la colegiación de los Viajantes de Comercio, la noble clasé profesional cuya contribución a un mayor ritmo de la economía insular ha sido ignorada por la actual Administración.

Tomaremos las medidas socialmente justas y económicamente efectivas que reduzcan el costo de vida, evitando la indebida y destructiva ingerencia del gobierno en la dinámica y libre expansión de nuestra economía.

«Haremos reformas al sistema penal con mires a desalentar el crimen y el delito, en protección de los ciudadanos honrados y pacíficos; procuraremos por todos los medios que se facilite en forma práctica la reforma del delincuente.

«Una de nuestras mayores preocupaciones será la protección que se debe a la clase media, a la clase profesional y a la dignidad humana de la clase obrera. Bien que a la clase trabajadora se le dé trato justo y se le pague un buen salario. Pero por encima de esos hechos, tenemos que insistir en que la clase llamada capitalista de uno a otro confín del país, se caracterice por una actitud de profundo respeto a la dignidad humana de los trabajadores y empleados, y que su filosofía responda al concepto de que en todas las faenas, agrícola, comercial o industrial, el hombre, el obrero con su capacidad creadora, valen más que la máquina.

De este gran partido Estadista Republicano, y de nosotros los hombres que el pueblo escoge para que lo representemos en el gobierno, es la alta misión de plasmar en realidad fecunda este nuevo concepto de mutua colaboración que habrá, en no lejano futuro de establecer una verdadera sociedad democrática en bienes materiales, fuerte en su estabilidad social, dinámica en la potencialidad de su crecimiento, y feliz en sus ansias de superación. Una sociedad en la que el Capital habrá hallado una misión elevada, de alta categoría moral, y en donde el obrero habrá realizado su sed de justicia sin haber rendido un ápice de su derecho a la libertad. Una sociedad en la que se habrá afirmado y afianzado el derecho de propiedad, que es puntal esencial para el goce de la libertad—porque su misión social lo habrá legimitado dándole categoría de derecho moral y en la que el obrero, mediante el franco y leal reconocimiento de su derecho a la contratación colectiva y a la unionización, verá garantizado su derecho a una justa participación en el producto de su labor creadora y al trato enaltecedor de su dignidad humano.

«Plebiscito sobre status político:

Acabaremos, amigos y correligionarios, con la angustia que nos sigue produciendo el problema de nuestro status político. Una tras otra de las generaciones puertorriqueñas nos hemos pasado la vida discutiendo siempre el mismo problema. Desde el año 1868 hasta hoy, los puertorriqueños no nos hemos dado paz ni reposo en la búsqueda de la felicidad para nuestro pueblo.

Unos puertorriqueños han concebido que la libertad y la felicidad de Puerto Rico reside en la constitución de Puerto Rico en una república independiente y soberana. Otros puertorriqueños hemos concebido que la manera de realizar la libertad y la felicidad de nuestro pueblo reside en constituir a Puerto Rico en un Estado de la Unión Americana. Y sobre todo estos dos grandes ideales ha discurrido el gran debate a través de los últimos 56 años.

Yo quiero decir que tengo un profundo respeto; yo quiero decir que mi partido tiene un profundo respeto, por los compatriotas que postularon ayer y postulan troy el ideal de independencia. La Independencia es una fórmula digna de resolver el problema político de Puerto Rico; es una de las dos maneras únicas como puede y tendrá que resolverse el problema político de Puerto Rico.

Y hay sólo un procedimiento para llegar a la conclusión final. Este procedimiento es el democrático. El que entraña la expresión de la voluntad del pueblo. La única manera de saber cómo piensa el pueblo, y la única manera de fijar el mandato del pueblo está en la consulta directa a la conciencia popular.

Como candidato a la Gobernación, de este movimiento de todo el pueblo que es el partido Estadista Republicano, anuncio desde ahora que nos comprometemos solemnemente ante el pueblo de Puerto Rico y ante la conciencia universal, a preguntarles directamente a todos y cada uno de los puertorriqueños cuál es el status político definitivo de su preferencia y elección. No habrá fórmulas intermedias en esta consulta, porque ninguna fórmula intermedia satisfará la aspiración de los puertorriqueños. Como el mal llamado Estado Libre Asociado no es la fórmula que haya escogido Puerto Rico con carácter de permanencia, porque sencillamente no es la forma que satisface el orgullo cívico de Puerto Rico, ni colma la dignidad de todos y cada uno de los puertorriqueños.

«Vínculos con los Estados Unidos.

Finalmente y voy a terminar, amigos y correligionarios, también será una de nuestras grandes preocupaciones de gobierno él robustecimiento de los vínculos de Puerto Rico con los Estados Unidos de América.

«Frente a la política de desaliento de la enseñanza del inglés; frente a la política del actual Gobierno de alejarnos de la nación y las instituciones republicanas democráticas de los Estados Unidos, adoptaremos una política de afirmación de nuestros propios valores como ciudadanos de la democracia norteamericana, y nos esforzaremos porque todos los privilegios de la ciudadanía que ostentamos nos sean reconocidos en Puerto Rico y en los Estados Unidos.

«Marcharemos, en una palabra, hacia la conquista de nuestro ideal, sin vacilaciones ni titubeos, en franca y enérgica lucha, con verdadera devoción de servicio a todo nuestro pueblo.

«Puestos por el destino con su fuerza misteriosa que genera los acontecimientos humanos, en el dilema de escoger todavía el camino cierto de nuestra emancipación política, social y económica; frente al cuadro trágico que nos ha creado el partido Popular al pretender que permanezcamos estancados en una condición de inferioridad política, como queriendo que renunciemos a la alta dignidad de ser verdaderos ciudadanos americanos, seguiremos marchando en nuestra ruta firme y segura hasta alcanzar un sitio de paridad en el seno de la nación, a fin de que la igualdad y la justicia sean auténtica realidad en la vida de los puertorriqueños, sean cosas vivas y palpables en el vivir de los puertorriqueños.

«Esto que acabo de explicar es en parte la obra de gobierno que ofrece al pueblo el partido Estadista Republicano. Y ésta es la conquista que el partido Estadista Republicano empezará a realizar el próximo 6 de noviembre, cuando todos los puertorriqueños de buena voluntad, todos los obreros, trabajadores, profesionales y ciudadanos generosos, amantes de la democracia y amantes de su país, congreguen bajo nuestras gloriosas banderas y todos juntos, en ejército reivindicador de nuestros valores y de nuestras ansias, voten libremente para acabar de una vez y por todas con la tiranía que ha establecido en el país el partido Popular y la grave amenaza que la política del actual gobierno representa para el destino de todos los puertorriqueños.

«Así nos ayude Dios, para que podamos entregar a nuestros hijos una patria digna de nuestros altos destinos.

El partido Independentista Puertorriqueño celebró su asamblea general el 26 de agosto de 1956, en el Parque Yldefonso Solá Morales, de Caguas, bajo la presidencia de Gilberto Concepción de Gracia. Se nominaron las candidaturas generales y se ratificaron las nominaciones de los candidatos de distritos legislativos y de los municipios. Se nominó para el cargo de Gobernador a Francisco M. Susoni (hijo). Marcos A. Ramirez fue nominado para el cargo de Comisionado Residente. La dirección de este partido quedó integrada por la Junta de Directores, que había sido electa en la asamblea anterior celebrada en el Parque Sixto Escobar, de San Juan, compuesta por Gilberto Concepción de Gracia, presidente; Baltazar Quiñones Elías, vicepresidente; Lorenzo Piñero Rivera, secretario; y un número de 113 vocales representando las diversas regiones y precintos de la Isla.

La plataforma general del partido Independentista Puertorriqueño, ante las elecciones generales de 1956, quedó aprobada bajo un número de resoluciones programáticas, como sigue:

«1. Finalidad Política

El partido Independentista Puertorriqueño, fiel a su origen y a su pasado de lucha, y devoto del ideal que le dio vida, declare nuevamente que su finalidad política es lograr la independencia para el pueblo de Puerto Rico. La independencia se gestionará con la firme convicción de que su establecimiento producirá el mayor bienestar humano, social y económico para el hombre puertorriqueño, y con la clara aspiración de que el pueblo de Puerto Rico al incorporarse al mundo de las naciones libres, contribuya a la permanencia de la paz y de las mejores relaciones entre los pueblos.

«La gestión de este objetivo se llevará a cabo en términos de amistad con Estados Unidos y no se limitará al reconocimiento formal de nuestra soberanía. Incluirá simultáneamente el cumplimiento de la responsabilidad histórica en que ha incurrido Estados Unidos al intervenir en la vida económica de nuestro pueblo durante más de medio siglo. A ese efecto, el partido reclamará que la independencia se establezca bajo aquellos acuerdos y reajustes que faciliten la rápida transformación de la presente economía colonial en una economía de pueblo libre.

«Para realizar esta finalidad el Partido procurará en los comicios el mandato del pueblo. Una vez obtenido ese mandato, empleará todo los recursos y medios de gobierno a su alcance para conseguir su cumplimiento. A los seis meses de terminada la primera sesión legislativa después de haber obtenido el poder, el Partido se reunirá en asamblea general extraordinaria para considerar los progresos habidos en la gestión de la independencia y tomar las medidas aconsejables para el más pronto y efectivo cumplimiento del mandato.

A los fines de instrumentar esta gestión, las Cámaras Legislativas demandarán del Gobierno de Estados Unidos el reconocimiento de la independencia con arreglo a las bases de este Programa, y crearán una Comisión Permanente para llevar a cabo las labores necesarias a ese efecto. Una Convención Constituyente, libremente elegida por el pueblo, redactará la Constitución de Puerto Rico, estableciendo un gobierno de tipo republicano y bases democráticas.

«2. Objetivo de orden económico, social, cultural y político administrativo.

«Una vez que obtenga el poder público, conjuntamente con la gestión de independencia, el partido Independentista Puertorriqueño iniciará la realización de un programa de gobierno que abarcará los diversos aspectos de nuestra vida colectiva. El referido programa irá encaminado en el orden económico, a desarrollar hasta el máximo posible la capacidad productiva de nuestro pueblo, en el orden social, a lograr la más justa y equitativa distribución del ingreso social entre todos los puertorriqueños y la mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos; en el orden cultural, a asegurar el más amplio desarrollo de la educación, difusión del saber, fomento de las artes y la ciencia y defensa de nuestra civilización cristiana; y en el orden político administrativo, a proteger el ejercicio de los derechos civiles, sociales y económicos del pueblo, asegurar el más amplio reconocimiento de las minorías, reconocer al pueblo intervención directa en la organización y funcionamiento del gobierno y establecer en Puerto Rico una administración honesta y eficiente basada en normas de sane moral pública. Las referidas normas irán encaminadas a extirpar las prácticas reinantes de abuso de poder; la corrupción en el gobierno; el creciente despilfarro de los dineros del pueblo; la irresponsable política de empréstitos cuantiosos e innecesarios que hipotecan el porvenir de las futuras generaciones de nuestro pueblo; la centralización del poder público en manos de un jefe político y su camarilla; las prácticas del continuismo, tanto en lo municipal como en lo insular; las prácticas electorales corruptas implantadas por el partido en el poder; a eliminar los usos entronizados en el gobierno, contrarios a una sane moral administrativa.

«3. Defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.

«El partido Independentista Puertorriqueño se compromete a aprobar y poner en vigor la más amplia y justiciera legislación del trabajo, de suerte que queden garantizados de manera efectiva los derechos fundamentales del obrero en su condición de trabajador, ciudadano y ser humano.

«A ese efecto, aprobará las siguientes medidas:

1. Leyes que aseguren a los trabajadores el derecho a organizarse libremente en uniones y sindicatos, a contratar colectivamente con sus patronos, a ejercitar el derecho a la huelga y el piquete, y en general, a llevar a cabo todas las medidas necesarias para su organización y defensa. El partido Independentista cond~ena la política antiobrera del gobierno actual, tal y como ésta se ha manifestado en los varios atentados contra el ejercicio del derecho a la huelga y a la organización de piquetes, en los caves de la incautación de los muelles, de la huelga de la Autoridad de Transportes, de la huelga de los choferes en protesta contra la no aprobación de la Ley de Colegiación, y de la legislación y determinaciones administrativas en lo relacionado con los paquebotes, los yerbicidas y los embarques de azúcar a granel.

«2. Leyes para proveer una razonable participación a los trabajadores en los beneficios en las industrias, negocios y empresas en que presten servicios, y reconociendo la adecuada intervención de los obreros para garantizar este derecho.

«3. Leyes para asegurar representación del trabajo organizado en todas las agencies del Gobierno, con poderes para determinar y fallar sobre asuntos que afecten a los obreros.

«4. Enmiendas a la legislación de salario mínimo, a los fines de garantizar a los obreros el salario mínimo más alto que cada industria pueda pagar, facultando a la Junta de Salario Mínimo a fijar un salario mayor de un dólar la hora en aquellas industrias que puedan pagarlo. Se restituirá a la Junta de Salario Mínimo la facultad de dictaminar sobre las condiciones de trabajo en las industrias y negocios, facultad indebidamente eliminada por la actual Asamblea Legislativa.

«5. Leyes para establecer un periodo anual de vacaciones y otro por licencia por enfermedad en favor de todos los empleados de comercio, industrias, oficinas, empresas de servicio público y otros negocios lucrativos.

«6. Revisión de la Ley del Fondo del Seguro del Estado para aumentar sustancialmente las compensaciones que deben recibir los obreros por las distintas incapacidades; hacer más rápido el pago de las dietas y de la compensación; cubrir todas las enfermedades que sean directa o indirectamente producidas como consecuencia del trabajo, y en el caso de muerte fijar una indemnización no menor de $6,000. Se legislará para que el Fondo no funcione en plan de regateo como una compañía privada de seguros, interesada en la acumulación de ganancias, sino como una agencia al servicio eficaz de los trabajadores.

«7. Legislación para establecer la colegiación de los choferes profesionales de Puerto Rico, en una organización cuasi pública, regida por ellos mismos, con el propósito de que puedan laborar fructíferamente por su propio bienestar, rendir mejor servicio a la Comunidad y contribuir más efectivamente a la seguridad en las vías públicas. La colegiación les permitirá crear sistemas de seguros mutuos, establecer cooperativas de crédito, servicio y consumo; obtener facilidades de funcionamiento, y en general, la organización para la defensa de sus derechos

«8. Leyes para garantizar la adecuada protección de la salud y la vida de los trabajadores, tanto en la industria como en la agricultura, así como de los pequeños agricultores e industriales que posean y operen sus fincas o negocios, contra riesgos y enfermedades ocupacionales, proveyendo los más completos y eficientes sistemas de seguridad industrial. A esos fines se creará un cuerpo de supervisión y educación que asegure el cumplimiento de los códigos de seguridad.

«9. Leyes para establecer clínicas de maternidad y salas para la custodia y alimentación de los hijos de las madres obreras.

«10. Legislación para crear el Banco Obrero, con el propósito de estimular al ahorro y facilitar pequeños préstamos personales a un bajo tipo de interés a empleados y trabajadores.

«11. Imprimir a la economía del país aquellas orientaciones que faciliten la creación y desarrollo de renumeradoras oportunidades de trabajo para aquella parte de nuestra población que se encuentra actualmente desocupada, como consecuencia de las trabas que nos impone el sistema colonial. De esta manera se daría fin a la política acomodaticia del Gobierno actual de estimular la emigración como medio fácil y engañoso de eludir su responsabilidad de que se provean adecuados medios de vida al puertorriqueño en su propia tierra. Para aquellas personas que opten voluntariamente por buscar oportunidades de trabajo en el extranjero, se tomarán medidas necesarias por el Gobierno para intervenir y fiscalizar los contratos de trabajo, con mires a asegurarle compensaciones adecuadas, trato justo y la más amplia protección de todos sus derechos.

«4. Contra la mecanización irresponsable.

«La industria privada en Puerto Rico ha estado implantando en los últimos años una política de mecanización, que ha tenido el efecto de desplazar a millares de trabajadores, sin que se hubieran creado las necesarias nuevas oportunidades de empleo para los obreros así condenados a forzoso desempleo, ni estableciendo los servicios o compensaciones de seguridad social indispensable para proveerles los medios adecuados de subsistencia. Frente a este proceso de festinada mecanización, el gobierno actual ha observado una conducta de complacencia para los intereses patronales y de indiferencia para los intereses obreros. Más aún, ha aprobado legislación encaminada a estimular la mecanización eximiendo del pago de tributos la maquinaria y los instrumentos que a ese efecto use la industria, facilitando así el brusco desplazamiento de estos millares de trabajadores. Por otro lado, el gobierno también ha implantado una política de mecanización en las industrias y negocios que opera directamente, sin atender en forma alguna las consecuencias perjudiciales que apareja un programa de mecanización festinada. A los miles de obreros que han sido desplazados en la industria azucarera en los últimos años, se suman los que han sido privados de su empleo por la legislación de los paquebotes y el uso de yerbicidas, y se sumarán en breve los millares que serán igualmente despojados de sus actuales medios de vida por la política de embarques de azúcar a granel establecida por dictamen oficial del gobierno.

«Ante la situación de desamparo a que esta política irresponsable condena a millares de familias de trabajadores, el partido Independentista Puertorriqueño manifiesta su categórica oposición a la mecanización festinada. Favorecemos, sin embargo, en términos generales, un proceso de mecanización gradual, inteligente y juicioso, que modernice los medios de producción agrícola e industrial, sin crear un desajuste social que lleve al desempleo en mesa, a la inseguridad, al hambre y la miseria a las clases trabajadoras, o que afecte su salud.

«A tono con esta posición fundamental, el partido Independentista se compromete a modificar la legislación existente y estudiar un plan que logre la mecanización progresiva, sin merma sustancial en las oportunidades de trabajo.

«5. Rescate y distribución de la sierra y sus beneficios.

«La sierra de Puerto Rico debe cultivarse para beneficio del pueblo que la trabaja. Ahora se cultiva principalmente para beneficio de las grandes empresas latifundistas que la acaparan; corporaciones extranjeras y nativas; familias privilegiadas, poderosos hacendados y el propio gobierno colonial. Bajo el dominio de la Autoridad de Tierras, se ha establecido un odioso latifundio gubernativo sobre más de cien mil cuerdas de las mejores sierras del país, que ahora se explotan por el mismo gobierno llamadas fincas de beneficio proporcional, que constituyen una burla al derecho que por ley tienen los trabajadores de disfrutar de las ganancias que se obtienen en tales fincas. La Administración escamotea los beneficios reales que se producir allí anualmente, mediante infladas deducciones por concepto de arrendamiento de las sierras, intereses de refacción, gastos administrativos, de supervisión, contaduría y una pretendida educación cooperativa, además de cuantiosas reserves para emergencia. Así se reducer las ganancias habidas a cifras insignificantes o a supuestas pérdidas, deliberadamente concebidas para privar a los trabajadores de su participación en los beneficios.

«En abierta violación de ley, el Gobierno paralizó desde 1948 el programa de rescate de las sierras poseídas en latifundios corporativos, que pasan de 140 mil cuerdas de las más fértiles y productivas. A ese efecto, no llevó adelante los recursos judiciales presentados contra las corporaciones (Quo Wamintos) en el Tribunal Supremo, ni ha asignado fondo alguno para continuar el rescate de esas sierras para efectivo provecho del campesinado puertorriqueño.

«El partido Independentista afirma que es imperativo el rescate de la sierra de manos de todas las empresas latifundistas, para distribuirse entre los trabajadores agrícolas en fincas cooperativas y predios individuales, para pequeños agricultores, bajo planes que aseguren mayor desarrollo para la economía nacional y más altos niveles de vida para los que dependen para su subsistencia de esta gran fuente de vida que es la sierra.

«A tono con esta política agraria, el partido Independentista Puertorriqueño se compromete a asignar los fondos necesarios para el rescate de todas las sierras poseídas en latifundios corporativos e individuales.

«2. El Partido se compromete a la inmediata distribución de tales sierras en cooperativas de trabajadores agrícolas y fincas individuales para pequeños agricultores.

«3. El Partido se compromete a convertir las llamadas fincas de Beneficio Proporcional que ahora opera bajo la Autoridad de Tierras, en genuinas cooperativas para beneficio de los trabajadores que las cultivan, disponiéndose la total distribución de las ganancias efectivas entre los mismos.

«4. El Partido se compromete a constituir las centrales azucareras que ahora opera la Autoridad de Tierras, y aquéllas que se adquieran en el futuro, en cooperativas de trabajadores y de colonos que no posean más de 300 cuerdas dedicadas al cultivo de la caña. Las fincas de Beneficio Proporcional podrán ser miembros de la cooperativa aunque posean más de 800 cuerdas. El beneficio neto que obtenga cada cooperativa, se distribuirá entre los obreros de la fase industrial, los trabajadores de las fincas de Beneficio Proporcional y los colonos particulares y los trabajadores agrícolas de sus fincas en las proporciones que se determinar por ley.

«5. El Partido se compromete a otorgar títulos de propiedad a todos los parceleros que ocupan predios en las comunidades rurales o urbanas establecidas por la Autoridad de Tierras. El título de propiedad se otorgará a estos parceleros en forma que dichas parcelas no puedan pasar a manos de acaparadores o de personas que originalmente no calificaban para obtenerlas.

«6. El Partido se campromete a asignar fondos para que en el menor tiempo posible los millares de agregados y familias que aún viven en fincas de corporación e s y grandes hacendados o en arrabales, reciban gratuitamente predios de sierra para enclavar sus viviendas con el correspondiente título de propiedad.

«7. El Partido se compromete a gestionar del Gobierno de Estados Unidos la devolución de las 84,000 cuerdas de sierra que dicho Gobierno retiene en su poder desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y que son indispensables para proveer fuentes de vida y trabajo a nuestro pueblo.

8. Se proveerá por ley la limitación de la tenencia de sierras a no más de 500 cuerdas por persona natural.

«9. Se impondrá una fuerte contribución sobre aquellas sierras que, pudiendo ser explotadas para fines agrícolas o industriales, se mantienen ociosas, según este término se define por ley.

«10. Rehabilitación de las zonas cafetalera y tabacalera.

«La mayor parte de los agricultores de la zona cafetalera siguen afrontando una situación de crisis, por razón del fracaso de los diversos planes de rehabilitación que se han establecido en el curve de los últimos 25 años. El fracaso de estos planes se ha debido principalmente al hecho de que los mismos consideraban aspectos aislados del problema, y no encaraban la situación en su totalidad.

«Un alto porcentaje de los agricultores de la zona tabacalera, necesitados igualmente de recursos económicos para la refacción de sus fincas, y de adecuadas facilidades de mercadeo, también han sido víctimas de la dañosa intervención de acaparadores y especuladores. Los cosecheros pequeños y medianos, se han visto así forzados a aceptar financiamientos a subido tipo de interés y a vender el tabaco a precios irrisorios, yendo a parar el natural beneficio de su esfuerzo a manos de los monopolizadores del mercado.

Consciente de esta falla, el partido Independentista Puertorriqueño se compromete a establecer un plan completo de rehabilitación de la agricultura del café y del tabaco, incluyendo dicho plan las siguientes medidas concretes:

1. Facilidades de refacción mediante el establecimiento del Banco de Rehabilitación Agrícola, dotado con recursos suficientes para conceder a los agricultores préstamos a un bajo tipo de interés, librándoles así de las abusivas exigencias de los acaparadores y especuladores del mercado.

2. Ayuda técnica a los agricultores para el mejoramiento de sus fincas, la implantación de mejores métodos de cultivo y la siembra de variedades de mayor rendimiento.

«3. El Banco de Rehabilitación Agrícola tendrá facultades para recibir la producción de café y de tabaco de aquellos agricultores que deseen usar los servicios de esta agencia, la cual le liquidará dichos productos a un precio mínimo garantizado que asegure una ganancia razonable al agricultor y un salario justo al trabajador.

«Una vez que el Banco venda tales productos por los canales normales del comercio, de acuerdo con la situación del mercado, y por un precio que nunca será menor del precio mínimo garantizado, liquidará a los agricultores los beneficios que se obtuvieran después de deducir los gastos de operación.

«4. Establecimiento de caseríos en la montaña para los trabajadores del café y del tabaco, evitando así el éxodo de trabajadores hacia los arrabales de las cindades, que además de perjudicar la economía de la altura perjudica en general a la economía del país.

«5. Se instrumentará un plan de mejoras de las viviendas de los campesinos, y se concederá exención contributiva sobre las casas que los patronos constrnyan para la vivienda de sus obreros en la zona rural.

«6. Se proveerá mediante legislación adecuada, para el establecimiento de pastos comunales para el libre uso por pequeños agricultores y trabajadores agrícolas de la zona montañosa.

«7. Se crearán centros de medicine veterinaria y clínicas rodantes, adecuadamente distribuidos para beneficio de las zonas rurales.

«8. Se darán las mayores facilidades para la producción y mercadeo de los frutos menores, especialmente de guineo, incluyendo el establecimiento de mercados rurales.

«7. Por una industrialización sobre bases sólidas que provean mayor empleo y salarios justos.

«El programa de industrialización del Gobierno ha fracasado. En sus 14 años de operación, a pesar de haber contado con cuantiosas sumas de dinero, de haberse caracterizado por la concesión de privilegios, exenciones contributivas, incentivos y otras dádivas a inversionistas norteamericanos, y haber fomentado un régimen de salarios de hambre, sólo han logrado crear aproximadamente 20,000 empleos. La situación ha sido tan crítica para la población obrera puertorriqueña, que en el curve de los últimos 14 años más de 400 mil trabajadores se han visto obligados a emigrar en busca de oportunidades de empleo en el extranjero.

«El programa de industrialización del Gobierno ha fracasado por haber descansado principalmente en la atracción de capital absentista norteamericano, sin estimular en la conveniente proporción la inversión de capital nativo; ha fracasado por haber orientado el fomento industrial con mires a llenar necesidades marginales del mercado de Estados Unidos, ignorando sustancialmente las necesidades básicas del mercado de Puerto Rico, y las posibilidades de expansión en los mercados mundiales, especialmente Europa, Centro y Sur América; ha fracasado por no haber logrado atraer capital interesado en fundar industrias de carácter permanente, sino inversionistas y promotores deseosos de aprovecharse del derroche de dádivas e incentivos, y de los salarios de hambre; ha fracasado por no haber conseguido el establecimiento de industrias de empleo extensivo de las que fundamentalmente está necesitado el pueblo de Puerto Rico; y ha fracasado el programa del Gobierno, además, por haber utilizado los dineros del pueblo en una orgía de préstamos y concesiones a los especuladores extranjeros, sin exigirle las debidas garantías, mientras que a los inversionistas puertorriqueños se le ha impuesto onerosos requisitos.

«Ante este rotundo fracaso del Gobierno, el partido Independentista Puertorriqueño propulsará un programa de intensa, eficiente y articulada industrialización con los siguientes objetivos:

«1. Será fundamental objetivo de este programa, la creación de empleos suficientes para la fuerza obrera actualmente desocupada, y para absorber el crecimiento que puede producirse en nuestra población. Se velará por que las industrias que se establecieron bajo este programa paguen salarios decentes.

«2. Se procurará que el desarrollo industrial llene las necesidades básicas del mercado local, y produzca además para el intercambio comercial con el extranjero, especialmente con Estados Unidos, o, Sur América y Europa, librando así a nuestro pueblo del presente aislamiento comercial.

3. Recibirán tratamiento especial las empresas capaces de proporcionar empleo extensivo.

4. Se estimulará la creación de pequeñas industrias, en las zonas rurales, con el doble propósito de proporcionar allí suficientes de vida, y de evitar el éxodo de la población campesina.

5. Se fomentará la artesanía con especial empeño, por ser ésta factor decisivo en el desarrollo de nuestra economía, que depende su expansión principalmente de la capacidad y destreza del trabajador.

6. El programa de industrialización dará igual importancia al establecimiento de nuevas industrias, como a la conservación, desarrollo y expansión de las industrias existentes, haciendo extensivas s en la medida adecuada las exenciones contributivas, incentivos y ayudas del Gobierno. Se fomentará el establecimiento de centros de ensamblaje de vehículos de motor y otros artículos fabricados xterior que ahora se importan terminados, sin beneficio alguna el obrero puertorriqueño.

7. Se estimularán hasta el máximo las inversiones del capital puertorriqueño, para lograr la movilización del dinero que actual puertorriqueño permanece ocioso, con el consiguiente perjuicio para la economía del país.

8. Se llevarán a cabo las investigaciones y estudios adecuados los recursos naturales que posee nuestro pueblo, con miras a su total aprovechamiento en escala comercial.

9. Se proporcionará la más complete industrialización de la agricultura. A ese efecto, se facilitarán medios para la elaboración de productos derivados del azúcar, de la miel y el bagazo de la caña, eche, del café y de otros cultivos, y para el establecimiento de plantas de enlatado de frutas y vegetales, mataderos industriales y empresas que elaboran los productos del suelo.

10. Se asignarán los fondos necesarios para el más extenso desarrollo de la industria de la pesca, que además de proporcionar oportunidades de empleo contribuirá a mejorar la dicta de nuestro pueblo un producto sano y nutritivo.

11. Se fundará una escuela de náutica, y se propulsará la creación y desarrollo de una marina mercante puertorriqueña, que facilite comunicación y el intercambio de nuestro pueblo con los demás países del mundo. También se fundará una escuela de aeronáutica, y se propiciará la operación de empresas puertorriqueñas de aviacion.

«12. Se fundará el Banco del Pueblo, que será una institución bancaria de emisión, descuento, préstamos, redescuento y financiamiento. Será depositario de los fondos y valores públicos y recibirá depósitos particulares.

«El Banco del Pueblo prestará impulso al programa de industrialización y fomento económico. Será política del Banco ayudar a la promoción, establecimiento y operación de nuevas industrias y a la expansión de las ya establecidas. Facilitará, además, la concesión de préstamos a bajo tipo de interés para la ayuda y rehabilitación del pequeño industrial, del pequeño agricultor y del pequeño comerciante o detallista; y para la ayuda a los trabajadores para el fomento de cooperativas y el financiamiento del plan de viviendas baratas.

«8. Programa de seguridad social y bienestar público.

Puerto Rico carece de un programa completo y abarcador de seguridad social y bienestar público. La política del Gobierno actual ha consistido en establecer programas parciales y medidas aisladas que no responder a un plan de mejoramiento social sobre bases científicas. Por razón de esta politica es que no existen en Puerto Rico medidas de seguridad social indispensables en una serie de aspectos de la vida colectiva. Por razón de esta política ocurre igualmente que en aquellos aspectos supuestamente cubiertos por legislación, lo que se ha establecido en realidad es un sistema de limosna, injusticia y desigualdad social.

Para corregir esta situación, el partido Independentista Puertorriqueño se compromete a establecer un programa coordinado de seguridad social y bienestar público, que abarcará las siguientes medidas:

«1. Se creará por ley un Departamento de Seguridad Social y Bienestar Público, el cual será dirigido por un Secretario de Gobierno y formara parte del gabinete del Ejecutivo. En este Departamento se ampliarán Y coordinarán los programas encaminados a proteger a toda la población contra los riesgos económicos de la enfermedad, el desempleo, la incapacidad, la vejez, la muerte y la dependencia, contribuyendo así al bienestar general y a la estabilidad de la economía de nuestro pueblo.

«2. El Fondo del Seguro del Estado se incorporará a este Departamento, ya que el sentido de servicio social que regirá a la política del Departamento es el más adecuado para afrontar los problemas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades ocupacionales.

«3. Se establecerán los siguientes seguros que no existen en la actualidad: el seguro de desempleo para todos los obreros agrícolas, el seguro de enfermedad, el de incapacidad física o mental no originada en el curve del trabajo, y el seguro de maternidad.

«4. Ampliación y mejoras al seguro para los choferes y al seguro general contra el desempleo con mires a que el seguro contra el desempleo cubra al mayor número de obreros, tanto en la fase agrícola como industrial.

«5. Expansión del programa de asistencia pública con asignaciones adecuadas para ayuda directa a los ancianos, a los niños necesitados, a los ciegos y a los incapacitados no cubiertos por los seguros mencionados anteriormente. Se establecerán bancos de sangre, botiquines y clínicas rodantes, tanto en la zona urbana como en el campo, para prestar servicios gratuitos a personas pobres.

«6. Mantenimiento de oficinas de empleo y servicio de orientación Y rehabilitación vocacional.

«7. Establecimiento de hogares diurnos para el cuidado y atención de los hiios de madres trabajadoras.

8. Se coordinarán todos los servicios de bienestar del niño que actualmente prestan diversas agencies del Gobierno.

«9. Se establecerán clínicas de orientación de la niñez.

«10. Se ampliarán al programa de instrucciones de bienestar público y se establecerán nuevas instituciones, tales como institutos de niños mentalmente anormales, hogares de ancianos y cases de convalescencia para enfermos mentales.

«11. Con mires a bajar las primas que para distintos seguros tienen que pager patronos y asegurados, se establecerá un sistema de cotización integral, que significa una sola contribución para cubrir todos los riesgos.

«9. Protección del derecho a una vivienda decente y segura.

«Todo ser humano tiene derecho a vivir en un hogar decente, higiénico y seguro. Este principio de justicia social ha sido violado repetidamente por el Gobierno. Ha sido violado por los métodos puestos en práctica por la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico y las Autoridades Municipales Sobre Hogares al eliminar L’amadas zonas de arrabal, haciendo una farsa de las vistas públicas, decidiendo la cuestión de antemano, sin considerar los factores sociales, económicos y humanos necesarios para una genuina política de eliminación de arrabales. Ha sido violado por el gobierno actual al mantener y llevar a cabo dentro de los caseríos una política de persecución contra aquellos inquilinos que no profesan las ideas del partido en el poder. Ha sido violado este principio, además, al importar el Gobierno una política de altas contribuciones sobre la vivienda.

«Con el propósito de corregir los males del Gobierno actual, y de poner en vigor en toda la amplitud el principio de que toda persona tiene derecho a una vivienda decente y segura, el partido Independentista Puertorriqueño promete tomar las siguientes medidas:

«1. Se creará por ley el Instituto Puertorriqueño de la Vivienda, que coordinará todos los planes y programas del Gobierno sobre la vivienda.

«2. Se implantará un programa abarcador de construcción v acondicionamiento de vivienda, con el propósito de lograr la total eliminación de arrabales.

3. Para aliviar de inmediato el trágico problema de los arrabales, se procederá con urgencia al saneamiento y urbanización de los terrenas donde radican, siempre que las condiciones de salubridad y el estado de las cases así lo permitan. En estos caves la política de eliminación de arrabales, no irá encaminada a la demolición de las cases sino a su mejoramiento. A tal efecto se eliminará el reglamento de la Junta de Planes que impide a sus dueños mejorar o reparar las viviendas que radican en las llamadas zonas de arrabal. Para ayudar al mejoramiento de dichas viviendas, se establecerá un sistema de préstamos a largo plazo.

«4. Para satisfacer el elemento de seguridad en la posesión del hogar a que todo ser humano tiene derecho, se dará título de propiedad sobre el terreno, a las personas que habitan en zonas de arrabal, cuando dichos terrenos fueren del Gobierno. En los caves en que la vivienda radique en terrenos de propiedad privada, el Gobierno adquirirá dichos terrenos para ser vendidos a sus moradores, mediante un sistema de pagos a largo plazo.

«5. Como objetivo a implantarse cuando las condiciones del fisco lo permitan, el Partido postula el principio de que la vivienda no debe estar sujeta a tributación de clase alguna. Tampoco debe estarlo la pequeña finca de subsistencia familiar. El Partido inicia esta política con el compromiso de reconocer una exención básica de $6,000 a cada padre de familia sobre aquel inmueble en que tenga constituido su hogar seguro.

«6. Como medio para aliviar las condiciones de los inquilinos de las Autoridades sobre Hogares de Puerto Rico, el partido Independentista se compromete a gestionar las siguientes medidas:

«(a) No se podrá desalojar a los inquilinos de sus viviendas cuando por motivo de desempleo o enfermedad se vean imposibilitados de pagar la renta. En esos casos, se le dará la oportunidad de pagar las rentas atrasadas, amortizando gradualmente la deuda una vez que haya resuelto su problema de desempleo o recuperado de su enfermedad.

« (b) Se dará representación a los inquilinos en la administración de sus respectivos caseríos, a los fines de que tengan mayor seguridad y garantía en el planteamiento y solución de sus problemas colectivos.

« (c) En los caseríos no se permitirá discrimen alguno por razones de índole política, racial o religiosa.

«7. Además de las medidas inmediatas anteriormente apuntadas como objetivo fundamental, el Partido promete gestionar que las propiedades pertenecientes a las diferentes Autoridades sobre Hogares de Puerto Rico sean vendidas a, y operadas por, cooperativas de inquilinos, por una cantidad que no exceda del costo de la propiedad, cantidad a pagarse por los inquilinos en un periodo de tiempo no menor de veinte (20) años o en forma tal que los plazos mensuales a pagarse no excedan del canon razonable de arrendamiento que debería pagar cada inquilino.

«10. Política Educativa y Cultural.

«1. Orientación del sistema de instrucción pública.

«La política educativa del partido Independentista Puertorriqueño irá encaminada a orientar la instrucción pública hacia nuestra futura condición de pueblo libre. Se afirmarán los valores de la cultura puertorriqueña de tradición cristiana e hispánica, sin rechazar los valores de otras culturas que puedan enriquecer la nuestra. La escuela atenderá tanto al desarrollo intelectual como a la formación moral y espiritual del estudiante.

«El partido implantará una vigorosa política educativa encaminada a facilitar oportunidades escolares a los millares de niños de Puerto Rico que ahora no la tienen, y establecerán un plan de desarrollo que lleve a la eliminación de la doble matrícula, a la eliminación del analfabetismo, a mejorar sustancialmente el contenido de la enseñanza y en general a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo.

«Como la escuela descansa tanto en la preparación como en el bienestar del maestro, se procurará que el personal docente se encuentre adecuadamente preparado mediante el otorgamiento de facilidades para tal propósito, y se establecerá una escala de sueldos que permita al maestro satisfacer sus necesidades básicas, y por consiguiente desempeñar con mayor contento su alta misión educativa. Se le garantizará, además, el goce y disfrute de todas sus franquicias ciudadanas.

«2 Reforma de la Universidad.

«El Partido declare que la labor docente de la Universidad de Puerto Rico debe ir encaminada a preparar a nuestra juventud para enfrentarse a los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro pueblo.

«Para lograr este propósito, es indispensable restablecer la libertad de expresión en la Universidad de modo que profesores y estudiantes puedan estudiar las cuestiones de interés público sin temor a represalias por parte de las autoridades administrativas. Se garantizará la estabilidad de los profesores en sus respectivos cargos, y se establecerán y aplicarán reglas equitativas para el ascenso, clasificación y remuneración de los mismos, tomando como base la preparación, tiempo de servicio, publicaciones y labor académica del profesor. Tales reglas serán aprobadas por el claustro mismo.

«Se formulará un plan completo de reforma universitaria que elimine la situación actual de un Consejo Superior que no trace nada, un Rector que lo controla todo, un claustro que no tiene facultades para intervenir decisivamente en la dirección de la institución, y un estudiantado privado de una auténtica participación en la vida de nuestro más alto centro de enseñanza. Dicho plan conllevará la descentralización de la estructura administrativa de la Universidad, y el otorgamiento al claustro de mayor ingerencia en la dirección de la política docente. Igualmente se establecerá por ley el derecho del estudiante, a organizarse y se restituirá su representación en la Junta Universitaria, a los fines de que contribuya efectivamente al desarrollo de la institución.

Será política del Partido aprobar legislación para establecer una genuina autonomía universitaria.

3. Fomento de actividades culturales y científicas.

EI Partido declare que el desarrollo de la vida cultural del pueblo no depende exclusivamente de la acción del Gobierno. Son las fuerzas creadoras del individuo las que, actuando dentro de un marco de libertad, logran realizar el desarrollo artístico y cultural del pueblo. El Gobierno debe, sin embargo, ayudar a esas fuerzas creadoras y estimular sus iniciativas fundamentales. A tal fin y en colaboración con entidades cívicas y organizaciones culturales del país, se propiciará la fundación de la Biblioteca Nacional y de bibliotecas municipales, la creación del Museo Nacional, el establecimiento de Escuelas de Bellas Artes, el establecimiento de una escuela de Artes Plásticas, la fundación de una orquesta sinfónica, la publicación de las obras de nuestros grandes escritores, la concertación de certámenes, el fomento del teatro puertorriqueño, la organización de bandas municipales, la institución de becas y la utilización de otros medios para estimular el crecimiento artístico y cultural de nuestro pueblo. Se reclamará del Gobierno de Estados Unidos la devolución de nuestros monumentos históricos. Se fomentará el intercambio cultural con todos los países del mundo , especialmente con aquellos de formación hispánica. También se patrocinará la creación de una escuela de periodismo.

«Se creará un instituto de investigaciones científicas, el cual coordinará la labor de los actuales organismos gubernamentales de esta índole, y realizará los planes de investigaciones que él mismo se trazare, con el propósito de ampliar el conocimiento científico, crear nuevas técnicas y productos, y mejorar los actuales.

«11. Programa para asegurar la democracia y proteger los derechos civiles:

1. Reforma de la Ley Electoral y medidas para evitar la perversión del sufragio.

«El partido Independentista Puertorriqueño se compromete a aprobar una nueva Ley Electoral, con mires a establecer un sistema moderno, eficiente y democrático que garantice a los ciudadanos el ejercicio del derecho al voto, mediante la creación de un registro permanente de electores, el establecimiento de un sistema de primarias para la selección de candidatos, la penalización rigurosa de las prácticas corruptas, y el establecimiento de garantías para la inscripción y funcionamiento de los partidos políticos. Esta reforma incluirá la extensión del derecho al voto a toda persona que haya cumplido los 18 años de edad.

«Se aprobará legislación encaminada a castigar el empleo de los recursos del Gobierno y los servicios de la administración pública, como lo trace el partido en el poder, para rendir la voluntad del ciudadano mediante la dádiva, el soborno, la amenaza, la compra directa de voto y otros medios dirigidos a la perversión del sufragio y la falsificación de la democracia.

«2. Normas democráticas.

«El Partido tiene plena confianza en el espíritu,, de paz, orden y discipline civil del pueblo puertorriqueño. Con esa sólida confianza como base, el Partido no omitirá acción de clase alguna para desvanecer el ambiente de miedo y de terror que el Gobierno actual ha creado en Puerto Rico. A ese efecto, descartará los automóviles blindados para uso de funcionarios del Gobierno, por alta que sea su jerarquía; hará positivamente públicas las sesiones del Parlamento, trasmitiendo por radio y televisión los debates en las Cámaras y las investigaciones de comisiones cuando lo justifique el interés público, y hará documentos públicos las cintas magnetofónicas, para que su contenido pueda ser divulgado al pueblo. En general, restituirá al país la confianza recíproca entre el pueblo y su Gobierno, iniciando una nueva era de paz, de armonía y de verdadera democracia en el seno de nuestra comunidad.

«3. Protección de los derechos civiles.

«El Partido declare que la protección eficaz de los derechos civiles no descansa exclusivamente en la letra de la ley, sino en el espíritu de respeto y comprensión de esos derechos por parte de los hombres que aplican las leyes. Promete garantizar a los ciudadanos los derechos civiles consignados en nuestros estatutos, de modo que éstos sean una realidad en todo momento, sin que su ejercicio esté sujeto a los abusos, arbitrariedades y obstrucciones tan frecuentes en Puerto Rico durante estos últimos años.

«Como parte esencial de esta política, se derogará la Ley 53, y las demás leyes del actual Gobierno identificadas como las leyes de la mordaza. El Partido repudia toda la legislación federal que viole los derechos civiles de los puertorriqueños, específicamente las leyes de conscripción militar y la Ley Smith. Se derogará igualmente la Ley de Inmunidades y se revisarán las leyes penales y todo el injusto sistema judicial.

«4. Moral administrativa.

«El Partido se compromete a corregir las injusticias e inmoralidades que han venido prevaleciendo durante los últimos años en el funcionamiento del Gobierno. A ese efecto, propugnará las siguientes medidas de sane moral administrativa:

Informar al pueblo de todas sus actividades, principalmente de las económicas y financieras, y mantener abiertos al público los canales de esa información sin cortapisa alguna.

Acabar con el indebido privilegio de los sueldos exagerados, y revisar la compensación que reciban los empleados y funcionarios públicos, de modo que la misma guarde justa relación con los servicios prestados y con el costo de cada vez más alto de la vida.

Abolir toda forma de espionaje oficial, incluyendo principalmente el Negociado de Seguridad Interna, de modo que pueda devolverse al pueblo la seguridad en el goce de su libertad.

Poner fin a las fiestas y francachelas de empleados y funcionarios del Gobierno con cargo a los fondos públicos, y a los viajes innecesarios de los funcionarios del Gobierno, sus familiares y guardaespaldas:

Eliminar el sistema de gastos secretos del Gobierno en propaganda y publicidad innecesaria y viciosa en el extranjero y en Puerto Rico.

Acabar con la profusión de invitaciones oficiales a figuras del extranjero para ser huéspedes del Gobierno con gastos pagos de los fondos públicos, al solo propósito de ganarles a la propaganda colonial del Gobierno.

Terminar con el uso indebido de los automóviles del Gobierno, reducir al mínimo necesario el número de éstos y disminuir así, habilitándolos para otras utilidades, los gastos de transportación que innecesariamente pesan sobre los fondos públicos.

Acabar con la exagerada guardia del Gobernador y otros funcionarios del Gobierno y reincorporar los policías, hoy embargados en esa guardia, a los servicios propios de la institución en los campos y pueblos de Puerto Rico.

Terminar la práctica inmoral y abusiva de utilizar la propiedad pública tales como alcaldías, vehículos de motor, oficinas gubernamentales, periódicos del Departamento de Instrucción y otras agencies—para labores de organización y propaganda partidista.

Asegurar iguales oportunidades a todos los partidos políticos en lo que se refiere al uso de la propaganda escrita y de altoparlantes, así como de las calles y las plazas públicas.

Finalizar el cobro de cuotas políticas impuestas bajo coacción a los funcionarios y empleados del Gobierno.

Revisar la Ley de Personal, para garantizar a los empleados públicos seguridad en sus puestos y mayor eficiencia en sus labores, impidiendo la persecución y el discrimen contra aquéllos que difieren del partido político en el poder por parte de los agentes de ese partido en el Gobierno. Se terminará con la práctica de utilizar a los empleados públicos en campañas políticas durante horas laborables, así como con aquella otra práctica de colocar retratos de líderes políticos en los tribunales de .justicia y en otras oficinas y dependencias del Gobierno. ”

Aprobar legislación para acabar con la práctica inmoral de nepotismo que usan los funcionarios y legisladores del Gobierno actual, de colocar en mesa a sus familiares en perjuicio de una buena administración.

(n) Requerir por ley de toda persona que ocupe puesto representativo, legislador, alcalde o asambleísta municipal, o que sea un alto funcionario Insular o Municipal, que haga un informe bajo juramento de todos sus bienes raíces al momento de ocupar su cargo y otro informe al término de sus funciones. Estos informes se considerarán documentos públicos.

Crear una Comisión Investigadora Permanente para que lleve a cabo una labor de fiscalización de las agencias del Gobierno.

«12. Política contributiva, justicia en la tributación y mesura en el uso de los fondos públicos.

«El pueblo debe pagar las cargas del Gobierno en forma equitativa y justiciera, de modo que las contribuciones se distribuyan entre los ciudadanos de acuerdo con su capacidad para pagar. El Gobierno, sin castigar arbitrariamente al contribuyente, puede asegurar un presupuesto adecuado, que permita el cumplimiento de un amplio programa de justicia social, de construcción de obras públicas Y de prestación adecuada de servicios esenciales a la comunidad.

«El partido Independentista Puertorriqueño repudia como injusto, costoso, complicado, anticientífico y anárquico, el sistema fiscal de Puerto Rico, y condena específicamente las disposiciones sobre automóviles y tablillas de la nueva Ley de Arbitrios. EI Partido entiende, además, que cuando los fondos públicos obtenidos por el Gobierno a través de la imposición de contribuciones no se usan con mesura, sino que se despilfarran caprichosamente, es natural y lógico que el pueblo vea en el sistema contributivo una manifestación más del abuso de poder, como efectivamente así es.

Con el propósito de restablecer la confianza del pueblo en el pago de sus contribuciones, el partido Independentista Puertorriqueño se compromete a establecer un sistema contributivo justo y eficiente que responda a los siguientes objetivos:

«1. Con mires a aliviar en forma equitativa la carga fiscal, se aumentarán las exenciones para el pago de contribuciones sobre ingresos, en la forma siguiente:

A. $1,200 la exención para solteros.

«B. $2,400 la exención para casados.

«C. $ 600 la exención para cada dependiente, y a $1,000 cuando el dependiente esté cursando estudios universitarios

2. Se legislará al efecto de eximir del pago de contribuciones sobre ingresos a aquellos beneficios anuales de la industria que se inviertan en la ampliación de sus plantas y aquellos ingresos que se dediquen al establecimiento de nuevas industrias.

«3. Revisar la legislación que exime de contribuciones a las compañías extranj eras de aviación, que mantienen prácticamente un monopolio de tránsito aéreo entre Puerto Rico y el exterior.

«4. Se aprobará una moderna y justiciera ley de arbitrios basada en el principio de eximir de tributos los artículos de uso y consumo de primera necesidad. Dicha ley facultará a la Administración de Estabilización Económica para que tome aquellas medidas que aseguren que el beneficio de la eliminación del tributo pase íntegramente al comprador.

«5. Se revisarán los derechos que se cobran sobre las licencias de automóviles con mires a establecer un impuesto que tenga carácter nominal.

«6. El Partido se compromete a evitar la intervención viciosa e innecesaria de los agentes del Gobierno en los negocios privados.

«13. Programa de salud pública

«El problema de salud pública con que se confronta el pueblo de Puerto Rico es trágico. El propio actual Comisionado de Salud reconoció públicamente que el servicio que se dá a los pobres en los hospitales municipales es peor que el se dá a los perros en los hospitales para perros.

«El Partido se compromete a atender este urgente problema por todos los medios a su alcance, con igual intensidad en las zonas urbanas y rurales. A tal efecto se propone:

«(1) Terminar el programa de construcción de hospitales de distrito, indebidamente paralizado por el Gobierno actual.

«(2) Establecer en el campo un amplio y adecuado programa de servicios médicos y de servicios de enfermeras, comadronas y practicantes residentes, asegurándole, además, a la zona rural, el uso adecuado de ambulancias;

« (3) Construir los hospitales adicionales necesarios para el tratamiento de enfermedades mentales;

« (4) Mejorar el servicio de beneficiencia médica y hospitalaria de los municipios, y el suministro de medicinas necesarias a las clases pobres;

« (5) Edificar sin más demora el Hospital de Rehabilitación Industrial del Fondo del Seguro del Estado, injustamente aplazado por el Gobierno actual; ,

«(6) Instrumentar el cabal y eficiente funcionamiento de la Escuela de Medicina y de la Escuela de Enfermeras adscrita a la Universidad de Puerto Rico.

«El Partido considerará legislación encaminada a dar carácter social a la práctica de la medicine y pondrá empeño en que los servicios médicos estén al alcance de todas las clases sociales.

«14. Programa para asegurar la autonomía municipal.

«El Partido defenderá una política de autonomía municipal por entender que la unidad del municipio da fuerza y vigor a la vida de la comunidad. A tal efecto, se modernizará el sistema de administración municipal, para evitar el fraude, el entronizamiento de las administraciones municipales del Gobierno actual. Se le dará representación a las minorías en las Asambleas Municipales.

«La creación, eliminación o fusión de municipios no podrá hacerse, a no ser por la expresa voluntad de la mayoría del electorado del municipio o municipios afectados, en elección especial convocada exclusivamente para ese propósito.

«No habiéndose seguido un procedimiento claro en el caso de Río Piedras, el Partido promete ordenar la celebración de unas elecciones especiales para que el pueblo decide libremente si desea o no la fusión con San Juan. Se tomarán medidas aconsejables para asegurar la libre decisión del pueblo, garantizando adecuada representación en los organismos electorales a los grupos en controversia. Considerando que Puerto Nuevo constituye un cave especial, se le permitirá votar entre pertenecer a San Juan, a Río Piedras, 0 si desea constituir un municipio independiente.

«Se derogará la ley creando el gobierno por Comisión de la Capital y se aprobará legislación que ponga en manos del pueblo la elección por voto directo de su Administrador o Alcalde y de su Junta de Comisionados.

«15. Política en relación con los puertorriqueños en el extranjero.

«Los puertorriqueños residentes en Estados Unidos y en otros países se considerarán parte integrante de nuestro pueblo. El partido Independentista Puertorriqueño entiende que la vinculación de los puertorriqueños en el extranjero a la vida social, cultural y política de los países en que residen no afecta en forma alguna la realidad de que pueden y deben ellos ayudar al desarrollo histórico y cultural de su Patria.

«Bajo la Independencia, la ley garantizará todos los beneficios de la ciudadanía puertorriqueña a las personas nacidas en Puerto Rico y domiciliadas en Estados Unidos, o en cualquier otro país extranjero, cuando regresaren a su Patria sin necesidad de tener que renunciar a la ciudadanía del país en que estuvieren domiciliados.

«16. Ratificación del Programa del Partido para las elecciones de 1952.

«El partido Independentista Puertorriqueño ratifica su programa político, económico y social para las elecciones de 1952, en todo aquello que no haya sido expresado en las Resoluciones Programáticas antes expresadas y aprobadas para las elecciones de 1956.

El partido Popular Democrático celebró su asamblea general previa a las elecciones de noviembre de 1956, en el mismo día 26 de agosto de 19.¢ió¡ çn el Parque Isidoro García, de Mayagüez, bajo la presidencia de Luis Muñoz Marin. Fueron nominados los candidatos generales y ratificadas las nominaciones de los distritos legislativos y de los municipios. Luis Muñoz Marín fue nominado otra vez para el cargo de Gobernador. Para el cargo de Comisionado Residente, fué otra vez nominado Antonio Fernós Isern.

Esta asamblea ratificó en sus respectivos cargos a la dirección del partido Popular Democrático, compuesta en la siguiente forma:

Luis Muñoz Marín, presidente; Ernesto Ramos Antonini, vicepresidente; María Libertad Gómez, vicepresidente; Yldefonso Solá Morales, secretario genéral; Julio

C. Torres, tesorero. Estos funcionarios del partido, unidos a los miembros Populares de la Asamblea Legislativa y el Comisionado Residente electo por el partido, componen el Comité Central del partido Popular Democrático.

El programa general adoptado por el partido Popular Democrático para las elecciones de 1956, lee así:

«Al comparecer ante el pueblo de Puerto Rico, el partido Popular Democrático renueva su compromiso de fidelidad a los valores que determinaron su fundación y que a través de su gestión pública han inspirado su conducta: la creación de mayor riqueza y su distribución equitativa; el engrandecimiento de los derechos del hombre basados en la dignidad igual de todos; la creación y fortalecimiento de un status político adaptado a las necesidades del pueblo de Puerto Rico y a su voluntad de asociación con el de Estados Unidos de América; la limitación del poder económico al cumplimiento de su función legitima como instrumento de producción; la consiguiente preservación del poder político, libre de toda ingerencia del poder económico, en manos de todo el pueblo; la ampliación y mejoramiento de la oportunidad educativa; y la dedicación a una vida libre de la miseria, laboriosa y serene. De estos principios se nutre la voluntad de crecimiento del pueblo de Puerto Rico. A esa voluntad y a esos principios aspire a servir este Quinto Programa del partido Popular Democrático.

«Bajo el liderato del partido Popular Democrático, Puerto Rico ha ido instrumentando la gran transformación implícita en esos principios. A pesar de sus escasos recursos, nuestro pueblo ha sabido, con firme voluntad, enfrentarse a sus graves problemas, en el ejercicio de una excelente democracia, y mejorar a~ considerablemente sus sistema económico y niveles de vida, sus oportunidades de trabajo, su salud, su educación, su vivienda, su producción agrícola e industrial, sus comunicaciones, su sistema de gobierno, su condición política. Cuando el partido Popular Democrático por primera vez recibió la responsabilidad de gobernar, las aspiraciones que ah ora son realidad es visibles parecían su eños de imposible realización. Agobiado el pueblo por la miseria y la injusticia, el pesimismo entorpecía las voluntades y al hombre puertorriqueño se le hacía difícil creer que su esfuerzo podría poner en marcha el proceso de superación que se ha observado en los últimos diez y seis años. Hoy los resultados están ante nuestros propios ojos, concretados en fábricas, caseríos, escuelas, hospitales, caminos, acueductos, expresados en más altos salarios e ingresos para prácticamente toda la población, y en ritmo acelerado por el entusiasmo creador de nuestra gente ya despierta del letargo de la desesperanza y encaminados hacia seguir creándose mejor vida, bajo su propia Constitución y dentro de una asociación que su voluntad libremente ha escogido.

«No ha habido en Puerto Rico, ni en toda esta región de América, un periodo de más dramática actividad de crecimiento que el de los últimos diez y seis años de nuestra historia. Es en este tiempo, bajo el liderato del partido Popular Democrático, que nuestro pueblo descubre su fuerza y decide oponer a su desvalimiento material sus grandes reserves de espíritu y de valor ciudadano. Nuestra sierra ya no es sierra de desesperación; es sierra de realización y de esperanza.

«Queda todavía mucho por hacer. El número y la dificultad de los problemas que acosaban a nuestro pueblo nos obligaron, y seguirán obligándonos necesariamente, a establecer, en vista de lo limitado de nuestro ingreso social, un riguroso orden de prioridades en la utilización de los fondos públicos. La planificación previsora nos permitió cada cuatro años enfrentarnos a nuevos problemas, a la vez que intensificar los programas anteriores. La limitación de nuestros recursos en relación con el tamaño de nuestros problemas, y el consecuente sistema de prioridades nos impidió, sin embargo, emprender a la vez todos los programas y mantenerlos todos en su máximo nivel de desarrollo. Todavía nos restan muchos y difíciles asuntos que atender, en los que haste la fecha hemos logrado considerable progreso, pero a los que debemos continuer dedicando nuestro máximo esfuerzo de superación. A éste se dirige el presente programa.

«Crecimiento político, desarrollo del Estado Libre Asociado.

«El partido Popular Democrático proclama que es un mérito indiscutible el haber iniciado y propulsado la fórmula de Constitución y relación política de que disfruta desde hace cuatro años nuestro pueblo como estado libre, asociado a la Unión Federal de los Estados Unidos de América. Nuestro pueblo ha advenido al ejercicio de su libertad política, dentro de términos de relación externa que obedecen a un convenio voluntariamente concertado. Ocupa así desde trace cuatro años digno lugar en el sistema político de Estados Unidos, con seguridad para su desenvolvimiento político, económico y social.

«Señalamos con orgullo que esta situación política de nuestro pueblo ha recibido el reconocimiento del más alto foro internacional del mundo: la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«El partido Popular Democrático declare que el desarrollo del actual status no es hacia la Independencia ni es hacia la Estadidad federada; es crecimiento en los poderes del pueblo constituído en estado libre asociado dentro de la asociación. Al declararlo reafirma los conceptos expresados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su Resolución Concurrente Núm. 21 del 11 de enero del 1954, respondiendo a la oferta del Presidente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas de respaldar una mayor independencia, o aún la absoluta.’ El partido Popular Democrático considera contrario al interés de la vida económica y política del pueblo de Puerto Rico la disolución de los nexos de asociación a Estados Unidos a que nos llevaría la Independencia o la disolución de la personalidad puertorriqueña mediante la asimilación que inevitablemente conllevaría el ingreso en la Unión Federal como Estado federado.

«Consiguientemente, declare que habrá de dedicar sus esfuerzos al desarrollo y fortalecimiento del concepto de Estado Libre Asociado, mediante el ensanchamiento de la esfera de decisión y responsabilidad directa de nuestro pueblo, respecto de los problemas de su vida, haciendo así más perdurables los vínculos de nuestra asociación a los Estados Unidos, reforzando la raíz de’ solidaridad ciudadana en que se fundamentan y enalteciendo nuestro sentido de dignidad colectiva.

«El partido Popular Democrático se propone, por lo tanto, plantear en la manera que resulte más adecuada y propia, el traslado a la responsabilidad y la autoridad directa del pueblo de Puerto Rico de todas aquellas funciones hoy a cargo del Gobierno Federal, que por su naturaleza y la de la asociación, no requieren permanecer a cargo del Gobierno Federal.

«Estos cambios los propulsará el partido Popular Democrático sin menoscabo de la asociación permanente de Puerto Rico con Estados Unidos de América.

«El partido Popular Democrático favorece igualmente que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico continúe prestando vigoroso apoyo al Programa de Cooperación Técnica de los Estados Unidos y a los diversos programas de intercambio cultural iniciados en los últimos años con el Gobierno de los Estados Unidos y con organismos internacionales.

«Crecimiento Económico

«En los últimos diez y seis años la transformación económica de nuestro país ha sido notable y ha ganado para los puertorriqueños el respeto y la admiración de otros pueblos. En ese tiempo Puerto Rico ha llegado a ser uno de los países en que más rápidamente ha aumentado la producción económica en todo el mundo. La producción total que en 1940 fue de 227 millones de dólares ascendió a 1,242 millones de dólares al finalizar el pasado año económico. La obra de industrialización ha sumado más de 60,000 empleos a nuestra economía mediante el establecimiento de 400 fábricas. La producción agrícola se ha duplicado. El ingreso neto del comercio ha aumentado de 45 millones a 287 millones de dólares. Logros parejos se han obtenido en los servicios públicos, en la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, acueductos, caseríos y parques, en la extensión de los seguros sociales y en la protección y ampliación de los derechos de los trabajadores.

«Al comparecer ante el pueblo en este año de 1956, el partido Popular Democrático se compromete solemnemente a impulsar en continuo esfuerzo de superación esta magnífica obra de desarrollo económico y de justicia social, con el propósito de erradicar totalmente a la mayor brevedad posible la pobreza extreme en nuestro país y asegurar a todos los puertorriqueños formas legítimas de proveerse adecuadamente los requisitos básicos de alimentación, albergue, educación, salud, seguridad y recreo.

Desarrollo industrial

«La industrialización del país seguirá recibiendo intenso atención. Se adoptarán todas las medidas necesarias para que Puerto Rico continúe atrayendo el capital de que ha de menester el desarrollo de nuestra economía. Fomentaremos el establecimiento de nuevas fábricas, con mires a la adecuada distribución de la producción en las diversas regiones del país y de sus beneficios entre trabajadores y patronos. Intensificaremos los incentivos industriales pertinentes a fin de que un mayor número de fábricas se establezcan en las zonas rurales y en los pueblos pequeños. Aumentaremos las oportunidades para que el movimiento obrero participe en la función de asesoramiento de los organismos oficiales de fomento, y propulsaremos en escala mucho mayor de los que hasta ahora ha sido necesario los programas adecuados para atender cuidadosamente los problemas sociales y culturales que surgen de la industrialización.

Desarrollo agrícola

«El partido Popular Democrático ha logrado encauzar un vigoroso programa de industrialización que tenía y seguirá teniendo rango de prioridad indispensable en lo económico. Puesto en marcha este programa, ahora podemos concentrar aún mayores energías en el fomento agrícola, que también ha de tener rango de prioridad, paralelo al de fomento industrial.

«La sierra de Puerto Rico debe servirle más al hombre para su sustento y bienestar. Al efecto, alentaremos la propagación de nuevos cultivos y técnicas que aumenten la productividad de nuestro suelo; ampliaremos aún más la superficie mediante el rescate de terrenos hoy no utilizables; y, a través de más intensos programas de rehabilitación cafetalera, tabacalera y de productos alimenticios habremos de lograr mayor productividad por cuerda y de mejorar la situación de estas importantes cosechas.

«El partido Popular Democrático continuará propulsando con el mayor vigor, como uno de sus objetivos fundamentales de justicia social, la política de redistribución de sierras. Estimulará en las fincas de beneficio proporcional aún mayores rendimientos a los participantes y a la economía del país. Persistirá en su programa de distribuir las sierras ociosas en fincas individuales mediante yentas de largo plazo y completará el programa de reinstalar agregados en parcelas propias, dotadas de los servicios públicos indispensables. El agregado tiene prácticamente ya un título de propiedad sobre su sierra; y para protegerlo de los especuladores la ley dispone que no la puede enajenar.

«Daremos aún mayor estímulo a la industria ganadera, mejorando los tipos de ganado de carne y lechero, y acelerando el programa de control y prevención de las enfermedades, así como el de mejora inmediata de los pastos.

«La elaboración industrial de los productos agrícolas continuará recibiendo firme respaldo y aliento.

«Para acrecentar y asegurar el buen rendimiento de la producción agrí cola, intensificaremos el nuevo programa de suministro a los agricultores, cooperatives y agencies del Gobierno, de material para la producción de alimentos. Multiplicaremos también los mercados rurales o centros de abasto y ampliaremos el programa de crédito agrícola que está en experimentación, a fin de que llegue al mayor número posibie de beneficiarios. Garantizaremos ia yenta a un precio mínimo determinado de la producción total de un número cada vez mayor de productos agrícolas.

«Mercadeo

Es indispensable para nuestro dinámico desarrollo económico, que nuestros productos lleguen con rapidez y eficiencia desde las fuentes de producción haste las zones de consumo dentro y fuera del país. El partido Popular Democrático impulsará al efecto las siguientes medidas: Respecto a nuestro mercado inferno, proveerá mayor ayuda técnica y financiera a fin de establecer centros adicionales de elaboración y distribución de productos alimenticios; acelerará la terminación de un Mercado Central y de centros de mercados cooperativos y de mercados rurales en todo el país; y buscará nuevas y mejores maneras de satisfacer las necesidades de crédito de aquellas actividades agrícolas que carecen todavía de facilidades adecuadas. Respecto a nuestro mercado exterior, extenderá los servicios de exportación de productos alimenticios frescos y en conserva y promoverá aún más la venta de estos productos fuera del pais

«Cooperativismo

«El partido Popular Democrático continuará brindando su más firme respaldo al movimiento cooperativista como excelente instrumento de convivencia democrática y de alta productividad económica. Seguirá fomentando la organización de los productores para el logro de una producción más abundante y la de los consumidores a fin de que puedan recibir productos de mejor calidad y a más bajos precios, y propulsará una vigorosa divulgación de los valores espirituales y educativos que animan la acción cooperativa.

«Programa de viviendas.

«El partido Popular Democrático, durante su gestión gubernativa, ha dado altisima prioridad al mejoramiento de la vivienda mediante un programa de coñstrucciones resistentes e higiénicas como elemento esencial de la seguridad y bienestar de la familia puertorriqueña. El reciente huracáñ de Santa Clara ha demostrado dramáticamente cómo la edificación con materiales resistentes, en las zonas urbanas y rurales, bajo nuestro programa, ha protegido a sus moradores contra la inclemencia y el desamparo. El partido Popular Democrático continuará con el máximo vigor sus programas de mejoramiento de la vivienda o intensificando su ayuda al campesino y al obrero en la construcción de su propia case por su esfuerzo propio. Con incansable esfuerzo, el partido buscará nuevos medios para que el mayor número de familias de bajos ingresos construyan sus propias cases.

Mantendremos y ampliaremos los programas de atención y prevención de enfermedades, a los que se debe en tal alta medida, la drámatica prolongación de la vida en Puerto Rico en los últimos años. Construiremos nuevos acueductos rurales y facilidades adicionales de alcantarillados y corriente eléctrica. Fomentaremos aún más la educación médica, a través de la Escuela de Medicina y de programas especiales de adiestramiento para médicos, dentistas, enfermeras y técnicos. Construiremos nuevos hospitales y dispensarios con especial atencióo a la ampliación y en la medida necesaria de las instituciones de prevención y tratamiento de las enfermedades mentales. Hemos de extender el sistema de asistencia pública y los programas de comedores escolares y de distribución de alimentos al mayor número de necesitados. Proveeremos ayuda del Gobierno para la extensión de los sistemas de seguro médico Propulsaremos las medidas necesarias para aumentar sustancialmente la ayuda directa que se provee baio los programas de Bienestar Público.

«Instrucción pública

EI partido Popular Democrático reafirma su fe en la educación como instrumento vital en el mejoramiento de la comunidad puertorriqueña. En su labor de Gobierno, el Partido ha dado la más esmerada y preferente atención a las necesidades educativas del país. El Partido proclama que le anima la firme determinación de eliminar cuanto antes, en la medida de los recursos disponibles, todo impedimento de realización del derecho a la educación libre y gratuita.

«Ya asisten a clase prácticamente todos los niños en edad de escuela primaria. Ahora nos proponemos avanzar hacia otra meta: la de que asista a clases para 1960 la mayor proporcidn posible de los alumnos en los niveles de escuela intermedia y superior. Acabaremos dentro de los próximos ocho años, mediante el vasto proyocto ya en marcha con el problema de la doble matrícula que raciona el pan de la enseñanza.

«En los últimos 16 años se han mejorado notablemente los sueldos y las condiciones de trabajo de los maestros de instrucción pública de Puerto Rico. Ya se ha legislado para mejorar los sueldos del magisterio en los próximos cuatro años, y los planes ya aprobados del Gobierno atenderán el mejoramiento progresivo de las condiciones de trabajo de todo el personal de instrucción pública.

«No sólo queremos que el máximo de nuestra población escolar reciba la más complete enseñanza a la mayor brevedad posible. El partido Popular Democrático se propone afar impulso aún más enérgico a los programas existentes de educación de adultos y a la campaña intense ya iniciada, por eliminar totalmente la rémora del analfabetismo.

«Puerto Rico necesita aprovechar plenamente la inteligencia de su pueblo. Bajo el programa de becas que auspiciamos, el partido Popular Democrático velará por que ningún niño o joven de talento deje de educarse por falta de recursos. Intensificaremos el empeño por mejorar continuamente las condiciones de enseñanza y por aumentar los medios de instrucción vocacional para que la escuela sirva con más eficacia al dinámico crecimiento de la industria y la agricutura; por proporcionar, mediante el programa de producción de libros de texto y materiales de enseñanza, mejor y más abundante lecture al educando. Se continuará el programa de alfabetización según los planes al efecto. Igualmente, se impulsarán otros programas de educación de adultos, incluso bibliotecas públicas en caseríos y zonas rurales; cursos de extensión; cursos para veteranos; programas educativos de radio y televisión; programas de Educación de la Comunidad, con el propósito de elevar el nivel de participación cívica. Vamos a continuar perfeccionando la enseñanza del inglés a niños y a adultos, y en nuestro eafuerzo por difundir su conocimiento entre todos los sectores de nuestro pueblo, no sólo seguiremos utilizando la radio, y el libro y el periódico, sino que hemos de fomenter próximamente el uso de la televisión para tales fines.

«Facilitaremos a la Universidad, como lo hemos hecho a través de nuestra gestión gubernativa, mayores y más útiles medios para alentar su crecimiento, y protegeremos su autonomía. De cristalizar el propósito de crear la Universidad de las Américas, gestionaremos su instalación en Puerto Rico.

«Política del Trabajo.

«El partido Popular Democrático mantendrá y enriquecerá en los próximos cuatro años la noble tradición de proteger la vida, la salud y las condiciones de vida de los trabajadores. Se mantendrá la administración vigorosa de la legislación social. De acuerdo con la experiencia adquirida, emprenderemos una revisión complete de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a los fines de ampliar la protección que provee a los trabajadores. Será uno de nuestros objetivos básicos también, el lograr, sin crearle problemas a la industria, la semana de cuarenta horas para todas las actividades lucrativas. Se aumentarán las normas mínimas que sirven de base a la negociación colectiva y se estimulará el más amplio uso de este procedimiento y las mejores relaciones entre trabajadores y patronos conducentes a la paz industrial. Será nuestro propósito que el número de industrias sujetas al salario mínimo de un dólar la hora veya en continuo aumento y que se aumente progresivamente el salario en aquéllas que por circunstancias no puedan pagar un dólar.

«Con el propósito de acrecentar aún más la producción y eliminar el desempleo, se desarrollarán sodas las oportunidades de creación de nuevos empleos, se mejorarán las técnicas de producción y se ampliarán las facilidades de adiestramiento de los trabajadores.

«Todo desempleo que se produzca por la introducción de mejores métodos y técnicas quedará adecuadamente compensado mediante la creación de nuevos empleos o por los seguros sociales correspondientes.

«Favoreceremos la implantación donde fuere necesario de un programa suplementario de obras públicas coyo desarrollo coincide con el período de tiempo muerto para aliviar el desempleo estacional.

«Fomento de la energía eléctrica.

El progreso y el bienestar de Puerto Rico exigen que su gobierno busque constantemente nuevas fuentes de energía para facilitar su uso a bajo precio a la industria y al pueblo consumidor. El partido Popular Democrático, que ha propulsado con todo vigor la electrificación del país, sobre todo en su zone rural, se propone auspiciar pro gra ma s qu e convi ertan a la electricidad en servi do ra m á s eficaz de la comunidad. A tal efecto, ha de gestionar un plan que facilite el pago de la instalación del servicio eléctrico en las fincas y los hogares en nuestros campos. Ha de acrecentar también sus esfuerzos para conseguir cuanto antes que el servicio eléctrico se extienda a toda la zone rural de Puerto Rico y que en los próximos cuatro años se duplique la producción de energía eléctrica para enfrentarnos a la demanda del crecimiento industrial y por más altos niveles de vida.

«Pero esto no nos baste. Puerto Rico, como todos los pueblos del mundo, ha comenzado a vivir en la era atómica. La aplicación de la energía atómica a nuestra producción de energía eléctrica ofrece para el futuro grandes beneficios potenciales. Como partido constantemente atento al porvenir del pueblo, el partido Popular Democrático dará el más firme respaldo a la colaboración, ya iniciada con la Comisión de Energia Atómica de los Estados Unidos, para plasmar en realidad, bajo condiciones favorables a nuestra vida económica, el estabiecimiento de un reactor atóniico para la producción de electricidad.

«Ayuda de emergencia.

«Frente a los daños, sufrimientos y desamparos que han experimentado muchos puertorriqueños como consecuencia del huracán de Santa Clara, el partido Popular Democrático continuará alentando la movilización de todos los recursos puesta ya en marcha por el Gobierno del Estado Libre Asociado, con el fin de atender con la mayor eficacia a la presente emergencia. Propulsará sodas las medidas conducentes a la rehabilitación económica de las zones afectadas. Propiciará muy en especial los planes para su acelerado programa de viviendas a bajo costo, firmes y resistentes; para proveer aynda directa a los agricultores de café, tabaco y frutos menores; y para el completo restablecimiento de sodas las facilidades y los servicios públicos al estado.

Política contributive.

«El partido Popular Democrático sostiene que el aumento en la riqueza general, que su programa estimula, debe ser el factor que haga posible, cuando dicha riqueza llegue a los niveles adecuados, la rebaja en los tipos contributivos, sin privar a los puertorriqueños de los servicios públicos y de fomento económico que tan grandemente necesitan seguir disfrutando.

«Normas de Gobierno.

«Desde 1941 el partido Popular Democrático se ha esforzado por que prevalezca en la administración pública de Puerto Rico un alto nivel de calidad y unas elevadas normas de servicio. Para conseguirlo, ha auspiciado, entre otras, las siguientes medidas: La reorganización de la rama ejecutiva; el establecimiento de un nuevo sistema de tribunales con garantía absoluta de su independencia; la implantación de un sistema central de servicio civil basado en el mérito; la eliminación de la compraventa del voto y el mantenimiento de normas rigurosas en el sistema electoral que garantiza elecciones limpias y libres; el reconocimiento del derecho de los partidos de minoría a representación legislativa adecuada a su fuerza electoral; la aprobación de una ley de primarias, y el establecimiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

EI partido Popular Democrático reafirma su fe en los ideales y actitudes que han servido de base a estos logros y se compromete a mantener la administración pública del país en las más elevadas normas de eficiencia y probidad.

«Proceso electoral.

El partido Popular democrático reafirma su decisión inquebrantable de mantener el proceso electoral, como haste el presente, completamente libre de corrupción, fraude, e influencias indebidas. Para fortalecer este proceso, favorece adopter las medidas necesarias que aseguren el buen funcionamiento de los partidos políticos, organismos indispensables en toda democracia. En el cumplimiento de sus funciones, los partidos incurren en erogaciones inevitables y justificadas. Para protegerlos del riesgo de subordinación al poder económico, el partido Popular Democrático auspiciará legislación que autorice la ayuda financiera del Estado, con estricta igualdad, para todos los partidos en sus legítimas actividades. Esta aynda deberá ir acompañada de limitaciones a las aportaciones privadas que reciban los partidos y a los gastos que estos realicen, a los que se les deberá afar adecuada publicidad. La eliminación de prácticas indeseables de recaudación de fondos y el mantenimiento de normas rigurosas que prohiban el uso indebido de propiedad pública en actividades partidistas, serán parte indispensable y complementaria de la nueva legislación que el partido Popular habrá de auspiciar.

«Asuntos municipales.

«A los fines de fortalecer los organismos de gobierno local, el partido Popular Democrático propulsará una reforma general de la estructura y funcionamiento de los gobiernos municipales. Habrá de promover el traslado gradual de las autoridades municipales de aquellos servicios públicos troy a cargo del Estado que por su índole convenga que seen de responsabilidad municipal directa. A eves fines deberá proveerse a los gobiernos municipales los medios económicos para desempeñar adecuadamente sus funciones.

EI partido Popular Democrático se compromete también a ampliar la acción gubernativa encaminada a proveer servicios públicos y oportunidades de empleo en la zone rural para mejorar en ésta las condiciones existentes de vida, favoreciendo el establecimiento de fábricas y otras empresas que reduzcan la migración hacia los centros urbanos y el crecimiento de los mismos en mayor medida de lo socialmente deseable.

Derechos civiles y sistema penal.

«Las actividades del Comité de Derechos Civiles recientemente creado deberán recibir la más decidida cooperación del Gobierno.

«Se deberán asignar los fondos necesarios para una complete revisión de nuestro sistema penal, incluyendo el mejoramiento sustancial de los establecimi entos p enitenciario s que condozcan a la ad ecuada rehabilitación del delincuente.

aCultura y Recreo.

«El partido Popular Democrático cree que ha llegado el momento de qu e en la distribución de los fondos públicos se tenga ah ora en mayor cuenta la honda necesidad social de enriquecer nuestra vida cultural con más bibliotecas, museos, parques, plazas, centros de reunión, y de recreo y descanso.

Crecimiento espiritual.

«El logro de niveles adecuados de vida y libertad a través del crecimiento económico y político, indispensable como es, no constituye, sin embargo, un fin suticiente a la actividad de un pueblo. Se crece para ser algo; se es libre para tracer algo. Más allá del crecimiento político y el crecimiento económico y por encima de todos ellos, está una finalidad mayor: el desarrollo haste el máximo de las potencialidades del ser humano.

«El partido Popular Democrático considera que las libertades que troy goza Puerto Rico deben tener como fin el engrandecimiento continuo de la culture del pueblo con hábitos de buena democracia, de creadora convivencia social, de responsabilidad cívica, de interés cooperativo en el bien común, de uso sabio del recurso económico individual y colectivo, no para alentar el mero apetito adquisitivo de bienes materiales, sino para afar a la vida de todos más profundidad espiritual y serenidad.

«El desarrollo de nuestra capacidad espiritual debe partir del reconocimiento de nuestra identidad propia. Puerto Rico no es una muchedumbre; Puerto Rico es un pueblo de perfiles propios. Sin orgullo injustificado por lo nuestro, evaluado objetivamente su utilidad para nuestro presente, honraremos y cultivaremos nuestra personalidad y respetaremos nuestro pasado y porvenir; sin hostilidad hacia otras culturas, guardaremos fidelidad a la nuestra y a nuestras tradiciones, preeminente entre las cuales es la de ver el hombre de todas las razes y culturas como amigo y como hermano, al que queremos ayudar, del que queremos aprender, no a través de la imitación ciega, pero sí a través de la adaptación consciente. Es en el conocimiento y estima de nuestro propio ser que hallaremos la máxima fuente de energía para la necesaria voluntad de crecer y mejorarnos en la aspiración de una vida libre y creadora, siempre abierta a las buenas influencias de otros, pero serene en la validez de su propio destino.

«Y es en la confianza de que ese destino ha de ser uno de nobleza y dignidad, que ofrecemos troy el presente Programa a la sabia consideración del pueblo de Puerto Rico.

Las elecciones generales se verificaron el 6 de noviembre de 1956, previa campaña activísima de las tres agrupaciones que contendían por el poder público. El partido Estadista, desde 1953, cambió su nombre oficial por partido Estadista Republicano. Llevaron la voz cantante general los presidentes de estos partidos, Miguel Angel García Méndez, Gilberto Concepción de Gracia y Luis Muñoz Marín. Luis A. Ferré, como candidato a Gobernador por el partido Estadista, imprimió a su candidatura especial atracción.

Las elecciones se llevaron a cabo bajo los preceptos de la anterio ley electoral, o sea de sufragio universal con voto secreto, de hombres y muJeres, mayores de 21 años de edad y ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, con representación igual para cada partido contendiente en los organismos electorales y colegios de votación.

El total de electores que figuraban en las listas de votantes, era 873,842. Votaron 701,788 electores. El partido Popular Democrático obtuvo 433,010 votos; el partido Estadista Republicano obtuvo 172,838 votos; y el partido Independentista Puertorriqueño obtuvo 86,386 votos. Como se ve, el partido Popular mantavo sustancialmente sus mayorías, aumentando en poco menos de dos mil votos. El partido Independentista, con respecto a las precedentes elecciones de 1952, redujo considerablemente su electorado votante, perdiendo 39,842 votos. El partido Estadista, con respecto a las precedentes elecciones de 1952, duplicó con exceso sus votos.

El partido Popular Democrático reeligió al gobernador Luis Muñoz Marín y al Comisionado Residente Antonio Fernós Isern. Copó todos los distritos senatoriales y representativos para la Asamblea Legislativa, y todos los municipios.

Para Senadores por acumulación fueron electos Samuel R. Quiñones (Popular), Victor Gutiérrez Franqui (Popular), Juana Rodriguez Mundo (Popular), José Berríos Berdecía (Popular), Ramón Enrique Bauzá (Popular), Juan Dávila Díaz (Popular), Hipólito Marcano (Popular), Miguel Angel Garcia Méndez (Estadista Re publicano), Charles H. Juliá (Estadista Republicano), Gilberto Con cepción de Gracia (Independentista), y Lorenzo Piñero Rivera (Independentista). Resultaron también electos Senadores por acumula ción, en la participación adicional de acuerdo con la provista repre sentación minoritaria, Eugenio Font Suárez (Independentista), An tonia Cabassa Vda. de Fajardo (Estadista Republicana), Antoni Quirós Méndez (Estadista Republicano), Ramiro L. Colón (Esta dista Republicano), y Carlos Vázquez Vélez (Estadista Republicano).

Para Representantes a la Cámara por acumulación fueron electos Ernesto Ramos Antonini (Popular), Jorge Font Saldaña (Pops far), Pablo Morales Otero (Popular), Armando Sánchez Martín (Popular), Vidal Rivera Báez (Popular), Federico A. Cordero (Popular), Aguedo Mojica Marrero (Popular), Leopoldo Figueroa (E~ tadista Republicano), José M. Garcia Calderón (Estadista Republ cano), Santiago Iglesias Silva (Estadista Republicano), y Baltazar Quiñones Elías (Independentista). En la participación minoritar provista por ley, también resultaron adicionalmente electos Repre sentantes a la Cámara por acumulación, Pedro A. Santana (Estadi, ta Republicano), Angel Fonseca Jiménez (Estadista Republicano Jaime Báez (Estadista Republicano), Juan López Guillama (Est dista Republicano), Luis Ramos Rodriguez (Estadista Republicano Carlos Westerband (Estadista Republicano), Baldomero Roig Vélez (Estadista Republicano), Pascasio García (Estadista Republicano Rafael Arjona Siaca (Independentista), Luis A. Archilla Laugi (Independentista), Fernando Milán, hijo, (Independentista), José L. Feliú Pesquera (Independentista), e Isabelino Marzán (Indepedentista).

Los Senadores de distritos electos, todos Populares, fue, Rubén Gaxtambide Arrillaga, Carlos Román Benítez, Heraclio H. Rivera Colón, Ernesto Juan Fonfrias, Carmelo Rodríguez García, Palmira Cabrera de Ibarra, Arturo Ramos Hidalgo, Luis Alfredo Colón, Luis A. Negrón López, Santiago R. Palmer, Agustín Burgos, Francisco L. Anselmi, Yldefonso Solá Morales, Lionel Fernández Ménd Ernesto Carrasquillo y Cruz Ortiz Stella.

Los Representantes a la Cámara, de distritos, electos, todos Populares, fueron Juan Mélendez Báez, Herminio Concepción de Gracia, Rodolfo Aponte, Arcilio Alvarado, René Muñoz Padín, Mario A. Rodriguez, Pedro E. Díaz Díaz, Justo Náter, Ramón Rivera Cruz, Casimiro Cabranes, Casimiro Ramos Barreto, Manuel Frias Morales, Angel Rivera Colón, Sigfredo Vélez González, Osvaldo Torres Gómez, Manuel Acevedo Rosario, Santiago Polanco Abreu, José Luis Meléndez, Luis Santaliz Capestany, Milagros González Chapel, Benjamín Cole, Carlos Rodriguez Irizarry, Rafael D. Milán Padró, Fernando Juliá Calder, Benigno Dapena Rodríguez, Carmen Solá de Pedreira, José Dapena Luna, Mario Canales Torresola, Francisco Robledo, Carlos Zayas Rivas, Andrés Rivera Negrón, Liberto Ramos López, José Mimosc Raspaldo, Enrique Anglade, Juan Rodríguez Martínez, Reinaldo Alvarez Costa, Pedro Torres Díaz, Juan Fuentes Leduc, Jesús M. Castaño, y Rafael J. Albandoz Pescador.

Organizadas las Cámaras Legislativas electas en 1956, Samuel R. Quiñones fué reelecto presidente del Senado; y Ernesto Ramos Antonini fué reelecto presidente de la Cámara de Representantes.

Desde 1941, año en que advino al poder insular el partido Popular Democrático, hasta la fecha, han sido evidentes grandes pasos de progreso político y económico en Puerto Rico. Primero, bajo los últimos gobernadores de nombramiento presidencial, Swope, Tugwell y Piñero, el partido Popular para propulsar su programa tuvo la colaboración de La Fortaleza, en mayor medida que ningún otro partido en el poder anteriormente. Luego, bajo la ley del gobernador electivo aprobada en 1947 y bajo el Estado Libre Asociado, el partido Popular ha tenido en la gobernación a su propio presidente, y a la vez ha tenido, como se ha indicado, impresionantes mayorías absolutass en las Cámaras Legislativas . Así ha podido este partido, con el dominio completo de todos los resortes gubernamentales, desarrollar sus iniciativas y planes para la administración de la Isla, que con tesonero empeño han tendido esencialmente a levantar los índices de producción y los niveles de vida.

Durante la época indicada, beneficiaron a la Isla otros factores económicos, como los producidos por la Segunda Guerra Mundial, que marcaron un ciclo de aúge en la prosperidad y las finanzas de la Isla. Se emprendieron en Puerto Rico importantes obras federales de bases militares, aéreas y navales, que insuflaron a la economía de la Isla con cuantiosos millones de dólares. Mejóraron grandemente o se consolidaron los precios de los productos básicos de exportación de la Isla. Adquirió enorme incremento la industria del ron. Esta industria solamente, durante los diez años después de 1941, en arbitrios cobrados por el Gobierno Federal de Estados Unidos y reintegrados al tesoro de la Isla, dió más de doscientos millones de dólares, más otros cien millones de dólares págados durante eves diez años por esta industria por impuestos locales. De manera que, en el solo renglón de tributos de esta industria del ron, en los primeros diez años después de 1941, el tesoro de la Isia recibió tantos ingresos como la suma total de las asignaciones que hizo el Gobierno Insular para todos los años fiscales desde 1900 hasta 1940.

En una serie de conferencias dictadas en 1951 por el docto economista puertorriqueño Rafael de J. Cordero, Auditor Insular primero, y luego Contralor del Estado Libre Asociado, éste expresó, en parte lo siguiente:

«Con motivo de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos reclutaron en Puerto Rico a muchos miles de soldados, construyeron bases militares, aéreas y navales. Todo esto trajo el empleo de muchos puertorriqueños y estimuló el comercio y las industrias locales. También ha habido muchos pagos a los familiares de los soldados y a los veteranos . La ayuda federal para carreteras , hospitales y viviendas ha aumentado considerablemente.

Desde que empezó la Segunda Guerra Mundial los gastos del gobierno federal en Puerto Rico, incluyendo las rentas internal federales que se entregan al Tesoro Insular, han sido de cerca de 150 millones de dólares al año. Esto representa una cantidad mayor que el valor de todos nuestros productos agrícolas y es casi una cuarta parte del valor de todo lo que produce Puerto Rico.

«La ayuda del gobierno federal y los gastos de dicho gobierno en Puerto Rico desde 1933 y especialmente desde el año de 1941 er que los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial han sido un factor muy importante en el desarrollo económico de Puerto Rico en los últimos 16 años.

«Como resultado de estas inversiones federales en Puerto Ri co, circuló mucho dinero en pago de jornales y materiales compra dos en la Isla, pago de servicios de contratistas, en compensación a los agricultores, entrega de contribuciones federales al gobierno in sular, pagos a los soldados y a sus familiares, y a todos los que prestaban servicios al gobierno federal. La guerra trajo ciertas restric clones en el comercio con los Estados Unidos, y el dinero federal que se invirtió en Puerto Rico no pudo cambiarse todo por artículos importados de los Estados Unidos. Debido a esta situación se acumuló mucho dibero en Puerto Rico durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial. Parte de este dinero se usó para comprar bongs federales y para otras inversiones en los Estados Unidos, pero una gran parte se convirtió en ahorros. Para darles una idea de la cantidad de dinero que se acumuló en la Isla durante eves años, mencionaré el aumento que hubo en los depósitos bancarios. En 194() los depósitos en todos los bancos eran de más de 76 millones de dólares. En 1946, estos depósitos habían llegado a 298 millones de dóla,res, o sea, tavieron un aumento de 222 millones de dólares.

«Durante eves seis años los gastos del gobierno insula, aumentaron de 28 millones a 116 millones.

«La población total de Puerto Rico gastó en artículos de consumo 238 millones en el año de 1940, y 581 millones de dólares en el año de 1946.

«El ingreso total recibido por los puertorriqueños aumentó en ese mismo tiempo de poco más de 200 millones en 1940, a cerca de 600 millones en 1946. Los jornales y salarios aumentaron de poco más de 100 millones a 300 millones de dólares.

«Puede afirmarse que la crecida suma de dinero que ha invertido el gobierno federal en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial y después de terminada esta guerra, ha traído a la Isla prosperidad y gran progreso económico. De no haber sido por estos gastos federales tan crecidos, el progreso económico de Puerto Rico se hubiera detenido y el número de personas desempleadas seiía mucho mayor que en la actualidad.

Dentro de este auge de prosperidad económica en la Isla, el Gobierno Insular rudo disponer, solamente en los años fiscales 1940-41 hasta 1947-48, de más de novecientos millones de dólares, o sea, durante estos ocho años) una cantidad tres veces mayor que todas las asignaciones del Gobierno Insular sumadas desde 1900 hasta 1940 El presupuesto de 1939-40, de menos de 14 millones de dólares para todos los servicios y atenciones del Gobierno Insular, fué anualmente aumentado, haste llegar, en un solo año, en 1956, a la suma que el Gobierno Insular tavo de ingresos, que pasó de doscientos cincuenta y cuatro millones de dólares.

A este extraordinario progreso económico de la Isla contribuyó el Gobierno de Puerto Rico, con normas planeadas y efectivas; en sus empeños y logros para atraer y establecer nuevas empresas incus triales, en más de cuatro centenares; en sus medidas de justicia social mejorando los salarios y jornales de los trabajadores, completando disposiciones de leyes federales sobre este particular; y en su política tributaria y acción gubernamental para aumentar de manera creciente las asignaciones para vías públicas, instrucción, salud, viviendas para personas de recursos limitados, y otros servicios públicos importantes. Objetivo persistente del Gobierno ha sido aumentar la producción insular, en todas sus fases, y subir al mayor grado posible los niveles de vida del pueblo puertorriqueño, y en general estructurar una economía solvente y progresista hacia el porvenir.

En 1956, el índice de importaciones y exportaciones de la Isla, había subido a más de mil millones de dólares en este año; y el ingreso total a Puerto Rico, de su agriculture, industrias y negocios, pasó de novecientos millones de dólares. l9′ Ha habido progreso notable en salud púb,ica, con reducción abrupta en las tal”a~s de mortalidad a siete por mil, y prolongación de la vida humane a un promedio de 68 años; en expansión del sistema de instrucción pública, y se ha reducido grandemente el analfabetismo, a un 17 por ciento en la población mayor de diez años; en carreteras y caminos públicos; en acueductos y alcantarillados; en caseríos y parques de deportee; en diversos servicios de asistencia y seguridad social; en el desarrollo enorme de las fuentes fluviales para alumbrado público y privado en zones urbanas y regiones rurales y para fines industriales; y en diversos otros servicios sociales que presta el Gobierno. Aunque millares y millares de puertorriqueños, en números sin precedentes, en estos últimos diez y seis años han emigrado en busca de vida y bienestar en otras tierras, lo cierto es que en Puerto Rico, con su creciente población, se han ampliado las oportunidades para erradicar la invalidez y la extreme miseria, y se han ensanchado los horizontes de la esperanza. Los signos económicos y sociales han variado ventajosamente durante los últimos diez y siete años, y así Puerto Rico presenta un cuadro alentador de pueblo dinámico que brega con ademán victorioso por alcanzar más altos niveles de bienestar y civilización.

Bajo tales auspicios económicos y sociales, el pueblo de Puerto Rico encara el porvenir. El problema del status político sigue inquietando a importantes sectores de la opinión pública. El partido Popular Democrático, con el endoso de las mayorías del pueblo puertorriqueño según se expresaron en las precedentes votaciones y en las elecciones generales de 1956, se ha acogido a la nueva fórmula de Estado Libre Asociado, como status permanente sujeto a progreso en desarrollo dinámico, asociado Puerto Rico a los Estados Unidos de América. Pero a los partidos Estadista e Independentista, ambos con más de un cuarto de millón de eleetores votantes en las ureas en 1956, no les satisface el status de Estado Libre Asociado, y propugnan por otras soluciones finales para el problema político del país, encarnadas en la Estadidad federada y en la Independencia soberana. Hasta donde pueda llegar el Estado Libre Asociado en su crecimiento , no puede predecirse exactamente . No lo predicen los mismos creadores del nuevo status. «Las instituciones políticas pueden orientarse en direcciones no previstas por sus creadores.» Pero a sodas luces, en su carácter de unión permanente con Estados Unidos según ha sido enunciado por su principal arquitecto Luis Muñoz Marín,l!34 el Estado Libre Asociado va dirigido a recabar cesiones crecientes para la esfera y autoridad de la Isla y sus órganos de gobierno, dentro de los arreglos económicos y fiscales con el Gobierno de Estados Unidos que se alegan son esenciales a la vida y desarrollo del pueblo puertorriqueño.

El Estado Libre Asociado, con sus limitaciones de soberanía según el texto y contenido de la Ley 600 que fue su génesis y su marco, constituyó la demanda de, y fue sancionado por, las mayorías electorales de Puerto Rico, en su libre determinacion y consentimiento. El Estado Libre Asociado, en su texto constitucional y estatutos, empero, protege y garantiza los procesos democráticos pare, si el pueblo lo desea, sustituir al propio Estado Libre Asociado por el Estado federado en la Unión Norteamericana, o por la República soberana e independiente; asegura también representación parlamentaria, en una participación no menor de la tercera parte de los miembros de las Cámaras legislativas, a los partidos adversos, para la oposición y fiscalización al Gobierno; y hasta concede sustancial ayuda económica del Gobierno a los partidos opuestos, para promover estos su propaganda y acción contra el Estado Libre Asociado.

Dentro de estas circunstancias, es el voto libre del pueblo puertorriqueño el que ha de determiner si Puerto Rico habrá de permanecer bajo el Estado Libre Asociado con sus perspectivas de desarrollo dinámico, o podrá decidirse en su día por otros caminos en el destino y la libertad de Puerto Rico.

FIN DEL TOMO DOS Y ULTIMO.